Los colectivos en situación de exclusión social contratados por empresas de inserción
| Autor | María Areta Martínez |
| Cargo del Autor | Profesora Titular de Universidad |
| Páginas | 173-203 |
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Los días 25 y 26 de mayo de 2017 tuvo lugar en la Universidad Rey Juan Carlos el / Congreso Internacional sobre la exclusión social: situación actual desde el Derecho comparado. Este Congreso propició el encuentro de un nutrido número de profesionales de distintos ámbitos y disciplinas, de diferentes países y continentes, que expusimos y debatimos sobre diversos aspectos relacionados con la inclusión social versus exclusión social. Este Congreso ha sido internacional, dinámico, multidi-mensional e interdisciplinar, como también lo es la realidad que acompaña a los procesos de inclusión social y exclusión social. Aprovecho estas líneas para felicitar a los organizadores del Congreso1, manifestar mi satisfacción por participar en él y desear la continuidad de esta interesante iniciativa que contribuye al desarrollo de una de las funciones de la Universidad, y es la transferencia del conocimiento a la sociedad2.
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Uno de los objetivos específicos de la Unión Europea (UE) y de los Estados miembros en materia de política social es la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Concretamente, la UE apoya y completa la acción que los Estados miembros llevan a cabo en este ámbito [art. 153.1 .j) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea].
Uno de los principales objetivos de la Estrategia Europa 20203 es reducir en un 25 % el número de europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza, rescatando a más de 20 millones de personas de la pobreza y/o la exclusión social4. Concretamente, en el caso de España, el objetivo nacional para el año 2020 es reducir entre 1,4 y 1,5 millones el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social que había en 2010.
Para fijar los referidos objetivos, la UE y los Estados miembros utilizan el denominado indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusión) que define la pobreza y la exclusión social a partir de los tres parámetros siguientes:
La tasa de riesgo de pobreza (una vez percibidas las transferencias sociales). Se considera que una persona sufre riesgo de pobreza cuando sus ingresos (en el año anterior a la encuesta) son inferiores al 60 % de la renta mediana disponible equivalente (después de la transferencia).
El índice de privación material. Se considera que una persona sufre privación material o carencia material severa cuando padece, al menos, 4 de las 9 privaciones siguientes (en el año anterior a la encuesta):
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- No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.
- No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.
- No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
- No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).
Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc.) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.
- No puede permitirse disponer de un automóvil.
- No puede permitirse disponer de teléfono.
- No puede permitirse disponer de un televisor.
- No puede permitirse disponer de una lavadora.
- El porcentaje de personas que viven en hogares con intensidad de trabajo muy baja. Se considera que una persona vive en un hogar con una intensidad muy baja de trabajo cuando tiene entre 0 y 59 años de edad y menos del 20 % de los miembros del hogar con edad de trabajar lo hicieron (en el año anterior a la encuesta).
Con base en el indicador AROPE, se considera que una persona está en situación (o riesgo) de pobreza y/o exclusión social cuando reúne alguno de los tres parámetros siguientes: 1) vive con ingresos inferiores al 60 % de la mediana del ingreso equivalente; 2) sufre privación material severa al no poder permitirse, al menos, 4 de los 9 ítems indicados; o 3) vive en un hogar en el que menos del 20 % de sus miembros con edad de trabajar lo hacen.
En los últimos años (2008-2015), la situación de pobreza y/o de exclusión social en España ha evolucionado, conforme al indicador AROPE, del modo siguiente:
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Desde 2007 hasta 2012 se aprecia un progresivo aumento del porcentaje de personas en situación de pobreza y/o de exclusión social en España. El porcentaje experimenta un leve descenso para el caso de mujeres en 2013 y, tras crecer en 2014, disminuye ligeramente para ambos sexos en 2015. Concretamente, en el año 2015, el 28,3 % de las mujeres y el 29 % de los hombres se encontraban en España en situación de pobreza y/o de exclusión social por cumplir alguno de los tres parámetros que utiliza el indicador AROPE. En 2015, respecto a los datos de 2014, la pobreza y/o exclusión social se reduce en 0,4 puntos porcentuales en los hombres y en 0,6 en las mujeres5.
