Circuito legal o pautas de actuación ante mayores y discapacitados

Autor:Norberto Sotomayor Alarcón - Pablo José Abascal Monedero - Pedro Chicharro Rodríguez - Concepción Nieto Morales
Cargo del Autor:Fiscal de la Fiscalía de Sevilla, experto en Discapacidad - Abogado. Prof. Asociado Dr. Universidad Pablo Olavide. Coordinador del turno de oficio de Protección Social del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla - Prof. Asociado Universidad Pablo Olavide. Antropólogo y Trabajador Social. Técnico del Área de Cohesión Social e Igualdad de la ...
Páginas:63-67
 
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El análisis del contexto actual y futuro de las personas mayores, tanto desde el punto de vista de la provisión de los servicios como de la financiación, constituye un punto de partida fundamental en cualquier acercamiento a la situación de las personas mayores en España.

La Constitución Española de 19782hace mención a la asistencia social, aunque el desarrollo de la misma lo harían las Comunidades Autónomas con la aprobación de sus correspondientes leyes en materia de asistencia social y servicios sociales. Las distintas Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas que forman el Estado, han ido desarrollando y expandiendo el sistema de servicios sociales en todo el territorio nacional.

La revolución demográfica, unas tasas de fertilidad decrecientes y un aumento de la longevidad son factores que asegurarán el envejecimiento continuo de la población mundial. España se sitúa entre los países que tendrá mayor probabilidad de tener una mayor población envejecida.

Como línea estratégica se plantea el fomento del envejecimiento en el medio comunitario. Desde el punto de vista de la elección personal y coincidiendo con la línea de las administraciones Públicas y con la sostenibilidad financiera resulta ser la mayoritaria siempre que la situación de la persona lo permita.

La vía de atención en el medio comunitario, abre las posibilidades del cuidado no profesional que será fundamental para equilibrar nuestro poco consolidado sistema de Bienestar. Las entidades privadas de servicios tendrán un importante yacimiento de mercado, que deberá desarrollarse, en cuanto la economía salga de la cíclica crisis en la que se encuentra en estos momentos. Ciertamente, la incorporación de personas mayores con mayores niveles de instrucción, conllevará demandas de servicios que aspiran a mejorar la calidad de vida, mediante contratos, pólizas de seguro y otras figuras que además serán promovidas desde los Estados.

Probablemente, el Estado no podrá hacer frente a la cantidad y calidad de servicios que se requieran, y será la iniciativa privada la que ira ofreciendo a medida que la demanda vaya aumentando, distintos recursos y equipamientos dirigidos al sector de las personas mayores.

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Este pobre desarrollo de los servicios desde ambos sectores, público y privado, puede entenderse, a diferencia de otros países de nuestro entorno por la existencia de un modelo familiar de prestación de cuidados. El papel fundamental de la mujer en la provisión de los cuidados a las personas frágiles sigue siendo de vital importancia.

En España, la atención de las personas mayores se ha venido prestando hasta nuestros días desde distintas Administraciones Públicas. Si inicialmente las Corporaciones Locales fueron las más activas en desarrollar un sistema de atención, el posterior desarrollo competencia de las Comunidades Autónomas fue dejando a los Ayuntamientos y Diputaciones con un sistema residual, pero complementario.

Los principales recursos que encontramos para la atención de las personas mayores en España, tanto en el sector público como en el privado, atención domiciliaria, centros o unidades de estancia diurna y residencias, pueden ser prestados desde la Administración Pública directamente, mediante contratos de estas con el sector privado o exclusivamente desde empresas privadas. Las personas usuarias de estos servicios abonan una cantidad en concepto de copago que suele oscilar entre el 75% y el 80% de sus ingresos en las plazas públicas y contratadas por la Administración Pública.

Actualmente, estos sistemas sobreviven en paralelo, con una gran desigualdad territorial, y relativamente coordinados entre ellos, aunque la legislación está ordenando las competencias y se prevé un cambio muy profundo a finales del año 2015. La complementariedad en estos últimos años, ha supuesto que las carencias de ambos se hayan visto equilibradas. Las líneas directrices que va a modificar la situación están recogidas en la Ley 27/2013, de 27 de...

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