El combate contra la corrupción en materia de contrataciones públicas en iberoamérica. Especial referencia al derecho uruguayo
| Autor | Pablo Schiavi |
| Páginas | 191-222 |
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Martín Prats, citado por Augusto Durán Martínez, sostiene, con acierto, que en todo tiempo, en todo lugar y en todo tipo de civilización existió corrupción y preocupación para combatirla. Ya en el Código de Hamurabi se preveían penas para los funcionarios gubernamentales que cometían actos de corrupción1.
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Pero se advierte en el mundo en los últimos años una especial preocupación por el tema. Tan es así que en el continente americano se elaboró la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC), adoptada en Caracas el 29 de marzo de 1996, ratificada en nuestro país por Ley n.º 17 008, de 25 de setiembre de 1998 —y que ya está vigente, pues se logró el número de ratificaciones necesarias—2.
Se puede encontrar la raíz de la CICC en el llamado Compromiso de Santiago con la Democracia y la Renovación del Sistema Interamericano, adoptado en la Asamblea General de la OEA, el 22 de mayo de 1992. Pero es en la Primera Cumbre de las Américas, celebrada en Miami entre el 9 y el 11 de diciembre de 1994, cuando se encara un plan de acción respecto a la lucha contra la corrupción3.
Posteriormente, la OEA, en la Asamblea de 7 de junio de 1995, emite la llamada Declaración de Montrouis: una Nueva Visión de la OEA, en la que, entre otras cosas, se decide «combatir todas las modalidades de corrupción pública y privada» y convocar a una conferencia especializada que se celebre en Caracas para considerar, y en su caso adoptar, una convención interamericana contra la corrupción. En el Compromiso de Santiago, en la Cumbre de Miami y en la Declaración de Montrouis podemos encontrar en esencia la génesis de la CICC4.
En Iberoamérica la corrupción es una mal que aqueja en mayor o menor medida a todos los países del continente, generando daños inconmensurables a sus ciudadanos y a las economías de la región, debilitando —en muchos casos— su reputación internacional con la consiguiente pérdida de inversiones y huida de inversores, que afecta el progreso y desarrollo de los pueblos.
Alejandro Pérez Hualde afirma con acierto que en nuestra Iberoamérica observamos que el fenómeno de corrupción se ha agravado cuantitativamente —decimos— por la magnitud de los hechos, de las cifras involucradas, y por el rango jerárquico de los funcionarios responsables —hoy tenemos presidentes directamente partícipes—; pero también podemos afirmar que, por otra parte, el panorama ha mejorado sensiblemente porque se va percibiendo con mayor nitidez un rechazo de nuestros pueblos hacia la corrupción y ello se debe a que existe una mejor percepción de la estrecha vinculación entre su pobreza
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estructural y los sistemas de corrupción; entre el ocultamiento y el secreto y los comportamientos corruptos5.
Oscar Diego Bautista entiende que la corrupción es un malestar que se anida, con diversos matices, en los diferentes Gobiernos y Administraciones públicas de América Latina. Este malestar se incrementa con el tiempo, según concluye el Barómetro Global de la Corrupción 2010. En el último año, por ejemplo, una de cada cuatro personas reporta haber pagado sobornos. Cada día millones de personas padecen la corrupción y quisieran que sus representantes públicos actuasen para detenerla. Sin embargo, los Gobiernos se van sucediendo y las prácticas corruptas continúan6.
Vamos a detenernos en los conceptos y alcances de la corrupción como un fenómeno que no reconoce fronteras, partiendo de definiciones que lucen en la legislación uruguaya y que perfectamente son extrapolables a toda Iberoamérica, con énfasis en las prácticas y políticas públicas llevadas a cabo para su erradicación, en el marco de una nueva agenda en la lucha contra la corrupción: buena administración, control social, transparencia, capacitación y comunicación.
Dos mitos han caído en la concepción de la corrupción: en primer lugar, la creencia de que se trata de un problema exclusivo de los países subdesarrollados, hoy se conocen los altos índices de corrupción en los países desarrollados; en segundo lugar, la opinión de que es un mal exclusivo de los Gobiernos, de la cosa pública. Actualmente se reconoce que existe una estrecha complicidad con el sector privado. Cabe mencionar que, ya desde 1975, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 3514 del 15 de diciembre, mostró su preocupación por prácticas corruptas llevadas a cabo por empresas transnacionales7.
