Estado de bienestar, cambio familiar, pobreza y exclusión social en España en el marco comparado Europeo

La relevancia que ha adquirido el concepto de ciudadanía social en los Estados de bienestar en Europa como consecuencia del advenimiento del individualismo (Beck: 2003) está contribuyendo a ampliar el marco de interpretación de lo que se entiende por pobreza, exclusión social e inclusión social. Si bien en un principio se utilizaba el concepto de pobreza como un indicador monetario de la situación económica de los individuos (Atkinson et al. 2002), en la última década se han introducido nuevos conceptos como el de «exclusión social o inclusión social» que trascienden la conceptualización estrictamente monetaria de los discursos economicistas.

La introducción del concepto de «exclusión social» en el discurso científico y en los programas políticos en Europa se ha debido fundamentalmente, entre otros factores, a la importancia que han adquirido las políticas sociales como factor clave de vertebración de los Estados de Bienestar en Europa para favorecer la calidad de vida de sus ciudadanos (Fernández García, 2005; 2006). Esto se produce en un contexto social cambiante donde cada vez adquiere mayor protagonismo la forma en que los ciudadanos se relacionan individualmente con las instituciones para gestionar su bienestar individual y social y cada vez son menos dependientes de las redes familiares. En este marco de interpretación el concepto de exclusión social amplía el contenido de los tradicionales conceptos de «poverty» y «underclass» (Abrahamson 1998; Lievens 2000, Mayes, 2001). En este sentido, Unicef (2005) reconoce que existe un acuerdo generalizado sobre el carácter multidimensional de la exclusión social, que incluye privación, entre otros, de derechos económicos, sociales o políticos. Exclusión social, por tan-Page 32to, es un concepto mucho más amplio que el de pobreza e incluye numerosos ámbitos (Subirats, 2004; Mohan, 2007).

El concepto de exclusión es indisociable del concepto de inclusión (Karsz, 2000), ya que se trata de un proceso dual en el que intervienen múltiples variables de tipo laboral, económico, social, familiar, etc. El carácter multidimensional de la exclusión social proyecta diferentes situaciones personales y sociales que tienen relación con condiciones económicas adversas tales como el desempleo, reducidos ingresos, situaciones familiares derivadas de una ruptura familiar, ausencia de redes familiares o una conjunción de todas ellas. La tipología de la exclusión implica diversas situaciones personales vinculadas con prácticas individuales insertas en un entramado social, familiar y cultural concreto que dificultan el estudio de los procesos de exclusión/inclusión social y que en definitiva nos hablan de complejos procesos de desigualdad social (Castel, 2004; Tezanos, 2001; 2005; Moriña, 2007).

Los Estados de bienestar europeos conciben la pobreza como una dimensión más de la exclusión social. La pobreza es un indicador básicamente monetario, mientras que la exclusión social se refiere a un proceso relacional vinculado con la participación, el acceso a determinados recursos, la solidaridad, etc. Por lo tanto para algunos investigadores la exclusión social es una condición que acompaña a la pobreza y para otros es la consecuencia inmediata de ella (Heady and Room, 2002). De hecho el significado de la exclusión social tiene distintas connotaciones en los diferentes países europeos. En Francia de donde es originario el término se entiende la exclusión social como una ruptura de los lazos sociales o la solidaridad. Desde esta concepción se entiende que el Estado de bienestar tiene que garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de unas condiciones dignas de vida porque esto será un factor fundamental para mantener la cohesión social. Por lo tanto el Estado debe proveer de la asistencia social y de los recursos necesarios para combatir la pobreza económica y garantizar que todos los ciudadanos tengan iguales oportunidades de disfrutar de los derechos de ciudadanía social. Por el contrario en los países anglosajones el concepto de exclusión social es más limitado y se entiende que los ciudadanos son responsables de su propia situación individual y social. En este contexto la función del Estado de bienestar en materia de asistencia y políticas sociales se limita a aquellos casos de pobreza extrema entendida en sentido estrictamente material (Silver y Miller, 2003).

En este sentido vamos a analizar la incidencia de la pobreza en el contexto de los cambios familiares que están experimentado los Estados de bienestar europeos y que de alguna forma está sirviendo de antesala del cambio de paradigma interpretativo en el análisis comparado de los Estados de bienestar europeos desde el «familismo» al «individualismo» y más concretamente en los países europeos meridionales entre los que se encuentra España (Moreno Mínguez, 2007b). En definitiva con este análisis se pretende explorar en un contexto comparado europeo una faceta de la exclusión social en la que poder vincular los cambios familiares que vienen experimentado las sociedades europeas con la incidencia de la pobreza y las políticas de protección e inclusión social desarrolladas por los distintos países europeos.

Los cambios experimentados en las familias y por ende en las situaciones personales de los individuos se han producido de forma vertiginosa en todos los países europeos en las últimas décadas. Quizás el factor que más ha contribuido a estos cambios haya sido la incorporación masiva de la mujer al mercadoPage 33 laboral y el progresivo declive del modelo familiar denominado «male bread winner».

