Comentario al Artículo 6 del Código Penal

Autor:Sergio Amadeo Gadea
Cargo del Autor:Abogado Criminólogo
Páginas:44-49
RESUMEN

1. Párrafo 1: Fundamento de la aplicación de las medidas de seguridad y requisito de la comisión de un delito para su aplicación. 2. Párrafo 2: Duración de la medida de seguridad en relación con la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 44

1. Párrafo 1: Fundamento de la aplicación de las medidas de seguridad y requisito de la comisión de un delito para su aplicación

El Tribunal Constitucional estableció en una antigua sentencia que debe cuestionarse la constitucionalidad de toda medida de seguridad que no subsiga, en su imposición, a la condena penal por razón del delito. Con el principio de legalidad penal, ha de entenderse que no caben medidas de seguridad sobre quien no haya sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal, es decir, no son posibles ni cabe aplicar medidas de seguridad predelictuales. La imposición de medidas de seguridad con anticipación a la punición de la conducta penal y la concurrencia sobre un mismo hecho de pena y medida de seguridad son, pues, contrarias al principio de legalidad penal, ya que por un lado no cabe otra condena -y la medida de seguridad lo es- que la que recaiga sobre quien haya sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal, y por otro lado, no es posible sin quebrantar el principio "non bis in idem", íntimamente unido al de legalidad, hacer concurrir penas y medidas de seguridad sobre tipos de hecho igualmente definidos, y ello aunque se pretenda salvar la validez de la concurrencia de penas y medidas de seguridad diciendo que en un caso se sanciona la "culpabilidad" y en el otro la "peligrosidad" (STC Sala 2, 14/02/1986). La STS 19/11/1993 establece que el art. 104 CP señala un límite máximo para la medida de seguridad, que coincidirá con el límite máximo de la pena señalada para Page 45 el delito de que se trate18. Adviértase que la norma general del art. 6.2 CP habla de este límite máximo con referencia a la "pena abstractamente aplicable al hecho cometido". Por ello, no se ha estimado necesaria, tanto en los casos de eximente completa como en los de incompleta, que el Juzgado o Tribunal determine en concreto en su sentencia qué sanción habría fijado teniendo en cuenta todos los elementos que el Código Penal pone a su disposición para la individualización de la pena. Ha de calcularse, pues, ese límite máximo de la duración de la medida de seguridad por el límite máximo de la pena a imponer, no por la pena concreta con que se hubiera sancionado de no existir esa eximente. Por eso el órgano jurisdiccional que impone una media de seguridad consistente en privación de libertad sólo ha de tener en cuenta ese máximo legal posible de duración de la pena si no hubiera habido eximente, y no tiene obligación de determinar en concreto cuál habría sido esa pena de no haber concurrido la eximente. Y en este mismo sentido, la STS 12/09/2003 insiste en esta misma línea interpretativa: a diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, y también en España antes del CP 1995, ahora bajo la vigencia de este último código, hay que fijar en la sentencia (absolutoria respecto de la pena) el límite máximo de la medida de seguridad, particularmente, cuando ésta consiste en privación de libertad. Así lo manda dicho código en su art. 101.1, que también nos dice el criterio para tal fijación del límite máximo: el tiempo que habría durado la pena privativa de libertad, pero considerada en abstracto, tal y como lo precisa el art. 6.2 del mismo CP y conforme lo interpreta la circular de la Fiscalía General del Estado al responder a la consulta número 5/1997, de 24 de febrero). Esta referencia a la "pena abstractamente aplicable al hecho cometido", como literalmente se dice en ese art. Page 46 6.2, entendemos que ha de referirse a la prevista en el correspondiente artículo definidor del delito teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 61 a 64 a propósito del grado de ejecución (consumación y tentativa) y de participación (autoría y complicidad) y sin consideración a las circunstancias agravantes o atenuantes de carácter genérico (arts. 21, 22 y 23). Así habrá de fijarse en la sentencia absolutoria el límite máximo de la medida privativa de libertad, siempre con la correspondiente motivación exigible para todo el contenido de la sentencia (art. 120.3 CE), con lo que quedarán satisfechas las exigencias propias de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica. Como...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA