Comentario a Artículo 536 del Código Penal

Autor:Marta Gutiérrez Fidalgo; Eva María Hernández Burgos; Elda Castro Alfonso
Cargo del Autor:Secretarias Judiciales; Licenciada en Derecho
Páginas:608-609
 
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Sujeto activo es la autoridad, funcionario público o agente que, mediando causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías constitucionales o legales.

El bien jurídico protegido es el derecho fundamental reconocido en la Constitución a la libertad y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), en conexión con las libertades de expresión y de información (art. 20.1 CE) y con los derechos al honor y, sobre todo, a la intimidad personal (art. 18.1 CE) (STC 11/03/1996).

Son en gran medida, de obligada interpretación algunos textos supranacionales anteriores en el tiempo, suscritos por nuestro país en lo relativo a los derechos fundamentales y libertades (art. 10.2 CE), cuales son el artículo 12 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos" (DUDH), adoptada y proclamada por la 183ª Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas en París el 10 de Diciembre de 1948, el artículo 8 del "Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales" (CEDH), del 4 de Noviembre de 1950 en Roma, y del artículo 17 del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (PIDCP), del 16 de Diciembre de 1966 en Nueva York, que vienen, todos ellos, a proclamar el derecho de la persona a la protección contra cualquier injerencia o ataque arbitrario en el secreto de su correspondencia, alcance que doctrinalmente se ha venido extendiendo al resto de las comunicaciones, en concreto también a las telefónicas (STS 19/09/2004).

El art. 18.3 CE sólo contempla como límite la autorización judicial para el levantamiento de las garantías de libertad y secreto de las comunicaciones. Esta limitación viene desarrollada, en cuanto a las exigencias materiales y procesales que deben acompañar a toda intervención de comunicaciones telefónicas, en el art. 579 LECRIM. Se podrá acordar la nulidad de escuchas telefónicas ante la insuficiencia de motivación y de control judicial (SSTC 02/11/2004 núm. 1263/2004 y 23/10/2003 núm. 184/2003).

Dos límites fija el ATS 18/06/1992: la ingerencia ha de estar prevista por la Ley y ha de constituir una medida necesaria en una sociedad democrática para la seguridad nacional o para la prevención del delito. Todo nuestro Ordenamiento, pese a que pueda ofrecer determinadas lagunas, responde, sin ningún género de dudas, a estos principios. Por ello, la infracción del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), con independencia de poder constituir un ilícito penal de los previstos en los arts. 197, 198 y 536 CP vigente, puede comportar también una vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), en atención a lo establecido en el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o...

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