Es admitido por la mayoría de los investigadores que estas transformaciones no se pueden entender sin contextualizarlas en los contextos institucionales en los que se están produciendo, es decir en los modelos socioeconómicos y culturales en los que se sustentan los Estados de bienestar modernos. El contexto socioeconómico y normativo de los Estados de bienestar en los que se está produciendo este proceso de cambio ha estado marcado por las transformaciones acontecidas en las políticas públicas, en el mercado laboral, en las relaciones de género y en las relaciones familiares vinculadas con los nuevos procesos de exclusión social, en lo que ha sido denominado por algunos investigadores como el proceso de individualización (Beck, 2003).

La conceptualización sobre los regímenes de bienestar en relación con las transformaciones familiares de las últimas décadas tiene como referentes claves los trabajos de Esping Andersen (2000; 2002). A partir de estos trabajos se han desarrollado numerosas interpretaciones para explicar cómo se ha producido el proceso de desmercantilización y desfamiliarización a través de la incorporación de la mujer al mercado laboral y cómo este proceso ha influido en los modelos de estratificación, solidaridad familiar y exclusión social. Este sea quizás uno de los puntos que más controversias ha suscitado la clásica teoría sobre los regímenes de bienestar de Esping Andersen, ya que engloba en la misma tipología de régimen de bienestar a países como España, Italia, Austria, Alemania y Francia, cuando se han constatado diferencias destacables entre estos países. Por otro lado, investigadores de la corriente denominada «power resource» y las corrientes feministas han criticado la interpretación de Esping Andersen por no tener suficientemente en cuenta el rol de la familia y el papel de la mujer en la producción social de bienestar en el régimen de bienestar mediterráneo como factores claves para analizar la exclusión social.

Los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia y Portugal) comparten muchas similitudes en cuanto a la trayectoria histórica, el sistema familiarista de valores y las características institucionales. Por lo tanto, el conjunto de estos países constituyen un distintivo modelo de régimen de bienestar diferenciado del anglosajón, del socialdemócrata y del conservador (Sarasa and Moreno, 1995; Ferrera, 1996; Rhodes, 1996; Flaquer, 2004; Moreno Mínguez, 2007a). El papel desempeñado por la familia y en concreto por la mujer en la producción de bienestar han sido factores cruciales durante décadas para favorecer la cohesión social y el crecimiento económico en estos países (Moreno, 2002). Una de las características que definen el modelo de Estado de bienestar mediterráneo es la manifestación de la dimensión cultural que ha sido denominada por algunos autores como «familismo». Esta expresión se refiere a estrategias y estilos de vida vinculados con la solidaridad familiar entre generaciones a través del intercambio de recursos económicos y de recursos afectivos vinculados con el cuidado y la atención de los dependientes entre los propios familiares. Algunos de los ejemplos de esta solidaridad familiar es la tardía emancipación de los jóvenes, la reducida participación laboral de la mujer con cargas familiares (lo que se refleja en una elevada proporción de hogares familiares con un solo sustentador económico, generalmente varón), el elevado porcentajes de familias que se ocupan del cuidado de los ancianos o enfermos. En definitiva se trata de una forma cultural asumida colectivamente de solidaridad familiar sustentada sobre un modelo económico de Estado de bienestar que ha validado la limitada externalización de este tipo de servicios prestados por las familias, mientras que en otros modelos de Estado de bienestar están siendo prestados por instituciones como el Estado o el mercado. Sólo en los últimos años se han empezado a desarrollar estrategias institucionales para favorecer la externalización de este tipo de servicios familiares como en el caso de la Ley de la Dependencia en España yPage 34 la Ley de Igualdad de Género aprobada por el Gobierno socialista, leyes que pretenden, entre otros objetivos, ayudar económicamente a las familias con miembros dependientes y favorecer la compatibilización laboral y familiar para lograr una óptima inclusión de las familias y las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad pero especialmente en el mercado laboral.

Los cambios que se están produciendo en las familias como consecuencia entre otros factores de generalización del proceso de individualización e incorporación de la mujer al mercado laboral (tales como el aumento de las familias monoparentales, el incremento de las rupturas familiares, etc.) en un contexto hasta ahora de limitadas políticas sociales caracterizadas por la asistencialización y la fragmentación, abren un nuevo escenario en el que se presentan nuevo retos al Estado de bienestar vinculados con la exclusión social y la pobreza de determinados colectivos. A este respecto no debemos olvidar que los cambios demográficos resultantes del envejecimiento progresivo de la población vinculado al proceso generalizado de desfamiliarización incrementa el riesgo de exclusión y pobreza del colectivo de los ancianos. Algunos de estos retos tienen que ver con el incremento de la pobreza en las familias monoparentales, en el colectivo de los más jóvenes, en mujeres, ancianos y niños.

En definitiva y de forma generalizable a lo que acontece en otros Estados de bienestar europeos, uno de los debates prioritarios en la definición de la futura agenda de las políticas sociales en el Estado de bienestar español incluirá la inclusión social así como la lucha contra la pobreza para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y precariedad en la que viven inmersos numerosos ciudadanos.

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Los Estados de bienestar meridionales pueden calificarse de vía media con respecto a otros sistemas de protección social, ya que comprenden elementos de las tradiciones bismarckianas y beveridgianas (Almeda y Sarasa, 1996; Moreno, 1997; Flaquer, 2004). En términos del gasto en protección social medido como porcentaje del PIB a precios corrientes, todos los países del sur de Europa se sitúan por debajo de la media de la Unión Europea. Mientras que en 2004 esta media era del 27,6%, las cifras correspondientes a Grecia, España, Italia y Portugal fueron del 26%, del 20%, del 26,1% y del 24,9% respectivamente (ver tabla 1). En el mismo año, los gastos de protección social per cápita en esos cuatro países también se situaron por debajo de la media. Por otra parte, el análisis de la estructura del gasto en prestaciones de protección social por función muestra importantes contrastes no sólo entre los países meridionales y la media comunitaria, sino también entre ellos. Así, mientras que en 2005 la media europea del gasto en familia e infancia fue del 7,8%, España sólo gastó el 3,5%; Italia, el 4,4% frente al 13% de Dinamarca, el 17,4% de Luxemburgo o el 11,5% de Finlandia (tabla 2).

En relación con distintos ámbitos de protección social aparecen otras peculiaridades propias de los países del sur de Europa. Portugal y España gastaron en la partida de enfermedad y salud por encima de la media, Italia y Grecia gastaron en pensiones de vejez y supervivencia también por encima de la media y el gasto de España en prestaciones

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de desempleo fue excepcionalmente alto (12,9%), en torno al doble de la media de la EU 15 (6,5%) (ver tabla 2).

Para algunos analistas, el tipo meridional de Estado de bienestar puede considerarse como un modelo intermedio en la medida que presenta una combinación original de «ocupacionalismo» (sistemas de mantenimiento de rentas) y «universalismo » (sistema sanitario) que no se encuentra en otras partes de Europa (Ferrera, 1996; Guillén, 1997). Otra de las características de los Estados de bienestar de la Europa meridional es que no se contempla un plan nacional de rentas mínimas garantizadas legalmente para los individuos y las familias. Salvo en Portugal, no existe una red nacional de seguridad que sirva como último recurso, aunque en España e Italia, donde la asistencia social es responsabilidad exclusiva de las Comunidades Autónomas o de las autoridades locales, respectivamente, se han desarrollado algunos planes locales con niveles de provisión muy dispares e irregulares (Trifiletti, 1998).

Otra característica propia del modelo de Estado de bienestar mediterráneo se refiere a las características de las políticas familiares. En cuanto a los paquetes de prestaciones familiares, los Estados menos generosos de la Unión Europea de los 15 son Portugal, Italia, España y Grecia (OECD, 2007a; Flaquer, 2004), aunque este último país junto con España han hecho grandes progresos en años recientes.

Sin embargo, al analizar separadamente al gasto público relativo a las prestaciones monetarias y a los servicios destinados a las familias, aparecen grandes disparidades entre los países meridionales y el resto de los países europeos (gráficos 1). En el gráfico se puede observar que mientras que España ocupa los últimos lugares del ránking en ambas partidas de gastos (servicios familiares y gastos directos en familia) sorprende en términos comparados el elevado gasto de países como Suecia, Finlandia o Luxemburgo. No se dispone de datos comparados europeos más actuales, pero en el caso de España destaca el esfuerzo realizado desde el 2000, con unos incrementos sustantivos del gasto en prestaciones y servicios para las familias. De hecho se ha realizado un destacado esfuerzo inversor en prestaciones familiares (concretamente en las prestaciones por maternidad, ya que han pasado de ser 279.519 las mujeres que recibieron dicha prestación en 2004 a ser 317.318 en 2006 y de 4591 padres en 2004 a 5269 en 2006, según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). En lo que se refiere a los

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servicios de atención a la infancia, también se ha producido un incremento sustancial en los últimos años. Según los datos de la OCDE, en 2005 la tasa de niños españoles entre 0 y 2 años en guarderías públicas era del 20%. Aunque esta tasa dista bastante de parecerse a la de los daneses o noruegos (62% para el primero y del 43,7% para Noruega), sin embargo si que ha supuesto un incremento con respecto al año 2001 (7%) (OCDE, 2007b).

Estos cambios producidos en la evolución de los indicadores de protección social tiene una relación directa con los cambios sociodemográficos y familiares producidos en los distintos Estados de bienestar europeos.

La mayor parte de los indicadores sociodemográficos muestran que las naciones del sur de Europa presentan un cierto número de rasgos singulares. Por más que el número medio de personas por hogar de los países mediterráneos ha ido decreciendo gradualmente en el último decenio, todavía son los más altos de Europa, con la notable excepción de Irlanda. Ello se debe en gran medida a la existencia de una considerable proporción de hogares multigeneracionales y a un pequeño porcentaje de hogares unipersonales. Así, mientras que en 2005 en Dinamarca un 14,9% de las personas viven en hogares unipersonales (de los cuales el 12% tiene menos de 65 años y el 3% más de 65 años), el 15,7% en Finlandia, el 13,1% en Francia, en España solo el 5,8% (2,7% tiene menos de 65 años y el 3% más de 65 años) de las personas viven solas y el 5,9% en Portugal se hallaban en esa situación.

En relación con los datos anteriores hay que destacar la elevada proporción de jóvenes de hasta treinta años que viven con sus

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padres en los países del sur de Europa como España e Italia. Así, por ejemplo, en 2003 un 45% de los hombres y un 34% de las mujeres pertenecientes al grupo de edad de 18 a 34 años todavía residían con sus progenitores en España, mientras que por ejemplo en Suecia lo hacían sólo el 12% de los hombres y el 10% de las mujeres con esa misma edad. A este respecto destaca que sólo el 5% de los hombres y el 5% de las mujeres en este grupo de edad vivían solos en España, mientras que en Suecia residían en hogares unipersonales el 44% de los hombres y el 31% de las mujeres con esa misma edad (European Quality of Life Survey, 2003).

La dependencia intergeneracional no tiene lugar tan sólo al principio del ciclo vital, sino también al final del mismo. Utilizando el indicador de tipo de «hogares institucionales» formados por personas mayores de 75 años (hospitales y residencias de ancianos) se observa que España, junto con Italia y Grecia tienen el menor número de este tipo de hogares (3,9%, 3,5%, 3,3% respectivamente) ya que las personas mayores de 75 años están en hogares privados familiares. Por el contrario en Bélgica este porcentaje asciende al 11,5%, en Francia al 10,5%, el 13% en Luxemburgo o el 12,8% en Países Bajos.

Por otra parte, lo datos parecen confirmar que se consolida el crecimiento de la familias monoparentales como consecuencia del incremento de las rupturas familiares y de la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral que favorece la independencia y autonomía de las mujeres, aunque con diferente incidencia según el país europeo de referencia. En España ocho de cada 100 familias son monoparentales (6,9% son madres solas y 1,2% son padres solos), lo que posiciona al Estado miembro como el país en el que hay menos padres y madres solos. Frente a este porcentaje, en Bulgaria y Dinamarca el 20% de las familias son de de este tipo, y en el Reino Unido el 24,9%. De los veintisiete países que componen la Unión Europea, Italia es el que más se acerca al nivel español, registrando un 11,5% de padres solos. En los países mediterráneos -entre los que se incluye España- la mayor parte de los padres que cuidan solos de sus hijos son mujeres divorciadas aunque sigue habiendo muchos casos de viudos y viudas (entre el 15% y el 34%), mientras que el porcentaje de madres solte-

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ras sigue siendo bajo (por debajo del 13% en España e Italia). Sin embargo en los países continentales la proporción de madres divorciadas es la más alta (por encima del 52%), la cuota de madres solteras está en torno al 28% y hay muy pocos viudos.

Una comprensión apropiada de estos datos debe entenderse en el contexto del intenso familismo que caracteriza a los países del sur de Europa (sistema de valores subyacente a la familia mediterránea que se caracteriza por la solidaridad familiar entre generaciones y la permanencia del modelo familiar del varón sustentador). Se trata de un modelo familiar cultural y económico en el que se ha sustentado el Estado de bienestar asistencialista y reducionista característico de los países del sur de Europa (Ferrera, 1996; Castles, 2005, Moreno Mínguez, 2007b). Sin embargo este modelo familia empieza a dar síntomas de agotamiento y por tanto también el sistema de protección social que garantizaba el mantenimiento de la familia tradicional a través del denominado «male bread winner». Este hecho está contribuyendo a incrementar los índices de pobreza y de exclusión social de determinados colectivos como los niños, los jóvenes, las mujeres o las familias monoparentales.

El desmoronamiento de este modelo familista de protección privada está teniendo consecuencias en los procesos de exclusión social en la sociedad española, ya que la familia no garantiza en todos los casos la protección adecuada de sus miembros como consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado laboral, de las rupturas familiares y del progresivo deterioro de las condiciones vitales de existencia que supone el alargamiento de la vida en muchos colectivos de ancianos. Por lo tanto, la conjunción de todas estas características que definen el modelo de Estado de bienestar meridional relativos a los sistemas de protección social unido a los cambios sociodemográficos y familiares experimentados por la sociedad española explican en parte las diferencias existentes en los indicadores de exclusión social y pobreza existente entre los diferentes países europeos.

El auge del individualismo en un contexto de cambio familiar, entendido como el proceso mediante el cual los individuos se hacenPage 40 responsables de su propio sustento económico y bienestar social, más allá de las dependencias familiares e institucionales (Beck, 2003) está dando lugar a una nueva forma de entender la relación que mantienen los individuos con las instituciones y concretamente con el Estado de bienestar. Una consecuencia inmediata de este proceso es la emergencia de nuevas formas de familia y de estilos de vida que han propiciado un incremento de la pobreza en determinados colectivos calificados como vulnerables, tales como los niños, los jóvenes, las mujeres solas con cargas familiares y los ancianos.

En este apartado analizaremos una faceta de la exclusión social medida a través del análisis comparado de la incidencia de la pobreza (para ello se ha definido el indicador de «riesgo de pobreza o umbral de pobreza»). Se trata de una categoría utilizada por la EU que ha sido definida como el equivalente al 60% de la mediana de la renta de un hogar (Eurostat, 2000 «Recommendations of the task force on statistics on social, exclusion and poverty» European Commission)¹.

Cuando se interpreta el concepto de pobreza es importante tener en mente una serie de limitaciones que complican la comparación internacional en el contexto del proceso de protección e inclusión social, ya que esta medida no contempla por ejemplo el coste de los hijos o lo que supone para los miembros del hogar el acceso a determinados servicios sociales, entre otros factores En cualquier caso y a pesar de sus limitaciones es una medida muy útil para comparar tendencias y poder vincular las políticas sociales desarrolladas por los diferentes Estados de bienestar con los procesos de exclusión/inclusión y protección social.

En lo que se refiere a la tasa de pobreza relativa² en el siguiente gráfico se observa que España está entre los seis países con las mayores tasas de pobreza: Eslovaquia (21%), Portugal (21%), Irlanda (21%), España (20%), Grecia (20%) e Italia (19%). Aunque resulta una medida insuficiente para hacer comparaciones entre países sí que nos permite subrayar tendencias generales que sitúan a España en una posición muy poco ventajosa con respecto al resto de los países europeos.

Si nos referimos a los grupos de edad destaca el hecho de que en España, los colectivos en los que tiene mayor incidencia la pobreza son los niños y los ancianos, situándose en ambos casos muy por encima de la media europea y a gran distancia de países como Suecia, Finlandia o Dinamarca (Tabla 4). Estos datos parecen estar indicando que el modelo de protección social del Estado de Bienestar español está teniendo serios problemas para hacer frente a los cambios sociales que se están produciendo en las familias, donde parece ser que los niños y los ancianos son los colectivos más desprotegidos en el nuevo escenario de bienestar social. Otro elemento a destacar de estos datos es que cada vez es mayor el número de jóvenes en situación de pobreza o exclusión social como consecuencia de la precarización del empleo y el desempleo (López Peláez y Ponce de León, 2005; La Caixa Catalunya, 2008).

En la misma línea de interpretación destaca el hecho de que las población que vive en hogares monoparentales o en familias con más de dos hijos en España tiene uno de losPage 41

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índices de riesgo de pobreza más elevados de Europa, pero en el caso de los niños que viven en este tipo de hogares los porcentajes son aún más elevados (tabla 5). Estos datos denotan por tanto fisuras estructurales relativas a las políticas sociales destinadas a las familias monoparentales y a las familias numerosas. Por el contrario los países donde menor es la incidencia de la pobreza en relación con el número de hijos y las familias monoparentales son los países donde más se han trabajado las políticas familiares de atención a las familias con hijos y a las familias monoparentales como es el caso de los países del norte de Europa y el Reino Unido, donde las políticas de inclusión de las familias monoparentales han conseguido parte de los objetivos propuestos (Rodríguez Sumaza, 2001).

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Otro colectivo muy vulnerable es el de las mujeres. En la tabla siguiente se exploran las diferencias de género en relación con el grupo de edad. En seis países los jóvenes tiene mayor riego de pobreza que cualquier otro grupo de edad (Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Eslovaquia). En la tabla 6 también se puede observar la diferente incidencia de la pobreza entre hombres y mujeres. El riesgo de pobreza es mayor para las mujeres jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 24 años que para los hombres en todos los países de la EU de los 25, excepto para los países de Chipre, Alemania, Polonia, Portugal, Países Bajos y Eslovaquia. En estos países, donde los hombres están expuestos a un mayor riesgo de pobreza que las mujeres, la interpretación hay que buscarla en factores tales como el abandono escolar prematuro y la segregación de las ocupaciones por género. Por ejemplo en Alemania, la reestructuración industrial llevada a cabo durante laPage 43

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década de los noventa propició una gran perdida de los empleos masculinos en el sector manufacturero y por otra parte el crecimiento del sector servicios ha generado más oportunidades de empleo para las mujeres que para los hombres (Fagan; O´Reilly y Helpin 2005). En el caso de España podemos ver que la incidencia de la pobreza es mayor entre las mujeres en todos los grupos de edad pero es especialmente significativo en las mujeres mayores de 65 años. Esto es debido a que por una parte las mujeres jóvenes a pesar de tener una elevada cualificación tienen serias dificultades para integrarse en el mercado laboral en comparación con sus compañeros y cuando lo hacen en ocasiones reciben salarios más reducidos que sus compañeros. En el caso de las mujeres de mediana edad, la incidencia de las rupturas familiares en un contexto de dependencia económica del varón sustentador incrementa el riesgo de pobreza de estas mujeres. En lo que se refiere a las mujeres mayores de 65 años (quienes viven solas como consecuencia del fallecimiento del compañero) es obvio que demandan unas necesidades adicionales de cuidado y de asistencia en un contexto de ingresos reducidos y de limitada ayuda familiar debido a la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral. Todos estos factores explican que en este colectivo la incidencia de la pobreza sea relativamente elevada.

