Los problemas de la economía española a comienzos del siglo XIX. Deuda Pública y desamortización eclesiástica
| Autor | Jesús de la Iglesia |
| Cargo | Universidad Complutense de Madrid |
| Páginas | 691-714 |
Page 691
El objetivo último del presente escrito es el de hacer una referencia a la economía española de las primeras décadas del siglo XIX para poder deducir un par de consecuencias (gratas para unos, desastrosas para la mayoría) de lo que supusieron aquellos años de gobiernos fernandinos que se iniciaron en el marco de una Constitución aceptada por todos, pero abolida traicioneramente por el monarca, recurriendo, incluso, a la solicitud de una invasión extranjera que le aupara desde su gobierno monárquico constitucional, a una forma de reinar absolutista en la que ya sólo confiaban los tiranos y los cretinos. 1Sin que los unos ni los otros (y menos, aún, los cretinos que estaban a gusto con las tiranías; los que se ufanaban de gritar vivan las caenas) supieran lo que se movía por debajo de sus estériles discusiones.
Porque el pueblo, que somos todos, nunca se enteró en las primeras décadas del siglo XIX que de lo que se trataba era de crear una nueva sociedad en la que, por medio de la desamortización, cambiara la propiedad (quiero decir el poder) de unos estamentos sociales a otros.
Sin olvidar que las desamortizaciones del siglo XIX (tanto las eclesiásticas como las civiles) fueron también una consecuencia directa de la situación económico y política de España durante las primeras décadas de aquella centuria. La renta nacional apenas alcanzaba para el mantenimiento alimenticio de la población; y los recursos del Estado también eran insuficientes, según he reflejado en posteriores epígrafes, en los que se puede apreciar su deterioro continuo a lo largo del tiempo.
Y existía otra cuestión igualmente importante: las razones de tipo político liberal les obligaron a actuar como actuaron. Los liberales, que habían proclamado la Constitución de 1812 entregándole el reino voluntariosamente a Fernando VII el Deseado, querían constituirse Page 692 en el principal grupo de gobierno de la monarquía, aunque tenían enfrente a la Iglesia y a la nobleza que se asentaba en la propiedad agraria. A cambio no contaban con el favor de ningún grupo social con fuerza suficiente para que pudieran mantenerles en el poder. Y ese grupo social habría que crearlo.
Por todo ello, y además del trasfondo económico desalentador para la ciudadanía y para el Estado, a cuya exposición dedicaré los primeros párrafos de este escrito, no debemos de olvidar que el objetivo político definitorio del proceso desamortizador fue el de la creación de una burguesía de propietarios que se beneficiaran de unas condiciones de compra favorables para la adquisición de infinidad de bienes inmuebles -urbanos y rurales- pagándolos, en la mayoría de las ocasiones, con unos títulos de la Deuda devaluados que se admitían según su valor nominal.
Y aún más: como en varias ocasiones salieron a la venta más propiedades de las que se estaba en disposición de comprar, los precios bajaron demasiado; y más los bajarían aún los vendedores para disipar los miedos de los compradores, que no estaban seguros de dos cosas: de la licitud de esos contratos (lo que se les olvidó pronto) y de que, si regresara el absolutismo, todo podría quedar anulado y probablemente tendrían que devolverles las fincas a sus legítimos dueños. Eso se les olvidó más tarde, aunque aquella devota burguesía que se enriqueció de la noche a la mañana sabe muy bien de la ilicitud originaria de sus posesiones. Y nunca jamás hablarán de eso con extraños.
Otra cuestión que es necesaria tener en cuenta, aunque sólo sea por su carácter testimonial, es la referente al comportamiento de la Iglesia antes, durante y después de la desamortización de Mendizábal.
Durante los años del reinado de Fernando VII la alianza entre el trono y el altar no tuvo resquicio alguno. Los intentos del monarca por evitar el avance de la economía española hacia otros horizontes distintos a los inmutables del antiguo régimen contaron siempre con apoyo incondicional de la jerarquía eclesiástica.
Después, cuando la reina regente M.ª Cristina de Borbón nombró a diferentes gobiernos liberales como única opción para mantener la Corona, la Iglesia se posicionó junto a los carlistas y se negó a colaborar mínimamente con los liberales, lo que propició el que, durante Page 693 el proceso desamortizador, se acentuara la corrupción y el abandono de los curas y los frailes exclaustrados:
a) Los hechos vandálicos que caracterizaron al expolio del patrimonio artístico y cultural fueron favorecidos por la intransigente negativa de todas las instituciones eclesiásticas a la presentación de los correspondientes inventarios de lo que se confiscaba, permitiendo así que cualquiera pudiera adjudicarse a sí mismo las más renombradas obras de arte y los mejores libros de las ricas bibliotecas monásticas y catedralicias.
b) La Iglesia nunca quiso renegociar con el gobierno las miserables condiciones que se les ofrecían a los curas y frailes exclaustrados, siguiendo un comportamiento muy lejano de su presunción de santa y sabia que tanto ha propagado a lo largo de la historia.
