Competencia e idoneidad del órgano jurisdiccional

 
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1. Introducción

La imprecisión de los acuerdos en el momento inicial conllevó que la doctrina de autores viniera a aportar diversas soluciones, algunas siguiendo las directrices que se marcaran para las sentencias extranjeras, consecuencia del procedimiento, por el que el legislador optó y que puso de manifiesto en el artículo 80 del Código Civil y en la derogada Disposición Adicional 2ª de la Ley 30/81, de 7 de julio. Si bien, también hubo quienes apostaron por un sistema parecido al modelo implantado en el derecho italiano, y en este sentido, apoyaron la tesis de una competencia objetiva a favor de las desaparecidas AT o, en su sustitución a la Sala de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia. La cuestión que realmente se estaba debatiendo era que estos procedimientos debían acercarse al juez natural, aspecto consagrado como conquista histórica en nuestro constitucionalismo.

Respecto de la competencia objetiva, el inclinarse el legislador por los Juzgados de 1ª instancia, con carácter general, y Juzgados de Familia (allí donde los haya), con carácter específico, trajo consigo críticas, pero también alabanzas. Las primeras iban encaminadas al hecho de que se sustrajera del Tribunal Supremo dicha competencia, con lo que se le daba distinto tratamiento a las resoluciones eclesiásticas respecto a las resoluciones extranjeras, lo que dificultaba la calificación de estas sentencias frente al Estado, se ensombrecía la acción ejercitada (acción declarativa o de ejecución) y se impedía una doctrina unitaria en torno al ajuste al derecho del Estado, que aún se hacía más difícil al no existir recursos contra el auto que se dictase. También, complicaba la naturaleza jurídica del procedimiento regulado en la disposición adicional 2ª de la Ley 30/81 (la doctrina civilista se inclinaba, como ya hemos visto, por calificarlo como exequatur analógico, mientras que otros le arrogaban el carácter de una jurisdicción voluntaria especial). Por último, también se criticó el que estas resoluciones eclesiásticas fueran homologadas por órganos de rango inferior, máxime cuando dichas sentencias eclesiásticas emanaron de más altas magistraturas (nos referimos no sólo a la dispensa pontificia sino a posibles resoluciones, de nulidad, que, por diversas consideraciones, fueron resueltas por la Rota Hispana, o la Rota Romana).

Las alabanzas fueron menos que las críticas, y se reducían a que, con el establecimiento de dicha competencia, se le otorgaba sencillez y rapidez al procedimiento de eficacia civil de dichas resoluciones, descargando con ello de trabajo a nuestro más alto tribunal.

En lo referente a la competencia territorial, el tenor de la norma era reiterativo, con respecto al sistema de atribución de dicha competencia en otros procesos para solventar estas rupturas matrimoniales. Ahora bien, esta reiteración era una llamada de atención al órgano jurisdiccional civil para evitar lo que se ha denominado “fuga de causas”. Esto era un auténtico fraude de ley, pues permitía a los cónyuges acudir a tribunales eclesiásticos más benévolos en la obtención de una sentencia favorable. Para ello bastaba fingir un determinado domicilio conyugal, lo que también determinaba consecuencias procesales civiles, en orden a la competencia territorial del órgano jurisdiccional estatal que conocía después de su eficacia.

Respecto a la competencia funcional, y dado que la derogada D.A. 2ª establecía dos procedimientos, se hacía necesario distinguir entre uno y otro. El primero de ellos, contemplado en su párrafo 1º, finalizaba con auto irrecurrible ; esto también fue criticado por la doctrina de autores, pues la falta de mecanismos ordinarios de impugnación determinaba la imposibilidad de establecer criterios únicos a la hora de interpretar la cláusula de ajuste, lo que sumía al justiciable en cierta inseguridad jurídica. En el segundo procedimiento, que sí permitió que el asunto fuera enjuiciado por las Audiencias Provinciales, varía sustancialmente la competencia funcional en relación con el procedimiento anterior, ante la posibilidad de recurso frente a la sentencia recaída.

Lo anterior no impidió la competencia del TC en virtud del recurso de amparo.

La actual regulación modifica el sistema anterior, en el sentido de equiparar la competencia objetiva a todos los procedimientos matrimoniales especiales, en donde se incluyen estos que estudiamos ; introduce fueros correctores -ya apuntados por la doctrina de autores-, en orden a determinar la competencia territorial cuando se dan dificultades por ausencia del domicilio conyugal en España o del demandado, y finalmente se clarifica la competencia funcional al permitir la interposición de recurso ordinario (aunque esta afirmación como veremos no es del todo exacta), sin perjuicio de esa competencia del Tribunal Constitucional en vía de amparo.

