España - Bibliografía
| Autor | Esther Arroyo Amayuelas/Andrés Domínguez Luelmo |
| Cargo | Profesora Titular de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona. La colaboración se enmarca en las actividades del Proyecto 2005 SGR00759/Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valladolid |
| Páginas | 199-208 |
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AAVV: La libre circulación de resoluciones judiciales en la Unión Europea, Sevilla, Universidad de Sevilla, 279 pp. ISBN 8447210227.
AAVV: Integración europea y poder judicial. Ponencias presentadas a las Jornadas celebradas en Bilbao los días 23, 24 y 25 de febrero de 2005, Bilbao, Instituto Vasco de Administración Pública, 2006, 339 pp. ISBN. 8477772983.
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Pascua Mateo, Fabio: Derecho comunitario y calidad del ordenamiento español, Madrid, Civitas (ed.), 2006, 399 pp. ISBN 8447025829.
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El 31 de marzo de 2006 se presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOCG, VIII Legislatura, Serie A, núm. 83-1). Bajo tal denominación se incluye un conjunto de normas bastante heterogéneas, que ha facilitado que en el iter parlamentario se haya aprovechado para introducir preceptos nuevos, que nada o poco tenían que ver con el proyecto inicial. Este modo de legislar resulta en sí mismo criticable, por su falta de rigor y por la inseguridad jurídica que provoca; por lo que ha venido a denominarse de manera muy gráfica «técnica legislativa Pisuerga» (Coca Payeras, M., «Aproximación al proyecto de Ley de Condiciones Generales de la Contratación», La Notaría, 2-1998, pp. 37 ss.).
Según se justifica en la Exposición de Motivos, el origen del Proyecto de Ley se encuentra en la STJCE de 9 de septiembre de 2004 (Asunto C-70-2003). En la misma se declaró que el Reino de España había incumplido determinadas obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En concreto, se entendía que España no había adaptado correctamente su Derecho interno al artículo 5 y al apartado 2.° del artículo 6 de la citada Directiva. Ello justifica, por un lado, la modificación de los artículos 10.2 de la LGDCU y 6 de la LCGC, y por otro, la modificación del artículo 10 bis, ap. 3.° de la LGDCU y del artículo 3 de la LCGC. Las dos cuestiones que se ventilaban en la citada sentencia y que son objeto de modificación son las siguientes:
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Por lo que se refiere al artículo 5 de la Directiva 93/13, éste determina lo siguiente: «(...) En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Esta norma de interpretación no será aplicable en el marco de los procedimientos que establece el apartado 2 del artículo 7 de la presente Directiva». Estos procedimientos que se citan in fine son los relativos a las acciones de cesación. Tanto el artículo 10.2 de la LGDCU como el artículo 6, ap. 2.° de la LCGC consa-Page 202gran la regla de la interpretación más favorable al consumidor o adherente en cuanto a las cláusulas dudosas u obscuras, sin ninguna matización respecto a si se trata de ejercicio de acciones individuales o colectivas. La modificación proyectada viene a recoger la doctrina del TJCE, para matizar que el principio de interpretación favorable al consumidor sólo se va a aplicar en los supuestos en los que se ejerciten acciones individuales, pero no las colectivas.
Las razones parecen claras: cuando se ejercita una acción individual, referida a un contrato ya celebrado, una interpretación favorable al consumidor individualmente afectado beneficia inmediatamente al mismo. En cambio, cuando estamos ante una acción colectiva, lo que se discute es el carácter abusivo de una cláusula que puede ser incluida en contratos que todavía no se han celebrado. En este segundo caso se considera que, para obtener con carácter preventivo un resultado más favorable para el conjunto de los consumidores, en caso de duda no procede interpretar la cláusula en el sentido de producir efectos favorables para ellos, sino que debe conducir a la prohibición de utilización de dicha cláusula, con la consecuencia directa de una protección más amplia de los consumidores.
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En cuanto al ap. 2.° del artículo 6 de la Directiva, en él se señala lo siguiente: «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de la protección que ofrece la presente Directiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al contrato cuando el contrato mantenga una estrecha relación...
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