Compromisos internacionales ambientales

Autor:Blanca Lozano Cutanda - Alejandro Lago Candeira
Páginas:37-57
 
EXTRACTO GRATUITO
I. Valoración general
10. LOS PROBLEMAS AMBIENTALES: CONFLICTOS INSTITUCIONALES,
REIVINDICACIONES SOCIALES Y DESASTRES ECOLÓGICOS
La problemática que suscitan las políticas ambientales es muy amplia, como
no puede menos de ser, habida cuenta del variado conjunto de elementos que las
integran. Los conflictos institucionales, especialmente los que han enfrentado al
Estado y a las Comunidades Autónomas, ocupan un lugar destacado. Junto a ellos,
ha de incluirse la presencia de importantes reivindicaciones sociales y algunos de-
sastres ecológicos.
Los conflictos institucionales másfácilmente identificables son los que han
sido formalizados ante el Tribunal Constitucional. Particular importancia cabe con-
ceder a los relacionados con los espacios naturales protegidos, que han concen-
trado la mayor parte de los asuntos del período. Cerca de veinte sentencias se han
pronunciado en la materia, que parece destinada a seguir produciendo litigios
constitucionales, prueba inequívoca de la importancia que cabe conceder a la tu-
tela ambiental dentro de cualquier planteamiento relativo a la ordenación de los
usos y actividades que se producen en el territorio.
En primer término, cabe destacar una larga serie de sentencias, temprana-
mente iniciada, en la que se ha reconocido, frente a las posiciones estatales, el
protagonismo autonómico para la declaración, planificación y gestión de diversos
espacios naturales protegidos. Han sido los casos de La Garrotxa y el paraje de
Pedraforca en Cataluña (SSTC 64 y 69/1982), del parque regional del Manzanares
en Madrid (STC 170/1989), del Mar Menor en Murcia (STC 36/1994), de la re-
serva de la biosfera de Urdaibai en País Vasco (STC 156/1995) o del área natural
de Es Trenc-Salobrar en Baleares (STC 28/1997).
En segundo lugar, tenemos los casos de espacios naturales que afectan a varias
Comunidades Autónomas o al mar territorial, en los que la competencia autonó-
mica ha resultado también afirmada. Así, el Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de los Picos de Europa fue anulado por falta de competencia del Estado,
sin perjuicio de una interesante fórmula de mantenimiento del sistema de protec-
ción del espacio hasta tanto se elabore el correspondiente plan por las Comunida-
des Autónomas implicadas (STC 306/2000). Por otra parte, se ha admitido la com-
petencia autonómica para declarar, regular y gestionar espacios naturales que
afectan al mar territorial en relación con las marismas de Santoña y Noja (STC
195/1998) y las salinas de Ibiza (STC 97/2002). No obstante, conviene precisar
que la competencia autonómica ha de ceder en caso de enfrentamiento a las com-
petencias estatales en materia de pesca marítima, como se observa en el caso de la
reserva marina del Cabo de Gata-Níjar (STC 38/2002). Aunque, a la inversa, tam-
bién se ha admitido que las competencias de las Comunidades Autónomas sobre
pesca fluvial permitan la introducción de ciertos niveles de protección de los ecosis-
temas correspondientes (SSTC 243/1993, 15/1998 y 110/1998).
En tercer lugar, con carácter general, la legislaciónbásica estatal sobre espa-
cios naturales protegidos experimentóun minucioso examen de constitucionalidad
37
POLIAMA010 Técnica/Grandes Tratados 31-08-06 13:57:53
FERNANDO LÓPEZ RAMÓN
como consecuencia de la impugnación planteada por diversas Comunidades Autó-
nomas (STC 102/1995). De la importante doctrina fijada entonces deriva el claro
reconocimiento de las competencias autonómicas para la gestión de los parques
nacionales (SSTC 194/2004 y 331/2005), sin perjuicio de las competencias estata-
les relativas a la declaración y regulación de los mismos (STC 101/2005).
Otros conflictos institucionales se presentan más ligados a los planteamientos
políticos, aunque, en ocasiones, se utilicen también los resortes jurisdiccionales.
Sin duda, los enfrentamientos relativos al uso del agua, y en especial a los trasvases
entre diferentes cuencas hidrológicas, han ocupado un lugar muy destacado. De
un lado, las Comunidades Autónomas del Arco Mediterráneo, sobre todo Valencia
y Murcia, cifran sus posibilidades de desarrollo en la disponibilidad del agua proce-
dente de las grandes cuencas de los ríos Tajo y Ebro. Frente a ellas, algunas Comu-
nidades Autónomas del interior peninsular, especialmente Castilla-La Mancha y
Aragón, llegan a reivindicar los mismos cursos de agua como señas de identidad
de sus territorios. Como es sabido, la política estatal manifestada en el Plan Hidro-
lógico Nacional ha favorecido, primero, la realización de los trasvases (2001) y, más
recientemente, de la mano de la incorporación a nuestro Derecho de la normativa
marco comunitaria en la materia (2003), medidas alternativas de ahorro del agua,
desalación, reutilización y otras (2005). Todo ello adobado con declaraciones rei-
vindicativas y mutuas descalificaciones de las distintas clases políticas, manifestacio-
nes masivas de las respectivas sociedades y empleo de todo tipo de vías jurídicas,
especialmente por los ejecutivos autonómicos, para defender los diferentes intere-
ses enfrentados. Parece fuera de duda que ese tipo de confrontaciones entre Comu-
nidades Autónomas no favorece la adecuada resolución de los conflictos, incluso
si eventualmente llegan a prevalecer los intereses ambientales, dado que, a la vista
de las circunstancias, éstos no son sino una más de las armas arrojadizas empleadas
por los contendientes políticos. En tal contexto, una vez más, cabe auspiciar la
constitución de instancias neutrales que, a través del debate formalizado, plural y
profesional, puedan contribuir, si no a la solución simultánea de todos los proble-
mas del agua, al menos, a permitir a los actores sociales afectados la adopción de
acuerdos parciales.
Las reivindicaciones sociales cumplen un significativo papel en relación con
los problemas ambientales. Aunque no contamos todavía con un fuerte asociacio-
nismo ambiental como el que cabe identificar en otras experiencias, en algunas
Comunidades Autónomas se observa la permanente actuación de algunas asociacio-
nes, que utilizan medios de presión social y en ocasiones también jurídicos para
hacer valer sus planteamientos. Es el caso, entre otros, del Grupo Balear de Defensa
de la Naturaleza, la Federación Ecologista Canaria o de la Asociación para la De-
fensa de los Recursos Naturales de Cantabria.
En la actualidad, la mayor conflictividad ambiental parece ligada al fenómeno
urbanístico, especialmente a las urbanizaciones turísticas o de segunda residencia,
tanto en los archipiélagos (Baleares y Canarias) y en las zonas litorales (Cataluña,
Valencia, Murcia, Cantabria, Andalucía) como en las zonas montañosas (la Sierra
38
POLIAMA010 Técnica/Grandes Tratados 31-08-06 13:57:53

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA