La formación de la clase política del liberalismo español: análisis de los cargos públicos del trienio liberal
| Autor | Juan Francisco Fuentes |
| Cargo | Doctor en Historia y profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense |
Juan Francisco Fuentes
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Doctor en Historia y profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense. Ha sido profesor invitado de la Université de Provence. Es autor, entre otros libros, de José Marchena. Biografía política e intelectual, Historia universal del siglo XX (en colaboración con E. La Parra) y Luis Araquistáin y el socialismo español en el exilio. Es director, con J. Fernández Sebastián, del Diccionario político y social del siglo XIX español (Alianza Ed.), de próxima aparición.
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Una de las consecuencias de la vuelta emprendida hace algún tiempo a la historia política ha sido el reciente auge del estudio de las élites políticas, económicas e intelectuales y el desarrollo de ciertas metodologías y "formatos" historiográficos que parecen especialmente adecuados para la tarea. El network analysis -en realidad, anterior a este fenómeno, pero reforzado por él-, la biografía política, la prosopografía y la aplicación de técnicas y análisis estadísticos, favorecida por el imparable progreso de la informática, pueden considerarse variantes más o menos confluyentes de una línea historiográfica de la que hay en España numerosos y alentadores ejemplos, desde el libro de Isabel Burdiel La política de los notables, hasta la reciente obra dirigida por Mercedes Cabrera Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la Restauración (1913-1923), el minucioso estudio publicado por Mariano Baena Alcázar Elites y conjuntos de poder en España (1939-1992) y los trabajos de Jesús Cruz y Gregorio de la Fuente sobre las elites liberales1. Creo, de todas formas, que sería justo señalar el libro de Alberto Gil Novales Las sociedades patrióticas (1975) como trabajo pionero en la recuperación y puesta al día de la historia política en la historiografía española, así como en la aplicación del concepto, luego tan en boga, de prosopografía para la presentación sucinta y ordenada de lo que podría llamarse una biografía colectiva2.
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Un rasgo común a la mayoría de las aportaciones realizadas en este terreno es el empleo masivo de cierto tipo de fuentes especialmente fecundas para la investigación de las elites sociales, económicas y políticas: archivos notariales, archivos de partidos y corporaciones, diccionarios biográficos, registros parlamentarios, etc.3. Hay asimismo una tendencia a orientar estas investigaciones hacia aquellos períodos históricos en que se han sedimentado las nuevas estructuras sociales, culturales y políticas creadas por la revolución liberal, ya sean las élites administrativas, la burguesía de los negocios o los cuadros dirigentes y las redes clientelares de los partidos políticos. A diferencia de muchas de estas investigaciones, que, en el caso español, han encontrado terreno abonado en la época isabelina y en el régimen de la Restauración, el presente trabajo se remonta al origen mismo de lo que, utilizando un término acuñado un siglo después, llamaríamos la clase política del liberalismo español, tal como empezó a configurarse en el Trienio liberal. Aunque, como veremos en seguida, no se elude la comparación entre los cuadros políticos del Estado liberal de este período y los de la primera etapa constitucional, el régimen del Trienio representa, mucho más que las Cortes de Cádiz, la primera experiencia de relativa normalidad constitucional de la Historia de España, en la que las nuevas instituciones pudieron actuar a lo largo de todo el territorio nacional sin las limitaciones impuestas unos años antes por la presencia militar francesa en buena parte de la Península y por la propia excepcionalidad de la coyuntura histórica de la Guerra de la Independencia.
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Los datos que se aportan a continuación proceden de un censo nominativo, de elaboración propia, formado por cargos públicos del Trienio liberal que cuenta de momento con 880 individuos, entre diputados, ministros, consejeros de Estado, jefes políticos provinciales y secretarios de los mismos, miembros de las diputaciones provinciales, alcaldes, secretarios de ayuntamientos y regidores4. En el censo se ha recogido, cuando ha sido posible, toda aquella información biográfica y política que se considera relevante: cargos desempeñados durante el Trienio, fecha y lugar de nacimiento, profesión o clase social -dato que conocemos en el 56% de los casos- y trayectoria política posterior a 1823, con especificación de los cargos que hubieran ocupado a partir de aquella fecha.
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El Cuadro I de este trabajo y el gráfico correspondiente reflejan el origen socioprofesional de los cargos públicos elegidos o designados durante el Trienio liberal, no todos, por tanto, necesariamente liberales, puesto que entre ellos hay también diputados y, en menor medida, regidores absolutistas. Esta primera aproximación sociológica a la incipiente clase política formada bajo el régimen liberal muestra el indiscutible protagonismo del Ejército en la construcción del Estado liberal en España, no sólo por su decisiva intervención en el cambio de régimen a través del pronunciamiento, sino también, como se puede ver en las estadísticas y gráficos que acompañan este trabajo, por su participación en la gestión ulterior del nuevo aparato de poder. De todas formas, para calibrar en su justa medida ese 27,8% que hace de los militares el grupo socioprofesional más numeroso, con notable diferencia sobre los demás, hay que tener en cuenta el casi total monopolio que ejercen sobre el cargo de jefe político provincial y el hecho de que dos de las siete secretarías del Despacho, las de Guerra y Marina, tienen un carácter estrictamente castrense. Pero más allá de la especificidad militar de ciertos puestos, la presencia de los militares en instituciones genuinamente civiles, como las Cortes, sigue siendo muy relevante y confirma un fenómeno que no hará sino ampliarse en las décadas siguientes, gracias a la guerra carlista, al desprestigio de los partidos y a la inestabilidad social y política del país: que el Ejército será, durante largo tiempo, el pilar fundamental del liberalismo español, mucho antes de que pueda hablarse de régimen de los generales o de parlamentarismo pretoriano, por utilizar las expresiones acuñadas, respectivamente, por Jesús Pabón y Raymond Carr.
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Que militares (27,8%) y clérigos (13,9%) constituyan los dos colectivos más numerosos en las instituciones liberales de este período puede verse como un síntoma del proceso de transición que está viviendo el país, por cuanto refleja el poder declinante, pero todavía significativo, del poder de la Iglesia en la sociedad española, y, al mismo tiempo, un cierto vacío social en nuestro liberalismo, cubierto transitoriamente por militares y clérigos, mientras las clases medias propietarias y profesionales van escalando posiciones. Sobre la presencia del clero en las instituciones del Trienio, conviene precisar, en primer lugar, que se concentra mayoritariamente en las Cortes, donde forman el grupo más nutrido (el 21,3% de los diputados son clérigos), y, en segundo lugar, que constituyen el colectivo socioprofesional más próximo al absolutismo, por mucho que el liberalismo contara entre el clero español con un apoyo no desdeñable, como demuestran las investigaciones realizadas en los últimos años por Gérard Dufour y Aline Vauchelle5. En todo caso, la comparación entre las Cortes de Cádiz y las del Trienio refleja un descenso apreciable en el porcentaje de diputados eclesiásticos (del 31,5% al 21,3% en esos diez años) y un movimiento en sentido inverso del porcentaje de militares (del 12,% en Cádiz al 19,9% en las dos legislaturas del Trienio). Estas dos tendencias divergentes y complementarias cabe interpretarlas como una consecuencia directa de la Revolución liberal española, que, de un lado, potencia la participación del Ejército en las instituciones liberales, al tiempo que reduce sensiblemente el poder temporal de la Iglesia. Los datos que aporta Isabel Burdiel sobre las Cortes del Estatuto Real ponen de relieve la rapidez con la que el clero desaparece virtualmente de la política parlamentaria (2,1% de los procuradores elegidos en 1834) y muestran un nuevo avance en la representación del Ejército (26%)6. Podría entenderse, incluso, que el vacío que dejan la Iglesia y, en general, los estamentos privilegiados del Antiguo Régimen, como la nobleza7, es cubierto por el Ejército en una larga etapa transitoria en la que actúa como vanguardia de una burguesía y una clases dirigentes civiles que tardarán más de lo previsto en culminar su ciclo ascendente y asumir directamente el poder. Esa tendencia histórica hacia el relevo de los militares por los civiles como base de sustentación del Estado liberal llega a su fin en el régimen canovista, según nos muestra el análisis comparado entre las Cortes del Trienio y las del final de la Restauración: al cabo de un siglo de parlamentarismo, resulta patente la hegemonía de una clase política profesional, formada principalmente por abogados, y la práctica desaparición de militares y clérigos del Congreso de los Diputados8, aunque unos y otros tendrán todavía una presencia relevante -más simbólica que otra cosa- en los escaños del Senado.
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Si el porcentaje de abogados puede servir como indicador del grado de profesionalización de los cuadros políticos del liberalismo del Trienio -recuérdese el papel clave que Max Weber atribuía a los abogados en la política moderna y el predominio de esta profesión en la Convención nacional francesa9-, el contraste entre las Cortes de este período y las de un siglo después da una idea del largo trecho que quedaba por recorrer en esa dirección: sólo el 16,1% de los diputados de nuestro censo eran abogados, frente al 42,1% de los últimos diez años de la Restauración10. A pesar de esto, el porcentaje que esta profesión arroja entre los diputados del Trienio es algo superior al que este mismo grupo tiene en el conjunto de cargos públicos, seguramente porque el predominio de los militares en ciertos ámbitos reduce la media de los...
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