Artículo 35

Autor:Sergio Amadeo Gadea
Páginas:96-111
 
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Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en este Código.

El art. 35 del Código Penal es un precepto de carácter descriptivo en el que se indica los límites generales de imposición de la pena privativa de libertad (ATS de 11 de febrero de 1998).

Sobre la nueva pena de prisión permanente revisable en el código penal. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y derecho comparado. Prisión permanente revisable. El principio constitucional contenido en el art. 25.2 CE conforme al cual las penas privativas de libertad han de hallarse orientadas a la reeducación y reinserción social, no es un precepto que contenga un derecho fundamental, sino un mandato del constituyente al legislador para orientar la política penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos subjetivos (ATC núm. 15/1984). Tras estas resoluciones, y tras los AATC núm. 303/1986 y núm. 780/1986, en los que se reiteraron las afirmaciones contenidas en los antes transcritos, se añadió además que el art. 25.2 CE no establece que la reeducación y la reinserción social sean la única finalidad legítima de la pena privativa de libertad (ATC núm. 780/1986). Este Tribunal, en su STC núm. 2/1987, de 21 de enero, volvió a insistir en que, aunque no debe desconocerse la importancia del principio constitucional en él

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contenido, el art. 25.2 no confiere como tal un derecho amparable que condicione la posibilidad y la existencia misma de la pena a esa orientación (STC núm. 28/1988). La pena de ergastolo establecida en la legislación penal y penitenciaria italiana, cumple las exigencias dimanantes del art. 25.2 CE. En cuanto al carácter eventualmente perpetuo de la pena de ergastolo1, el TC ha reiterado que la calificación como inhumana o degradante de una pena no viene determinada exclusivamente por su duración, sino que exige un contenido material, pues depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que ésta reviste, de forma que por su propia naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas inhumanas) o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena (STC núm. 65/1986, de 22 de mayo). Tales consideraciones han sido también claramente expresadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sus sentencias de 25 de abril de 1978, caso Tyrer contra Reino Unido [TEHD 1978,3] y de 16 de diciembre de 1999, caso T. y V. contra Reino Unido [TEDH 1999,76], al interpretar el art. 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, y son plenamente aplicables a la interpretación del art. 15 de la Constitución Española. Esto sentado, la demanda y las alegaciones subsiguientes resultan argumentalmente insuficientes. Se limitan a señalar que la pena de reclusión perpetua (ergastolo) es imponible conforme al Código Penal italiano. Pero no justifican la aplicación de tal posibilidad a los hechos que sustentan cualquiera de los nueve mandamientos de prisión que fundamentan la petición de extradición para enjuiciamiento, conditio sine qua non a la hora de determinar la posible concurrencia de la vulneración alegada. Y, además, no expresan cuál sería el modo de cumplimiento de dicha pena, ni el grado de sujeción que comporta. En concreto, no justifican que su ejecución haya de consistir en un riguroso encarcelamiento indefinido, sin posibilidades de atenuación y flexibilización, por lo que, en realidad, no se desarrolla en la demanda argumento alguno del que se derive, indefectiblemente, el supuesto carácter inhumano y degradante de dicha pena (STC núm. 91/2000, de 30 de marzo).

Tiene afirmado el Tribunal Constitucional que pena degradante es la que provoca una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena (SSTC núm. 65/1986 y núm. 89/1987), y su calificación como tal depende de la ejecución de la pena y de las modalidades que reviste (SSTC núm. 65/1986 y núm. 150/1991, de 4 de julio, del Pleno).

