Cantabria: el plan sobre sentencias de derribo y otras cuestiones
| Autor | Marcos Gómez Puente |
| Páginas | 415-443 |
XVII
Cantabria: el plan sobre sentencias de derribo
y otras cuestiones
M
ARCOS
G
ÓMEZ
P
UENTE
Sumario
Página
1. Valoración general .......................................................................... 415
2. La actividad normativa .................................................................... 417
2.1. Instrumentos de intervención administrativa ........................ 417
2.2. Protección de los recursos naturales ...................................... 420
2.3. Lucha contra la contaminación ............................................. 421
2.4. Otros objetos ........................................................................... 422
3. La organización y la actividad administrativa ................................ 423
4. Jurisprudencia ambiental destacada ............................................... 427
5. Conflictos y estado de los recursos naturales ................................. 434
6. Apéndice informativo ..................................................................... 439
6.1. Organización ........................................................................... 439
6.2. Normativa de contenido o interés ambiental ........................ 440
6.3. Instrumentos de planificación ................................................ 442
6.4. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ... 442
6.5. Publicaciones jurídicas ............................................................ 442
***
1. VALORACIÓN GENERAL
En lo que se refiere a la producción de normas ambientales y como
sucedió en el ejercicio anterior, el año 2008 no ha traído apenas novedades.
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Observatorio de Políticas Ambientales 2009
MARCOS GÓMEZ PUENTE
La reducción del ritmo de producción normativa puede considerarse normal
toda vez que en los últimos años se ha venido dando cuerpo al ordenamiento
ambiental autonómico, colmando el espacio de regulación que el Estatuto
reserva a la Comunidad y resultando, por tanto, razonable que el interésyla
iniciativa pública se trasladen hacia la aplicación de las normas aprobadas, al
ámbito de la organización y de los procedimientos administrativos en los que
dicha aplicación debe descansar, aun sin olvidar que sigue pendiente algún
desarrollo reglamentario importante como luego se verá.
La política ambiental de Cantabria en 2008, por tanto, ha venido esen-
cialmente determinada por las actuaciones de naturaleza ejecutiva, por las
actuaciones de fomento (conducentes al otorgamiento de un amplio abanico
de ayudas de finalidad ambiental), servicio público (como los trabajos de la
Autovía del Agua) y policía administrativa (entre las que destaca la laboriosa
tramitación de las autorizaciones ambientales integradas de numerosas em-
presas que carecían de ellas), en línea de continuidad con las iniciativas
emprendidas durante el primer año de la VII Legislatura regional y caracteri-
zadas por la normalidad, aunque jalonadas por algunos acontecimientos con
variado impacto mediático y político (anuncio de la reserva para depósitos
de CO2frente a la costa cántabra, detección de un vertido en el río Besaya
con mortandad de fauna fluvial, superación de los límites saludables de con-
taminación atmosférica, polémica por la continuidad de la actividad de algu-
nas fábricas, participación de Cantabria en la Expo de Zaragoza, protestas de
los afectados por sentencias de derribo, etc.), entre los que debe mencio-
narse la celebración de las Elecciones Generales de 2008 con el decurso
propio de todas las campañas electorales.
Más alláde las discrepancias técnicas de criterio por el contenido de
los fallos y del conocido retraso en la tramitación de los procesos, puede
considerarse también continuista la actividad desarrollada por los Juzgados y
Tribunales de la región durante 2008, aun resultando perceptible, en lógica
concordancia con el propio ordenamiento que han de aplicar, la creciente
sensibilidad hacia las cuestiones ambientales y el reconocimiento de la fun-
ción de garantía que las Administraciones públicas están legalmente llamadas
a ejercer, con la consecuente condena y derivación de responsabilidad patri-
monial cuando por acción u omisión no ejercen correctamente dicha fun-
ción (muestra de ello son las nada infrecuentes sentencias de anulaciónde
instrumentos o licencias urbanísticos, eventualmente acompañadas de órde-
nes de demolición o declaraciones de responsabilidad; o las sentencias orde-
nando a la Administración que adopte medidas contra el ruido y repare los
daños sufridos a causa de éste).
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Observatorio de Políticas Ambientales 2009
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