Código de la Justicia Administrativa

JESÚS GONZÁLEZ PÉREZ, Código de la Justicia Administrativa, Thomson/Civitas, 2005.

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Este Código de la Justicia Administrativa no es sólo un intento de sistematizar unitariamente la multiplicidad de disposiciones que regulan los diversos procedimientos de distinta naturaleza que tratan de hacer efectivo el principio de sometimiento pleno de la Administración pública a la Ley y al Derecho, que consagra el artículo 103 de la Constitución, y la tutela de los derechos e intereses de los ciudadanos. Es, también, una recopilación de la jurisprudencia recaída sobre cada una de las normas que integran el Ordenamiento español de la Justicia administrativa.

La tarea no era fácil. En cierto modo es la culminación de un trabajo de muchos años, pues desde que hace más de sesenta años comencé a dedicarme al estudio de este sector del Ordenamiento jurídico y a la práctica profesionalPage 189 he procurado tener al día la jurisprudencia sobre los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos. Esta preocupación se reflejó parcialmente en dos primeras publicaciones. Una, limitada a la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional) -éste era su título-, que apareció en 1992, en la que, artículo por artículo, se recogía la normativa que con él se interrelacionaba, y una referencia bibliográfica, además de una selección de la jurisprudencia. La otra publicación -titulada Justicia Administrativa, Legislación y Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, cuya segunda edición apareció en 1999-, se extendía a recopilar la jurisprudencia muy resumida, no sólo sobre la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, sino sobre las distintas Leyes y Reglamentos reguladores del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo, si bien en ella se prescindía de recoger la legislación -sólo se hacía referencia- y la bibliografía.

Este Código sigue la estructura de la obra sobre la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa; pero no se limita en la regulación del proceso administrativo, sino que sistematiza también la reglamentación del régimen jurídico de las Administraciones públicas y de los procedimientos administrativos, incluso los de revisión en materia tributaria.

Aunque entre las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye en exclusiva al Estado figuran (18.ª) «el procedimiento...

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