Balance de la Presidencia Eslovena del Consejo (enero a junio de 2008) en los ámbitos del empleo y la política social, la juventud y la inmigración

La Comisión, en su estrategia política anual para 2008 reitera los objetivos estratégicos (prosperidad, solidaridad, seguridad y libertad, y fortalecimiento del papel de Europa en el mundo), establecidos al principio de su mandato en 2004, que aportan un marco preciso para las políticas a poner en práctica a fin de responder a las necesidades de los ciudadanos, estableciendo una Unión capaz de hacer frente al reto de la mundialización, relanzando la Estrategia de Lisboa para favorecer y reforzar el crecimiento y el empleo, integrando políticas internas y externas, contando con el consenso de los Estados miembros respecto de las actuaciones comunes a adoptar, entre otros ámbitos en el de la evolución demográfica, contando para ello, entre otros recursos, con los previstos en el FondoPage 437Europeo de Ajuste a la Globalización y con el marco financiero plurianual para el periodo 2007-2013 y con medidas dirigidas a ayudar a los Estados miembros a hacer frente a los flujos migratorios, a través de una operación para legislar mejor y simplificar la legislación comunitaria.

Entre las acciones prioritarias se incluyen las relativas a:

- la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, renovada a partir de 2005, que continúa siendo el eje principal para conformar una Unión Europea más próspera, más responsable respecto del medioambiente, y más preocupada por favorecer la inclusión social, a partir del informe estratégico sobre los resultados del primer ciclo, elaborado a fin de 2007, y de las líneas directrices integradas, revisadas para impulsar la modernización en el próximo decenio, para su aplicación a nivel regional mediante los nuevos programas nacionales que los Estados miembros han adoptado en 2007;

- la gestión de los flujos migratorios con destino a la UE, que necesita un enfoque pluridimensional, para lo que la Comisión propondrá dos propuestas legislativas sobre las condiciones de entrada y de residencia de los trabajadores temporales y en prácticas retribuidas y nuevas acciones para establecer una política común en materia de migración, así como un régimen europeo común de asilo hasta 2010, y prevenir la migración clandestina, luchando contra el tráfico de seres humanos, y proteger las fronteras exteriores, contando para ello con la actuación de la Agencia para la Gestión de las Fronteras Exteriores;

- la educación y la formación durante toda la vida, como elemento fundamental de la Estrategia de Lisboa, esenciales para la competitividad y la capacidad de inserción profesional que favorecen también el desarrollo personal, la ciudadanía activa y la inclusión social;

- la promoción de la solidaridad y el acceso de los ciudadanos a los derechos y las oportunidades, sobre la base de los resultados del balance de la realidad social y del examen intermedio de la aplicación de la Agenda Social realizados en 2007, dando continuidad al Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para todos, mediante la extensión y el fortalecimiento de la política en materia de igualdad de oportunidades, promoviendo nuevas iniciativas para prevenir y combatir la discriminación fuera del mercado de trabajo y para permitir la mejor conciliación entre la vida familiar y profesional, y las posibles intervenciones del Fondo Europeo de Ajuste a la Globalización, para completar las acciones de los Estados miembros para ayudar a los trabajadores despedidos como consecuencia de la liberalización de los mercados a recuperar y conservar el empleo;

- la garantía de la capacidad de adaptación y la flexibilidad del mercado de trabajo europeo, asegurando un elevado grado de protección social reflejada en la adaptación de las líneas directrices integradas, poniendo el acento en la lucha contra el desempleo de los jóvenes y el trabajo no declarado;

- la política de cohesión europea, de modo que en 2008 se completará la aplicación de nuevos programas operativos para el periodo 2007-2013 y se realice el balance de los resultados de los programas ejecutados en el periodo 2000-2006; la defensa y la protección de los derechos fundamentales, y la ciudadanía europea, con especial atención a los derechos de la infancia y a la lucha contra la pobreza infantil, en el marco financiero plurianual para el periodo 2007-2013;

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- la garantía de la libre circulación de las personas en una Unión ampliada; la mejora de la legislación y en concreto del sistema de evaluación de impacto, y la reducción significativa y verificable de las cargas administrativas de las empresas, desarrollando el programa relativo a la codificación de lo esencial de la legislación existente; y la mejora de la comunicación y las prioridades en materia de comunicación como respuesta a las principales preocupaciones de los ciudadanos de la UE, referidas a la dimensión social de la UE en el contexto de la mundialización y la migración.

A partir del consenso compartido por el Consejo Europeo informal de octubre de 2007 y de la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Estrategia Política Anual para 2008 de hacer de la globalización una oportunidad para los ciudadanos de la Unión, la Comisión propone y adopta su programa de trabajo para 2008, que seguirá centrándose en ofrecer resultados dentro de los objetivos estratégicos establecidos en 2005, al inicio de su mandato, concentrados en: la prosperidad, la solidaridad, la seguridad y la libertad, y una Europa más fuerte en el mundo.

Al igual que en 2007, el programa para 2008 se concentra en un número no muy elevado de nuevas iniciativas políticas, entre las que figuran las iniciativas estratégicas a realizar durante el año y las que prioritariamente deben realizarse en un periodo de entre doce y dieciocho meses, todas ellas sometidas a la disciplina de la calidad de la evaluación de impacto. En él se ha tenido en cuenta también el resultado del diálogo con el Parlamento Europeo y con el Consejo sobre la Estrategia Política Anual de 2008 y las contribuciones procedentes de los Parlamentos nacionales, y refleja la naturaleza plurianual de la mayoría de las actividades de la Comisión, de modo que del contenido del mismo se puedan deducir nuevas iniciativas para los próximos años.

Entre las prioridades del programa a desarrollar durante 2008, por lo que al ámbito de empleo, la política social y las migraciones se refiere, se señala:

- En relación con el crecimiento y el empleo, la reflexión, durante el Consejo Europeo de primavera 2008, sobre si la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo debe refinarse para abordar los desafíos de la globalización de forma más eficaz, de modo que para conseguir el objetivo del nivel de empleo de aquélla se combine la flexibilidad y la seguridad para trabajadores y empresarios, incentivando y creando oportunidades para la formación continua, buscando nuevas formas de promover el acceso y las oportunidades en la sociedad para abordar los riesgos y las causas de exclusión social y de pobreza mediante políticas para la inclusión activa, ayudando a anticipar el cambio, promoviendo una protección social adecuada, y continuar la búsqueda de nuevas formas de promover la educación y la formación para conseguir el desarrollo de una sociedad del conocimiento.

- En relación con la migración, se propone avanzar hacia una política común, mediante un enfoque multidimensional integrado, en la medida en que este fenómeno y la integración social representan retos fundamentales del siglo XXI, lo que exigirá, para aprovechar su potencial para el desarrollo socioeconómico de los países de origen y de destino, una migración laboral bien gestionada, apoyar la migración circular y fomentar la educación y la integración de las inmigrantes en el marco de la gestión del cambio demográfico, yPage 439luchar contra la migración ilegal y el tráfico de seres humanos. Todo ello combinado con una Política Común de Asilo, coherente y eficaz, lo que exigirá adaptar la legislación europea sobre las condiciones de acogida y los criterios de evaluación para la plena armonización de las disposiciones nacionales sobre criterios de subvencionalidad, y progresar para el establecimiento de un procedimiento único de evaluación de las solicitudes de estatuto de refugiado, como expresión de los valores de solidaridad europeos.

- La situación de los ciudadanos en el centro del proyecto europeo, a partir de la evaluación de la realidad social, con el fin de mejorar su bienestar en un mundo global, debe dar pie para desarrollar un programa social moderno para Europa, que incluya la promoción de la conciliación de la vida profesional, personal y familiar y establezca la forma en que la UE puede trabajar en asociación con los Estados miembros para combatir la discriminación y permitir el acceso a las oportunidades a todos los europeos, y que le permita dotarse de los medios necesarios para el control de los riesgos para la salud y la seguridad, y el establecimiento de una dimensión europea de los servicios sanitarios, por medio de iniciativas sobre la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios sanitarios.

Además de las acciones orientadas a atender y desarrollar las prioridades políticas, el programa de trabajo se ocupa también de la aplicación y del seguimiento de las políticas y de los programas financieros que ya están en marcha, haciendo avanzar y concluyendo, cuando sea posible, las negociaciones sobre las propuestas de instrumentos en curso, velando por la aplicación del acervo comunitario, prestando especial atención a la promoción de la comunicación efectiva con los ciudadanos europeos y a explicar el valor del proyecto europeo, y al establecimiento de una administración moderna, eficaz, responsable y transparente, capaz de establecer la confianza entre los ciudadanos europeos.

De esta forma, en la lista de iniciativas estratégicas que la Comisión prevé desarrollar en 2008, se incluyen: la elaboración del Informe de situación anual sobre la Estrategia de Lisboa; dentro del paquete sobre migración, la elaboración de una Comunicación sobre el sistema de entrada y salida y otras herramientas de gestión de las fronteras, para reforzar los procedimientos de control fronterizo sobre los nacionales de terceros países para ayudar a gestionar mejor los flujos migratorios, previniendo la inmigración clandestina, y facilitar el tránsito de las fronteras, tanto a los ciudadanos de la UE como a los nacionales de terceros países; en el paquete sobre asilo, la elaboración de un Plan sobre Política de Asilo y de propuestas de modificación de diversas Directivas sobre las condiciones para la acogida de los solicitantes de asilo, sobre los procedimientos de asilo, sobre el reconocimiento del estatus de refugiado, y del Reglamento sobre los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo.

La lista de iniciativas prioritarias contiene la adopción de: una Recomendación sobre la integración activa de las personas más alejadas del mercado laboral; las propuestas de Directivas relativas a la entrada y residencia de trabajadores temporeros, y sobre los procedimientos de regulación de la entrada, la estancia temporal y la residencia de las personas trasladadas dentro de una empresa y sobre las condiciones de entrada y residencia de aprendices remunerados; una Comunicación sobre la próxima estrategia plurianual para establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia; el Libro Verde sobre la migración y la educación; una Comunicación sobre un compromiso renovado con la justicia social en Europa para la profundización del método abierto de coordinación en materia dePage 440protección e integración sociales; una Comunicación sobre la anticipación y gestión del cambio, que además de resaltar el papel y las responsabilidades de los principales protagonistas de la gestión del cambio, pondrá en marcha la segunda fase de consultas de los interlocutores sociales europeos sobre la anticipación de la reestructuración de empresas; las propuestas de revisión de las Directivas sobre Comités de empresa europeos, de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia; y la propuesta de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato fuera del empleo.

En la lista de iniciativas de simplificación, se recogen la adopción de: un Reglamento de la Comisión que integre todos los existentes hasta ahora sobre exención por categorías, entre ellas el empleo y la formación, del régimen de ayudas en relación con la normativa sobre competencia; la propuesta de revisión de las Directivas sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad; una iniciativa comunitaria sobre los trastornos músculo-esqueléticos relacionados con el trabajo; y una propuesta de refundición de la legislación sobre las normas de seguridad básicas para la protección sobre los peligros derivados de las radiaciones ionizantes.

Además del proceso de ratificación del Tratado de Lisboa como prioridad de la presidencia, el programa para el primer semestre de 2008 en el ámbito que nos ocupa, se concentrará en la adopción de las líneas directrices integradas, para su puesta en práctica por los Estados miembros, en el marco de la Estrategia de Lisboa renovada y del nuevo ciclo trienal que se inicia en 2008, cuyos fundamentos se mantienen, entre ellos el referido a los recursos humanos y a la búsqueda de respuesta a los retos demográficos.

A este propósito, el programa acoge favorablemente la adopción del principio de flexiguridad, cuyas modalidades a nivel nacional, con participación de los interlocutores sociales, deberán irse elaborando, propone hacer frente a la nueva realidad social, concentrándose en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, especialmente respecto de la infancia y la juventud, en la inserción activa, en los sistemas de protección social moderados y apropiados y en servicios sociales accesibles y de calidad y proseguir el debate iniciado por la Comisión en materia de cambios demográficos con atención particular a las oportunidades derivadas de una estrecha cooperación internacional, a la solidaridad y la atención a los cuidados de larga duración.

En el ámbito de la igualdad de oportunidades, se incluye la actuación prioritaria para la supresión de los estereotipos sexuales y el fortalecimiento del papel y de la posición de las mujeres y las niñas en la sociedad para alcanzar la igualdad de los sexos, y para combatir la discriminación a todos los niveles sociales, con particular atención a las personas con discapacidad.

En relación con los jóvenes, para su integración en el mercado de trabajo y su progreso a nivel profesional, a través de una Recomendación se propone dedicar atención a la aplicación del Pacto Europeo para la juventud y el desarrollo del Año Europeo del diálogo intercultural.

En el ámbito del fortalecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia, la presidencia proseguirá con la aplicación de la política dirigida a asumir un enfoque global del tema de las migraciones, con especial atención a la armonización y la adopción de la legislación sobre las migraciones legales y laPage 441lucha contra las migraciones clandestinas y, a partir de las conclusiones extraídas del debate sobre el Libro Verde del Asilo, pondrá en marcha actuaciones para establecer un sistema común de asilo.

