Ciencia y Gobierno: la experiencia de EE.UU
| Autor | Sheila Jasanoff |
| Cargo | Universidad de Harvard |
Un factor clave en la relación entre ciencia y gobierno en el mundo actual es que la comunidad científica está siendo sometida a fuerzas contradictorias. Por una parte, existe el concepto ampliamente aceptado de que la ciencia es un espacio neutral, así que si podemos justificar la política en términos de ciencia, no necesitamos preocuparnos más por la política. Por otra parte, hay poco acuerdo entre los diferentes países sobre lo que constituye ciencia de calidad, incluso entre aliados y políticos tradicionales. Además, hay otra profunda contradicción que afecta al uso de la ciencia en el gobierno: cada vez más los políticos parecen confiar en la ciencia como un modo de solucionar sus problemas políticos, en el momento preciso en que la confianza en esos mismos funcionarios, en muchos países, parece estar declinando.
Como un ejemplo de estas presiones contradictorias tómese el reciente discurso de la Secretaria de Estado de EE.UU. en la reunión anual de la Asociación Americana para el Progreso de las Ciencias (el hecho de que ella hablara allí demuestra que existe una discusión paralela de alto nivel en EE.UU., acerca de la conexión entre ciencia y gobierno). Refiriéndose al acuerdo internacional recientemente concluido sobre bioseguridad, la Secretaria de Estado de EE.UU. afirmó que: "La ciencia no apoya los temores de algunos, especialmente fuera de EE.UU., de que los alimentos u otros productos biotecnológicos sean perjudiciales para la salud humana. Así, es de lamentar que temores no justificados acerca de los productos biotecnológicos ejerzan una influencia significativa sobre el protocolo de bioseguridad recientemente concluido. Nosotros hemos luchado y hemos triunfado al basar este acuerdo en la ciencia de calidad". Muy poco después, la prensa informó de la pérdida de influencia de la Secretaria de Estado de EE.UU. En efecto, un periódico fue tan lejos como para afirmar que: "Ella ha fracasado totalmente en conseguir el control de su propia casa o de su propia política en general. De hecho, se ha convertido en el recadero de la política exterior más que en el definidor de la misma" (International Herald Tribune, Marzo 2000)1. Así, el discurso de la Secretaria de Estado felicitando a las instancias políticas de EE.UU. por una ciencia de calidad debe interpretarse a la luz de los informes de prensa que cuestionan su propia credibilidad.
Ahora mismo, la UE presenta una clara ventaja sobre EE.UU. desde el punto de vista de la ciencia y el gobierno. Los rápidos cambios que la UE está sufriendo actualmente son cambios constitucionales a través de los cuales se está formando la Unión. Además, estos cambios constitucionales están teniendo lugar no sólo a nivel de la UE, sino también en varios Estados Miembros- aunque sin un convenio constitucional explícito, y sin que se reúnan los que han redactado documentos constitucionales explícitos. Cuando se escribió la constitución de EE.UU., nadie pensó que era importante referirse mucho a la ciencia (es más, la ciencia no se menciona como tal en la Constitución). Había la idea de que los productos de la ciencia deberían ser protegidos y la inventiva científica premiada, pero nada se decía acerca de la relación entre ciencia y Estado. Esto no fue porque se pensara que se trataba de algo sin importancia, sino más bien porque se consideraba que se entendía perfectamente lo que debía ser la relación entre la ciencia y el gobierno. Los EE.UU. nacieron de una filosofía de mantenimiento de puntos de vista y valores ilustrados. Se aceptó que el gobierno debería promover ciertas clases de ciencia que son útiles a la política pública (actividades que se relacionan con los mapas, las medidas, la normalización, etc.); estas actitudes condujeron más tarde, en el siglo XIX, a la creación de la influyente Academia Nacional de Ciencias.
La UE tiene la ventaja de que está actualmente en una etapa de formación en que la relación entre ciencia y gobierno aún tiene que ser plenamente definida
Por contraste, la UE está en un punto en el que es posible reconsiderar la relación constitucional entre ciencia y gobierno sobre la base de una comprensión de la ciencia que ha madurado muy considerablemente durante más de 200 años-desde que, por ejemplo, Francia o EE.UU. escribieran sus constituciones vigentes. Una de las cosas que hemos llegado a reconocer durante este tiempo es que el viejo modelo de relación entre ciencia y política pública (recogido en la frase "decirle la verdad al poder") ya no es muy útil. Se ha hecho evidente que la "verdad" es a menudo un artículo discutido y que se alcanza mediante procesos que necesitamos comprender mejor. También ha quedado claro que el poder y la verdad no ocupan necesariamente campos completamente diferentes. El poder está a menudo implicado en los procesos de construcción de verdad científica. Así, cuando "la verdad está hablando al poder", puede ser que una forma particular de poder esté hablando a otra. Este profundo reconocimiento afectará a las instituciones a través de las cuales se enlazan el conocimiento científico y la política pública.
