Comentario General a la Ley 20.667 modificatoria del Título VIII del Libro II del Código Comercio Chileno 'Del contrato de seguro

Autor:Roberto Ríos Ossa
Cargo:Profesor de Derecho Comercial Pontificia Universidad Católica de Chile. Abogado, Licenciado en Ciencia Jurídicas y Sociales Pontificia Universidad
Páginas:497-511
 
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I Introducción

El 01 de Diciembre del año 2013 comenzó a regir en Chile el cambio normativo más importante en materia de seguros, desde la dictación de nuestro Código de Comercio (en adelante C.com.). Se trata de una modificación que introduce cambios sustanciales a la regulación del contrato de seguro luego de 144 años de vigencia de los artículos 512 y siguientes del C.com. sin alteraciones. Una vez entrado en vigor el C.com. en 1865, el legislador chileno introdujo en nuestro Ordenamiento una serie de normas legales, que a posteriori se complementaron con normas reglamentarias dictadas por la autoridad fiscalizadora (Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante SVS). Si bien, el legislador buscaba regular la actividad económica y financiera de los aseguradores, podemos encontrar normas que intervienen la relación negocial entre el asegurador y el asegurado, pero de modo disperso, asistemático y para casos específicos.

Buscamos describir de modo general las modificaciones introducidas por la Ley 20.667 al Título VIII del Libro II del C.com., con énfasis en los aspectos de mayor impacto y relevancia. Sería, por lo demás pretensioso de nuestra parte, detallar cada uno de los tópicos que hoy se discuten y debaten, tanto en nuestra doctrina como en el foro de abogados especialistas del seguro en Chile,

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así como las dificultades que ya está presentado esta nueva regulación sobre el contrato de seguro en Chile.

Una revisión de las normas que conforman la nueva regulación legal del contrato de seguro en nuestro Ordenamiento Jurídico, no se comprende, si no revisamos el precipitado histórico subyacente enla modificaciones introducidas por la Ley 20.667.

En el sentido que hemos apuntado, es ineludible comentar que el proceso decimonónico de codificación mercantil chileno que culminó en el año 1865, obra de José Gabriel Ocampo, tuvo como fuentes legales inspiradoras el Código de comercio francés de 1807, el Código de comercio holandés de 1838 (Wetboek van Koophandel)2, y las ordenanzas españolas vigentes para las indias, en especial, la de Bilbao de 1737.Por su parte, las fuentes doctrinales están representadas por la obras de Alauzet, González Huebra, De Bacardí, Pardessus, Emerigron, entre otros. Del mismo modo que ocurrió en Europa, la actividad de aseguramiento en Chile quedó regulada por las normas del Código de Comercio, por lo general dispositivas, por una parte, y por la otra, por la práctica desarrollada por las insipientes compañías de seguro.

Ya entrado el siglo XX, nuestro legislador optó por regular la actividad de los aseguradores dictando la Ley Nº 4.228 de 19273. Esta norma tuvo como fin central restringir la posibilidad de explotación de la actividad del seguro a sociedades anónimas constituidas legalmente para este único objeto. De este modo, el comercio de asegurar o cubrir a base de primas, riesgos marítimos, de incendio, de transportes terrestres, sobre la vida u otros, sólo podrá hacerse en Chile por Sociedades Anónimas Nacionales de Seguros, expresamente autorizadas para ello o por entidades de carácter mutual, organizadas sin fines de lucro y con la aprobación del Presidente de la República.

La Ley número 4.228 de 1927, creó por primera vez la Superintendencia de Seguros, orientada a fiscalizar la actividad de los aseguradores. El carácter dirigido de este contrato es consecuencia de esta normativa. Será la Superintendencia de Seguros, la que aprobará los montos de las primas, los modelos de pólizas, comisiones de reaseguro, remuneraciones de los corredores, reservas técnicas de las compañías, entre otros4.

Se creó, además, la Caja Reaseguradora5cuya operación principal consistía en cubrir los reaseguros de las Compañías que operen en el país, en la forma y

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con las facultades y obligaciones determinadas en la ley. De este modo, el negocio del reaseguro queda monopolizado en esta empresa. Tres años más tarde, en 1931 se dicta el Decreto con Fuerza de Ley 251 sobre Compañías de Seguro, Sociedades anónimas y Bolsas de Comercio (en adelante DFL 251)6. Esta norma reemplaza la Ley 4.228.

Este statu quo del sistema de aseguramiento chileno a partir de la entrada en vigencia de las normas citadas, se caracterizará por el dirigismo estatal, que tiene su base jurídica en la teoría del Orden público económico7.