Sin duda, el precio pagado por los efectos de la corrupción es muy elevado: medio ambiente destruido, procesos políticos pervertidos, valores culturales alterados, espíritu humano dañado, pobreza en continuo ascenso, mayor concentración de la riqueza y malestar generalizado en la ciudadanía. En suma, la corrupción es un obstáculo que impide la existencia de buenos gobiernos así como la madurez de las democracias. Es un freno para el desarrollo social, para
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el crecimiento económico y para la equidad y mejora del nivel de vida de los diversos miembros que integran la comunidad política. No hay que ser sabio para concluir que la existencia de corrupción obstaculiza el desarrollo y crecimiento de las naciones favoreciendo su atraso8.
En el ámbito latinoamericano existe 1) una preocupación por enfrentar el fenómeno de la corrupción al haberse convertido esta en pandemia, 2) la necesidad de estudiar sus causas y las maneras de combatirla, 3) la intención de establecer y mantener la cooperación de los Estados al respecto, 4) la visión de luchar en conjunto no solo en el ámbito público, sino en el privado y social, 5) la inclusión de la participación ciudadana, 6) la urgencia de establecer verdaderos controles a los políticos9.
La corrupción política es uno de los fenómenos que afecta directa y sustancialmente a la legitimidad y la confianza en las instituciones. La historia de la región demuestra que muchos corruptos han llegado a ser jefes de Estado y presidentes de Gobierno. Hoy se sabe también que numerosos presidentes que han participado en las cumbres iberoamericanas eran corruptos. Al término de su mandato algunos de ellos son prófugos de la ley, otros se hallan inmersos en procesos judiciales y hay quienes permanecen en prisión10.
Lamentablemente, y como bien señala Oscar Bautista, en los países de la región los recientes fenómenos de corrupción generalizada han alcanzado las altas esferas del poder con los jefes de Estado a la cabeza y como principales protagonistas, con la cual, en estructura cuasipiramidal, la corrupción se propaga desde los funcionarios públicos de más alto rango hacia abajo en los sistemas políticos, alcanzando a todo tipo de colaboradores cercanos, asesores y empresas privadas cercanas a los Gobiernos de turno, afectando en forma transversal a todos los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.
Ningún país latinoamericano podrá cumplir con las metas y objetivos en sus programas de Gobierno, y mucho menos elevar la calidad de vida de sus habitantes, si no controla, limita y frena la corrupción11.
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Un importante documento para la región latinoamericana es el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, el cual aspira a construir una ética universal que fomente «el diálogo de civilizaciones, respetuoso de la pluralidad social y cultural de los diversos pueblos del planeta» (Cumbre de las Américas, 2006a)12.
Con este código se pretende contribuir a dignificar socialmente el servicio público y permitir a sus integrantes —autoridades y funcionarios— sentir el orgullo de realizar una labor esencial para su comunidad. En definitiva, queremos que la actuación gubernamental consista en la práctica de la promoción del interés general, y se aleje del reprobable abuso de los recursos públicos para fines de interés partidista o particular13.
De acuerdo con el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, los principios básicos que guiarán la acción del buen gobierno son a) el respeto y reconocimiento de la dignidad de la persona humana, b) la búsqueda permanente del interés general, c) la aceptación explícita del gobierno del pueblo y la igualdad política de todos los ciudadanos y los pueblos y d) el respeto y promoción de las instituciones del Estado de derecho y la justicia social.
Los valores que guiarán la acción del buen gobierno son, especialmente, la objetividad, tolerancia, integridad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación al servicio, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, igualdad de género y protección de la diversidad étnica y cultural, así como del medio ambiente.
A los efectos del código, se entiende por buen gobierno aquel que busca y promueve el interés general, la participación ciudadana, la equidad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza, respetando todos los derechos humanos, los valores y procedimientos de la democracia y el Estado de derecho.
Apunta Daniel García Delgado que el documento resulta interesante, y quizá sea un impulsor de un necesario proceso para comenzar a homogenizar, compartir o consensuar los criterios que...
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