El bien intagible compromiso (engagement): los beneficios de la coproducción
| Autor | María José Canel/Paloma Piqueiras/Gabriela Ortega |
| Páginas | 75-94 |
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Tanto la investigación académica como la aplicada tienden a establecer una relación positiva entre la confianza en el sector público y el bien intangible compromiso (más conocido como engagement). Cuanto más se implica o compromete el ciudadano con la Administración pública, mayor es la confianza que tiene en el sector público.
Con apoyo en esta relación positiva, hoy en día cada vez más se desarrollan medidas que aspiran a lograr un mayor compromiso del ciudadano con la Administración (James, 2011). A ello, hay que sumar un destacado interés en la investigación por la percepción que tiene el público sobre una organización, así como por sus actitudes y comportamiento.
En este capítulo se hace una compilación de los elementos importantes que rodean a este bien intangible, estructurados de la siguiente manera: (a) recopilación de varias definiciones aportadas por la literatura para conceptualizar el término engagement; (b) exposición de los conceptos relacionados, más concretamente los términos coproducción y citizen involvement eforts; (c) explicación del término engagement dentro del contexto específico que nos ocupa (la Administración); (d) argumentación de por qué es necesario su desarrollo en el sector público; (e) por último, en los epígrafes finales, se detalla la situación actual de casos prácticos relacionados con este bien intangible y las consecuencias para su aplicación en la práctica.
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La definición más sencilla de engagement que se ha encontrado en varios diccionarios se refiere a la acción de comprometerse o el estado por el que se está comprometido. En el sector corporativo o privado, la definición suscita la idea de proactividad para intentar involucrar a otros en algo.
El Banco Mundial define, en su página web, el civic o citizen engagement como «la participación de actores privados en la esfera pública, enfocada hacia interacciones directas o indirectas entre las organizaciones civiles y los ciudadanos con el Gobierno, instituciones multilaterales y establecimientos comerciales para influir en la toma de decisiones o perseguir objetivos comunes» (Banco Mundial, 2017). Para este organismo internacional, la participación de los ciudadanos (organizados o no) en debates públicos, así como en la prestación y gestión de servicios, son elementos clave para poder elaborar «políticas y acciones de desarrollo que respondan a las necesidades y aspiraciones de las personas y, potencialmente, de los pobres» (Banco Mundial, 2017).
En el ámbito de la literatura académica existe una gran variedad de definiciones, todas ellas enmarcadas en dos perspectivas diferentes que el estudio del engagement puede adoptar. La primera se centra en el ciudadano y estudia las expresiones del compromiso cívico (en qué se demuestra), las causas y efectos de estar comprometido e, incluso, el proceso mental que es necesario para alcanzar ese estado relacional (Verba y Nie, 1972; Adler y Goggin, 2005; Cooper, 2005; Teorell et al., 2007). La segunda se centra en la organización y analiza las acciones específicas que los organismos públicos realizan para conseguir involucrar a los ciudadanos (Marlowe et al., 2005; Yang y Callaham, 2007; Ellen Clases y Marc Hooghe, 2008). Según cuál sea la perspectiva, la manera de concebir el compromiso varía y, por eso, a continuación, se exponen las definiciones proporcionadas en cada una de ellas.
Antes de entrar en las definiciones conviene aclarar que estas dos perspectivas no son opuestas ni describen dos términos distintos. Aunque los autores han hecho una distinción a la hora de definir el engagement basándose en el sujeto que realiza la acción, estas visiones representan dos versiones de un mismo término.
Para Adler y Goggin (2005) las actividades que demuestran compromiso son aquellas «hechas por ciudadanos comunes que pretenden influir en lo que es de interés para los demás, fuera de la propia familia y círculo de amigos íntimos» (p. 241). El in último de desarrollar una ciudadanía activa es, según su teoría, «mejorar las condiciones de los demás o ayudar a moldear el futuro de la comunidad» (p. 241).
