Cataluña aprueba la Comisión para la estrategia de dinamización territorial
| Autor | Dr. Carlos Javier Durá Alemañ |
| Cargo | Investigador del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT) |
| Páginas | 113-114 |
www.actualidadjuridicaambiental.com
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Publicado en Actualidad Jurídica Ambiental el 14 de junio de 2019
Cataluña aprueba la Comisión para la estrategia de dinamización territorial
Autor: Dr. Carlos Javier Durá Alemañ. Investigador del Centro Internacional de Estudios
de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Fuente: Acuerdo GOV/64/2019, de 7 de mayo de 2019 (Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, Núm. 7871, de 9 mayo de 2019)
Temas Clave: Territorio; Política ambiental; Ordenación del territorio; Clasificación de
suelos; Ayuntamientos; Principio de Subsidiariedad
Resumen:
Tomando como base el principio de subsidiariedad, recogido en el artículo 5 del Tratado
de la Unión Europea, se debe garantizar que las decisiones para el desarrollo de la política
de desarrollo se tomen lo más cerca posible del ciudadano. Se trata de un principio de
vital importancia que tiene como finalidad actuar de manera coordinada entre los diversos
agentes de cada territorio, para aplicar aquellos instrumentos o programas que se crean más
correctos para la resolución de los problemas. En este escenario, este principio tiene dos
características fundamentales por un lado, cercanía entre los destinatarios de esos servicios
y el ente público que lo proporciona, y por consiguiente la eficacia en su ejecución. En el
propio preámbulo de dicho Acuerdo se pone como ejemplo las comarcas gerundenses,
centrales, del Ebro, de Alto Pirineo y Valle de Arán, precisamente aquellas que cuentan
con más municipios de menor tamaño. En el conjunto de Cataluña, los municipios de
menos de 2.000 habitantes suponen casi el 63% del total de municipios y el 64% de la
extensión territorial, aunque solo suman el 4,5% de la población.
Esta distribución territorial llevó a que los gobiernos locales incorporaran pronto las
funciones de diseño y ejecución de políticas a largo plazo para resolver los problemas
locales -paro, deslocalización industrial, necesidad de atraer nuevas empresas, despoblación,
entre otros- y para defenderse de los cambios producidos en el marco económico mundial.
Para caminar en esa dirección, las políticas de promoción local se han centrado
principalmente en cuatro ámbitos de actuación: (1) las infraestructuras físicas; (2) el capital
humano; (3) las condiciones de entorno medioambientales, (4) y la adecuación de la
configuración de las instituciones a las necesidades de desarrollo local.
El desarrollo económico local puede definirse, de acuerdo con la Organización
Internacional del Trabajo, como "un proceso de desarrollo participativo que fomenta los acuerdos de
colaboración entre los principales actores públicos y privados de un territorio, posibilitando el diseño y la
puesta en práctica de una estrategia de desarrollo común, sobre la base de aprovechar los recursos y las
ventajas competitivas locales en un contexto global, con el objetivo final de crear empleo decente y estimular
la actividad económica". Se puede decir, por lo tanto, que todo proceso de desarrollo local
tiene tres objetivos generales: el crecimiento económico, la diversificación de la economía
local y la mejora del nivel de vida y de empleo de las poblaciones locales.
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