El carácter innovador del proyecto de García Goyena

Autor:Marta Pérez Escolar
Cargo del Autor:Profesora del Departamento de Derecho civil. Universidad de Valladolid
 
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IV. EL CARÁCTER INNOVADOR DEL PROYECTO DE GARCÍA GOYENA

1. EL ARTÍCULO 773 COMO FÓRMULA DE CONCORDIA CON LAS LEGISLACIONES FORALES

Tras el abandono del proyecto de 1836, los trabajos encaminados hacia la formación de un Código civil no volverán a tomar cuerpo hasta la llamada “década moderada” (1843 - 1854), tiempo en el que la relativa calma política favorecerá el replanteamiento de la tarea codificadora.

Por RD de 19 de agosto de 1843 se crea la Comisión General de Códigos (53) , cuya primera actuación fue la aprobación de seis bases generales para la codificación a las que deberían amoldarse las particulares relativas a cada uno de los Códigos que restaban por hacer, civil, penal y procesales. De ellas se puede deducir la intención que en el fondo existía de buscar la uniformidad de la legislación española, y no sólo la unidad, a través de los nuevos cuerpos legales (54) . Así, se declaró la voluntad de “no innovar lo existente sino en caso de necesidad o de evidente utilidad y equidad”, seguramente con relación a la legislación de Castilla (55) , si bien es verdad que en la base 3ª se dijo que esto se haría sin menoscabo de los derechos adquiridos y de las esperanzas legítimas de las diversas provincias de España (56) . De hecho, la Sección de lo civil, cuando se propuso elaborar las bases específicas para la realización del Código, solicitó a través del presidente de la Comisión informes a las Audiencias y Colegios de Abogados de algunas provincias con el fin de conseguir en lo posible una conciliación entre la legislación de Castilla y las forales (57) . No obstante ello, el tiempo se encargaría de demostrar que tanto la base 3ª como la solicitud de informes no constituyeron más que una mera declaración formal de intenciones que, por no haber venido acompañada de un verdadero compromiso en este sentido, se quedaría sin efectividad a la hora de darle plasmación legal. Ello será especialmente patente, como veremos, con ocasión del tema objeto de nuestro estudio.

Las bases específicas relativas al futuro Código civil trataron de ser lógicamente una adaptación de las generales, pero contando todavía con un buen margen de libertad para delimitar los criterios básicos que habían de regir cada una de las instituciones civiles (58) . Fueron elevadas al gobierno el 7 de marzo de 1844. Son de destacar especialmente las nº 43 y 44, en las que se determinaba que los cónyuges sucederían entre sí en la sucesión intestada en concurrencia con los hijos y los padres del causante y que no excluirían a los colaterales, y la 38, en virtud de la cual se establecería la legítima de los cónyuges entre sí, sin distinción de que fueran ricos o pobres. No obstante, esta última no llegará a cuajar en el texto definitivo del proyecto (59) . Los derechos de viudedad, tan arraigados en la costumbre de algunas regiones de mantener el patrimonio hereditario intocado hasta la muerte de ambos cónyuges, quedaron desde el principio completamente excluidos en aras de la liberalización de la propiedad consecuencia del marcado individualismo que caracterizó al proyecto de 1851 y que se transmitirá en buena parte al Código civil (60) .

La primera Comisión fue disuelta y sustituida por otra por RD de 11 de septiembre de 1846 (61) , quedando la Sección de lo Civil, formada por Bravo Murillo, García Goyena, Luzuriaga y Sánchez Puy, encargada de la elaboración del proyecto de Código sobre la base de los trabajos ya realizados y, por tanto, vinculada por el anterior espíritu centralista (62) . Esta Sección será determinante para la formación del Libro III del futuro Código, sobre el Derecho de Sucesiones, cuyo Anteproyecto fue remitido al gobierno en 1849 (63) .