Durante muchas décadas las políticas sociales de los Estados de bienestar se hanPage 44 articulado en función de «riesgos» bien definidos relacionados con el desempleo, la discapacidad o los riesgos asociados a la última etapa de la vida. Sin embargo los procesos de cambio social vinculados con el proceso de individualización han generado nuevos «riesgos sociales» que tienen que ver con los ciclos de vida del individuo (infancia, juventud, formación de la familia, rupturas familiares, pluralización de las formas familiares a lo largo del ciclo vital, democratización de los roles de género en la familia, jubilación. Etc.). Riesgos no catalogados adecuadamente por los Estados de bienestar que están aumentado la incidencia de la pobreza en determinados colectivos y por tanto los procesos de exclusión social. Según la OCDE (2007) los nuevos «riesgos» suponen un reto para los Estados de bienestar. Los cambios en la naturaleza de los «riesgos sociales» y las interacciones que se producen entre ellos deben ser considerados y evaluados por las nuevas políticas sociales con el fin de desarrollar políticas de intervención eficaces que satisfagan las necesidades y requerimientos de los ciudadanos en este nuevo escenario de bienestar social.

Las medidas desarrolladas por los Estados de bienestar dirigidas a reducir la pobreza y por tanto a favorecer la inclusión de los ciudadanos en los diferentes ámbitos de participación social no es sólo un logro para el bienestar individual de las personas sino también para el futuro bienestar de la ciudadanía. Para ello, las intervenciones realizadas por los Estados de bienestar deben responder a las necesidades de los ciudadanos, que a su vez son el resultado del cambio social y familiar. Por tanto, el incremento de la diversidad familiar requiere la puesta en práctica de reformas en el entramado institucional de las políticas sociales de los Estados de bienestar.

El limitado desarrollo de las prestaciones y servicios destinados a las familias incide de forma negativa en las familias y en los colectivos más vulnerables como las familias monoparentales, las mujeres, los niños y los ancianos. A este respecto el análisis presentado en este artículo ilustra la elevada incidencia de la pobreza en el colectivo infantil, en las familias monoparentales, en el colectivo femenino con respecto al masculino y en el colectivo de ancianos en España si lo comparamos con otros países europeos. Las políticas sociales del Estado de bienestar español se han basado tradicionalmente en un modelo de familia tradicional que han privilegiado al sustentador masculino. En un contexto de incorporación progresiva de las mujeres al mercado laboral y de incremento de las rupturas familiares, la diversidad familiar (y más en concreto el auge de las familias monoparentales) se convierte en una realidad que incrementa el riesgo de la incidencia de la pobreza de las mujeres solas y de sus hijos. Asociado con este fenómeno se encuentra el hecho de que muchos ancianos no pueden contar con la ayuda de las redes familiares como consecuencia de la desintegración familiar y la inserción masiva de las mujeres en el mercado laboral, lo que también contribuye a incrementar el riesgo de pobreza del colectivo de personas mayores de 75 años con necesidades de atención y cuidados. Es decir la figura de la «mujer cuidadora» dentro de la familia tiene sus días contados y está empezando a ser sustituida por una «mujer cuidadora» generalmente inmigrante pero ahora retribuida por el mercado. Por lo tanto estos hechos parecen poner de manifiesto que existe un desencuentro entre las políticas sociales tradicionales y la propia evolución de la realidad social.

Sólo en los últimos años la Ley de Igualdad de Género y la Ley de la Dependencia aprobadas en 2006 y 2007 respectivamente en España han tratado de equiparar las políticas sociales del Estado de bienestar español al cambio familiar y social de la realidad española. Aún es pronto para valorar la incidencia que estas leyes están teniendo en el bienestar individual y colectivo de los ciudadanos españoles, si bien es verdad que han supuesto un avance importante en el modelo de políticasPage 45 sociales del tradicional Estado de bienestar español. Tal y como se ha puesto de manifiesto en este estudio ese modelo tradicional de políticas sociales no estaba respondiendo a las necesidades de los españoles y a la propia dinámica del cambio social y familiar, ya que España en las fechas de referencia analizadas en este trabajo tenía los índices de pobreza más elevados de Europa de los 15 en cuanto a pobreza infantil, las familias monoparentales, el colectivo femenino y el colectivo de ancianos.

Sin embargo no es suficiente con legislar leyes que contribuyan formalmente a paliar la desigualdad social de estos colectivos que finalmente derivan en procesos de exclusión social y pobreza, sino que es necesario por una parte incrementar el gasto social en protección social y servicios sociales y por otro articular acciones integrales que potencien los servicios sociales y a los profesionales que trabajan en este ámbito para poder responder a los requerimientos del cambio familiar y social experimentado por la sociedad española. Por ejemplo en el caso del Reino Unido se ha puesto de manifiesto que el incremento del gasto social en la partida denominada «exclusión social y vivienda» ha contribuido a reducir considerablemente los índices de pobreza en los últimos años. Del mismo modo las políticas familiares desarrolladas en favor de las familias monoparentales en este país han contribuido a reducir los índices de pobreza infantil y de las familias monoparentales.