En el año 1980 se produce un cambio radical en la regulación de la actividad aseguradora chilena, transformación que será el inicio de un proceso de liberalización del mercado de seguros. Se dicta el Decreto Ley 3057 que modifica el DFL 251 suprimiendo la exigencia de aprobación previa de tarifa de primas por parte de la Superintendencia de Seguros, y se liberaliza el negocio del reaseguro. El objetivo de la reforma fue fomentar la competencia entre los aseguradores, con el fin de mejorar la oferta de coberturas en los diferentes ramos, y disminuir el costo y monto de las primas.En este mismo año – 1980 – se dicta el Decreto Ley 3.538 que crea la actual Superintendencia de Valores y Seguros, en reemplazo de la anterior Superintendencia8.

Con posterioridad a las modificaciones del año 1980 que hemos referido, seguirán una serie de reformas de las que destacamos la Ley 19.769 del 2001, que elimina el sistema de registro de pólizas y lo sustituye por el denominado sistema de “depósito de pólizas”. El objetivo de la reforma fue “agilizar el proceso de incorporación de nuevos productos al mercado delegando la responsabilidad del correcto diseño de los mismos en las compañías”9. No obstante, el legislador dejó subsistente un mecanismo de control del contenido de las pólizas en manos de la S.V.S. La autoridad fiscalizadora, discrecionalmente, puede prohibir el uso de pólizas que “a su juicio” no cumplen con los requisitos de legalidad y claridad en su redacción o con las disposiciones mínimas establecidas en la respectiva normativa10.

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En el año 2010 los efectos del Terremoto que afectó a nuestro país, impulsaron una iniciativa modificatoria del Título VIII, Libro II del Código de Comer-cio. Se trata de una iniciativa que tiene su génesis en un trabajo preparatorio que data de 199011. Este proceso, de más de 20 años culminó con la promulgación y posterior publicación de la Ley 20.667 en el Diario Oficial de la República el 09 de mayo del 2013.

II Comentarios generales a la ley 20.667

De modo preliminar, destacamos dos aspectos sustanciales de la reforma. Por un lado, el objetivo tutelar12, centrado fundamentalmente en la incorporación de instrumentos que buscan proteger a quien es considerado por nuestro legislador parte débil de la relación negocial que surge de la celebración de un contrato de seguro, el asegurado o contratante13.Por otro lado, se introduce

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una nueva estructura en la regulación del contrato de seguro, al dividirse el Título VIII del Libro II del C.com. en tres secciones. La primera sobre normas comunes a todo tipo de seguro, la segunda sobre seguros de daños, y la tercera sobre seguros de personas. Este orden sistemático se ajusta de mejor manera a la realidad del tráfico jurídico actual, dejando de lado la división decimonónica entre seguros terrestres y marítimos14.

A continuación, analizaremos de modo general, las modificaciones introducidas por la Ley 20.667, al Título VIII, Libro II del C.com., siguiendo la división tripartita que hemos referido supra.

1. Normas de aplicación general
1.1.1. Conceptos y definiciones

La sección primera del Título VIII, Libro II del C.com. inicia con una definición de contrato de seguro en el artículo 512 sobre la base de la transferencia de riesgos y contempla como objeto de la prestación del asegurador la indemnización de un daño, la satisfacción de un capital, una renta u otras prestaciones, dejando con ello, a nuestro parecer, abierta la posibilidad de elaborar productos de seguros de diversa índole.

Definido el contrato de seguro en el artículo 512 del C.com., el artículo 513 contiene una serie de definiciones que, a nuestro parecer, dificultan la inter-pretación de las normas que le siguen, y en algunos casos, trastocan el correcto sentido del vocablo específico, entorpeciendo el desarrollo de la actividad del aseguramiento. Es ineludible, en consecuencia, un breve comentario sobre la necesidad de definir en un contexto normativo legal.

Toda definición legal conlleva cierto peligro siguiendo el ancien principio romano “Omnis definitione iure civile periculosa est, parum est enim, ut not subverti possit15. Esta formulación no tendrá cabida en los procesos de codificación decimonónica, al contener este tipo de compilaciones normas que, por lo general, poseen un contenido dispositivo. Por consiguiente, los contratantes en el ejercicio de la libertad contractual pueden disponer o alterar el contenido normativo legal. No obstante, el dictamen romano que hemos referido adquiere, a nuestro

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juicio, un valor jurídico relevante frente al criterio de la imperatividad que impide a los contratantes modificar el contenido de la ley16. En este contexto, es ineludible referir la intención de la primera comisión redactora de la Ley 20.667 sobre este tópico. Sobre ello, señala CONTRERAS, que “la idea de introducir un artículo que recogiera los conceptos o definiciones más usuales relacionadas con el contrato de seguro fue acordada unánimemente por los miembros de la comisión redactora del proyecto original, en la segunda sesión, de fecha 12 de julio de 1990, dejándose constancia en...

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