Adoptada el 11 de diciembre de 2007, a partir de la experiencia y los resultados de la aplicación de las directrices emanadas de la Estrategia de Lisboa renovada en 2005, en términos de crecimiento económico, de creación de nuevos empleos, de elevación del nivel de empleo y de descenso del desempleo, y de crecimiento sólido de la productividad, fruto de las reformas estructurales introducidas por los Estados miembros, aunque no todos han actuado con la misma determinación, y del debate celebrado por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo informalPage 444de octubre de 2007 sobre la respuesta europea a la globalización, confirma el papel de la Estrategia europea renovada, solicitando que se profundizara en ella en el próximo ciclo, y establece las propuestas de la Comisión para desarrollar la estrategia, poniendo de relieve la necesidad de ejecutar las reformas pendientes para consolidar las bases del crecimiento económico sólido en el futuro y para ayudar a la UE a hacer frente a los problemas de la economía global.

De esta forma, se va pasando revista a las reformas estructurales ejecutadas durante el primer ciclo de Lisboa, y a los resultados, que califica de impresionantes, en lo referente al crecimiento del empleo, especialmente del empleo femenino y de los trabajadores de más edad, a consecuencia de la reforma de los regímenes de pensiones y de jubilación anticipada, y del planteamiento de la flexiguridad, pasando de la aplicación de políticas pasivas a políticas activas de mercado de trabajo, reformando los regímenes de seguridad social para equilibrar derechos y obligaciones, introduciendo contratos más flexibles, que tienen como inconveniente la segmentación del mercado de trabajo, lo que unido a la todavía insuficiente respuesta de los sistemas de educación y de formación a las necesidades del mercado laboral, sobre todo en lo que se refiere a la formación continua, lleva a plantear la necesidad de ahondar en la Estrategia de Lisboa en el periodo 2008-2010, teniendo en cuenta el panorama de turbulencias financieras y la desaceleración económica con el que se inicia el nuevo ciclo.

Por ello, se insiste en la necesidad de ejecutar las reformas pendientes, mediante el apoyo a los PNR por parte de los nuevos programas de la política de cohesión de la UE, el refuerzo de la coordinación de la política económica, sin modificar las directrices existentes, centrándose en su aplicación. A este fin, propone la ratificación de las actuales directrices, actualizándolas y precisándola, lo que supone poner mayor énfasis en las medidas dirigidas a invertir más en las personas, modernizar los mercados laborales y reforzar la coordinación de las reformas, que afecta tanto a los Estados miembros a través de los PNR como a las instituciones de la Unión, a través del nuevo Programa Comunitario de Lisboa, en las cuatro áreas prioritarias de actuación dentro de la Estrategia renovada, contando con el apoyo de la política exterior que permita a la UE configurar la globalización y beneficiarse de las oportunidades de ésta.

De las cuatro áreas prioritarias, la que afecta a las competencias del Consejo EPSSCO, es la relativa a la inversión en las personas y la modernización de los mercados laborales. A propósito de ella, tras la adopción por el Consejo Europeo de diciembre de 2007 de los principios comunes de flexiguridad, se plantea la necesidad de ponerlos en práctica, al tiempo que se deben redoblar los esfuerzos para luchar contra la pobreza y la exclusión social mediante políticas activas de integración, y medidas que inviertan en: la capacitación de las personas y ofrezcan igualdad de oportunidades, una protección social adecuada y empleos de buena calidad, apoyando a los trabajadores poco cualificados, a los emigrantes y a los discapacitados; la educación y cualificaciones durante toda la vida, como una de las maneras más eficaces de luchar contra la desigualdad y la pobreza; y el aprendizaje en el extranjero, garantizando también que se reconozcan en toda Europa las cualificaciones adquiridas en el empleo con la referencia del Marco Europeo de Cualificaciones, desde la consideración de que el desarrollo de las cualificaciones y la formación continua contribuyen a las políticas de flexiguridad, aumentando la flexibilidad, la seguridad en el empleo y la movilidad profesional, a nivel regional y nacional, y estableciendo una política reglada de inmigración, que incluya medidas para mejorar la integración económica y social de los inmigrantes.

A modo de resumen, para invertir más en los ciudadanos a través de un enfoque del empleo y la educación basado en los ciclos dePage 445la vida laboral, modernizar los mercados laborales y reforzar la integración social, la Comisión deberá: proponer una Agenda Social renovada a mediados de 2008, basada en la igualdad de oportunidades, el acceso y la solidaridad, que tratará especialmente cuestiones relacionadas con la juventud, la educación, la migración y la demografía; presentar propuestas sobre las cualificaciones en Europa, para remediar las diferencias existentes y mejorar su previsión y seguimiento, y para una política común de inmigración en 2008.

Los Estados miembros, por su parte, deberán: aplicar los principios comunes de flexiguridad definidos en sus PNR; establecer itinerarios nacionales; aumentar la disponibilidad y asequibilidad de una atención a la infancia de calidad; elaborar planes de acción y fijar objetivos para reducir el abandono escolar prematuro y mejorar las capacidades básicas de lectura; y elaborar antes de 2010 marcos nacionales de cualificaciones adaptados al marco europeo; además de aumentar el número de estudiantes que participan en intercambios internacionales, en el ámbito del programa ERASMUS.

El Programa Comunitario de Lisboa para el periodo 2008-2010, adoptado por la Comisión el 11 de diciembre de 2007, basado en las directrices integradas y en las cuatro prioridades definidas en el Consejo Europeo de primavera 2006, recoge las medidas que deben adoptarse a escala comunitaria para el periodo citado, de acuerdo con el Informe Estratégico de la Comisión, y establece una serie de objetivos ambiciosos y realistas que deben alcanzarse para 2010, con la pretensión de fortalecer y renovar el primer Programa Comunitario de Lisboa, tras constatar los resultados notables derivados de éste, manifestados en la mejora del marco legal del mercado único, el impulso del programa legislar mejor, además de en el incremento sustancial de los fondos comunitarios para el crecimiento y el empleo, reflejado en el nuevo marco regulador de los programas de la política de cohesión para el periodo 2007-2013, y la necesidad de resolver las deficiencias que a pesar de todo subsisten.

De esta forma se propone un programa de prioridades mejor definidas, compuesto de diez objetivos clave, que ponen de manifiesto un considerable valor añadido comunitario o importantes sinergias con las políticas de los Estados miembros u otras políticas comunitarias, y que repercuten de manera significativa sobre el crecimiento y el empleo.

Los diez objetivos clave son los siguientes:

- Reposición de una Agenda Social renovada a mediados de 2008 para contribuir a paliar las carencias de capacidades.

- Presentación de propuestas para una política común de inmigración en 2008.

- Adopción de una Ley de la Pequeña Empresa.

- Reducción de la carga administrativa en la UE en un 25% para 2012 y aplicación de un plan de simplificación.

- Fortalecimiento del mercado único.

- Creación de un Espacio Europeo de Investigación, haciendo realidad la libre circulación del conocimiento.

- Mejorar las condiciones básicas para la innovación.

- Completar el mercado interior de la energía y adoptar el paquete de medidas sobre el cambio climático.

- Promover una política industrial orientada hacia la producción y el consumo más sostenibles.

- Abrir nuevas oportunidades para el comercio y las inversiones internaciona-Page 446les y crear un espacio común de disposiciones reglamentarias y de normas, para lo que celebrará negociaciones bilaterales.

De estos objetivos, los que afectan más directamente a las competencias del Ministerio de Trabajo e Inmigración son los que hacen referencia a la inversión en las personas y la modernización de los mercados laborales, y en concreto a los dos primeros objetivos clave citados.

En relación con la Agenda Social renovada, que la Comisión deberá elaborar para mediados de 2008, se propone que abarque temas de educación, migraciones y demografía, de modo que se atiendan las necesidades de los mercados de trabajo y se superen las carencias de capacidades que se detectan, actuando particularmente sobre la comparabilidad y el reconocimiento de cualificaciones, y se fomente la movilidad facilitando la transferencia de pensiones y prestaciones sociales, y mejorando la capacidad de anticipar las tendencias y necesidades en capacidades del mercado de trabajo a escala comunitaria.

A propósito de las propuestas para una política común de inmigración en 2008, ésta deberá orientarse fundamentalmente a atender la demanda creciente del mercado de tra-bajo de la UE de trabajadores más cualificados.

En directa conexión con este objetivo, cabe mencionar el que se refiere a la libre circulación del conocimiento, para lo que se propone la creación de un mercado laboral único para investigadores, basado en la idea del pasaporte europeo, que mejorará las perspectivas profesionales y la contratación y movilidad transfronteriza de los investigadores.

El Informe conjunto de empleo 2007/2008 contiene el análisis y el balance de los progresos alcanzados en relación con los objetivos de la Estrategia Europea de Empleo: el pleno empleo, la calidad y la productividad en el trabajo y la cohesión territorial, para ocuparse luego de la puesta en práctica de las acciones prioritarias, a propósito de la atracción y el mantenimiento de más personas empleadas, del aumento de la oferta de trabajo y de la modernización de los sistemas de protección social, mediante la promoción del enfoque del ciclo vital en el trabajo, el aseguramiento de mercados que permitan la inclusión, el impulso del atractivo del trabajo y hacer que éste compense a quienes buscan empleo, incluidas las personas desfavorecidas y las inactivas, y la mejora de la adaptación a las necesidades del mercado de trabajo; la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas, mediante la promoción de la flexiguridad, la reducción de la segmentación del mercado de trabajo, contando con el papel de los interlocutores sociales, y el desarrollo de costes laborales compatibles con el empleo y de mecanismos para la fijación de salarios; y el aumento de la inversión en capital humano, mediante la mejora de la educación y la capacitación, ampliando la inversión en capital humano y adaptando los sistemas de educación y de formación en respuesta a la exigencia de nuevas capacitaciones.

Respecto del pleno empleo, el Informe conjunto constata que: a pesar de los resultados positivos de 2006 para alcanzar el objetivo cuantitativo de la Estrategia en 2010 deberían crearse 20 millones de empleos nuevos, previéndose la posible creación de 5,5 millones en 2008, lo que permitiría considerar al alcance el objetivo del 70% de tasa de empleo global; que los trabajadores mayores siguen siendo uno de los grupos objetivo para la actuación respecto del aumento del empleo, a la vista de su tasa de empleo, del 43,5%, a 6,5 puntos del objetivo de 2010; que el crecimiento de la tasa de empleo femenino hasta el 57,2% está muy próxima al objetivo final del 60%; el descenso en casi todos los EstadosPage 447miembros del desempleo, que se refleja en el paso del 8,9% al 8,2% en doce meses, y el de los parados de larga duración, del 4% al 3,6%, reduciéndose por segundo año consecutivo; que el desempleo de los jóvenes sigue siendo un problema grave en muchos Estados miembros, ya que no se benefician suficientemente de un entorno económico favorable y están expuestos al doble de riesgo de desempleo que los restantes trabajadores; el descenso significativo del desempleo estructural, en 1/3 respecto de 2004, debido a las reformas estructurales de los mercados de trabajo llevadas a cabo en los últimos años; y la falta de respuesta suficiente a los retos de la globalización y del envejecimiento. Todo lo cual pone de manifiesto la existencia de barreras significativas para el empleo.

En cuanto a la productividad del trabajo, el Informe conjunto pone de manifiesto la circunstancia de que si bien desde los años 80 la productividad fue reduciéndose, en 2003 se produce una inflexión y se asiste a su recuperación, debido fundamentalmente a la inversión en capital humano a través de estrategias de aprendizaje permanente durante todo el ciclo de la vida, como refleja la correlación entre las tasas de empleo y las de formación durante toda la vida, y en los progresos en la reducción del fracaso y del abandono escolar, a pesar de los cuales todavía 7 millones de jóvenes abandonan prematuramente el sistema educativo, y en el caso de los adultos su participación se estanca o incluso se reduce, situándose en los países del sur de Europa y en los últimamente incorporados a la UE en niveles especialmente bajos. Por todo ello, se hace un llamamiento para intensificar la actuación en el ámbito de la inversión en capital humano.

Por lo que se refiere a la calidad del trabajo, la pobreza afecta todavía al 8% de los trabajadores de la UE, con luces y sombras en otros elementos de la calidad, como los niveles de educación, la transición de empleos precarios a otros seguros y la segmentación del mercado de trabajo, así como la participación en el aprendizaje durante toda la vida, que está estancada o incluso en retroceso.

La cohesión social, crucial para el crecimiento sostenible del empleo, en el marco del método abierto de coordinación, se ha traducido en los resultados derivados de la lucha contra la pobreza y de la prevención de la pobreza infantil y de la inclusión activa de las personas más allá del mercado de trabajo, no excesivamente satisfactorios a tenor de la cifra de adultos y niños en los hogares sin empleo, inalterable desde el año 2000 en cerca del 10%, a pesar del entorno económico favorable, que se ha reflejado positivamente en la reducción de las disparidades regionales, especialmente en lo que se refiere al desempleo.

Dentro del epígrafe dedicado a la aplicación de prioridades en la acción, para atraer y mantener a más personas en el empleo, aumentar la oferta de trabajo y modernizar los sistemas de protección social, el Informe conjunto, a propósito de la promoción del enfoque del ciclo de vida en el trabajo, recoge los progresos derivados de las medidas de envejecimiento activo, la situación en el caso de la igualdad de género en el que se observa que, a pesar del crecimiento de la tasa de empleo femenino, todavía en algunos países (4) no supera el 50%, sólo unos pocos (11) utilizan sistemáticamente estadísticas desagregadas por sexo, y el diferencial en las retribuciones entre mujeres y hombres no se reduce y se sitúa en el 15%, manteniéndose como un reto clave la promoción de la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo. La conciliación entre responsabilidades profesionales y la vida privada presenta un balance positivo en términos generales, aunque muchos Estados miembros están lejos de lograr los objetivos referidos a la atención de los niños.

Respecto a la inclusión en los mercados de trabajo, hacer atractivo el trabajo y hacer que trabajar compense para los demandantes de empleo, se pasa revista a las medidas de acti-Page 448vación adoptadas por los Estados miembros, con atención especial al aprendizaje de la lengua del país de acogida por parte de los migrantes, el acceso a los servicios de empleo, la mejor integración de los hijos de los inmigrantes en el sistema educativo, al tiempo que en algunos Estados se considera que vienen a dar respuesta a las necesidades del mercado de trabajo y, en consecuencia, planean poner en marcha planes de captación de inmigrantes cualificados y para cubrir las necesidades de los sectores con insuficiencia de trabajadores. En otro orden de cosas, algunos países han incrementado el gasto en políticas activas del mercado de trabajo, mejorando la asistencia en la búsqueda de empleo, facilitando las condiciones de acceso a las prestaciones de desempleo, subsidiando el autoempleo, mientras que otros han actuado sobre el sistema fiscal, reduciendo la carga impositiva a los grupos con bajos ingresos y las contribuciones a la seguridad social tanto a empresarios como a trabajadores, o creando incentivos para aumentar la disponibilidad de las personas discapacitadas para acceder al mercado de trabajo, por medio de beneficios a los empresarios que contraten a estas personas y para la adaptación de los lugares de trabajo.

En cuanto a la mejora de la adaptación a las necesidades del mercado de trabajo por parte de la oferta de trabajo, las actuaciones de los Estados miembros se han interesado en la inversión en formación y cualificaciones profesionales, mejora de las cualificaciones, implicación de los empresarios, medidas fiscales dirigidas a los grupos desfavorecidos, servicios destinados a colectivos concretos por razón de la edad, por niveles de educación y cualificación, y por mayor grado de exposición al riesgo de exclusión, equilibrio entre vida y trabajo, acciones a favor de trabajadores, trabajadores mayores y jóvenes. En cuanto a la movilidad transnacional, no se observa, sin embargo, demasiado progreso.

A propósito de la mejora de la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas, en relación con la promoción de la flexiguridad y de la reducción de la segmentación del mercado de trabajo, se pone de manifiesto la relevancia reciente de las medidas de flexiguridad para hacer los mercados de trabajo más dinámicos y con capacidad de responder al cambio mediante instrumentos de flexibilidad internos y externos (empleo a tiempo parcial, teletrabajo, regulación de los contratos de trabajo por tiempo indefinido, cambios en la legislación protectora del desempleo) y la puesta en marcha de iniciativas para aumentar la seguridad en las relaciones laborales, en particular en los contratos temporales, mejorando la protección social de los trabajadores a tiempo parcial y por tiempo determinado y regulando la utilización limitada de este tipo de contratos de forma consecutiva en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

A pesar de todo ello, se constata que el tránsito de las políticas pasivas a las políticas activas de mercado de trabajo se produce muy lentamente, manteniéndose mayoritariamente las concepciones tradicionales de la seguridad en el trabajo frente a la seguridad del empleo en los supuestos de reestructuración. También se pone de manifiesto cómo en algunos países el objetivo de la lucha contra la segmentación del mercado de trabajo se persigue a través de incentivos para la transformación de contratos de empleo por tiempo determinado en contratos indefinidos, no obstante lo cual se advierte un alto grado de segmentación de los mercados de trabajo, en el caso de las mujeres, los contratos temporales y a tiempo parcial y del trabajo no declarado; así como la poca atención que se presta a la modernización de la organización del trabajo, salvo en lo relativo a la ordenación del tiempo de trabajo, y al aumento de la calidad de los puestos de trabajo.

En lo tocante a los costes laborales que favorezcan el empleo y los mecanismos de fijación de los salarios, se manifiesta la necesidad de relacionarlos con la productividad, como vienen haciendo con éxito los EstadosPage 449miembros que, en colaboración con sus interlocutores sociales, han establecido mecanismos para reflejar los diferenciales de productividad en las empresas al fijar los salarios, advirtiéndose esfuerzos para reducir los costes no salariales.

Con relación al aumento de la inversión en capital humano a través de la mejora de la educación y de las cualificaciones, el informe conjunto resalta, a propósito de la expansión y de la mejora de la inversión en capital humano, que se trata todavía de un reto para la mayoría de los Estados miembros, habida cuenta de la evolución del gasto público y privado, para lo que han avanzado en la definición de estrategias relativas al aprendizaje durante toda la vida en todos los sistemas y niveles de educación y de formación, y han adoptado medidas para reducir el volumen del abandono escolar, aumentar la participación de los adultos en este tipo de formación, ya que se está lejos de conseguir el objetivo de 2010, del 17,5%, y de la tasa de participación de las personas inactivas y desempleadas, mayores y con bajos niveles de cualificación, que se mantiene en cotas bajas, y superar las cifras de acceso a niveles superiores de la educación secundaria. La búsqueda de vías para animar a los empresarios a invertir en formación y motivar a los trabajadores para participar en las acciones que se programen, especialmente para los cuerpos cualificados, se ha traducido en medidas de apoyo fiscal a aquéllos y en la simplificación de las condiciones respecto de los permisos para la formación, de éstos.

Por lo que hace a la adaptación de los sistemas de educación y formación en respuesta a los nuevos requerimientos de competencias profesionales, en algunos Estados miembros se está trabajando en los contenidos de la enseñanza, mejorando la capacitación de los docentes y evaluando la calidad del aprendizaje y la educación desde las etapas iniciales, al tiempo que en la mayoría se están aplicando y desarrollando marcos de cualificaciones nacionales adaptados al marco europeo para facilitar la movilidad y la transición entre los diferentes niveles y sectores, así como la validación del aprendizaje informal y no formal. Sin embargo, se observan escasos progresos en la previsión de competencias y necesidades de cualificación futuras, y para facilitar la movilidad internacional en el ámbito de la formación profesional y la educación, al contrario de la situación existente en la educación universitaria, en relación con la que debe mejorarse la cooperación con el mundo empresarial.

De acuerdo con la propuesta en la Comunicación de la Comisión de cara al lanzamiento del nuevo ciclo (2008-2010) de la Estrategia de Lisboa renovada, tras el examen de los PNR y las Conclusiones del Consejo Europeo, el Consejo considera válidas las directrices existentes, adoptadas en 2005, con algunas aclaraciones y matizaciones, con el fin de centrarse en su aplicación efectiva, con atención especial a los objetivos, para los próximos tres años, que deberán servir de referencia para la aplicación de la financiación comunitaria programada, en especial del FSE, y ha asumido el texto propuesto por el Comité de Empleo.

A partir de la Recomendación del Consejo, de julio de 2005, sobre las orientaciones generales de política económica (OGPE) y de la Decisión sobre las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (2005-2008) que forman las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo, en base a las que los Estados miembros elaboraron sus PNR, de las sucesivas evaluaciones de éstos por parte de la Comisión y de los acuerdos de los Consejos Europeos de primavera de 2006 y 2007 en relación con las recomendaciones formuladas a aquéllos con el fin de reforzar la coordinación de las reformas en curso y de impulsar el proceso de vigilancia multilateral, el Consejo EPSSCO ha acordado dirigir recomendaciones individualmente a cada uno de los Estados miembros y globalmente a los de la zona euro, adoptadas formalmente el 24 de julio de 2008.

En el caso de las recomendaciones dirigidas a España, el Consejo concluye que ha progresado adecuadamente en la aplicación del PNR en el periodo 2005-2007 y en el cumplimiento de los compromisos acordados en el Consejo Europeo de primavera 2006, en tres de las cuatro áreas de acción prioritarias, y constata un buen nivel de respuesta política a las recomendaciones del Consejo, aunque alguna relativa a áreas adicionales, identificada en las Conclusiones, requiera atención, así como a las recomendaciones dirigidas a los países de la zona del euro en el Informe de aplicación.

Entre las fortalezas del Informe de aplicación de España se destaca: la rápida reducción de la deuda pública, y el progreso satis-Page 453factorio en la aplicación del plan I+D+i y en el objetivo de la tasa de empleo, especialmente del empleo femenino.

Las áreas de acción política en las que se necesita abordar los retos prioritariamente en el PNR español son las relativas a la competencia en los mercados de la energía eléctrica y la mejora en la educación, respecto de las que se formulan dos recomendaciones concretas. De ellas, la relativa a la educación persigue asegurar la aplicación efectiva de las reformas educativas, también a nivel regional, para reducir el abandono escolar.

Además, destaca entre otros retos a los que hacer frente y en los que concentrarse durante la vigencia del PNR, los relativos a la adopción de todas las medidas necesarias para seguir modernizando la política de protección del empleo, a fin de mantener la flexiguridad en el mercado de trabajo para ir contra la segmentación y promover el trabajo a tiempo parcial; a la continuación de los esfuerzos que vienen realizándose para integrar a los inmigrantes en los mercados de trabajo, el incremento del acceso a los cuidados de la infancia; y a la aplicación de las reformas en materia de pensiones y de asistencia sanitaria para mejorar la sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Por lo que respecta a las recomendaciones a los Estados miembros de la eurozona, el Consejo constata que han realizado algún progreso en la aplicación de las políticas para mejorar el funcionamiento de la zona, pero que son necesarias reformas significativas para dar respuesta a las recomendaciones microeconómicas y en materia de empleo, proponiendo que el progreso registrado en 2007 en el ámbito macroeconómico debe mantenerse.

Entre las fortalezas del Informe de aplicación 2007, destaca la relativa a los sistemas de negociación de salarios conducentes a la flexibilidad de las retribuciones en algunos Estados miembros. Entre las áreas de acción política en las que debe actuarse prioritariamente se menciona la referida al desarrollo adecuado de los salarios a nivel agregado, de sector, regional y ocupacional, en línea con la evolución de la productividad, y la flexiguridad de los mercados de trabajo de conformidad con los principios comunes, así como la mayor movilidad del trabajo para impulsar el ajuste de los mercados laborales.

Entre las recomendaciones que se formulan, en materia social, como complemento de las dirigidas específicamente a cada uno de los Estados miembros, se incluye la que tiene por finalidad mejorar la flexibilidad y la seguridad de los mercados de trabajo aplicando los principios de flexiguridad, adaptados a las circunstancias específicas de cada Estado miembro, totalmente compatibles con presupuestos públicos saneados y financieramente sostenibles, adaptando mejor la evolución de los salarios y la productividad para impulsar el crecimiento y la competitividad, y adoptar medidas para promover la movilidad transfronteriza y entre ocupaciones del trabajo.

A partir de la constatación de que las reformas introducidas en el marco de la Estrategia de Lisboa han aumentado el crecimiento, se crea empleo y se reduce el desempleo en toda Europa, además de producir efectos positivos en la cohesión social, como consecuencia de las reformas de la protección social y de las políticas de inclusión social, el Informe conjunto pone de manifiesto que, a pesar de que disminuyan, los desequilibrios entre mujeres y hombres siguen siendo considerables, que un buen crecimiento y la creación de empleo no mejorarán automáticamente la situación de los más marginados (el 16% de los ciudadanos de la UE, casi 80 millones de personas, corren riesgo de pobreza de ingresos, y con más probabilidad las mujeres, los niños y los jóvenes), ya que, aunque tener un empleo esPage 454la mejor manera de evitar la exclusión no siempre es garantía de ello (un 8% de ciudadanos europeos con empleo corren riesgo de pobreza).

El Informe recoge también las enseñanzas extraídas de los informes nacionales sobre cuestiones específicas seleccionadas en 2007, sobre la dimensión a largo plazo de la estrategia europea y más concretamente en relación con la interacción mutua, entre el método abierto de coordinación y la Estrategia de Lisboa, a partir de los efectos positivos de la interacción entre los objetivos sociales comunes y los de mayor crecimiento económico y más y mejores empleos, en la medida en que los sistemas de protección social y las políticas de inclusión social son factores productivos que contribuyen a los resultados económicos favorables y que las reformas en las pensiones y la asistencia sanitaria afectan positivamente a las finanzas públicas, al comportamiento del mercado laboral, a la calidad de vida y a la productividad, mejoran el capital humano, la oferta de mano de obra y refuerzan la cohesión social.

De esta forma, el Informe conjunto, en la primera parte, va pasando revista sucesivamente a las medidas contra la pobreza infantil, la promoción de vidas laborales más largas, las garantías de disponibilidad de las pensiones de financiación privada, la reducción de las desigualdades sanitarias, y los cuidados de larga duración.

En relación con las medidas contra la pobreza infantil en la UE, cuyo riesgo afecta al 19%, por encima del de la población general, y más especialmente a los niños que viven en hogares donde no trabaja ningún miembro, o donde trabaja solo uno de los progenitores, y ello a pesar de que las transferencias sociales reducen en un 44% este riesgo que tiene su origen en la interacción entre múltiples factores, las medidas de actuación que se proponen implican a las familias y a los propios niños. Respecto de las familias, a través de prestación de servicios sociales básicos y ayudas financieras directas más el facilitar a los padres el acceso al mercado de trabajo, mediante la conciliación de la vida laboral y familiar, la existencia de empleos de mejor calidad, de un entorno propicio para la conservación del empleo y para progresar en la carrera profesional, destaca la importancia de la utilización del FSE en la medidas de inclusión activa y la eliminación de obstáculos para la participación en el mercado de trabajo de las personas desfavorecidas.

