«Sector de la atención a la dependencia y negociación colectiva»
| Autor | Guillermo Rodríguez Folgar |
| Páginas | 197-199 |
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El presente libro recoge los principales resultados de una investigación realizada en 2006 por la Fundación 1º de Mayo, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Según los autores, un aspecto particularmente relevante de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es que se reconoce expresamente que la mejora de la atención a la dependencia está asociada, entre otros aspectos, a la calidad del empleo de los trabajadores que prestan sus servicios a los usuarios del sistema.
Las condiciones de trabajo en el sector de la atención a las personas dependientes en España se caracterizan por una serie de aspectos críticos como son: un elevado nivel de contratación temporal, bajos niveles retributivos, limitada implantación de mecanismos de promoción del personal en las empresas, escaso nivel de profesionalización de determinadas actividades, insuficiente desarrollo de la formación y reciclaje de los conocimientos de los trabajadores, e incidencia de determinados riesgos laborales debido a factores como las frecuentes prolongaciones de jornada o las sobrecargas de trabajo.
Todo ello repercute en la calidad del empleo, que afecta a diversas variables, y cuya promoción puede realizarse desde distintas áreas de actuación. El presente estudio se centra en un campo de intervención específica, como es la negociación colectiva. La hipótesis central es que las organizaciones sindicales y empresariales pueden promover -desde la autonomía colectiva- una mejor regulación de las condiciones de trabajo en este sector, favoreciendo así una mayor calidad de la prestación de servicios a las personas dependientes.
El punto de partida de la investigación es un análisis general de la atención a la dependencia en España, incidiendo en los determinantes demográficos y sociales de su desarrollo. Esta panorámica se completa con una aproximación detallada a los principales servicios sociales en este campo, en relación tanto a sus características en los distintos territorios -en aspectos como su grado de cobertura o el precio de los mismos- como al empleo y las condiciones de trabajo.
El núcleo central del estudio lo constituye el análisis de la estructura y contenidos de la negociación colectiva que, en el sector de laPage 198 atención a la dependencia incluye 74 convenios, de los cuales 2 son de ámbito sectorial estatal, 19 de ámbito sectorial autonómico, 8 de ámbito sectorial provincial y 45 convenios de empresa.
No obstante, el estudio tiene como elemento central de referencia el contenido de los dos convenios estatales vigentes en 2005, uno que se aplica a los subsectores de Residencias, Centros de Día y Servicio de Ayuda a Domicilio y otro, para los Centros de Personas con Discapacidad.
El análisis se ha centrado en las siguientes materias: empleo y contratación, clasificación profesional, retribuciones, tiempo de trabajo, formación profesional y prevención de riesgos laborales.
Un primer elemento a destacar según los autores es el papel positivo que cumplen los dos convenios estatales, al establecer un marco general de regulación para el conjunto de trabajadores, sobre todo considerando la notable heterogeneidad que presenta el sector.
Así mismo, también puede valorarse favorablemente la voluntad de los agentes sociales de fomentar la articulación de los convenios en los diferentes ámbitos de negociación.
Por lo que respecta al contenido material de los convenios, a partir de los resultados obtenidos en el presente estudio, es posible apuntar algunas propuestas de intervención para su desarrollo por los agentes sociales desde el ámbito de la autonomía colectiva.
En relación al empleo y la contratación, el análisis pone de manifiesto que los convenios realizan mayoritariamente una mala regulación de los supuestos que autorizan el contrato para obra o servicio determinado, favoreciendo así un uso inadecuado y abusivo del mismo. En este sentido, un primer criterio de referencia constituiría el correcto tratamiento convencional de la causalidad de esta modalidad contractual.
En materia de clasificación profesional, se plantea promover una mayor racionalización que permita eliminar el excesivo número de categorías activamente incorporadas en la mayoría de convenios, muchas de las cuales, bien son obsoletas, bien no se corresponden con la actividad del sector.
Un aspecto fundamental concierne a la mejora en los niveles retributivos que, en la actualidad resultan manifiestamente bajos, especialmente en determinadas categorías profesionales (un hecho que determina, en buena medida, la movilidad de muchos trabajadores hacia otros sectores).
En relación al tiempo de trabajo, se plantea promover las cláusulas que se han destacado como buenas prácticas, especialmente en aspectos como: la reducción de la jornada anual máxima; la mejora de la regulación relativa a los descansos intrajornada y semanales; el reconocimiento a disfrutar los días de vacaciones coincidentes con los períodos de incapacidad temporal por accidente laboral, o interrumpidos por motivos de la misma; y la ampliación de los derechos legales sobre conciliación de la vida familiar y laboral, en cuestiones como las licencias retribuidas, excedencias, cambios de turno o reducciones de la jornada.
En lo que respecta a la seguridad e higiene en el trabajo, un primer elemento que se propone -recogiendo las buenas prácticas desarrolladas por algunos convenios- es una mejor delimitación de los riesgos y enfermedades profesionales asociados a las distintas actividades de atención a la dependencia.
De forma específica, se plantea la necesidad de abordar una regulación en profundidad de los riesgos psicosociales, cuyo tratamiento convencional es manifiestamente escaso.
Por otra parte, se considera como un elemento positivo la difusión de aquellas cláusulas destacadas por su mejora de los derechosPage 199 establecidos por la ley, por ejemplo en aspectos como la vigilancia de la salud, la dotación de equipos de protección o la formación.
Por último, las diferentes medidas que puedan articularse desde la negociación colectiva deben completarse con las actuaciones implantadas desde otros ámbitos de intervención, y muy particularmente en aquellos que son competencia de las Administraciones Públicas.