Es interesante destacar de éste que todavía consideraba al cónyuge heredero forzoso (64) , si bien en la redacción definitiva se decidió suprimir esta legítima vidual proponiéndose otorgarle en compensación los derechos que en el proyecto ocuparán los arts. 653 y 773 (65) . Éste se remitirá por fin al gobierno el 5 de mayo de 1851.

Pues bien, el Título II del Libro III, “De los modos de adquirir la propiedad”, se dedicó a la sucesión intestada, siendo su memoria elaborada por el propio García Goyena y aprobada por la Comisión general en 1843 (66) . Por regla general siguió bastante el Derecho de Castilla (67) , si bien precisamente en la materia que nos ocupa tales analogías no existen : el art. 773 del proyecto de 1851, sobre la base de una sucesión legal fundada en la presunción de afecto del difunto (68) , concedió al cónyuge en la sucesión intestada un derecho hereditario en propiedad consistente en la atribución de una cuota cuya cuantía variaba en función de las personas con quien concurriera a la sucesión, no siendo en ningún caso beneficiario de un llamamiento a toda la herencia (69) .

Con ello, el cónyuge supérstite mejoraba bastante su posición con respecto al Derecho de Castilla, pues, en esta especie de “mancomunidad sucesoria”, según lo ha calificado algún autor (70) , siempre tendría derecho a una porción hereditaria, incluso cuando existieran descendientes herederos, no teniendo que esperar a que se agotara el cuarto grado de la línea colateral para poder disfrutar de la herencia (71) . La necesidad de una reforma que mejorara la legislación castellana en esta materia había sido generalmente aceptada y demandada (72) , pero ésta vino directamente por razones de justicia a través del arbitraje de una solución propia, original (73) , y no por aproximación a los usufructos forales de Aragón y Navarra, es decir, sin recurrir para nada al originario y supuesto objetivo transaccional, pues la viudedad foral fue considerada desde el principio como una institución contraria tanto a la libre circulación de bienes que perseguía el proyecto como a la concepción familiar de éste, más cercana a la moderna y alejada por tanto de la amplitud tradicional que protegían los territorios históricos por medio de recursos que, como los derechos de viudedad, evitaran su disgregación. Había que buscar la protección no del patrimonio familiar sino del patrimonio de los individuos (74) .

Y, si la búsqueda de una fórmula de conciliación que se declaró como principio en los inicios del proceso que llevó al proyecto de 1851 se había quedado en nada, ¿era posible ahora que el art. 773 cuajara en regiones en las que era costumbre desde siempre mantener al supérstite en el uso y disfrute de todo el patrimonio familiar, en las que lo normal era no dividir la herencia hasta la muerte de ambos cónyuges ? (75) . ¿Se podía esperar de ésta, como de tantas otras disposiciones, que no despertara la oposición de aquéllos a los que resultaba, no sólo completamente extraña, sino incluso contraria a su sistema sucesorio ? (76) .

Lo más parecido a la viudedad foral que se consagró en este proyecto de Código fue el art. 653, que permitía conseguir un efecto más o menos semejante a favor del supérstite pero, y esto es lo importante, a través de la realización de una previa disposición testamentaria por parte del premuerto (77) . Nada que ver, pues, con lo que buscamos : los derechos que la ley supletoria o necesariamente fijara en beneficio del cónyuge supérstite. Lo que quizá hubiera sido deseable es que lo que este art. 653 configuró como algo potestativo se hubiera consagrado como un derecho de naturaleza imperativa a satisfacer contra la herencia del premuerto, pero había todavía demasiados prejuicios de los que no consiguieron liberarse los autores del proyecto.

Por otro lado, se siguió exigiendo para que el sobreviviente pudiera hacer efectivo el derecho del art. 773 que no estuviera divorciado al tiempo del fallecimiento del causante, pero se añadió la posibilidad de reclamarlo en caso de que lo estuviera por culpa del difunto. Debió sin duda parecer injusto, según las concepciones de la época, que el viudo o viuda inocente de la ruptura perdiera también su...

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