Así pues, los mejores resultados obtenidos por los Estados miembros se han conseguido a través de una combinación de prestaciones universales, que crean un entorno favorable a las familias, y de prestaciones específicas para incentivar el trabajo, especialmente en el ámbito de la enseñanza con particular atención al acceso a guarderías y centros preescolares y medidas contra el abandono escolar. No obstante, se considera necesario adoptar más medidas contra el riesgo de exclusión social de los niños y adolescentes con desventajas múltiples, como los niños gitanos, o en el caso de los que pasan la infancia en centros de acogida, para lo que se presenta como alternativa la colocación en hogares de adopción. En todo caso, la aplicación de las medidas enunciadas se puede mejorar mediante la adopción de compromisos cuantitativos nacionales combinados con un fuerte compromiso político, para lo que se propone seguir las recomendaciones del grupo de trabajo sobre pobreza y bienestar infantil del Subgrupo de indicadores, y explotar las sinergias todavía no abordadas entre las estrategias de lucha contra la pobreza, las políticas sobre los derechos de los niños y los esfuerzos por combatir la discriminación, considerando la pobreza infantil desde una perspectiva más amplia que la de la pobreza financiera.

En cuanto a la promoción de vidas laborales más largas, se pone de manifiesto que las reformas que se han realizado y todavía están en curso se basan en el planteamiento del ciclo de vida (refuerzos de la relación entre Page 455cotización de pensión y prestaciones, estrategias de envejecimiento activo) deben complementarse con medidas de flexiguridad para mejorar la cantidad y la calidad del empleo, especialmente entre las personas con carreras menos estables y salarios bajos, y con las reformas para reducir las jubilaciones anticipadas, endureciendo las condiciones de admisión y creando un marco adecuado para continuar trabajando, incentivando la prolongación de la vida laboral del lado de los trabajadores y de los empresarios, mejorando las condiciones de trabajo también para las personas con discapacidad y poco cualificadas, y las oportunidades para mejorar sus capacidades mediante el reciclaje profesional y la formación continua. La respuesta que se propone pasa por lograr que trabajen más personas y por más tiempo, lo que supone reducir la discriminación de los trabajadores de más edad y aumentar las pensiones privadas complementarias.

A propósito de las garantías de la disponibilidad de pensiones de financiación privada, que van adquiriendo mayor importancia cada vez, dada la dificultad de evaluar su impacto en la adecuación de las futuras pensiones, dependiente de la cuantía de las cotizaciones y de la cobertura real, se plantea la necesidad de mejorar la cobertura media y asegurar el que todos los trabajadores acumulen derechos suficientes a pensión privada, teniendo en cuenta factores como la edad de adhesión, el tratamiento de los periodos no contributivos, las normas de indización, y muy especialmente el aumento de la esperanza de vida y, en última instancia, obliga a definir claramente el papel del Estado.

Por lo que respecta a la reducción de las desigualdades sanitarias entre los distintos grupos de población, por razones diversas (situación socioeconómica, lugar de residencia, etnia, sexo), a pesar de la mejora significativa de la salud en la UE, se plantea el reto de dar acceso a todos a cuidados de alta calidad, para lo que los Estados están actuando mediante la promoción de la salud, la reducción de la incidencia de algunas enfermedades, actividades de prevención más eficaces, el aumento de la cobertura de la población, la supresión de las barreras culturales al uso de servicios, para lo que se deberá recurrir a los Fondos estructurales a fin de apoyar las reformas y el desarrollo de capacidades, principalmente en las regiones convergentes, y mejorar el acceso y desarrollar los recursos humanos. En todo caso, se considera necesario aplicar una combinación de políticas generales y otras adaptadas a los grupos socioeconómicos más bajos, tal como han hecho casi todos los Estados miembros, estableciendo el derecho universal a la asistencia sanitaria y adaptando los servicios para aquellas personas con dificultades (por discapacidad o por diferencias lingüísticas o culturales) para acceder a los servicios convencionales, aunque muy pocos son los que afrontan de manera sistemática y global las desigualdades, evitando las diferencias sanitarias y garantizando en la práctica la igualdad de acceso para las mismas necesidades.

En el caso de los cuidados de larga duración, cuya demanda aumenta debido al envejecimiento demográfico y al cambio socioeconómico, los Estados miembros han tomado conciencia de la necesidad de considerarlos como un nuevo riesgo social que debe cubrir la protección social y de garantizar el acceso casi universal a ellos, sin que la capacidad de pago de las personas o la aportación de las fuentes de financiación privadas deban incidir negativamente en el acceso a servicios de alta calidad. Como alternativa a los cuidados institucionales figura la prestación de servicios personalizados a las personas dependientes en un entorno residencial o comunitario, con apoyo de los Fondos estructurales, siendo fundamental la mejor coordinación entre los servicios sanitarios y los servicios sociales para poder alcanzar un elevado nivel de calidad, mediante la aplicación de normas uniformes y mecanismos de acreditación de la calidad asociados a métodos de evaluación de cumplimiento legal. En torno a la calidad,Page 456cuestión importante es la relativa al personal encargado de los cuidados de larga duración, compuesto fundamentalmente por mujeres, debiendo dedicar especial atención a la mejora de sus condiciones de trabajo y al reconocimiento oficial de los cuidadores informales en los sistemas de seguridad social.

La segunda parte del Informe se ocupa de la futura evolución del método abierto de coordinación, tras el análisis de la pobreza infantil, en lo que implica de mejora del nivel de comprensión de los factores determinantes de la inclusión social y del bienestar de niños y jóvenes, cuyo progreso debe continuar para reforzar el impacto del método citado en los objetivos sociales comunes y para promover la comprensión común de las prioridades de la política social.

A este propósito, se recuerda el contenido del programa de trabajo del Comité de Protección Social para 2007, en relación con el desarrollo de la cooperación y el aumento del aprendizaje mutuo, además del acuerdo sobre mejoras en el ciclo 2008-2011: analizando las políticas que fracasan y las de respuesta a los obstáculos que se plantean, el uso más integrado y estratégico de los instrumentos disponibles para apoyar la aplicación del método abierto de coordinación, la incorporación más sistemática de los resultados clave de la elaboración de políticas, el refuerzo del marco analítico con una evaluación del impacto social, nuevas mejoras de la gobernanza con la participación de las partes interesadas, el fortalecimiento de la interacción mutua positiva entre el método abierto de coordinación social y otros procesos en el marco de la Estrategia de Lisboa, y la mejora de la difusión de los resultados.

En la iniciativa de inclusión social activa, la Comisión ha invitado a los Estados miembros y a otras partes interesadas en reforzar la capacidad del método abierto de coordinación de contribuir al esfuerzo de los Estados miembros para conseguir los objetivos sociales comunes, teniendo en cuenta la subsidiariedad y partiendo del entendimiento mutuo de los objetivos clave acordados para desarrollar pautas de aplicación.

De este informe se extraen los siguientes mensajes clave:

- Las políticas social y económica deben y pueden apoyarse entre sí, por lo que para un desarrollo sostenible de Europa, es fundamental prevenir y combatir la pobreza y la exclusión social mediante la continuidad de la modernización de la protección social para lograr un nivel adecuado compatible con la sostenibilidad económica, aplicando políticas integradas, teniendo en cuenta el objetivo de la plena inclusión de los más vulnerables.

- A pesar de las medidas activas de inclusión social y las reformas de las pensiones y los mercados laborales, que han mejorado la incentivación del trabajo, deben trabajar más personas y permanecer activas durante más tiempo, por lo que las reformas de las pensiones pueden promover el envejecimiento activo y así promover la vida laboral.

- Aunque las reformas de pensiones están bien encaminadas, debe vigilarse su impacto en el riesgo de pobreza y la sostenibilidad, concienciando a las personas de los riesgos de los distintos sistemas de pensiones.

- Dado el número de niños, 19 millones, en riesgo de pobreza, debe garantizarse la igualdad de oportunidades para todos y reforzarse las políticas de inclusión y lucha contra la discriminación, especialmente de los inmigrantes y las minorías étnicas, y romper la cadena de transmisión de la pobreza.

- Una de las causas de la pobreza de los niños tiene su origen en sus hogares, que no disponen de recursos suficientes para evitarla, por lo que deben aplicarsePage 457estrategias activas de inclusión social, equilibradas y globales, como factor indirecto para promover el bienestar de aquéllos y de los jóvenes, equilibrando las ayudas a las familias y a los niños directamente.

- Es preciso actuar para reducir las desigualdades existentes en materia de salud y adoptar un planteamiento que integre la salud en todas las políticas, de manera que a través de la protección social se garantice un acceso justo a la atención sanitaria y a la prevención.

- Respecto de los cuidados de larga duración, que deben incrementarse ante el aumento de las necesidades de los mismos, debe alcanzarse un equilibrio adecuado entre responsabilidades públicas y privadas y cuidados formales e informales, considerando preferible la dispensa de éstos en un marco residencial o comunitario más que institucional, ya que muchos Estados miembros tienen dificultades para ofrecer servicios de calidad, y la mejora de la coordinación de cuidados y el apoyo a los cuidados informales sigue siendo un reto.

- Se mantiene la validez de los objetivos sociales comunes acordados en 2006 y que su cumplimiento continuo sigue siendo fundamental para el éxito de la Estrategia de Lisboa.

- Al centrarse en temas clave, el método abierto de coordinación en 2007 ha aumentado el nivel de comprensión, ha promovido el aprendizaje mutuo, y ha fomentado un seguimiento más adecuado y la elaboración de informes más concretos. Los Estados miembros y la Comisión deben aplicar métodos de trabajo para reforzar la aplicación de las estrategias europeas y nacionales ante el ciclo 2008-2011 del método abierto de coordinación y posteriormente.

El quinto Informe sobre igualdad entre mujeres y hombres 2008 incluye por primera vez a los 27 Estados miembros y constata las realizaciones durante 2007 de iniciativas incluidas en el Plan de trabajo para la igualdad entre hombres y mujeres de la Comisión y el Pacto por la igualdad de género del Consejo, coincidiendo con el 50 aniversario de la política europea de igualdad en este ámbito, con la celebración del Año Europeo de la igualdad de oportunidades para todos, con el décimo aniversario de la Estrategia Europea para el crecimiento y el empleo y del enfoque integrado de las políticas de igualdad en las políticas comunitarias.

En relación con la dimensión cuantitativa y cualitativa del empleo, el Informe de la Comisión señala los avances producidos en los últimos diez años en el empleo de las mujeres, principal factor del crecimiento continuo del empleo en el UE (entre 2000 y 2006 aumentó en casi 12 millones, de los que 7,5 millones fueron mujeres; la tasa de empleo femenino en 2006 ha llegado al 57,2%, con un crecimiento de 3,5 puntos desde 2000, frente al empleo masculino cuyo crecimiento no llegó a un punto, mientras que la tasa de desempleo de las mujeres descendió hasta el 9%), la estabilidad en las diferencias de remuneración, situada en el 15% desde 2003, el aumento de la segregación sectorial y ocupacional en algunos países y el estancamiento de la presencia de mujeres en puestos de dirección en las empresas, en el 33%, mientras que progresa muy lentamente en la política. En cuanto a la conciliación de la vida profesional y la vida privada existen diferencias importantísimas entre mujeres y hombres, como lo demuestra el 62,4% de la tasa de empleo de las mujeres con hijos a cargo frente al 91,4% de los hombres en igual situación, y el hecho de que más de tres cuartas partes de los trabajadores a tiempo parcialPage 458sean mujeres, que la cifra de mujeres con contratos temporales supere en un punto a la de hombres, que el paro de larga duración sea más frecuente entre las mujeres que entre los hombres, y que las carreras profesionales de las mujeres sean más cortas, más lentas y estén peor retribuidas.

Respecto de la evolución política y de la legislación, se pone de manifiesto: el impulso del Plan de trabajo para la igualdad entre mujeres y hombres a la política comunitaria en este ámbito; la consulta formal a los interlocutores sociales realizada por la Comisión a propósito de una acción comunitaria para mejorar o completar el marco actual de las disposiciones referidas a la conciliación de la vida profesional, privada y familiar y a su resultado, traducido en propuestas relativas a la baja por maternidad y al permiso parental, introduciendo nuevos tipos de permiso (de paternidad, de adopción o para ocuparse de personas dependientes miembros de la familia) y otras medidas no legislativas; el apoyo a la Alianza Europea para las Familias; y el papel, en el ámbito de la legislación, de la relativa a la igualdad de trato, con especial atención al análisis de la conformidad de las medidas nacionales de transposición, que continuará realizándose durante 2008, además del compromiso de actuar para combatir las diferencias de remuneración entre hombres y mujeres; y el avance en la creación del Instituto Europeo de Igualdad de Género.