Después de aquella desamortización (y aún continúan asegurándolo en nuestros días) la Iglesia no ha dejado de afirmar que los liberales constitucionalistas de Cádiz eran esencialmente anticlericales. Y eso no es verdad.
Pero empecemos por lo que se consideró una de las dos cuestiones de fondo: la pobreza generalizada. Luego hablaremos de las dos cuestiones de carácter esencial: la titularidad de la propiedad de la tierra y el agobio de la Deuda Pública. Realidades incuestionables, ambas, que, manejadas hábilmente permitirían alcanzar los resortes del poder para no volver a soltarlos nunca; aunque pasase otro siglo y otro más.
A comienzos del siglo XIX, como consecuencia de la invasión napoleónica, del desafortunado comportamiento de la monarquía y de la escisión de gran parte del imperio colonial americano, España entró en un período de inestabilidad política, social y económica. Se necesitaba, en un primer momento, la intervención decidida de los líderes políticos y militares. Y, desde el ámbito liberal, se procuraba el establecimiento de un nuevo sistema que sustituyera al caduco entramado institucional del antiguo régimen. Proceso, éste, que acabaría por prolongarse a lo largo del siglo, después de haberse creado una nueva estructura social, que tampoco habría de consolidarse Page 694 como definitiva, según dejó clara la historia de los primeros decenios del siglo XX.
Aquellas primeras décadas del siglo XIX fueron los tiempos del protagonismo político del pueblo ante el vacío de poder ocasionado por la intervención francesa; los años del Cádiz que daría nacimiento a la Constitución de 1812; y los de los sucesivos pronunciamientos militares y políticos que harían imposible la estabilidad social durante toda la primera mitad del siglo. Años en los que, al quedar relegado a un plano secundario lo referente a las actividades productiva y comercial, se inició un período de generalizada decadencia económica nacional, por lo que, tras unos primeros momentos de primacía de lo político, y una vez encauzado el devenir histórico por la senda institucional -constitucional o absolutista-, fue preciso iniciar un nuevo proceso histórico en que habrían de aparecer, como principales problemas nacionales, los relacionados con la situación económica.
La primera consideración estudiada hace referencia a la insuficiencia de los recursos generados en la economía nacional en relación a las exigencias impuestas desde el sector privado2. Posteriormente, al prestar atención a la situación de la Hacienda, observaremos la inviabilidad del antiguo sistema fiscal para proporcionar al Estado los recursos que precisaba para el desarrollo de sus funciones. Recursos que no habían de proceder exclusivamente del ámbito de la producción. También el sector comercial contribuye a la generación de riqueza, por lo que no ha de olvidarse la relación entre crecimiento económico y libertad comercial.
Según el Censo de la riqueza territorial e industrial de España en el año 17993, publicado en Madrid en 1803, la población española Page 695 alcanzaba la cifra de 10.504.985 habitantes, cuya producción total fue de 6.300.304.037 reales, por lo que, si estas cifras fueran correctas, el PIB per capita apenas llegaba a los 600 reales, lo que, dividido entre los 365 de año, supone una renta diaria de 1,64 reales per capita, y Muchada Lagarde valoraba, en 1847, que el mínimo necesario para la manutención individual era de 2 reales diarios4.
Isidoro de Antillón, en sus Elementos de Geografía Astronómica Natural y Política de España y Portugal, publicados en 1824, considera que los datos proporcionados por el Censo deberían ser considerados con cautela, ya que, según investigaciones más precisas realizadas por diversas Sociedades Regionales, la cifra de habitantes de España a comienzos de siglo superaba los doce millones. Andrés Borrego, que escribe en 1834, habla de 13.178.063 habitantes 5.
También Canga Arguelles consideró que las cifras de producción nacional aportadas por el mencionado Censo representaban una estimación bastante inferior a las de la producción efectiva, que estimó en 8.572.220.591 reales, valor que, en cualquier caso, era notoriamente inferior al de la producción potencial.
En consecuencia, si diéramos por válidas estas últimas cifras de población y producción el PIB per cápita alcanzaría la cifra de 875 reales, es decir, a 2,39 reales per cápita diarios, cifra no muy lejana del nivel de subsistencia anteriormente indicado.
¿Cuál era la razón de este atraso generalizado, de esta reducida renta nacional? ¿Echamos la culpa a la escasa productividad del sector agrario o al atraso industrializador nacional cuando...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba