La información de las causas criminales en los medios de comunicación y los delitos contra los derchos fundamentales

Autor:Lluís de Carreras Serra
Cargo del Autor:Profesor asociado de Derecho de la Información. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
RESUMEN

1. El principio de presunción de inocencia. 2. Los juicios paralelos. 3. El secreto del sumario. 4. Los juicios públicos. La toma de imágenes en el acto del juicio oral. 5. Delitos contra los derechos fundamentales. 5.1. Delitos contra la libertad de expresión. 5.2. Delitos contra el derecho fundamental a la igualdad. 5.3. Delitos contra los sentimientos religiosos.

 
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1. El principio de presunción de inocencia

Las libertades de expresión y de información son derechos prevalentes sobre los demás derechos fundamentales cuando su ejercicio se realiza en el marco de la veracidad informativa, el respeto a las personas y el interés general. Esta prevalencia se justifica, según la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, por ser estas libertades la garantía de una opinión pública libre, presupuesto del pluralismo político y social, que es condición indispensable del régimen democrático.

Sin embargo, como reconoce el art. 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el ejercicio de estas libertades entraña deberes y responsabilidades por parte de los medios de comunicación y podrá ser sometido a ciertas restricciones con la finalidad, entre otras, de proteger la reputación de las personas o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. El descrédito de una persona puede obedecer a diversos factores, pero la principal vulneración de su reputación obedece sin duda a la imputación de un delito.

Es un principio democrático básico y un derecho fundamental reconocido en el art. 24 CE, que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela de los jueces de forma efectiva, para lo cual, además de las garantías procesales que se prevén en el mencionado artículo y en las leyes de procedimiento, deberán ser protegidas en su inocencia hasta que un Tribunal no les condene por sentencia firme, es decir, por una resolución judicial que no pueda ser ya recurrida ante un Tribunal superior.

La información sobre casos criminales tiene, entre sus especialidades, como requisito ineludible la preservación de la presunción de inocencia. Solamente a los jueces corresponde declarar la culpabilidad de una persona por la comisión de un delito, después de un proceso justo, con todas las garantías legales y procesales.

Los medios de comunicación deben respetar este principio, sin que ello perjudique la información que los ciudadanos tienen derecho a recibir. La información debe preservar:

- La presunción de inocencia hasta la condena definitiva. En ningún caso debe condenarse a alguien en la actividad informativa sin que haya sido condenado por sentencia firme.

- La inocencia declarada por los tribunales, en caso de que así sea.

No se trata de limitar la información de sucesos o de causas criminales que, por su naturaleza, revisten siempre interés público. La información debe darse con los requisitos de veracidad que le son inherentes y no debe descartarse la narración del suceso o del desarrollo del juicio de forma no coincidente con la sentencia de los jueces.

Si la diligencia profesional y las averiguaciones de un periodista le lleva a relatar hechos comprobados que no están recogidos en la sentencia o que no se encuentran en las diligencias del proceso, y estos hechos pueden ser inculpatorios para una persona, la información deberá contar siempre con la mención de que otro es el criterio de los jueces, o que sin embargo debe presumirse la inocencia del implicado si no ha sido condenado por un tribunal, o que la información puede ser rectificada o completada con otros hechos que pueden desvirtuarla; en definitiva, que son los jueces los que deben esclarecer el asunto y que, en todo caso, debe respetarse la declaración judicial de inocencia o condena ya emitida o que deba emitirse cuando termine el proceso.

"La verdad histórica puede no coincidir con la verdad judicialmente declarada y este Tribunal ha reconocido el derecho a la información crítica de las resoluciones judiciales (STC 286/93,f.j.5); sin embargo, toda información que ponga en cuestión lo proclamado judicialmente, aparte de requerir una especial diligencia en la verificación de la información, debe respetar la inocencia judicialmente declarada o la presunción de inocencia previa a la condena judicial, poniendo explícitamente de relieve la existencia de la resolución judicial o del proceso en curso." (STC 28/96)

2. Los juicios paralelos

La publicidad de los juicios se halla protegida por los arts. 24.2 y 120.1 CE como una concreta manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y como una regla general de funcionamiento de la Administración de Justicia, con la doble finalidad de proteger a las partes de una justicia oculta al control público y de mantener la confianza de la comunidad en los jueces y tribunales. La publicidad de las actuaciones judiciales no se limita hoy en día -como en otros tiempos- a la asistencia a los juicios, sino que se proyecta a la difusión a través de los medios de comunicación, intermediarios naturales entre la noticia y la opinión pública.

En este contexto, la responsabilidad social de los medios de comunicación, tanto de prensa, como de radio y televisión, adquiere especial relevancia en el tratamiento informativo de los juicios:

- por una parte, los medios deben informar a la opinión pública, esencialmente plural, con una completa narración de los sucesos criminales o del desarrollo de los procesos judiciales penales; y,

- por otra, esa responsabilidad debe coexistir con los demás intereses en juego, como son:

- la salvaguarda de las garantías judiciales para quienes intervienen en el proceso, especialmente para el procesado, y

- el respeto a sus derechos, también fundamentales, al honor, la intimidad o la imagen de los que intervienen en el juicio y la protección de los menores afectados.

"Advertidas todas estas circunstancias, y sin prejuzgar el fondo del asunto, el juez de Instrucción consideró deber suyo proteger a los eventuales perjudicados con la revelación de aquella información, con arreglo a lo dispuesto en el art. 13 Ley de Enjuiciamiento Criminal, y a las partes en el proceso judicial frente a aquello que pudiese perturbar la adecuada y correcta marcha del proceso judicial con indeseables juicios paralelos en los medios de comunicación, que bien podrían conculcar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) y el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) STC 171/1990, fundamento jurídico 9.º, ATC 195/1991, fundamento jurídico 6.º; Sentencias del TEDH caso The Sunday Times I, de 26 de abril de 1979, Observer y Guardian, de 26 de abril de 1991) de las partes en esa causa penal. Razones y motivos que serán confirmados luego por el Auto de la Audiencia Provincial que resolvió la apelación interpuesta por los ahora demandantes de amparo contra el del juez de Instrucción." (STC 187/1999)

El principio básico es el de no vulnerar el principio de presunción de inocencia del procesado, pero también merecen respeto las personas que acuden al proceso en calidad de testigos o de peritos (muchas veces obligados por las provisiones legales) que ostentan también sus derechos de la personalidad. La actuación de los medios:

- debe:

- atender a la veracidad de lo...

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