La pena de cadena perpetua en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera compatible la prisión permanente con el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y manifiesta que dicha pena no constituye trato inhumano o degradante si se contempla la posibilidad de su liberación por circunstancias sobrevenidas a la condena (STEDH, sentencia de 3 de febrero de 2015, Caso Hutchinson contra Reino Unido). En una sentencia anterior (STEDH -Gran Sala-, de 9 de julio de 2013, caso Vinter y otros contra Reino Unido), el Tribunal Europeo declaró que una pena manifiestamente desproporcionada sería contraria al artículo 3 del Convenio. Está establecido en la jurisprudencia del Tribunal que la elección de un sistema penal concreto, incluyéndose los mecanismos de revisión de las penas y las condiciones de la puesta en libertad, se encuentra, como regla general, fuera del ámbito de supervisión a nivel europeo que realiza el Tribunal, siempre que el sistema no contravenga los principios establecidos en el Convenio (véase Kafkaris). Además, tal y como observó el Tribunal de Apelaciones en R c. Oakes, las cuestiones relativas a una pena justa y proporcionada son objeto de un debate racional y de una discrepancia civilizada. En consecuencia, los Estados Parte gozan de un margen de apreciación para decidir la adecuada duración de las penas de prisión a imponer en determinados delitos. Tal y como ha determinado el Tribunal, no le corresponde a él decidir cuáles son las adecuadas condiciones de la pena a imponer a un delito determinado, o la adecuada duración de la pena de prisión o de cualquier otra pena que la persona tenga que cumplir una vez haya sido condenado por un tribunal competente (véanse T. contra el Reino Unido [GS], na 24724/94, de 16 de diciembre de 1999; V. contra el Reino Unido [GS], na 24888/94, TEDH 1999IX; ySawoniuk contra el Reino Unido (dea), núm. 63716/00, TEDH 2001VI). Por las mismas razones, los Estados Parte son libres para imponer la pena a cadena perpetua a delincuentes adultos en caso de delitos especialmente graves como por ejemplo el asesinato. La imposición de una pena de este tipo a un delincuente adulto no está en sí misma prohibida o es incompatible con el artículo 3 o con cualquier otro artículo del Convenio (véase Kafkaris, § 97). Esto es particularmente así cuando este tipo de pena no es obligatoria sino que es impuesta por un juez independiente después de que este haya valorado todos los atenuantes y agravantes presentes en el caso concreto. Pese a ello, el Tribunal también determinó en Kafkaris que la imposición de una pena a cadena perpetua irredimible a un adulto podría plantear alguna cuestión en cuanto a su compatibilidad con el artículo 3. Existen dos factores específicos y relacionados entre sí que el Tribunal considera necesario enfatizar y reafirmar. En primer lugar, una pena a cadena perpetua no se convierte en irredimible por el mero hecho de que en la práctica pueda ser cumplida en su totalidad. No se plantea ninguna cuestión de acuerdo con el artículo 3 en el caso de que una pena a cadena perpetua sea de jure y de facto redimible (véase Kafkaris §98). En este sentido, el Tribunal enfatizaría que no se plantearía ninguna cuestión desde el punto de vista del artículo 3 si, por ejemplo, un recluso condenado a cadena perpetua tuviera el derecho, de acuerdo con el derecho nacional, a que se considerase su puesta en libertad pero esta fuera desestimada sobre la base de que continúa siendo un peligro para la sociedad. Esto es así

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porque, en primer lugar, los Estados tienen la obligación, de conformidad con el Convenio, de tomar medidas para proteger a sus ciudadanos ante los delitos violentos y, en segundo lugar, porque el Convenio no prohibe a los Estados que impongan a un condenado por un delito grave una pena de prisión de duración indeterminada y lo mantengan en prisión mientras sea necesario para la protección de la sociedad (véanse, mutatis mutandis, T. contra el Reino Unido, § 97, y V. contra el Reino Unido, § 98). Asimismo, evitar que un delincuente vuelva a reincidir es una de las "finalidades esenciales" de una pena de prisión (véanse Mastromatteo contra Italia [GS], núm. 37703/97, TEDH 2002VIII; Maiorano y Otros contra Italia, núm. 28634/06, de 15 de diciembre de 2009; y, mutatis mutandis, Choreftakisy Choreftaki contra Grecia, núm. 46846/08, de 17 de enero de 2012). Estas cuestiones son especialmente relevantes en casos de personas condenadas por asesinato u otros delitos graves contra las personas. El mero hecho de que estos reclusos hayan cumplido ya un período largo de pena de prisión no debilita la obligación positiva del Estado de proteger a la sociedad; los Estados deben cumplir con esta obligación manteniendo en prisión a estos reclusos mientras continúen representando un peligro para la sociedad (véase, por ejemplo, Maiorano y Otros, citada anteriormente). En segundo lugar, al determinar si una pena a cadena perpetua en un caso concreto debe considerarse irredimible, el Tribunal ha analizado si un recluso condenado a cadena perpetua tiene alguna expectativa de ser puesto en libertad. Cuando el derecho nacional ofrece la posibilidad de revisar una pena a cadena perpetua que permita su conmutación, perdón, terminación o la obtención de la libertad condicional, se cumpliría con el artículo 3 (véase Kafkaris, § 98). Existen muchas razones por las que, para que una pena a cadena perpetua sea compatible con el artículo 3, deben existir tanto la expectativa de ser...

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