2. Competencia

2.1. Competencia objetiva

2.1.1. Normas reguladoras

La competencia objetiva, que se concretó en la Disposición Adicional 2ª , párrafo primero, de la Ley 30/1981, de 7 de julio, no siempre estuvo atribuida a los órganos jurisdiccionales que allí expresamente se citan, y, así, ponen de manifiesto LACRUZ BERDEJO y SANCHO REBULLIDA que “esta función calificadora de la adecuación de las resoluciones eclesiásticas al derecho del Estado se había pensado atribuir en el proyecto gubernamental a las salas de lo civil de las Audiencias Territoriales” ; así se desprendía de la Disposición Adicional 1ª del citado Proyecto1.

De la misma forma venían a manifestarse DE DIEGO LORA2 y LÓPEZ ALARCÓN, cuando todavía estaba pendiente de desarrollo legislativo, así como de interpretación, este artículo 6º, párrafo 2, de los Acuerdos suscritos entre el Estado Español y la Santa Sede. Manifestaba DE DIEGO LORA que, en primer lugar, había que descartar que la competencia objetiva viniera atribuida al Tribunal Supremo, aspecto que parecía desprenderse del procedimiento, que, a modo de modelo, había adoptado nuestro legislador para estas resoluciones eclesiásticas; así, el artículo 955 de nuestra ley procesal de 1881, para las sentencias extranjeras y concretamente para la eficacia civil de las mismas, otorgaba dicha competencia al Tribunal Supremo. Pues bien, de seguirse esta solución supondría, a juicio de LÓPEZ ALARCÓN, cargar a dicho órgano jurisdiccional de excesivo trabajo, lo que podrá “distraerle de su alta misión doctrinal”.

Este argumento le sirvió a LÓPEZ ALARCÓN para defender la necesidad de asignar la competencia objetiva y territorial a un tribunal civil de análoga competencia territorial y material a la del tribunal eclesiástico, recayendo, pues, en las Audiencias Territoriales y, desaparecidas éstas, en virtud de la Ley de planta y demarcación judicial, en las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, que ya estaban mencionados y recogidos en nuestra Constitución, en su artículo 152.

Estos tribunales -la Sala de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia- serían los órganos de exequatur, que dictarían la resolución oportuna declarando si la sentencia eclesiástica se ajusta o no al derecho del Estado Español, y, una vez que ésta fuera afirmativa, “se encomendaría la ejecución de la misma al juzgado de Primera Instancia correspondiente al lugar donde esté inscrito el matrimonio”3.

La solución esgrimida no distaba mucho de la que en su día adoptó el Derecho italiano, como consecuencia de las reformas de los pactos lateranenses y la promulgación de la nueva Constitución italiana. Así, en el artículo 8º.2 c) del nuevo texto concordatario italiano, se atribuye la competencia objetiva, para el conocimiento de la eficacia de resoluciones eclesiásticas de nulidad, al Tribunal de Apelación. Este órgano jurisdiccional es el encargado de comprobar que concurren, además de las condiciones para otorgar la eficacia a las sentencias extranjeras, otras circunstancias, como son la competencia del juez eclesiástico para conocer la causa de nulidad, y que en el procedimiento eclesiástico se hayan observado las garantías procesales necesarias. Es decir, conocimiento del litigio por el demandado, asegurándosele su derecho a actuar y posibilidades de defensa, pudiendo oponerse en juicio a la nulidad pretendida, respetándose así los principios del ordenamiento italiano. Ahora bien, si la competencia objetiva recae en la Corte d'Apello, en el sentido de que le corresponde la obligación de constatar los requisitos a los que brevemente hemos aludido (y que supone, en opinión de una mayoritaria parte de la doctrina de autores, no entrar en el fondo del asunto, sino sólo discutir la cuestión procesal), el conocimiento de los efectos secundarios (ejecución propiamente dicha de las consecuencias que se derivan de la declaración de nulidad en el orden civil) corresponde al juez civil competente, según las normas competenciales establecidas en el código procesal italiano (debiendo hacer referencia a los arts. 796 y siguientes de dicho texto legal). Vemos cómo nuestros autores eclesiasticistas tomaron como...

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