Ordenación de las comunicaciones y espectro radiofónico en Guatemala

Autor:Joaquín Támara Espot
Páginas:269-279
RESUMEN

1. De Santa Rosa a Alta Verapaz - 2. Contexto histórico-político - 3. Una respuesta financiera internacional a un reto político interno - 4. La evaluación echa a andar: ¿por dónde empezar? - 5. Qué decir cuando se trata de decidir - 6. La soledad del folio en blanco

 
ÍNDICE
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1. De Santa Rosa a Alta Verapaz

30 de enero de 2006

El vuelo 717 de GUAT-AIR permite enlazar Guatemala de Sur a Norte con la misma envidiable rapidez y facilidad que cualquier servidor público quisiera tener en su mano para conciliar intereses públicos contrapuestos y, sobre todo, darles solución. Interesado por el papel del Estado como institución capaz de favorecer la cohesión social y hacer frente a la desigualdad del país, Guillermo Surrey ocupa su asiento en ventanilla, frente a su ordenador portátil, ojeando datos y emborronando papeles.

De nacionalidad española, Surrey es un funcionario en excedencia de la AGE, cuya probidad, capacidad técnica y prestigio profesional le preceden, tras años de contrastada experiencia. Son tales méritos los que le avalan para trabajar como experto técnico en la Comisión Europea. Cuando ya cae la noche, realiza el último vuelo, tras la finalización de su misión de evaluación a Guatemala desarrollada durante el mes de enero de 2006. Mientras, examina los antecedentes y prescripciones técnicas de su misión de evaluación, auspiciada por la Comisión Europea. Por su conocimiento técnico en materia de desarrollo institucional, su misión consiste en elaborar un informe de evaluación profunda de algunas de las medidas que conformaron un Plan de estímulo y apoyo al desarrollo del país impulsado desde la Unión Europea años atrás.

En un contexto donde la transparencia, la gobernanza, los enfoques horizontales, la sinergia entre actores, la accountability y otros términos similares son de imprescindible utilización -si se quiere ganar un proyecto licitado por la Comisión-, los procesos de evaluación, ahora muy en boga en el seno de las instituciones comunitarias, van ganando interés como instrumento de mejora técnica y, desde luego, también como instrumento político ocasional. El Sr. Surrey, conocedor del entorno comunitario, ha sabido moverse razonable-

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mente bien como experto evaluador independiente, algo que, junto a su experiencia, le han valido para ser el encargado de llevar adelante la misión de evaluación.

Entre otros muchos, hay un motivo esencial que ha impulsado la creciente realización de evaluaciones de proyectos y programas: la rendición de cuentas. Especialmente a nivel financiero y presupuestario, al ser cada vez más deman-dada por la ciudadanía europea, toda vez que el presupuesto de la Comisión y de los Estados miembros (EE.MM) está dedicando considerables recursos a la cooperación al desarrollo, a veces en detrimento de otras políticas de «carácter interno». Así, los ciudadanos europeos, votantes y contribuyentes, demandan más información sobre el destino del dinero de sus impuestos y sobre el impacto real que tiene en los países a los que se destina.

2. Contexto histórico-político

Las primeras páginas de la documentación que Surrey tuvo ante sí partían de la situación política que vivía el país en el año 2000. En aquel entonces, Guatemala se encontraba en un momento particularmente convulso de su historia. Tras 10 años de conflicto armado, el tejido social estaba totalmente devastado y la presencia del Estado era casi inexistente. Los ciudadanos apenas sí tenían conciencia de serlo realmente y padecían una enorme desafección para con un Estado cuya tradición autocrática había socavado los más elementales fundamentos de lo que debe ser una Administración ordenada a través del Derecho y orientada a la satisfacción del ciudadano. En consecuencia, el descrédito de la Administración Pública, que nunca ha tomado en cuenta la realidad del país, no puede ser mayor. A modo de ejemplo, en materias como el acceso a los servicios sociales básicos evidencia que el país registra los resultados más pobres de la subregión1.

Su joven democracia, tras un período de dictadura sangrienta y sistemática vulneración de los derechos humanos, vio cómo un acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias permitió la formación de un gobierno de compromiso llamado a encarrilar el proceso de transición política. A finales de ese mismo año, y tras un proceloso período de negociación, las fuerzas políticas mayoritarias fueron capaces de aprobar una Constitución democrática, que se inspira en las tradiciones constitucionales europeas, tendencialmente garantista y que pretendía reordenar las relaciones entre los Poderes del Estado.

Alentadas por procesos de similar naturaleza, acaecidos en otros países de la subregión, se levantaron enormes expectativas en la población local, cuya composición ofrece un perfil demográfico, cultural y étnico tan amplio como frag-

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mentado2. En este contexto, la terrible represión política vivida hasta fechas recientes da alas a un prometedor espíritu de cambio y libertad en un país cuya ciudadanía está hecha jirones.

Una vez alcanzado el acuerdo político, la Constitución fue ampliamente refrendada. Tras las elecciones de marzo de 2001, se formó un nuevo gobierno, con un apoyo popular que alcanzó el 85% de los votos emitidos. Pocos meses después, en mayo de 2001, el segundo llamamiento a las urnas fue con motivo de la formación del nuevo gobierno, encabezado por el presidente Chapín, hombre de reconocida capacidad y liderazgo, formado en universidades euro-peas y conocedor de la forma de hacer política en Europa -pues mantiene muchos contactos en el viejo continente-, que resultó elegido de forma abrumadora y con un apoyo en las urnas que se situaba en torno a un 90%.

No obstante, la participación electoral en estos primeros comicios resultó considerablemente baja, al ser uno de los países de América Latina con mayores niveles de abstención. Este aspecto siempre planteó numerosos debates respecto de la legitimidad del gobierno y embarazosas comparaciones en relación a otros países de América Central.

Los expertos en materia electoral atribuyen esta circunstancia a factores muy diversos. Uno de ellos, y que destaca sobremanera, es el componente de género. Así, el Tribunal Supremo Electoral presentó, en su último informe, un porcentaje de participación de las mujeres del 36,8%, frente al de los hombres, que se situó en 63,2%. A esta circunstancia debe añadirse el fuerte componente indígena, que, por motivos culturales, históricos y hasta lingüísticos, se suma a los bajos índices de participación electoral3.

Algunos estudios han permitido constatar cómo la participación cae a medida que crece el tamaño del municipio y el ratio entre el número de electores registrados por centro de población. Destaca, especialmente, el que uno de los determinantes fundamentales de la abstención resida en la ubicación de las urnas, que se sitúan únicamente en las cabeceras departamentales, incrementando el costo de los desplazamientos a los electores y desincentivando, por tanto, la participación.

Además del componente electoral, los requisitos establecidos para la formación de partidos no fueron excesivamente restrictivos, aunque sí excluyentes en el criterio de que al menos la mitad de los afiliados al partido deberían saber leer y escribir. Puesto que la mayoría de la población analfabeta era indígena, esta prescripción ilustraba el carácter excluyente y reactivo de la normativa

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electoral del país. Asimismo, se estableció en la normativa electoral del país que cada partido político tuviera un afiliado por cada 2.000 habitantes, señalán-dose un mínimo de 15 afiliados...

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