Artículo 379

Autor:Sergio Amadeo Gadea
Páginas:579-584
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 579

1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

  1. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

Párrafo 1°. Para ejercer efectivamente la defensa en el delito del art. 379.1 CP hay que tener en cuenta la Orden del Ministerio de Industria Turismo y comercio ITC/3123/2010, de 26 noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a motor (BOE de 3 diciembre de 2010, con la corrección de erratas publicada en el BOE número 12, de 14 de enero de 2011) y su anexo cuarto, apartado cuarto, relativo a regular los errores máximos permitidos

Page 580

para ensayos en carretera. También hay que tener presente que los cinemómetros deben estar verificados después de reparación o modificación.

El bien jurídico protegido es la seguridad vial, en la medida en que se ve comprometida por el peligro derivado de la conducción a una velocidad que rebasa en exceso los límites reglamentarios (SAP CÓRDOBA, sección Ia, núm. 383/2013, de 25 de octubre).

No basta con el simple hecho de que se encuentre dentro del ámbito de poblado la vía para que el mayor riesgo derivado del exceso de la velocidad en vía urbana se materialice. La exigencia de una menor velocidad máxima viene dada por el hecho de que en una zona urbana es más esperable que, por la sucesión de calles que se cruzan o la presencia de peatones en número mucho mayor, sea insoportable la inseguridad para las personas creada a velocidades que en zona interurbana, donde dichos riesgos no se interfieren, el propio artículo 379 del Código tolera. Por otra parte, la regulación administrativa establece una categoría intermedia entre las vías urbanas y las interurbanas, que son las travesías, no contemplada expresamente por la norma penal. Atribuir a una carretera con dichas peculiaridades el calificativo de "vía urbana", aunque administrativamente le corresponda, no estaría en consonancia con la configuración material de la misma y castigar penalmente el exceso de velocidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 379.1 CP no se correspondería con la finalidad de protección del bien jurídico protegido por el mismo, la exacerbada de la seguridad vial y, de forma mediata, de la integridad física de los usuarios de la misma, que solo justifica la mayor sanción respecto de la infracción administrativa si el riesgo creado es el propio de una vía que atravesara una zona con clara configuración urbana (SAP CÓRDOBA, sección Ia, núm. 383/2013, de 25 de octubre).

Análisis del precepto penal. Excesos de velocidad punibles. El elemento objetivo del tipo en el artículo 379.1 CP exige que la velocidad sea superior en 60 Km u 80 Km horas, según la vía de que se trate, a la velocidad permitida reglamentariamente, expresión ésta última que incluye una remisión a la legislación administrativa sobre señalización y velocidad. Por tanto, en estos supuestos deberán acreditarse tanto las concretas circunstancias de la vía, como las señales existentes sobre limitación de velocidad, ubicación, exacta, visibilidad y tramo afectado por la señalización y, finalmente, la velocidad a la que circulaba el imputado y el lugar por el que lo hacía (SAP TARRAGONA, sección 2a, de 30 de septiembre de 2009).

Párrafo 25. La SAP BARCELONA, sección 10a, de 6 de julio de 2009 analiza de forma sucinta las modificaciones sufridas por el precepto objeto de estudio a partir de reforma operada por la LO 15/2007 y dice: "en la legalidad anterior el tipo objetivo en el delito definido en el entonces único párrafo del art. 379 CP se integraba no sólo por el mero hecho de conducir un vehículo de motor o ciclomotor con determinada tasa de alcohol en la sangre (o en aire espirado). Los niveles de 0'5 gramos de alcohol por litro de sangre ó 0'25 miligramos en litro de aire espirado (estipulada también hoy como límite para la generalidad de los vehículos como quedó establecido en el art. 20 del Reglamento general de circulación aprobado por RD 1428/2003, no eran, de ser rebasados, lo decisivo en el plano punitivo sino que la conducción tuviere lugar "bajo la influencia" de la consumición de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes. La jurisprudencia del Tribunal Supremo expresaba respecto a la concentración en sangre que "a partir del 1,5 la influencia del alcohol en la conducción es probable y cierta a partir del 2,0/1000 (...) debiendo estimarse acreditada la misma como cierta con más de 2,00 gr. de alcohol, por 1000 ce. de sangre, salvo que el acusado acredite que dicha tasa de alcohol a él en particular no le afecta en modo alguno. A menor tasa, donde la influencia del alcohol se estima probable pero no cierta, deberá acreditarse la influencia con otras pruebas en que ocupa especial relevancia la prueba de indicios" (STS de 9 de diciembre de 1994). Tal influencia, en fin, se configuraba como un elemento normativo del tipo penal necesitado de valoración jurisdiccional para concluir en que el pilotaje fuere anómalo, de negativa repercusión en la seguridad vial y que comportaba necesariamente atención a las circunstancias del caso concreto y singularmente a las condiciones físicas del sujeto activo. La doctrina del Tribunal Constitucional (refiriéndose a una suerte de mixtura entre protección de bienes jurídicos individuales y supraindividuales) sentó que "el delito contenido en el art. 379 CP no constituye una infracción meramente formal, como sí lo es la que tipifica el art. 12.1 RD 339/1990, pues para imponer la pena no basta con comprobar a través de la pertinente prueba de alcoholemia que el conductor ha ingerido alcohol o alguna otra de las sustancias mencionadas en el mismo, sino que es necesario que se acredite que dicha ingestión ha afectado a la capacidad psicofísica del conductor, y, consecuencia de ello, a la seguridad en el tráfico, que es el bien jurídico protegido por dicho delito" (STC núm. 2/2003, de 16 de enero de 2003 y reiterada en la posterior STC núm. 68/2004). La mencionada reforma modifica el precepto de referencia que pasa a tener dos apartados siendo el segundo de ellos el que establece: "con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro". El primer inciso mantiene en lo sustancial cuanto antes se ha venido diciendo respecto de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA