Comentario a Artículo 419 del Código Penal

Autor:Joaquín Esquivel Estrada
Cargo del Autor:Abogado
 
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CAPITULO V. Del cohecho

Con el delito de cohecho se protege el prestigio y eficacia de la administración pública, garantizando la probidad e imparcialidad de sus funcionarios y la eficacia del servicio público encomendado (STS 29/04/1995)393. El bien jurídico protegido es la protección debida al correcto funcionamiento de los órganos de la Administración, así como la imagen misma del Estado de Derecho, en el sentido de preservar la confianza de los ciudadanos en que los funcionarios públicos ejerzan sus funciones sometidos al imperio de la Ley (STS 23/07/2008). Lo injusto del delito de cohecho desde la perspectiva del bien jurídico protegido -principio de imparcialidad en el ejercicio de la actividad pública consustancial a la actividad democrática e incluso del de legalidad al que pone en peligro-, se agota con el intento de acuerdo o con su obtención, siendo irrelevante que con posterioridad se dé cumplimiento a lo acordado. La STS 05/02/1996 señala que cohecho es la corrupción de un funcionario público realizada mediante precio y con el fin de ejecutar un hecho opuesto al cumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio del cargo. El bien jurídico protegido por este delito es el debido respeto al principio de imparcialidad en el ejercicio de la actividad pública. La STS 16/12/1998, dice que el fin es perseguir toda actividad que implique una corrupción de funcionario público y ponga en peligro la credibilidad en el sistema de la administración pública394.

Se castiga al funcionario público que solicitare o recibiere, por sí o por persona intermedia, dádiva (y con la nueva redacción dada al precepto por la LO 5/2010, favor o retribución de cualquier clase), o aceptare ofrecimiento o promesa por ejecutar un acto relativo al ejercicio de su cargo. El bien jurídico tutelado por este delito es el debido respeto al principio de imparcialidad en el ejercicio de la actividad pública, consustancial a una administración democrática. Como recuerda la STS 16/12/1998, lo que se busca es perseguir, con instrumentos penales, todas las actividades que revelan la corrupción de los funcionarios públicos y ponen en peligro la credibilidad democrática del sistema administrativo del estado. El sujeto activo debe de ser el funcionario público considerándose como tal, dice el art. 24 CP a todo que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participan en el ejercicio de actividades públicas. La conducta típica consiste en...

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