La elevada incidencia de la pobreza infantil y de la familias monoparentales en España requiere intervenciones por parte del Estado de bienestar que potencie la incorporación de la mujer al mercado laboral en condiciones de igualdad, así como la potenciación de los servicios de atención a la infancia que favorezcan la compatibilización laboral y familiar de este tipo de familias. Potenciar la integración de las mujeres en el mercado laboral es una vía para hacer frente a la pobreza infantil en España. Por otra parte también sería necesario articular algún tipo de medidas de protección social dirigida a favorecer el acceso de este colectivo a la vivienda protegida y de alquiler. Esto requiere de medidas de acompañamiento a desarrollar por las entidades locales en cuanto a asesoramiento, formación y potenciación de los servicios infantiles y juveniles dirigidos a este colectivo. En definitiva el desarrollo de políticas sociales y laborales orientadas a favorecer la integración de la mujer en el mercado laboral y facilitar la compatibilización laboral y familiar son un buen instrumento para favorecer la igualdad entre géneros y reducir la incidencia de la pobreza en el colectivo femenino y en la infancia.

En lo que se refiere al colectivo de mayores de 65 años, los datos presentados en este estudio han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar no sólo medidas económicas a través de las pensiones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida del colectivo de ancianos sino de potenciar el desarrollo de los servicios sociales de la dependencia que se recoge teóricamente en la Ley de la Dependencia. Es prioritario que las Comunidades Autónomas en el marco de la nueva Ley de la Dependencia articulen medidas vinculadas con los servicios sociales de atención a la dependencia potenciando la creación de plazas públicas de profesionales especializados en dependencia, así como la creación de servicios de atención a la dependencia no sólo en servicios específicos de atención a los ciudadanos dependientes sino de asesoramiento y tramitación para favorecer el acceso de la familias a este tipo de servicios de nueva creación.

En definitiva estas medidas suponen un paso hacia delante en la adaptación de los modernos Estados de bienestar a los nuevos «riesgos sociales» resultantes del cambio social y familiar en Europa. En el caso de los países del sur de Europa como España, el tradicional modelo limitado de Estado de bienestar asentado sobre un modelo de familia tradicional (male bread winner) requiere trans-Page 46formaciones esenciales en la articulación de las políticas sociales para responder adecuadamente a los cambios sociales y familiares que se están empezando a producir. Este modelo, tal y como se ha podido comportar en este estudio, está mostrando signos de agotamiento y de fisuras en lo que se refiere a la pobreza y por tanto a los procesos de exclusión, por lo que es prioritario diseñar nuevos modelos de políticas sociales que hagan frente eficazmente a la desigualdad social, la pobreza y la exclusión social. La Ley de Igualdad y la Ley de la Dependencia pueden ser un buen comienzo, pero sólo son eso: un comienzo.

ARRIBA, A. y MORENO, L. (2002). Spain: Poverty, Social Exclusion and Safety Nets. Unidad de Políticas Comparadas (CSIC), Documento de Trabajo 02-10.

ABRAHAMSON, PETER. 1998. «Postmodern Governing of Social Exclusion: Social Integration or Risk Management?» Paper presented at the World Congress of Sociology, Montreal, July.

ATKINSON, TONY; BEA CANTILLON; ERIC MARLIER; and BRIAN NOLAN. 2002. Social Indicators: The EU and Social Inclusion. London: Oxford University Press.

CASTEL, ROBERT. 2002. From Manual Workers to Wage Workers, trans. Richard Boyd. New Brunswick, NJ: Transaction.

D´ ADDIO, C. y WHITEFORD, P. (2007): Modernising Social Policy for the New Life Course, OECD Publishing.

ESPING ANDERSEN G. (2002). Why we need a new Welfare State?, Oxford University Press.

ESPING ANDERSEN, G. (2000). Fundamentos sociales de las economías postindustriales, Ariel, Barcelona.

European Commission (2006). Gender inequalities in the risks of poverty and social exclusion for disadvantaged groups in thirty European countries, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

European Commission (2007). Joint Report on Social Protection and Social Inclusion: Social inclusion, Pensions, Healthcare and Long Term care, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

European Commission (2008). Child Poverty, and Well-Being in the EU Current status and way forward, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities.

FAGAN, C.; O´REILLY, J. and HALPIN, B. (2005). «Job opportunities for whom?», Labour market dynamics and service sector employment growth in Germany and Britain, Anglo-German Foundation.

FERNÁNDEZ GARCÍA, T. y ALEMÁN BRACHO, C. (2006). Política social y Estado de Bienestar, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia.

FERNÁNDEZ GARCÍA, T. (2005): «La lucha contra la exclusión social del cuarto pilar del Estado de bienestar: los servicios sociales», en Tezanos J. F. (ed.), Tendencias en exclusión social y políticas de solidaridad. Octavo Foro sobre Tendencias Sociales, Editorial Sistema.

FERRERA, M. (1996). 'The «Southern Model» of Welfare in Social Europe', Journal of European Social Policy 6, 1: 17-37.

FERRERA, M., MATSAGANIS, M. and SACCHI, S. (2002) «Open coordination against poverty: the new EU 'Social inclusion process', Journal of European Social Policy.

FLAQUER, L. (2004). «Familia y Estado de bienestar en los países de la Europa del sur», Papers 73, pp.

FLAQUER, L.; ALMEDA, E. y NAVARRO, L. (2006). Monoparentalidad e infancia, Colección de Estudios Sociales, nº 20, Fundación la Caixa.

