Bibliográficas presentación del libro nuevo derecho de las infraestructuras

CargoAriño & Almoguera
Páginas179-190

Estudio preliminar por Rafael Izquierdo, Presidente del Foro de Infraestructuras (REDETI-Montecorvo, Madrid 2001) Para la presentación de este libro hemos creído útil publicar el texto que a tal fin la propia obra incorpora, una vez obtenida la autorización de sus autores. Vivimos tiempos de cambio, y buscamos certidumbres para el tránsito. Aunque esta frase se haya usado ya cientos de veces, en estos albores del siglo XXI, es necesario repetirla. Tanto en España como en Europa, tanto en nuestro continente como en el resto del mundo, las señales de que algo está cambiando son constantes. Desde fenómenos de escala mundial, como la globalización de la economía o el calentamiento del planeta, hasta en la más humilde escala local, con la desaparición de un paraje pintoresco o la saturación de un aeropuerto, múltiples voces nos advierten que los esquemas con los que comprendíamos y nos adaptábamos a nuestro entorno ya no sirven. Necesitamos otros nuevos; estamos, realmente, ante un cambio de paradigma.

En las últimas décadas España ha dejado de ser un país productor de emigrantes a tener problemas de inmigración; ha dejado de ser importador, para ser exportador de capitales; y ha aprendido a desenvolverse bien en terrenos nuevos, como las sociedades de servicios, Internet, la economía del conocimiento. Con ello -y muchas otras cosas- hemos podido aprovechar el desarrollo sostenido de los años finales del siglo y entrado en una sólida senda de crecimiento. Lo hemos hecho -adviértase- sobrellevando mal que bien el crónico déficit de infraestructuras de nuestro país. Pero no hay desarrollo sostenido sin infraestructuras y, por ello, en el año 2000 se ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Infraestructuras sobre el que conviene fijar la atención.

Se trata de la inversión de 19 billones de pesetas en un período de siete años a partir del citado año 2000. Con ella se quieren actualizar definitivamente nuestras carreteras y ferrocarriles; nuestros puertos y aeropuertos; nuestra red de trasvases hidráulicos; y dar solución a cuantas necesidades de obras de infraestructura han sido tradicionalmente denunciadas en todos los rincones de nuestro país. He aquí un objetivo a todas luces loable, para el que se necesita un nuevo equipamiento jurídico. Porque es lo cierto que, si tratamos de organizar la tarea a partir de nuestra decimonónica legislación de obras públicas, encontraríamos graves dificultades; aquí comprobamos una vez más que estamos obligados a cambiar el bagaje intelectual del que disponemos.

Con todos sus méritos, la venerable Ley de Obras Públicas de 1877, que es un monumento histórico del Derecho Administrativo español, ya no puede usarse para guiar las inversiones del nuevo plan; ha llegado el momento de renovarla. Por eso el Gobierno ha redactado un anteproyecto de ley "de Financiación y Gestión Privada de Infraestructuras", ampliamente divulgado hace unos meses, que renovará de arriba abajo esta importante área de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Como es natural, el proyecto normativo del Gobierno nace para ser el cauce de aquellas inversiones del Plan de Infraestructuras que requieren técnicas de gestión innovadoras; pero, al mismo tiempo, significa un auténtico "Tournant de l'Histoire" en la legislación de obras públicas española. Los distintos modelos de contrato, que circulan por toda Europa desde el Tratado de Maastricht, encuentran en el proyecto su acomodo junto a una renovada "concesión de obra pública" cuya regulación venía siendo demandada por la doctrina. Ni que decirlo tiene, los intereses en juego en torno a esta norma y la repercusión sobre los ciudadanos de las soluciones que se adopten son enormes.

Este libro trata de todo ello. Sus páginas tratan de aportar ideas al texto definitivo de la ley que finalmente se apruebe e incorporan elementos de juicio puntos de reflexión adecuados para el debate que se avecina. Esto es, al menos, lo que el Despacho Ariño & Almoguera y la REDETI hemos querido hacer. Estamos convencidos de que en este campo está emergiendo un nuevo punto de equilibrio que requiere la reflexión y el debate aludidos; con unas breves pinceladas ilustraremos su necesidad.

Es de sobra conocido que el sostenimiento del Estado del Bienestar consume un gran porcentaje de los presupuestos públicos. Esta carga no tiene visos de aliviarse en los próximos años; al contrario, tiende a incrementarse. Siendo esto así, la capacidad pública de financiación de infraestructuras está claramente limitada, porque ni los impuestos ni la deuda pueden aumentar. Tiene que ser el ahorro privado, español o extranjero acumulado en el sistema financiero, fondos de pensiones y otros instrumentos, el que sirva para alimentar las infraestructuras sobre las que se va a construir el futuro. Las empresas de servicios, constructoras y demás entidades que actúan en el sector deben encontrar, en un sistema financiero que ya no tiene fronteras, los medios para hacer frente a sus inversiones. Y el Estado debe abrirles las vías para participar en el levantamiento de las nuevas infraestructuras que España precisa. Diseñar el ajuste jurídico y regulatorio exacto para canalizar este ahorro y el esfuerzo de estas empresas hacia su objetivo, es, sin exageración, un asunto de prioridad nacional.

La nueva Ley de Infraestructuras debe ser certera y equilibrada, como un mecanismo de precisión, pero, sobre todo, ha de tener muy presente que los mercados financieros (que son quienes, en definitiva han de proporcionar los fondos) requieren un marco legal seguro y sin fisuras que haga atractiva la inversión de capitales en las infraestructuras públicas. Como siempre, el debate abierto, prudente, riguroso, de sus...

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