La exclusión social exige un tratamiento holístico, porque es una realidad que no puede ser abordada únicamente desde una perspectiva economicista, centrada en la pobreza económica (falta o insuficiencia de recursos económicos y/o materiales). Antes de la Estrategia Europa 2020, la UE y los Estados miembros ya eran conscientes de que la pobreza no podía abordarse únicamente desde una visión economicista, de ahí que junto al término "pobreza (económica)" se acuñase el término "exclusión social"6. Desde esta nueva perspectiva, la "exclusión social" se defi-
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ne como un complejo proceso de carácter "estructural, dinámico, multifactorial, multidimensional y heterogéneo"7:
Se dice que la exclusión social es un proceso estructural porque deviene no solo de factores que afectan individualmente a la persona, sino también de las transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas que acontecen en el entorno en el que se desenvuelve la persona.
Se dice que la exclusión social es un proceso dinámico, no una situación estable y permanente, porque se desarrolla de forma cambiante, es decir, una misma persona puede experimentar a lo largo de su vida situaciones de inclusión y exclusión. En este sentido, las situaciones de inclusión social y exclusión social pueden formar parte del proceso vital de una misma persona. La exclusión social también es dinámica porque puede atravesar distintos grados (vulnerabilidad, precariedad, riesgo, exclusión) y niveles (exclusión leve, moderada, grave o muy grave).
Se dice que la exclusión social es un proceso heterogéneo porque alcanza tanto a individuos como a colectivos, porque afecta a una tipología muy diversa de personas, porque no existen situaciones idénticas, porque las circunstancias que llevan a una persona y a otra a encontrarse en situación o riesgo de exclusión social no siempre coinciden.
Se dice que la exclusión social es un proceso multidimensional y multifactorial porque no se limita a la pobreza entendida como carencia o insuficiencia de recursos económicos y/o de bienes materiales que impide a una persona atender sus necesidades básicas y vitales y/o las de su familia. Hoy en día, la exclusión social también trae su causa en otras situaciones carenciales, como son la falta de empleo, de educación (formación), de salud, de reciprocidad y estabilidad en las estructuras familiares, de relaciones interpersonales y sociales y de participación activa en la vida social. Los factores que determinan la exclusión social son múltiples, van asociados a estados carenciales, y además en ocasiones concurren con factores personales de discriminación (sexo, orientación sexual, edad, origen racial o étnico,
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religión, discapacidad). Conviene subrayar que los cambios de la realidad circundante obligan a revisar constantemente los factores e indicadores de exclusión social para, en su caso, incorporar otros nuevos. Un factor que probablemente haya que tener en cuenta a corto o medio plazo es el relativo a la brecha digital: ¿la imposibilidad de acceder a las nuevas tecnologías puede causar exclusión social?
La inclusión social se enmarca dentro de la idea de Estado social (art. 1.1 CE), y los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para/ariZ¿tor la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art. 9.2 CE). En este sentido, se dice que la exclusión social es un proceso abordable desde las políticas públicas, porque la CE recoge un mandato dirigido a los poderes públicos para que fomenten la inclusión social y la plena participación de los ciudadanos8. Como habrá ocasión de exponer a continuación, el empleo es una de las principales vías de inclusión social, de ahí que las personas en situación de exclusión social se encuentren entre los colectivos prioritarios de la política de empleo. No obstante, la inclusión social no es tarea exclusiva de los poderes públicos, y también es fundamental el compromiso de la sociedad civil y la iniciativa del sector privado. En esta línea, destaca la actividad que desarrollan las entidades que integran el Tercer Sector de Acción Social, el fin social que define a las entidades que integran la Economía Social y el compromiso de las empresas con la Responsabilidad Social.
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