Asnef pide un reglamento que desarrolle el contenido de la Ley de Protección de Datos

RESUMEN

Las entidades financieras que operan en España, a través de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), están reclamando con insistencia al Ministerio de Economía un reglamento que desarrolle el contenido de la Ley de Protección de Datos (LPD).

 
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El argumento que esgrimen para justificar tal requerimiento es que las interpretaciones restrictivas de esta norma que está haciendo la Agencia de Protección de Datos (APD), cuya dirección ocupa Juan Miguel Fernández López, no contribuye precisamente a combatir el fraude, que puede elevarse a 10.000 millones de pesetas anuales.

¿Una norma excesivamente rigurosa?

Gustavo Queipo de Llano, secretario general de Asnef, pone como ejemplo el de los Documentos Nacional de Identidad (DNI) robados o falsificados, que son el origen de muchas de las operaciones de fraude. La Agencia impide a las financieras el acceso al listado de DNI robados que tiene la Policía, al entender que se requiere el consentimiento del titular para ser incluido en esta lista. Asnef propone que el Reglamento de la Ley instrumente un sistema que posibilite este acceso, ya que beneficia al consumidor y, al mismo tiempo, ayuda a las entidades de financiación a combatir el fraude.

Fuentes de las entidades financieras señalan que “tenemos la legislación de protección de datos más garantista y rigurosa de la Unión Europea y, además, se está interpretando restrictivamente”. Precisamente las financieras y Asnef exigen al Ministerio de Economía la promulgación de un reglamento que acabe con la situación de “inseguridad jurídica” en el sector, que “aclare las actuales ambigüedades” y que defina “una interpretación unívoca de la ley”.

Seguimiento del fraude y del riesgo

Esta situación no afecta sólo al fraude. “Las entidades de crédito y de financiación están obligadas por el Banco de España a un correcto y estricto análisis del riesgo. Basilea II profundiza en un control más riguroso. Todo ello implica disponer de la mayor y mejor información posible a la hora de conceder créditos”, según señala el secretario general de la Asociación. “Pero estas normas no se pueden cumplir con la interpretación restrictiva de la Ley de Protección de Datos que hace la Agencia, que está restringiendo el uso de la información que la propia ley permite”, asegura.

La Agencia de Protección de Datos está obligando a los ficheros de insolvencia a dar de baja a un cliente a los seis años, a pesar de que continúa debiendo dinero. “Es una situación completamente absurda”, aseguran las financieras. Los modelos del Banco de España para estudio de seguimiento del riesgo “contemplan tanto las operaciones rechazadas como las aprobadas”. Pero “una entidad, según la interpretación de la Agencia, no puede guardar...

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