En cuanto a los retos y las orientaciones políticas, el Informe de la Comisión, en el marco de la Estrategia Europea para el crecimiento y el empleo, se ocupa de:

- los empleos de calidad que favorezcan una independencia económica igual para los hombres y las mujeres, eliminando las disparidades en el empleo, intensificando el apoyo a la conciliación de la vida profesional y la vida privada, asegurando el perfeccionamiento profesional y la representación equilibrada de los dos sexos en los puestos de decisión; la consideración de los problemas específicos de mujeres y hombres en el planteamiento de las cuestiones de la salud y el bienestar en el puesto de trabajo; y del aprovechamiento al máximo de los Fondos estructurales;

- los servicios de calidad y del apoyo a la conciliación, para lo que deben proseguir y redoblarse la mejora de la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de cuidado de niños y de asistencia a personas dependientes, potenciándose la calidad de estos servicios, garantizándose la calidad de los servicios de interés general y su disponibilidad para hacerlos compatibles con un horario laboral a tiempo completo de los hombres y las mujeres, y utilizando el potencial de los Fondos estructurales;

- la lucha contra los estereotipos ligados al género desde la infancia, promoviendo los modelos de comportamiento que valoren las decisiones individuales, levantando las barreras para facilitar el acceso de hombres y mujeres a los trabajos no tradicionales, incluso en relación con la formación permanente, el desarrollo profesional y la orientación profesional, asociando a los medios de comunicación;

- los mecanismos institucionales en apoyo de los compromisos políticos y la aplicación de la legislación, para lo que destaca la importancia de integrar la perspectiva de género en los ámbitos de competencia de las partes interesadas, y del desarrollo de las capacidades de los principales actores y organismos que trabajan en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, recurriendo a la aplicación y el seguimiento de las políticas a partir de indicadores cuantitativos y cualitativos.

Concluye el Informe de la Comisión con la invitación al Consejo Europeo para que instePage 459a los Estados miembros a que, en colaboración con los interlocutores sociales y la sociedad civil, se ocupen de: el aumento cuantitativo y cualitativo del empleo de las mujeres en el nuevo ciclo de la Estrategia Europea para el crecimiento y el empleo; la integración de la perspectiva de género en todas las dimensiones de la calidad del trabajo; el desarrollo de la oferta y la calidad de los servicios para conciliar la vida profesional y la vida privada; la lucha contra los estereotipos en la educación, el empleo y los medios de comunicación y el papel de los hombres en el fomento de la igualdad; y el desarrollo de los instrumentos de evaluación del impacto de las políticas en una perspectiva de género.

El Consejo EPSSCO, en la sesión del 29 de febrero, hizo suyos y refrendó los mensajes clave adoptados en la reunión del Comité de Empleo del 7 y 8 de febrero de 2008, contando con la aportación del Comité de Protección Social, acordada en su reunión de 5 de febrero de 2008, considerando los mensajes clave del Consejo de Educación, Juventud y Cultura, del 14 de febrero de 2008, tanto en lo relativo al ámbito de la juventud como de la educación, en relación con: el nuevo ciclo de Lisboa, la priorización de acciones para lograr el objetivo de disponer de más y mejores empleos, el fortalecimiento de la cohesión social y la modernización de la protección social, y el desarrollo de la dimensión comunitaria, formulados en los siguientes términos:

Respecto del nuevo ciclo de la Estrategia de Lisboa, el Consejo acoge favorablemente el Informe de la Comisión sobre la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, respalda el Informe conjunto de empleo, toma nota del enfoque establecido en las Directrices de empleo y que la evaluación del progreso de los Estados miembros mediante los indicadores acordados y las estrategias de buena calidad es parte esencial de la Estrategia de Lisboa, y de que las características específicas de los países deben ser tenidas en cuenta al evaluar los resultados de cada uno de los Estados miembros y de la UE; constata que la EEE obtiene resultados desiguales y no alcanza los objetivos, por lo que, ante los retos persistentes del empleo y las actuales perspectivas de incertidumbre económica,Page 462deben mantenerse las reformas estructurales que, combinadas con un marco macroeconómico orientado al crecimiento, deberían fomentar más y mejores empleos y reforzar la cohesión social; señala que las directrices integradas para el crecimiento y el empleo deberían estar caracterizadas por la estabilidad y centrarse en la aplicación de políticas, en respuesta a las recomendaciones específicas a los Estados miembros, destacando la complementariedad del método abierto de coordinación con aquéllas al hilo de la adopción simultánea por el Consejo del Informe Conjunto de Protección Social e Inclusión Social, a pesar de lo cual, para dar una mayor visibilidad a la Estrategia de Lisboa, se requiere una integración más fuerte de las políticas económica, de empleo y social. Finalmente, se subraya que deben hacerse más esfuerzos a nivel nacional para fortalecer la implicación de los agentes sociales y otras partes interesadas en la agenda de la reforma.

En cuanto a las acciones prioritarias para disponer de más y mejores empleos, en relación con la inversión en las personas y la modernización de los mercados de trabajo, éstas se deben centrar en: el desarrollo y la aplicación efectiva del enfoque de flexiguridad a partir de los principios comunes de ésta; la anticipación a las necesidades de cualificaciones, a fin de asegurar la distribución del trabajo en los empleos más productivos en los que la economía europea tenga ventajas comparativas, mediante el enfoque de nuevas competencias para nuevos empleos; la promoción de mercados inclusivos para evitar que nadie, con particular atención a los excluidos del mercado de trabajo y a la segmentación de éste, quede fuera, mediante políticas de mercado de trabajo y estrategias de inclusión activas para luchar contra la pobreza (incentivos para hacer el trabajo atractivo, oportunidades para las personas con baja cualificación y apoyo a las transiciones ocupacionales); la mejora de las tasas de empleo de los trabajadores mayores, los jóvenes, los extranjeros, las personas discapacitadas, teniendo en cuenta la dimensión de la igualdad de género en las políticas de empleo, y especialmente la promoción del empleo de los jóvenes, mediante la reducción del abandono escolar y la mejora de la transición entre la educación y el empleo; facilitar la movilidad geográfica y funcional y la portabilidad de los derechos sociales; el papel de las migraciones económicas respecto de las necesidades de los mercados de trabajo y la reducción de las carencias de cualificaciones, que deben abordarse en el marco de una política común de inmigración; el encargo del Consejo a la Comunidad de una propuesta de Agenda social renovada para 2008, que deberá desempeñar un papel fundamental en el fortalecimiento de la dimensión social de la Estrategia de Lisboa y del mercado único, para articular mejor el principio de libre circulación con los estándares sociales y los derechos de los trabajadores.

A propósito del fortalecimiento de la cohesión social y la modernización de la protección social, los objetivos sociales comunes siguen siendo válidos, de modo que las acciones a desarrollar hasta 2010 deben concentrarse en:

- la consistencia y coordinación de las políticas, incluyendo la integración de la igualdad de género y la solidaridad entre las generaciones, como elementos esenciales para impulsar la cohesión social y alcanzar el objetivo de la plena inclusión social de los colectivos más vulnerables, mediante medidas de inclusión activa, que combinen apoyo financiero adecuado, disponibilidad de servicios y de oportunidades de empleo de calidad con el fortalecimiento de los incentivos para el trabajo, para ayudar a eliminar obstáculos a la participación en el mercado de trabajo y en la sociedad;

- los esfuerzos para combatir la pobreza, en general y de los niños, a partir del diagnóstico de las principales causasPage 463existentes en los Estados miembros, asegurando la igualdad de oportunidades para todos y reforzando las medidas para mejorar los resultados educativos y romper la cadena de transmisión de la pobreza y la exclusión, durante y después del próximo ciclo de la Estrategia de Lisboa;

- la modernización del sistema de pensiones para promover el envejecimiento activo, aumentando la empleabilidad, reduciendo los regímenes de jubilación anticipada, aumentando la flexibilidad en la jubilación y reforzando los incentivos al trabajo, acompañado de medidas de apertura del mercado de trabajo a los trabajadores de más edad y de protección adecuada para quienes no pueden trabajar por razones de discapacidad u obligaciones de atención a personas dependientes, teniendo en cuenta que las medidas que ahora se adopten tendrán efecto dentro de varias décadas, por lo que se requiere establecer un seguimiento regular de las mismas en relación con su impacto sobre la sostenibilidad y adecuación futuras; y

- en la integración de un enfoque de salud en todas las políticas, de modo que la protección social asegure el acceso de todos a la prevención y atención sanitaria de calidad y de larga duración, mejorando la coordinación, debido al papel determinante de la salud en las oportunidades de la vida.

Finalmente, en cuando al desarrollo de la dimensión comunitaria, se concluye destacando que las actuaciones a nivel comunitario deberían completar y apoyar a las políticas nacionales. De este modo, el Consejo EPSCO apoya globalmente el Programa comunitario de Lisboa, especialmente las prioridades relativas a la necesidad de invertir en las personas y modernizar los mercados de trabajo, y al examen de las actuaciones que se realicen de conformidad con los procedimientos apropiados.

A partir del Informe de la Comisión relativo a la Estrategia de Lisboa renovada y de las aportaciones realizadas por las distintas formaciones del Consejo pertinentes, entre ellas en particular la de EPSSCO, las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, de 13 y 14 de marzo de 2008, marcan el comienzo del segundo ciclo trienal de la Estrategia de Lisboa renovada, confirmando la validez de las actuales Directrices integradas, tanto respecto de las orientaciones generales de política económica como de las directrices para el empleo, para el periodo 2008-2010, y respaldando las recomendaciones específicas para cada Estado miembro y en la zona euro, e invitando al Consejo a que las adopte formalmente, a los Estados miembros a incluir en sus Programas Nacionales de Reforma (PNR) y en sus informes anuales de ejecución acciones concretas en su aplicación y como respuesta a aquellas, y a las instituciones a que hagan avanzar los trabajos sobre los diez objetivos especificados en el Programa Comunitario de Lisboa, evaluando los avances realizados.

Así pues, habida cuenta de que el nuevo ciclo de la Estrategia se centrará en su aplicación, el Consejo Europeo: confirma los cuatro ámbitos prioritarios establecidos en la primavera de 2006 como ejes centrales de la Estrategia de Lisboa renovada; invita a la Comisión y a los Estados miembros a intensificar el intercambio de buenas prácticas, a través del método abierto de coordinación, con atención particular a la zona euro, y a reforzar la participación de las partes interesadas pertinentes en el proceso de Lisboa; reconoce el papel de los niveles regional y local en el crecimiento y la creación de empleo, y del aumento de la responsabilización a todos los niveles de gobierno como continuación a la elaboración de políti-Page 464cas más coherentes y eficaces; subraya la contribución de la cohesión económica, social y territorial a la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa renovada y el apoyo de los fondos de cohesión a los PNR y a la aplicación de las Directrices integradas; destaca la importancia de la estabilidad macroeconómica para hacer frente a los retos a largo plazo; reitera la importancia de la dimensión social de la UE como parte integrante de la Estrategia de Lisboa, e insiste en la mayor integración de las políticas económica, social y de empleo; y respalda los mensajes clave del Consejo en sus formaciones ECOFIN, Competitividad, Empleo y Política Social, Medio ambiente y Educación y Juventud, así como las Conclusiones del Consejo sobre la revisión del mercado único. También subraya que a partir de 2010 se deberá continuar trabajando en la UE a favor de las reformas estructurales, el desarrollo sostenible y la cohesión social para consolidar los progresos derivados de la Estrategia de Lisboa renovada para el crecimiento y el empleo, e invita a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a reflexionar sobre el futuro de la Estrategia de Lisboa después de 2010.

Dentro de las actuaciones que se plantean a los Estados miembros y a la UE, a propósito de invertir en conocimiento e innovación, como factores fundamentales para el crecimiento futuro, se incluye la eliminación de obstáculos a la libre circulación del conocimiento mediante la creación de una quinta libertad, basada en la potenciación de la movilidad transfronteriza de los investigadores, los estudiantes, los científicos y el personal docente universitario y en el incremento de la apertura y la competitividad del mercado laboral para los investigadores europeos, con mejores estructuras de carrera, transparencia y compatibilidad con la vida familiar, entre otros; de librar el potencial empresarial, en particular el de las PYME, columna vertebral de la economía europea que disponen de potencial para contribuir a la creación de más crecimiento y empleo en la UE, considerando que la mejora de la legislación constituye una prioridad esencial para lograr mejoras fundamentales para la competitividad de las empresas de la UE, y el mercado único como motor esencial para la mejora del nivel de vida de los ciudadanos europeos y de la competitividad europea en la economía mundializada, debiendo impulsarse como medidas y acciones prioritarias las dirigidas a garantizar la adopción de medidas efectivas de actuación consecutiva a la revisión del mercado único, centrándose en las acciones necesarias para estimular el crecimiento y el empleo, mediante la eliminación de los obstáculos que existen para las cuatro libertades del Tratado, con especial atención a la dimensión social y a los servicios de interés general, y garantizando la transposición y aplicación de la Directiva sobre servicios. Finalmente, destaca el papel de la UE para modelar la globalización, reforzando la dimensión exterior de la Estrategia de Lisboa renovada.

