Cantabria: un cambio de ciclo político
| Autor | M. Gómez Puente |
| Páginas | 491-514 |
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Cantabria: un cambio de ciclo político
M G P
Sumario: 1. V . L G -
.–2. L .–3. L
.–4. J .–5. C
.–6. A . 6.1. Organización. 6.2. Normativa de contenido
o interés ambiental. 6.3. Instrumentos de plani cación. 6.4. Sentencias de interés autonómico. 6.5. Publi-
caciones de interés jurídico.
* * *
1. VALORACIÓN GENERAL. LA RENOVACIÓN DEL GOBIERNO CÁNTABRO
Y SUS DIRECTRICES POLÍTICAS
En esta ocasión la valoración general con la que habitualmente damos paso al análisis
detallado de la política ambiental regional viene condicionada por los dos aconteci-
mientos más significativos del año 2011: la celebración de las elecciones autonómicas
y la persistencia de la crisis económica.
Así, la crónica del ejercicio debe comenzar con los resultados del proceso electoral
celebrado el 22 de mayo de 2011, que ha conducido a la formación de una nueva mayoría
parlamentaria en la región, con distinto signo político, y de un nuevo gobierno, para
cuya formación se han reestructurado los departamentos anteriormente existentes.
Aunque el Partido Popular (PP) ha sido tradicionalmente la fuerza más votada en
la región, los resultados de los dos anteriores comicios permitieron al Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) y al Partido Regionalista de Cantabria (PRC) coaligarse para
formar gobierno. En esta ocasión, sin embargo, por la continuada pérdida de respaldo
electoral del PSOE, los resultados han permitido al PP formar gobierno en solitario,
otorgándole mayoría absoluta en el parlamento cántabro. El reparto de escaños quedó
como sigue:
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Observatorio de políticas ambientales 2012 _________________________________________________
Partido 2003 2007 2011
PP 18 17 20
PSOE 13 10 7
PRC 8 12 12
Como se verá más adelante, el nuevo Gobierno ha reducido ligeramente sus de-
partamentos y órganos directivos, apelando a principios de austeridad y ahorro, racio-
nalización de la Administración y eficacia. Principios a los que se refiere el Decreto
de Presidencia 11/2011, de 30 de junio, por el que se aprueban directrices generales
para la acción de gobierno en materia de Organización de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. Se trata de una disposición novedosa y peculiar,
pues en el ordenamiento regional no hay precedentes de una norma, como ésta, de
carácter aparentemente programático, con la mera finalidad de dirigir u orientar la
actuación del Consejo de Gobierno. Pero con ella recibe expresión concreta la facultad
del Presidente de «fijar las directrices generales de la acción de gobierno y asegurar
su continuidad y cumplimiento» que enuncia el artículo 11.a de la Ley de Cantabria
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y dirigir y coordinar la actuación de los miembros
del Gobierno, según lo previsto en el artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía.
Dirigida a los Consejeros («Estas directrices constituyen un mandato a los miembros
del Gobierno», se aclara en el preámbulo), pues, sin relevancia jurídica fuera de la
propia organización administrativa, el carácter de la disposición se halla más próximo
al de las circulares o instrucciones de servicio que al de las ordinarias disposiciones
generales que tienen, por el contrario, un valor normativo general.
En todo caso, debiendo quedar reflejadas en esta crónica tanto las novedades
normativas como las políticas en que se enmarcan, interesa dar cuenta sucinta de los
objetivos y directrices que propone la disposición con el fin declarado de lograr «una
reducción y un control inmediato del gasto público», aunque, como se verá luego, el
gasto previsto para 2012, según resulta del anteproyecto de presupuestos para 2012,
será ligeramente superior al presupuestado para 2011. Cabe pensar, no obstante, en una
reducción del gasto en la fase de ejecución, esto es, modificando a la baja o dejando sin
realizar partidas de gasto cuando resulte posible (solución que, ciertamente, se coho-
nestaría mal con el carácter vinculante de los presupuestos, dado que son aprobados
por ley autonómica).
Las directrices abogan por la simplificación del sector público autonómico (mediante
la reducción del número de entes y organismos públicos y la disminución del número
de altos cargos y directivos de las consejerías –en particular, los subdirectores generales,
que sólo existirán en aquellos supuestos en los que existan razones que lo justifiquen–,
empresas y entidades públicas), una mayor transparencia, austeridad y eficacia en el
gasto (para lo que se prevé la elaboración de un plan cuatrienal de racionalización del
gasto corriente –con medidas de gestión del patrimonio inmobiliario, compras cen-
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