GARCÍA SERRANO, C.; MALO, M. A. and TOHARIA, L. (2001). La pobreza en España. Un análisis crítico basado en el Panel dePage 47 Hogares de la Unión Europea (PHOGUE). Madrid: MTAS.

GUILLÉN, A. (1997). «Welfare State Development in Spain: A Historical and Explanatory Approach». En MIRE Florence Conference, Comparing Social Welfare Systems in Southern Europe. París: MIRE. Vol. 3: 67-91.

HEADY, CHRISTOPHER, and GRAHAM ROOM. 2002. «Patterns of Social Exclusion: Implications for Policy and Research.» In Poverty and Social Exclusion in Europe, ed. Matt Barnes et al., 146-54. Northampton, MA: Edward Elgar.

INE (2006). Estudio descriptivo de la pobreza en España, INE, Madrid.

KARSZ, S. (2000). «La exclusión: concepto falso, problema verdadero», en S. Karsz (Coord.). La exclusión: bordeando sus fronteras: definiciones y matices. Barcelona, Gedisa, 133-214.

LÓPEZ PELÁEZ, A. y PONCE DE LEÓN, L. (2005): «Juventud, desempleo, empleo precario y exclusión social, en Tezanos J. F. (ed.), Tendencias en exclusión social y políticas de solidaridad. Octavo Foro sobre Tendencias Sociales, Editorial Sistema.

MAYES , DAVID , JOSEPH BERGHMAN , and ROBERT SALAIS, (eds). (2001). Social Exclusión and European Policy. Northampton, MA: Edward Elgar.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2005). III Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España (2005-2006). Madrid, MTAS.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006). Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia. Madrid, MTAS.

MOHAN, B. (2007). «Social Exclusions: Challenges for New Social Development», Journal of Comparative Social Welfare, Vol. 23 (1): pp.69-79.

MORIÑA DÍEZ, A. (2007). La exclusión social: análisis y propuestas para su prevención, Fundación Alternativas, Madrid.

MORENO, L (2002). Mediterranean welfare and superwomen, Working Paper 02-02, Madrid: UPC-CSIC.

MORENO MÍNGUEZ A. (2007a). «Incidencia de las políticas familiares en el empleo femenino en los Estados de Bienestar del sur de Europa en perspectiva comparada», Revista Papers, 86, pp. 73-105.

MORENO MÍNGUEZ, A. (2007b), Familia y empleo de la mujer en los Estados del bienestar del sur de Europa. Incidencia de las políticas familiares y laborales, Centro de Investigaciones Sociológicas, Colección Monografías nº 246, Madrid.

OECD (2007a): Society at a Glance. OECD Social Indicators, OECD Publishing

OCDE (2007b): Babies and bosses, reconciling work and family life, . OECD Social Indicators, OECD Publishing

RHODES, M. (ed.)(1996). «Southern European Welfare State»', South European Society & Politics 1, 3.

RODRÍGUEZ SUMAZA, C. (2001). «Supporting lone parent familias through work: a challenging issue for British social Policy», Policy Studies, vol. 22 (2): pp. 99-118

SARASA, S. and MORENO, L. (eds.) (1995). El Estado del Bienestar en la Europa del Sur, Madrid: CSIC.

SILVER, H. and MILLER S. (2003). «Social Exclusion The European Approach to Social Disadvantage». Indicators, vol. 2, no. 2, pp. 1-17.

SUBIRATS, J., et al. (2004). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Barcelona, Fundación «La Caixa».

SUBIRATS, J. (Dir.) (2005). Análisis de los factores de exclusión social. Bilbao, Fundación BBVA.

TEZANOS, J. F. (2001). Tendencias de dualización y exclusión social en las sociedades tecnológicas avanzadas. Un marco para el análisis, en J. F. Tezanos (Ed.). Tendencias en desigualdad y exclusión social. Madrid, Editorial Sistema, 11-53.

Page 48

TEZANOS, J. F. y TEZANOS VÁZQUEZ, S. (2005): «Tendencias de exclusión social en España», Revista Panorama Social nº 1, pp.58-83

TRIFILETTI, R. (1998). «Restructuring Social Care in Italy», en Lewis, J. (ed.). Gender, Social Care and Welfare State Restructuring in Europe. Aldershot: Ashgate, 175-206.

TRIFILETTI, R. (2007). Study on poverty and social exclusion among lone parent house, Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. European Commission.

UNICEF (2005). Estado Mundial de la Infancia 2006. Excluidos e invisibles. Nueva York, Unicef.

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[1] La renta del hogar incluye los ingresos de todos los miembros del hogar, las transferencias sociales recibidas por todos los miembros del hogar y otros ingresos adicionales de capital. Los ingresos del hogar equivalen a una escala estándar ponderada definida por la OCDE para tener en cuenta las diferencias del tamaño y composición de los hogares. Finalmente decir que se trata de una medida expresada en unidades de consumo estándar (Purchasing Power Standards).

[2] Éstas se calculan como el cociente entre el número de personas pobres en un grupo y el total de personas en ese mismo grupo. Por ejemplo, la tasa de pobreza de las mujeres será igual al número de mujeres pobres (bajo el umbral de la pobreza) entre número total de mujeres en la población.