Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia ambiental, (2017/C 275/01)
| Autor | Sara García García |
| Cargo | Doctoranda en Derecho Universidad de Valladolid |
| Páginas | 34-36 |
Recopilación mensual – n. 72, Octubre 2017
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Unión Europea
Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 9 de octubre de 2017
Comunicación de la Comisión relativa al acceso a la justicia en materia ambiental,
(2017/C 275/01)
Autora: Sara García García, Doctoranda en Derecho Universidad de Valladolid
Fuente: DOUE C275/1, de 18 de agosto de 2017
Temas clave: legislación ambiental; uniformidad; acceso a la justicia; legitimación
Resumen:
La Comisión Europea presenta un extenso texto relativo al acceso a la justicia en materia
ambiental, preocupada por el desconocimiento existente al respecto entre los ciudadanos
de la Unión y viendo necesario facilitar a éstos la mayor información práctica posible sobre
el acceso a los procedimientos de control jurisdiccional que tienen a su alcance, mediante la
explicación y la interpretación de los requisitos jurídicos existentes.
En su Comunicación, ofrece una panorámica muy general pero completa, sobre las
posibilidades de impugnación de las que dispone todo administrado en materia ambiental,
además desde un punto de vista práctico y casuístico, a través del análisis de hasta cuarenta
asuntos relacionados con el medio ambiente tratados por el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. También, por supuesto, se analizan en profundidad diversas disposiciones
del Derecho de la Unión Europea, como la Carta de Derechos Fundamentales, varias
Directivas medioambientales o el Convenio de Aarhus.
El primer destinatario de la Comunicación es el europeo de a pie, pero la Comisión pretende
que toda esa jurisprudencia analizada sirva de fuente de claridad y referencia para diversas
entidades de cada Estado miembro, en concreto: «las administraciones nacionales
responsables de garantizar la correcta aplicación de la legislación medioambiental de la UE;
los órganos jurisdiccionales nacionales, que garantizan el respeto de la legislación de la
UE y que tienen competencias para plantear preguntas sobre la validez e interpretación
de dicha legislación al TJUE; el público, en concreto, las personas y las ONG de
protección del medio ambiente, que ejercen una función de defensa de los intereses
públicos; y los operadores económicos, que comparten un interés en que la aplicación de la
legislación sea previsible».
El amplio abanico de receptores previsto por la Comisión Europea se debe a que ésta no
sólo pretende que su iniciativa sirva para acercar los derechos que en materia de acceso a la
justicia asisten a cada ciudadano de la Unión, sino también, dice, para mostrar «la
importancia que concede el TJUE a los órganos jurisdiccionales como medio para
garantizar la efectividad del Derecho de la Unión Europea», pues los asuntos incoados ante
estos órganos jurisdiccionales nacionales, no han servido únicamente para estudiar
recursos, sino también para aplicar más y mejor el derecho ambiental europeo y, a la postre,
proteger nuestro entorno.
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