El Consejo Europeo se pronuncia expresamente sobre la inversión en las personas y la modernización de los mercados de trabajo, concluyendo en la necesidad de reforzar el componente de educación del triángulo «investigación-innovación-educación», para dispensar una educación de alta calidad e invertir más y con mayor eficacia en capital humano para avanzar más fácilmente hacia la economía basada en el conocimiento, crear más y mejores puestos de trabajo, luchar contra la desigualdad y la pobreza y contribuir a reducir el desempleo juvenil, a la espera de la Agenda Social Renovada de la Comisión, que deberá desempeñar un papel esencial para reforzar la dimensión social de la Estrategia de Lisboa, destacando la importancia de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, el fomento de la integración activa y el aumento de las oportunidades de empleo de las personas más alejadas del mercado de trabajo, utilizando todos los instrumentos y medios disponibles en el plano comunitario, entre ellos una política común de inmigración, para dar respuesta a las necesidades del mer-Page 465cado laboral y reducir la escasez de trabajadores cualificados en la UE; insta a los Estados miembros a tomar medidas para reducir el número de jóvenes que no saben leer correctamente, el abandono escolar y mejorar el nivel de aprendizaje de los inmigrantes y los colectivos desfavorecidos, atraer a los adultos a la educación y a la formación y facilitar la movilidad laboral y geográfica, fomentar la participación de la población activa y hacer frente a la segmentación para promover la integración social activa, y mejorar la coherencia y la coordinación de las políticas económica, social y de empleo, para aumentar la cohesión social.

Respecto de la flexiguridad, reconociendo que no existe un modelo único, insta a los Estados miembros a llevar a la práctica los principios comunes acordados, indicando en sus PNR para 2008 los regímenes nacionales que responden a ellos. Tras recordar que la flexibilidad y la seguridad se refuerzan mutuamente a lo largo del ciclo vital, teniendo en cuenta la solidaridad intergeneracional en sus cuatro componentes, señala que hay que seguir atendiendo al empleo de los jóvenes y a la transición de la educación al empleo, en el contexto del Pacto Europeo para la Juventud, al de las personas con discapacidad, a la conciliación de actividad laboral y vida privada y familiar, a reducir las diferencias salariales entre los sexos y a aplicar el Pacto Europeo por la Igualdad entre hombres y mujeres, contando para todo ello con la Alianza Europea a favor de las Familias.

En relación con este bloque temático, el Consejo EPSSCO se ha ocupado durante el semestre de las propuestas de Directivas sobre la ordenación del tiempo de trabajo y sobre el trabajo a través de empresas de trabajo temporal, habiendo alcanzado acuerdos políticos sobre una posición común respecto de cada una de ellas en los términos que se detallan a continuación.

Dentro de este epígrafe se incluyen las realizaciones y actividades desarrolladas en el campo de la coordinación de los Sistemas de Seguridad Social para facilitar la libre circulación de las personas, y en el de la protección social, a propósito de las prioridades del Plan de Acción europeo a favor de las personas con discapacidad, para el periodo 2008-2009, y de las personas en situación de pobreza.

Además del Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres 2008, elaborado por la Comisión para su consideración por el Consejo EPSSCO de 29 de febrero, dentro del proceso de seguimiento de la Estrategia de Lisboa, como preparación del Consejo Europeo de primavera, el Consejo, en su sesión del 9 de junio, ha continuado ocupándose de la aplicación del principio de igualdad y de no discriminación entre mujeres y hombres, en relación con la eliminación de los estereotipos de género, y en el marco del seguimiento de la aplicación del Plan de Acción derivado de la Plataforma de Beijing, a propósito de la situación y de los derechos de las niñas y de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

El Consejo EJC del 14 de febrero de 2008 adoptó su aportación a los mensajes clavePage 486para el Consejo Europeo de primavera 2008. En ellas tras presentar los progresos realizados en 2007 con respecto al Pacto Europeo por la Juventud y referirse a las Comunicaciones de la Comisión de abril y septiembre de 2007, sobre «La inversión en la juventud: una estrategia de capacitación» y sobre «El fomento de la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad», y a las Conclusiones del Consejo, de noviembre de 2007, relativas a un enfoque transversal de la política de juventud, y del Consejo Europeo de diciembre de 2007, a propósito del desarrollo de un planteamiento del empleo basado en el ciclo de la vida, para hacer más operativo el Pacto Europeo por la Juventud, y analizar los PNR para 2007, a partir de la consideración general del papel de los jóvenes como actores fundamentales para la realización de progresos sociales y económicos y de que las cuestiones relacionadas con el empleo de la juventud siguen siendo retos clave para las autoridades públicas europeas, señala las prioridades de los Estados miembros para seguir aplicando el Pacto Europeo por la Juventud, referidas a:

- el empleo de la juventud, su participación en la educación y la formación y la integración social de los jóvenes, que deberían seguir siendo objetivos clave de las estrategias económicas y sociales, de modo que los Estados miembros deben centrarse en medidas concretas para hacer frente a estos retos;

- la especial atención que debería prestarse a los jóvenes con menos oportunidades, en particular mediante una orientación más precisa, apoyo multidisciplinar y medidas adaptadas;

- el mantenimiento de los esfuerzos para desarrollar la dimensión de la juventud, basándose en un enfoque intersectorial y en la capacitación de los jóvenes, bajo los auspicios de la Estrategia de Lisboa.

A propósito del diálogo intercultural y los jóvenes, en el contexto del Año Europeo del diálogo intercultural 2008, del resultado del intercambio de opiniones mantenido entre los ministros, a partir de una serie de cuestiones propuestas por la Presidencia sobre: la existencia de algún proyecto específico de diálogo intercultural que pudiera contribuir a actividades de aprendizaje entre los Estados miembros; el grado de pertinencia de este diálogo en el contexto de las perspectivas de cooperación europea en políticas de juventud, si se tiene en cuenta el objetivo de lograr que las estrategias del Año Europeo del Diálogo Intercultural con posterioridad sean viables; la inserción de un modo mejor del diálogo intercultural con el diálogo estructurado con los jóvenes y las organizaciones juveniles, y los instrumentos y mecanismos recomendables para llevar a cabo esta operación; y el papel de los jóvenes y de las organizaciones juveniles en la intensificación del diálogo intercultural, respecto del modo cómo las políticas nacionales puedan ocuparse y prestar apoyo a este diálogo, se destaca la relevancia atribuida a los temas relacionados con la inclusión de todos los jóvenes en el diálogo, con independencia de su bagaje educativo, social y cultural; el papel de la educación en la formación de los valores y las actividades de los jóvenes, la formación de los profesores y la inclusión del diálogo intercultural en los currículos escolares; las experiencias extraídas del aprendizaje no formal en la educación extraescolar; el papel fundamental de la movilidad en el desarrollo de competencias interculturales; el papel de los medios de comunicación y el uso de las nuevas tecnologías en la formación de valores y actitudes de los jóvenes; la importancia del acceso a la cultura para los jóvenes y el papel de la cultura, el arte, la música y los deportes en la conformación de la identidad de los jóvenes; y el papel de la sociedad civil organizada, la implicación de las organizaciones de jóvenesPage 487y de las ONG, así como la importancia de las actividades de voluntariado.

Finalmente se concluye que el diálogo intercultural debería figurar, con carácter general, como tema permanente en la Agenda Europea y en particular a propósito de la futura cooperación en relación con la juventud, y de la importancia del Programa de la Juventud en Acción (2007-2013), considerándole como un instrumento más eficaz a nivel europeo para apoyar las actividades de promoción del diálogo intercultural, a tener en cuenta en las Conclusiones del Consejo, adoptadas en la sesión de 22 de mayo de 2008, así como que del Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008 se espera que sirva para que la promoción de este diálogo sea un instrumento para que los ciudadanos europeos y quienes viven en la Unión Europea adquieran los conocimientos y aptitudes para abordar un entorno más abierto y complejo y para sensibilizarse de la importancia de desarrollar una ciudadanía europea activa, abierta al mundo, respetuosa con la diversidad cultural y basada en valores comunes.

La Resolución del Consejo y de los representantes de los Estados miembros reunidos en Consejo, de 22 de mayo de 2008, sobre la promoción de la participación de los jóvenes con pocas oportunidades, con los referentes del Pacto Europeo por la Juventud, acordado durante el Consejo Europeo de primavera de 2005, la Resolución, de 7 de diciembre de 2006, sobre la aplicación de los objetivos comunes para la participación y la información de los jóvenes para promover la ciudadanía europea activa, la Resolución, de 25 de mayo de 2007, sobre la creación de igualdad de oportunidades para todos los jóvenes y su plena participación en la sociedad, la Comunicación de la Comisión, de 5 de septiembre de 2007, relativa a la promoción de la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad, y las Conclusiones del Consejo Europeo de primavera de 2008, a propósito de la importancia de fortalecer la dimensión social de la Estrategia de Lisboa, de combatir la pobreza y la exclusión social, de promover la inclusión activa y aumentar las oportunidades de empleo de los excluidos del mercado de trabajo, entre ellos los jóvenes; tras tomar nota del trabajo desarrollado bajo la presidencia alemana, durante el primer semestre de 2007, en su programa de integración social y profesional de los jóvenes, de los resultados de las actividades de participación de los jóvenes con pocas oportunidades, desarrolladas en los Estados miembros, de las que se desprende que todas las autoridades implicadas, la sociedad civil, los jóvenes trabajadores, las organizaciones de jóvenes y los jóvenes mismos deben trabajar conjuntamente, y de las Conclusiones derivadas del diálogo estructurado con los jóvenes y sus organizaciones, de abril de 2008, sobre la movilidad, el empleo, el aprendizaje no formal, la integración y la participación política de los jóvenes con pocas oportunidades, y el papel de los jóvenes en el diálogo intercultural; concluye que se deberá prestar especial atención a los jóvenes con pocas oportunidades desde el principio a fin de facilitar su integración en la sociedad.

Entre las razones que avalan esta conclusión, la Resolución destaca que la situación de los jóvenes con pocas oportunidades (mujeres y hombres con fundamentos educativos, socioeconómicos y geográficos menos privilegiados, o con discapacidad) es una cuestión que preocupa en muchos países de la UE; que, a pesar de la globalización y de los flujos migratorios que crean nuevas oportunidades, subsisten las dificultades económicas y sociales para este colectivo de jóvenes, lo que afecta negativamente a la cohesión de nuestras sociedades, por lo que debe actuarse para hacer posible que cada joven desarrolle sus capacidades y participe activamente en laPage 488vida de la comunidad junto con los restantes colectivos y grupos sociales en el marco de la colaboración intergeneracional; que el desempleo, la pobreza, la exclusión cultural, social y económica y todas las formas de discriminación representan obstáculos para el bienestar y la participación de los jóvenes en la sociedad; que las medidas que se adopten respecto de estos jóvenes deben estar fundadas en investigaciones interdisciplinarias, atendiendo especialmente a la transición y la permeabilidad entre los sistemas de formación y educación y el mercado de trabajo para prevenir el desempleo y la exclusión social de los jóvenes; la necesidad de abordar las desigualdades estructurales que afectan a los resultados en el campo de la educación, y el papel esencial del aprendizaje no formal e informal como instrumento de apoyo a la inclusión social y económica de los jóvenes con pocas oportunidades; así como la consideración del Programa la Juventud en Acción como instrumento clave para promover la participación activa y la inclusión social de estos jóvenes.

Así pues, para facilitar la integración de los jóvenes en la sociedad, se invita a los Estados miembros y a la Comisión a: dar la máxima prioridad a los jóvenes en situación más vulnerable al aplicar los objetivos de la Estrategia de Lisboa, con especial atención a la hora de aplicar las estrategias nacionales de flexiguridad; desarrollar un enfoque transversal de las cuestiones de juventud; promover la igualdad de género en las actuaciones para apoyar a los jóvenes con pocas oportunidades; apoyar a los jóvenes para adoptar modos de vida saludables, como objetivo de sus políticas de salud; actuar contra la transmisión intergeneracional del desempleo y la inactividad económica mediante iniciativas dirigidas a crear buenas oportunidades de empleo para los jóvenes; priorizar la inclusión social de los jóvenes con pocas oportunidades, promoviendo la igualdad de oportunidades para los niños y los jóvenes en los procesos de protección social e inclusión social de la UE; apoyar el desarrollo de las formas de participación existentes y la creación de otras nuevas en cuanto al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a los medios y la información en el marco del método abierto de coordinación en el ámbito de la juventud a favor de los jóvenes con pocas oportunidades; trabajar con las organizaciones juveniles para desarrollar un enfoque inclusivo en el diálogo estructurado con los jóvenes y adaptar el formato de los encuentros; ampliar la sensibilización, el conocimiento y la experiencia de los factores sociales, económicos y de otro tipo que determinan el bienestar de los jóvenes; y reforzar la difusión de buenas prácticas.

También se invita a los Estados miembros a: facilitar el desarrollo de estrategias sostenibles o medidas integradas en planes de política a nivel nacional, con atención especial a medidas de intervención temprana interdisciplinarias e intersectoriales para prevenir o minorar los riesgos de exclusión social de los niños y los jóvenes, dirigidos a mejorar las condiciones para la implicación y la inclusión de los jóvenes con pocas oportunidades; hacer posible la financiación, a través de los fondos estructurales, de las actuaciones de inclusión social y participación activa de estos jóvenes; apoyar a los jóvenes trabajadores y a los jóvenes líderes que trabajan con los jóvenes con pocas oportunidades, y a las organizaciones de jóvenes y sociales que se ocupan de ellos; promover información adecuada y facilitar el acceso a la misma a estos jóvenes; desarrollar y mejorar los mecanismos de orientación y asesoramiento profesional para facilitar la búsqueda de trabajo; e identificar los obstáculos para la participación y ayudar a superarlos, mediante la participación en estructuras juveniles y de la democracia representativa, apoyando el aprendizaje para participar.

Finalmente, se invita a la Comisión a: considerar la puesta en práctica de posibles líneas de actuación para facilitar la inclusión de los jóvenes con pocas oportunidades y su par-Page 489ticipación en la sociedad, a partir de las buenas prácticas de los Estados miembros; y a tener en cuenta los objetivos de esta Resolución cuando establezca y proponga las prioridades del futuro marco de cooperación en el ámbito de la juventud.