El viejo modelo de relación entre ciencia y política pública en el que la ciencia "dice la verdad al poder" no es ya suficiente en términos descriptivos o prescriptivos
En EE.UU., aunque la Constitución no hace mención explícita de la relación entre ciencia y gobierno, en los últimos 50 años se ha aprendido mucho, desde el punto de vista político, sobre el papel de la ciencia. A partir de este proceso, se ha derivado un complejo conjunto de disposiciones y redes institucionales para abordar muchas de las cuestiones con que se enfrentan los políticos y la administración. En particular, aunque los políticos en EE.UU. a menudo actúan como si aún creyeran en contarle la verdad al poder (el comentario de la Secretaria de Estado de que "nosotros hemos luchado y hemos triunfado al basar este acuerdo en ciencia de calidad" es una formulación clásica de este punto de vista), en realidad las prácticas institucionales de EE.UU. operan conforme a premisas muy diferentes. Por ejemplo, difícilmente cualquier decisión política basada en la ciencia es completamente irreversible. La ciencia puede hablar al poder, y puede dar lugar a una política pública, pero las estructuras institucionales de EE.UU. están establecidas de tal modo que permiten que se expresen opiniones contradictorias de diferentes fuentes, e incluso, a veces, que prevalezcan opiniones profanas contra los puntos de vista de los expertos.
Como en otros países, muchas áreas como la seguridad de los alimentos, la energía nuclear, y los plaguicidas químicos, están reguladas en EE.UU. Pero sabemos que una industria o una sustancia regulada nunca es 100 por cien segura. Puede producir daños o lesiones que no se previeron en el momento en que fue regulada. En el sistena legal de EE.UU., la regulación no protege usualmente a los fabricantes contra litigios. Así, un fármaco regulado puede haber sido declarado seguro por la Administración de Alimentos y Fármacos (Food and Drug Administration), pero si después ocasiona algún daño, la víctima puede demandar a la empresa que ha fabricado el fármaco, y posiblemente obtener compensación.
Una característica importante del sistema regulador en EE.UU. es que no descarta la acción subsiguiente en los tribunales si las cosas salen mal
En general, la opinión pública en EE.UU. es optimista acerca de los nuevos descubrimientos y las nuevas tecnologías (incluyendo los alimentos modificados genéticamente), pero puede argumentarse que una característica institucional que soporta este optimismo es la disponibilidad de varias opciones para rectificar. Aunque las autoridades pueden estar arriesgándose cuando aprueban algo como los alimentos modificados genéticamente, la confianza en el sistema se mantiene por el hecho de que, si algo va mal, es posible para las partes afectadas obtener compensación en los tribunales. Esta no es necesariamente una disposición institucional que funcionaría bien en la UE o en cada uno de sus Estados Miembros. La cuestión es sencillamente que la capacidad de un funcionario público de EE.UU. de invocar la idea de una ciencia de calidad descansa sobre el sistema político de EE.UU., que ha desarrollado, durante más de 200 años de historia, una serie de disposiciones institucionales que permiten a la gente comprender lo que se entiende por "ciencia de calidad" y poner en duda cualquier aserto que no crean realmente que es ciencia de calidad.
Dotar al concepto de "ciencia de calidad" de significado relevante para la política implica una actuación en el campo político
Este tipo de marco institucional complejo para sostener la confianza pública en la ciencia debería ser la meta de todo nuevo organismo gubernamental que busque conseguir lo que podríamos llamar ciencia de calidad. En resumen, se necesita trabajar en el campo político para dotar de significado a la idea de ciencia de calidad. Es este trabajo el que pienso que tiene que emprenderse a nivel europeo.
Una lección de la experiencia de EE.UU. es que sería un error del JRC, o de cualquier otra organización científica de la UE, verse a sí mismo como un tipo de autoridad experta soberana que puede proporcionar sin problema la verdad al poder. Hay otros posibles papeles para los organismos científicos como el JRC. Uno sería actuar como denominador común que toma lo que está disponible en los Estados Miembros y aplica un pocedimiento intermedio para producir un tipo de estándar mínimo que acepte todo el mundo. Otro papel sería el de mediador.
Para concluir, he sugerido que los ciudadanos creen en las declaraciones de su gobierno sobre ciencia de calidad sólo si esas declaraciones científicas están soportadas por buenas y sólidas formas de política. Si es éste el caso, un papel prometedor para una autoridad europea será actuar como una forma de agente de transferencia entre diferentes enfoques de la política de la ciencia. Este organismo pondría a disposición de los Estados Miembros una comprensión más profunda de cómo se consigue o no la confianza en la ciencia y en la tecnología, en diferentes contextos nacionales. Esto implicaría identificar lo que podríamos llamar "mejores prácticas" para enlazar la ciencia con el gobierno. Conviene tener en mente que si los EE.UU. ofrecen un modelo de democracia relativamente sólida, esa solidez se ha obtenido manteniendo la ciencia muy próxima al control del pueblo-permitiendo a tribunales generales, por ejemplo, tratar cuestiones de gran complejidad, como el proceso antimonopolio contra Microsoft, y resistir las tendencias tecnocráticas que se pueden ver también en EE.UU. Si los políticos de EE.UU. se muestran impacientes por conseguir vías más eficientes de resolución de controversias, pueden alejarse precisamente de la clase de compromiso de gran alcance entre la ciencia y los ciudadanos que ha sido una fuente clave de fortaleza para la democracia americana. Este es un camino que la UE hará bien en no seguir.
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Nota
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El autor desea subrayar que ésta es una cita de una entrevista en un periódico y no una declaración de su propia opinión.