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En esta misma línea se sitúan Cooper (2005) y Teorell et al. (2007). Para el primero las personas se comprometen y participan de forma colectiva basándose en su «gama de intereses, instituciones y redes, desarrollando una identidad cívica e involucrando a las personas en procesos de gobernanza» (2005: 534). Teorell et al. (2007) conciben el término como «las acciones o actividades realizadas por ciudadanos de a pie que de alguna manera están dirigidas a influir en la selección del personal gubernamental o las acciones que toman» (p. 335).
Verba y Nie (1972: 56-63) también identifican el citizen engagement con acciones que realizan los ciudadanos para activar su relación con los poderes públicos. En una aproximación más práctica al término, detallan algunos ejemplos de acciones que simbolizan el compromiso: la votación, la actividad personal durante una campaña (incluyendo la afiliación o el trabajo para los partidos y organizaciones políticas, así como la donación de dinero), el ponerse en contacto con los funcionarios públicos o las actividades de cooperación o comunales.
Desde la otra perspectiva, destacan autores como Marlowe (2005), Yang y Callaham (2007) o Claes y Hooghe (2009). Estudian el compromiso ciudadano desde las acciones que adopta la institución para promoverlo, lo que significa que sin las herramientas adecuadas los ciudadanos no pueden involucrarse en la vida pública.
Marlowe (2005: 4) asegura que el citizen engagement está determinado por los «esfuerzos» que hacen los organismos institucionales «para que lo que se aspira a lograr sea consistente con las necesidades, aspiraciones y valores de los ciudadanos que lo financian y del ciudadano a quien servir».
De la misma manera, los estudios de Claes y Hooghe (2008), que están directamente relacionados con la educación, entienden el engagement como aquello que «se utiliza para describir cualquier esfuerzo del sistema educativo con el objetivo de promover el desarrollo de normas de ciudadanía entre los alumnos» (2008: 4). En su estudio titulado Citizenship education and political interest, afirman que, «idealmente, la expectativa es que la educación ciudadana impulse el interés político y, por tanto, también la probabilidad del compromiso cívico y político» (2008: 3).
Es especialmente relevante la aportación de Yang y Callaham a esta perspectiva. En el año 2007 se refirieron al término esfuerzos de participación ciudadana (citizen involvement eforts) como «las actividades iniciadas por el Gobierno para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones administrativas y en los procesos de gestión» (p. 249). A través de una extensa investigación concluyeron en la necesidad de más estudios que expliquen los esfuerzos de participación ciudadana basándose en un modelo conceptual
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completo. Desde su perspectiva, no cabe duda de la relevancia de la misión de la Administración pública a la hora de involucrar: no existe compromiso ciudadano sin un esfuerzo gubernamental.
De sus reflexiones podemos deducir que la decisión de participar es, en última instancia, la respuesta de los ciudadanos a una iniciativa de la Administración: el compromiso, ya sea cívico o político, necesita una fuente de impacto que lo genere. Los ciudadanos necesitan una motivación extra que los lleve a querer estar involucrados en el ámbito público.
El compromiso, entendido como el esfuerzo que realiza la Administración para promover la participación, está directamente relacionado con dos conceptos: la coproducción y los esfuerzos por involucrar a los ciudadanos (a partir de ahora nos referiremos a estos últimos como citizen involvement eforts).
Con citizen involvement eforts se han denominado las acciones que adopta la Administración pública para implicar o comprometer a los ciudadanos. Los autores que más han trabajado esta forma de engagement son Yang y Callaham, que los definen como «actividades iniciadas por el Gobierno para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones administrativas y procesos gerenciales» (2007: 249).
Estos esfuerzos de la Administración pública implican una concepción singular de la participación. Dicen Yang y Callaham (2007) que, a diferencia de la participación política representada, en el voto, en la asistencia a un acto de una campaña presidencial o en el voluntariado individual en asuntos cívicos, la participación ciudadana es la que se produce...
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