A propósito de esta propuesta de Directiva, más concretamente conocida como Directiva sobre el retorno, presentada por la Comisión el 1 de septiembre de 2005, que se ocupa de cuestiones claves de la política de repatriación tales como la salida voluntaria de los repatriados, la ejecución de las decisiones de repatriación mediante un procedimiento de traslado, el aplazamiento de éste, la imposición de prohibiciones de entrada como medida de acompañamiento de la decisión de repatriación, la forma de esta decisión, los recursos contra una decisión de repatriación y las garantías para los repatriados hasta la ejecución de la decisión, la posibilidad de un procedimiento de urgencia en ciertos casos, y la detención y las condiciones de la misma previas a la repatriación, incluida en los órdenes del día de las tres sesiones del Consejo citadas, éste llegó a un acuerdo de compromiso en la sesión del día 5 de junio de 2008, asumido posteriormente por el Parlamento Europeo en el pleno del 18 de junio de 2008, al final de la fase de primera lectura del procedimiento de codecisión entre ambas instituciones, como colofón de un largo proceso de reuniones informales y de negociaciones políticas tripartitas de alto nivel, mantenido por las sucesivas presidencias durante los tres últimos años, plasmado en el texto de la Directiva, con el contenido que a continuación se detalla.

Como el propio título indica, el objetivo de la Directiva es el establecimiento de procedimientos y normas comunes que han de aplicarse en los Estados miembros para el retorno de aquellos nacionales de terceros países, esto es, cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión y que no sea beneficiario del derecho comunitario a la libre circulación, que se encuentran ilegalmente en su territorio al no cumplir las condiciones para la entrada, fijadas en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece el Código Comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras, de conformidad con los derechos fundamentales como principios generales del Derecho Comunitario, así como del Derecho internacional, incluidas la pro-Page 490tección de los refugiados y las obligaciones en materia de derechos humanos, respetando las disposiciones más favorables contenidas en acuerdos bilaterales o multilaterales de la Comunidad, y de ésta y de sus Estados miembros con uno o varios terceros países, o de uno o varios Estados miembros y uno o varios países terceros, en las disposiciones del acervo comunitario en el ámbito de la inmigración y el asilo, y en el propio ordenamiento nacional de los Estados miembros, teniendo en cuenta en su aplicación el interés superior del niño, la vida familiar, el estado de salud del nacional del tercer país de que se trate y respetando el principio de no devolución, en el marco de sistemas de asilo justos y eficientes.

La Directiva podrá o no aplicarse a los nacionales de terceros países que sean objeto de una denegación de entrada según lo previsto en el artículo 13 del Código de fronteras Schengen, o sean interceptados o detenidos con ocasión del cruce irregular de las fronteras exteriores de un Estado miembro, y no hayan obtenido posteriormente la autorización o el derecho para permanecer en dicho Estado miembro; o que estén sujetos a medidas de retorno que constituyan sanciones penales o sean consecuencia de ellas, según la legislación nacional, o a procedimientos de extradición.

Respecto de éstos, los Estados miembros deberán asegurarse de que el trato y el nivel de protección que se les dispense no sea menos favorable que el establecido en la propia Directiva en relación con los límites en el recurso a medidas coercitivas, el aplazamiento de la expulsión, la asistencia sanitaria urgente y la toma en consideración de las necesidades de las personas vulnerables, y las condiciones del internamiento, respetando el principio de no devolución.

Dentro del capítulo dedicado a la finalización de la estancia ilegal, el texto acordado de la Directiva regula la decisión de retorno, la salida voluntaria, la expulsión, el aplazamiento de ésta, el retorno y la expulsión de menores no acompañados, y la prohibición de entrada.

En cuanto a la expedición de la decisión de retorno, ésta se aplicará con las consiguiente reservas para el caso de que el destinatario tenga un permiso de residencia válido u otra autorización que le reconozca el derecho de estancia expedido por otro Estado miembro, si otro Estado miembro se hace cargo de él a tenor de los acuerdos o convenios bilaterales que existan en la fecha de entrada en vigor de la Directiva, si se le hubiera concedido un permiso de residencia autónomo u otra autorización que otorgue un derecho a permanecer por razones humanitarias o de otro tipo, en cuyo caso la decisión de retorno no se expedirá o se retirará o suspenderá durante el periodo de validez del permiso, y en el supuesto de haberse iniciado un procedimiento pendiente para la renovación del permiso de residencia o cualquier otro que otorgue el derecho de estancia, hasta que finalice el procedimiento pendiente, el Estado miembro considerará la posibilidad de abstenerse de expedir la decisión de retorno.

A propósito de la salida voluntaria se establece que la decisión de retorno fije un plazo de entre siete y treinta días para que aquélla se produzca, contemplando la posibilidad de que este plazo se conceda únicamente a petición del interesado. Este plazo podrá ser prorrogado durante un periodo de tiempo prudencial, atendiendo a circunstancias tales como la duración de la estancia, la existencia de niños escolarizados y la de otros vínculos familiares y sociales. Por el contrario, podrá no concederse plazo alguno o por periodo inferior a siete días si existiera riesgo de fuga, o en caso de desestimación de solicitud de residencia legal por manifiestamente infundada o fraudulenta, o si la persona representara un riesgo para la seguridad pública, el orden público o la seguridad nacional. Durante el plazo de salida voluntaria, para evitar el riesgo de fuga, podrán imponerse obligaciones, tales como la presentación periódica a las autoridades, el depósito de una fianza ade-Page 491cuada, o la de permanecer en un lugar determinado.

Para hacer cumplir la decisión de retorno, cuando no se haya concedido plazo para la salida voluntaria o cuando no se haya cumplido la obligación de retorno dentro del plazo, una vez concluido éste o antes, en caso de riesgo de fuga, los Estados miembros podrán adoptar una decisión administrativa, resolución judicial o acto por los que se ordene la expulsión. Si se utilizan medidas coercitivas para llevar a cabo la expulsión, éstas deberán ser proporcionadas y no más allá de un uso razonable de la fuerza, aplicándose de conformidad con los derechos fundamentales y con respeto a la dignidad y a la integridad física del afectado por esta medida. En las expulsiones por vía aérea, se tendrán en cuenta las Directrices comunes anexas a la Decisión 2004/573/CE. En todo caso, se prevé que los Estados miembros crearán un sistema eficaz de control del retorno forzoso.

La expulsión podrá aplazarse cuando viole el principio de no devolución o cuando se revisen las decisiones relacionadas con el retorno durante un periodo oportuno de tiempo, teniendo en cuenta circunstancias específicas del caso concreto, tales como el estado físico o la capacidad mental de la persona, o razones técnicas, como falta de capacidad de transporte o falta de identificación del sujeto. En este caso se podrán imponer al afectado obligaciones como las señaladas a propósito de la salida voluntaria.

En el retorno y la expulsión de menores no acompañados, antes de decidir la primera medida se deberá conceder la asistencia de los servicios adecuados distintos de las autoridades responsables de hacer cumplir el retorno, atendiendo al interés superior del niño, y en el supuesto de la segunda, las autoridades del Estado miembro de que se trate deberán haber obtenido la garantía de que el menor será entregado a un miembro de su familia, a un tutor o a los servicios de recepción adecuados en el Estado de retorno.

Aparejada a la decisión de retorno, se establece la prohibición de entrada obligatoria si no se hubiera concedido plazo para la salida voluntaria o si la obligación de retorno no se hubiera cumplido por un periodo, en principio, no superior a cinco años, salvo amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, en cuyo caso podrá exceder de este tiempo. Las víctimas de la trata de seres humanos o que hayan sido objeto de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes no estarán sujetas a la prohibición de entrada, siempre que no representen una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional, prohibición que los Estados miembros podrán abstenerse de emitir, retirar o suspender por motivos humanitarios. En el caso de que un Estado miembro considere la posibilidad de expedir un permiso de residencia o autorización para la estancia de un nacional de un tercer país sujeto a prohibición de entrada por otro Estado miembro, deberá consultar a éste y tener en cuenta sus intereses. Todo ello sin perjuicio del derecho a protección internacional del afectado.

En el capítulo que se ocupa de las garantías procesales se regula la forma de las decisiones de retorno, de prohibición de entrada y de expulsión, las vías de recurso y las garantías durante el plazo para la salida voluntaria y durante los periodos de aplazamiento de la expulsión.

La forma de estas decisiones deberá ser por escrito, indicando los fundamentos de hecho y de derecho y las vías de recurso existentes, con la traducción escrita u oral, previa petición, en una lengua que el destinatario comprenda o pueda suponerse que comprende. En el caso de las personas que hayan entrado ilegalmente en el territorio de un Estado miembro y no hayan obtenido autorización o derecho a permanecer en él, la notificación podrá efectuarse por medio de un formulario normalizado y además los Estados miembros facilitarán folletos informativos generales con los principales elementos dePage 492este formulario en al menos cinco de las lenguas que con mayor frecuencia utilicen o comprendan los inmigrantes ilegales.

El derecho a interponer recurso efectivo contra las decisiones de retorno, la prohibición de entrada o de expulsión ante una autoridad administrativa u otro órgano competente formado por miembros imparciales, y con garantías de independencia, competentes para revisarlas y para suspender temporalmente su ejecución, implica también la posibilidad de disponer de asesoramiento jurídico, representación y asistencia lingüística, en su caso, gratuita, sujeta a las condiciones establecidas en la Directiva del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos aplicables para conceder o retirar la condición de refugiado.

Finalmente, entre las garantías a la espera de retorno se establece la obligación de los Estados miembros de mantener la unidad familiar con los miembros de la familia presentes en el territorio, garantizar la atención sanitaria de urgencia y el tratamiento básico de las enfermedades, dar a los menores acceso al sistema de enseñanza básica, según la duración de su estancia, y de tener en cuenta las necesidades especiales de las personas vulnerables, así como de proporcionar a los afectados confirmación escrita de la prórroga del plazo para la salida voluntaria o de la suspensión temporal de la ejecución de la decisión de retorno.

El último capitulo de la Directiva, de contenido sustantivo, contiene la regulación del internamiento a efectos de expulsión, su determinación y alcance y las condiciones en que se llevará a cabo, con atención particular al internamiento de menores y familias y a las situaciones de emergencia.

El internamiento por un periodo limitado, no superior a seis meses, salvo prórroga no mayor de doce meses más, solo en caso de presunción de prolongación de la operación de expulsión por falta de cooperación del afectado o por demora en la obtención de documentación por países terceros, dentro del procedimiento de retorno, se prevé, salvo que puedan aplicarse con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coercitivo, para preparar el retorno o la ejecución del proceso de expulsión, especialmente cuando haya riesgo de fuga o el afectado evite o dificulte la preparación del proceso de retorno o expulsión, y será lo más corto posible, sólo durante el tiempo que se llevan a cabo las gestiones para la expulsión.

Será decidido por las autoridades administrativas o judiciales, ordenado por escrito, con indicación de los motivos de hecho y de derecho. En el caso de que la orden proceda de una autoridad administrativa, deberá disponerse de un mecanismo de control judicial rápido de la legalidad del internamiento, debiendo liberarse inmediatamente del internamiento al afectado si la orden fuera declarada ilegal. En todo caso, a solicitud del interesado o de oficio, la medida de internamiento se revisará periódicamente, a intervalos razonables. Si desapareciera la perspectiva razonable de expulsión o las circunstancias concurrentes para el internamiento, éste dejará de estar justificado y el afectado deberá ser liberado.

El internamiento se llevará a cabo en centros especializados y, a falta de éstos, en centros penitenciarios, en este caso separados de los presos ordinarios. Durante el internamiento se deberá autorizar a los internos, previa petición, a entrar en contacto con sus representantes legales, los miembros de su familia y las autoridades consulares competentes, y se les dispensará atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de las enfermedades. También se deberá autorizar, además de informarles sobre las normas aplicables en el centro y sus derechos y obligaciones, y entre aquellos el de entrar en contacto con las organizaciones y organismos citados, la visita a los centros de internamiento de las organizaciones y organismos, nacionales, internacionales y no gubernamentales competentes, previa autorización.

El internamiento de menores no acompañados y familias sólo se producirá en últi-Page 493ma instancia y por el menor tiempo posible, garantizándose a las familias alojamiento separado que garantice un grado adecuado de intimidad, con la posibilidad para los menores de participar en actividades de ocio y, según la duración de la estancia, de acceder a la educación. A los menores no acompañados se les facilitará alojamiento en instituciones con personal e instalaciones que tengan en cuenta las necesidades de su edad, atendiendo siempre al interés superior del menor.

En las situaciones de emergencia., esto es, cuando deba ser repatriado un número importante de personas y se planteen cargas imprevistas para la capacidad de las instalaciones de internamiento de un Estado miembro o para su personal administrativo o judicial, éste podrá decidir conceder periodos más prolongados para el control judicial que los previstos en caso de internamiento y tomar medidas urgentes en relación con las condiciones de éste. En caso de recurrir a medidas excepcionales, el Estado miembro deberá informar a la Comisión, así como cuando desaparezcan las circunstancias justificativas de dichas medidas.

El último capítulo de la Directiva se ocupa de establecer las obligaciones en materia de información por parte de la Comisión, cada tres años, al Parlamento Europeo y al Consejo, sobre su aplicación, con carácter general, y por primera vez tres años después de concluir el periodo de transposición, con atención especial a la aplicación de las disposiciones relativas a la prohibición de entrada, a la asistencia y/o representación jurídica necesaria en caso de recurso, y al internamiento.

En relación con la propuesta de modificación de la Directiva 2003/109/CE sobre el estatuto de los nacionales de países terceros residentes de larga duración (durante más de cinco años) en un Estado miembro, de 25 de noviembre de 2003, por la que se pretende ampliar el ámbito personal de aplicación de ésta a los refugiados y a los beneficiarios de protección internacional, presentada por la Comisión el 6 de junio de 2007, en la sesión del Consejo JAI de 18 de abril de 2008, éste celebró un primer debate a iniciativa de la presidencia, en torno a las cuestiones relativas a la posición de los Estados miembros respecto de la inclusión de quienes tienen reconocido el estatuto de refugiado y de beneficiarios de protección complementaria en base a la Directiva 83/2004/CE, de los beneficiarios de otras formas de protección garantizadas por los Estados miembros fundadas en razones humanitarias, y sobre si estarían dispuestos a dispensar el mismo tratamiento a estos colectivos en relación con la duración de la residencia. La mayoría de los Estados miembros se mostraron a favor de apoyar la inclusión tanto de los refugiados como de los beneficiarios de la protección complementaria en el ámbito de aplicación de la Directiva, sin ninguna diferencia de trato con los restantes colectivos ya incluidos en ella, comprometiéndose la propia presidencia a elaborar un texto de compromiso a partir del resultado del debate.

Durante la sesión del Consejo JAI, de 5 y 6 de junio de 2008, se celebró un nuevo debate sobre este texto sin alcanzar el resultado esperado ante la falta de unanimidad, por cuanto una minoría de Estados miembros tan solo apoyan la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE a los refugiados, concluyendo que las negociaciones deberán continuar bajo la presidencia francesa.

También en la sesión del Consejo JAI, de 5 y 6 de junio de 2008, se adoptaron las Conclu-Page 494siones sobre el impulso del Enfoque Global de la Migración, en las que se subraya la importancia de proseguir el diálogo, la asociación y la cooperación con países terceros sobre el tema de la migración de forma integral y equilibrada regionalmente, reafirmando el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los migrantes, la Convención de Ginebra y el acceso debido a los procedimientos de asilo como fundamento de la política migratoria de la Unión Europea, y se acoge favorablemente el progreso en la aplicación del Enfoque Global de la Migración a través del desarrollo de instrumentos tales como las misiones de migración, las plataformas de cooperación, las asociaciones de movilidad y los perfiles de migración, utilizando las estructuras existentes para el diálogo y la cooperación, instrumentos que deben ser más contrastados, evaluados, aplicados e impulsados.

En estas Conclusiones el Consejo reitera su compromiso de llevar adelante misiones de migración en terceros países prioritarios clave, de acuerdo con las Directrices para el seguimiento de las misiones de la Unión Europea en África en temas de migración, misiones que deberían orientarse también a las regiones vecinas del Este y del Sudeste de Europa, si se considera que pueden tener un valor añadido y aportar un impulso renovado a los cauces existentes de diálogo en materia de migración; subraya la importancia del enfoque de las rutas migratorias en función de países concretos, relevantes para la UE en términos de migración, y la consideración, cuando sea relevante, de la experiencia en la aplicación del Enfoque Global de la Migración en África y en el Mediterráneo; cree que la transparencia, el intercambio de información y la coordinación estratégica deberían ser mejoradas, invitando a los Estados miembros y a la Comisión a intensificar el intercambio de información sobre iniciativas nacionales, multilaterales, y comunitarias en el ámbito de la migración procedente de países terceros para fortalecer la coherencia y aprovechar las sinergias; y subraya la importancia de asegurar que se conceda la prioridad adecuada a las acciones para la aplicación del Enfoque Global en el Programa Temático y en los demás instrumentos financieros, que deberá ser lo suficientemente flexible como para permitir una respuesta rápida, teniendo en cuenta las necesidades y prioridades de los países asociados y de la UE.

A partir de estas consideraciones generales las Conclusiones se concretan en la aplicación del Enfoque Global a la Migración a África y al Mediterráneo, el fortalecimiento de la aplicación del Enfoque Global a la Migración respecto de las regiones vecinas del Este y del Sudeste de la UE, y en las asociaciones para la movilidad.

En cuanto al Enfoque Global a la Migración a África y al Mediterráneo, el Consejo recuerda las Conclusiones de los Consejos europeos de diciembre de 2005 y 2006 sobre este tema y subraya la importancia de aplicar la Asociación para la migración, la movilidad y el empleo en el marco del Primer Plan de Acción de la Estrategia conjunta UE-África, adoptado en la segunda Cumbre África-UE de diciembre de 2007, así como los compromisos alcanzados en la primera reunión ministerial euromediterránea sobre migración, de noviembre de 2007, al tiempo que anima a proseguir la aplicación del Plan de Acción de Rabat y preparar la segunda Conferencia ministerial euroafricana sobre migración y desarrollo, a celebrar en octubre de 2008, y celebra el progreso producido en el desarrollo del concepto de las plataformas de cooperación y el establecimiento de la primera de ellas con Etiopía, animando a los Estados miembros a participar en las que se establezcan en el futuro.

Respecto del Enfoque Global de la Migración en relación con los países vecinos del Este y del Sudeste de la UE, el Consejo invita a los Estados miembros y a la Comisión a aumentar sus esfuerzos para la aplicación de este Enfoque Global a nivel de éstos y de laPage 495UE bajo la coordinación de la Comisión, y recuerda las Conclusiones del Consejo Europeo de 21 y 22 de junio y de 14 de diciembre de 2007; pone de manifiesto la necesidad de reforzar su aplicación en coherencia con el marco de la política exterior de la UE, teniendo en cuenta los nuevos retos a los que está expuesta después de la ampliación del área Schengen, impulsando el proceso político y el diálogo y desarrollando más la asociación con los países de la región para gestionar mejor la migración; considera que debe mejorarse la información y el conocimiento, recogiendo y analizando la información sobre las migraciones legales, ilegales y sobre la migración y el desarrollo, para definir las prioridades políticas y de acción, en relación con las tendencias de las migraciones en las rutas migratorias de las regiones del Este y del Sudeste vecinas de la UE.

Recuerda también las Conclusiones del Consejo Europeo de 21 y 22 de junio de 2007 y las Conclusiones del Consejo de 15 de junio de 2007 y las acciones prioritarias señaladas en ellas, referidas a la mejora de la gestión en las fronteras, la identificación de documentos falsificados, la negociación y la aplicación de los acuerdos de readmisión, incluyendo talleres sobre el retorno voluntario, la capacitación y la asistencia técnica en materia de flujos migratorios, y la prevención y la lucha contra la migración ilegal y el tráfico de seres humanos, con la implicación de Frontex y el fortalecimiento de las medidas de asilo y la protección a los refugiados; al impulso de las relaciones entre la migración y el desarrollo de sus países de origen y la coherencia entre las políticas migratorias y los objetivos del desarrollo, abordando el tema de las remesas y de los microcréditos, así como el de la pérdida, la fuga y la ganancia de cerebros; a la migración legal, al desarrollo del diálogo y la cooperación con países terceros, especialmente cuando no se ha iniciado y la presión migratoria es importante; a la aplicación de los acuerdos para facilitar visados, la difusión de información sobre los riesgos de la inmigración ilegal y las posibilidades de los movimientos legales de personas entre los Estados miembros de la UE y los países terceros; y a las oportunidades de empleo y migración circular desde las regiones del Este y del Sudeste vecinas de la UE, considerando las competencias de los Estados miembros en materia de migración legal y las necesidades específicas de los mercados de trabajo.

Por último, acoge favorablemente la iniciativa dirigida al establecimiento de la Plataforma de Cooperación Regional del Mar Negro, que deberá aportar un mecanismo para un diálogo centrado y reforzado sobre migración y desarrollo y para la mejora de la gestión de la migración y desarrollo y de la migración y la cooperación práctica entre los Estados miembros y los países de la región, así como entre éstos.

Finalmente, a propósito de las Asociaciones para la movilidad, el Consejo acoge favorablemente la puesta en marcha de las asociaciones piloto con Cabo Verde y la República de Moldavia y reconoce el potencial de estas asociaciones como una herramienta para aumentar la coordinación y la sinergia entre las actuaciones nacionales y de la Comunidad en materia de migración, e invita a los firmantes a materializar sus propuestas reforzando su cooperación en esta materia y a la Comisión a realizar la evaluación e informar de sus resultados antes de junio de 2009 para poder emplear la experiencia adquirida en el desarrollo de futuras asociaciones; recuerda las Conclusiones del Consejo de junio y diciembre de 2007 sobre las Asociaciones para la movilidad, según las cuales por parte de la UE los protagonistas podrían ser tanto la Comunidad Europea como los Estados miembros que desearan participar de forma voluntaria en estos procesos; invita a la Comisión para que, en estrecha conexión con los Estados miembros y con la Presidencia, inicie negociaciones exploratorias con Georgia y Senegal, con el fin de poner en marcha asociaciones piloto para la movilidad adicionales, y a partir de los resultados de la eva-Page 496luación el Consejo debería considerar si estas Asociaciones para la movilidad representan un valor añadido en la aplicación de los diferentes aspectos del Enfoque Global de la Migración; e invita a la Comisión a adoptar las medidas necesarias para coordinar de la forma más efectiva el apoyo financiero a nivel comunitario y nacional de las iniciativas citadas dentro del marco financiero existente.

El Consejo Europeo de primavera, de 13 y 14 de marzo de 2008, en las Conclusiones de la Presidencia, en relación con el nuevo ciclo de la Estrategia de Lisboa renovada, cuando aborda la necesidad de invertir en personas y modernizar los mercados laborales, a propósito más concretamente de la creciente escasez de trabajadores cualificados en diversos sectores, insta a la Comisión a que presente una evaluación general de las futuras necesidades de este tipo de trabajadores en Europa hasta 2020, teniendo en cuenta las repercusiones del cambio tecnológico y del envejecimiento de la población, y a que proponga medidas para anticiparse a las necesidades futuras, considerando que la migración económica puede desempeñar un papel a la hora de dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y puede contribuir a reducir la escasez de trabajadores cualificados, y que es preciso abordar el impacto, tanto social como en materia de empleo, de la migración de nacionales de terceros países, en el contexto de las propuestas de la Comisión relativas a una política común sobre la migración.

Por otra parte, el Consejo Europeo del 19 y 20 de junio de 2008, en sus Conclusiones pone de manifiesto los importantes progresos realizados en cumplimiento del compromiso político renovado para desarrollar una política global europea de migración, establecido en la reunión de diciembre de 2007, especialmente en relación con el desarrollo de una estrategia de gestión integrada de las fronteras y una mayor cooperación con países terceros, y el compromiso de dedicarse a intensificar los esfuerzos para dar a las políticas de migración mayor eficacia y coherencia, y su satisfacción por la presentación por la Comisión de la Comunicación sobre «Una política común de inmigración para Europa: principios, acciones e instrumentos», a la espera de la propuesta de un pacto sobre inmigración y asilo de la Presidencia francesa, así como los vínculos que interrelacionan la migración, el empleo y el desarrollo, y la importancia de combatir los principales factores que impulsan la migración ilegal.

Además, pide al Consejo que intensifique sus trabajos para adoptar las propuestas de directivas sobre la admisión de nacionales de países terceros para empleos de alta cualificación, sobre sanciones contra quienes emplean a inmigrantes ilegales y sobre el procedimiento único de solicitud y el establecimiento de un conjunto común de derechos para los nacionales de terceros países; acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo de abril de 2008, sobre la cooperación práctica en materia de asilo y la Comunicación de la Comisión relativa a un «Plan sobre Política de Asilo: un enfoque integrado sobre la protección en toda la UE», y subraya la necesidad de seguir avanzando hacia el futuro sistema europeo común de asilo para su puesta en marcha a más tardar en 2010; destaca la importancia de seguir desarrollando la estrategia de gestión integrada de las fronteras, y de avanzar en el futuro desarrollo de Frontex; reitera que es necesaria una política efectiva de retorno y de readmisión, y se felicita por los avances realizados sobre la propuesta de Directiva sobre una normativa común en esta materia, subrayando la importancia de aumentar la cooperación con países terceros respecto de la readmisión, mediante la aplicación de las obligaciones derivadas de los instrumentos en vigor, poniendo de relieve la necesidad de celebrar urgentemente acuer-Page 497dos de readmisión con los principales países de origen o de tránsito; respalda las Conclusiones del Consejo, de 16 de junio, sobre la intensificación del Enfoque Global de la Migración, subrayando la importancia de continuar respetando el equilibrio geográfico, el diálogo, la asociación y la cooperación con terceros países en cuestiones de migración, que se ha de perfeccionar mediante instrumentos tales como misiones relativas a la migración, plataformas de cooperación, asociaciones de movilidad y perfiles migratorios; y acoge con satisfacción la puesta en marcha de las asociaciones piloto de movilidad con Cabo Verde y la República de Moldavia, a la espera con interés del comienzo del diálogo sobre el mismo tema con Georgia y Senegal, invitando a la Comisión a que evalúe las asociaciones piloto de movilidad e informe sobre sus resultados en junio de 2009.