Artículo 337

Autor:Carlos J. Maluquer de Motes
Cargo del Autor:Profesor Titular de Derecho Civil
RESUMEN

I. Introducción.-II. La aparcería: normativa aplicable: A) Concepto y naturaleza jurídica.-III. La masovería: A) Naturaleza jurídica. B) Obligaciones del masóver. C) Obligaciones del propietario. D) Extinción.

 
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  1. INTRODUCCIÓN

    Se concreta el presente artículo a dos tipos de instituciones en principio diferentes, la aparcería y la masovería, al tratarlas en párrafos separados. Pero de su lectura inicial se plantea de inmediato el tema de las normas aplicables a la primera de las instituciones mencionadas, la aparcería. Y sólo a la primera, puesto que constituye una institución contemplada a la vez por dos Ordenamientos jurídicos distintos; y no respecto de la segunda, la masovería, en tanto en cuanto representa una institución propia del Ordenamiento jurídico catalán, y no de otros Ordenamientos.

  2. LA APARCERÍA: NORMATIVA APLICABLE

    La primera impresión que se extrae de la lectura de este primer párrafo nos permite advertir la dificultad de obtener las normas aplicables a este contrato. Por un lado, se nos remite para su regulación a las normas estrictas que las partes contratantes hayan establecido; por otro, y siempre con carácter subsidiario, a las normas de carácter consuetudinario, o sea, usos y costumbres locales y, en tercer lugar, a las normas establecidas en la legislación especial sobre contratos de arrendamientos rústicos establecida con carácter general por la Ley estatal de 30 diciembre 1980.

    La expresión «en lo que no se oponga» que menciona el presente artículo ha dado a entender a Puig Ferriol y Roca Trías que «existen normas imperativas en la legislación sobre contratos agrarios y, concretamente, en la vigente Ley de 30 diciembre 1980» 1, que permitirían hablar de una aplicación en Cataluña con preferencia a las normas propias. Sin embargo, esta afirmación podría matizarse si por un momento contemplamos directamente las normas reguladoras de la aparcería en la Ley estatal de arrendamientos rústicos.

    En efecto, la tantas veces mencionada Ley estatal, después de dedicar el Título I a los arrendamientos, dedica el Título II a las aparcerías, estableciéndose en él un capítulo I dedicado a las disposiciones generales y en donde puede encontrarse el artículo 106 del tenor literal siguiente: «en defecto de pacto expreso, de normas forales o de derecho especial y de costumbre, se aplicarán las disposiciones del presente Título y, con carácter supletorio, las normas sobre arrendamientos rústicos contenidas en la presente Ley».

    Así, pues, no se obtiene precisamente la impresión de que estemos en presencia de unas normas imperativas por encima de' los pactos de los contratantes, sino que más bien las reglas sobre las aparcerías ocupan voluntariamente un tercer lugar después del pacto y de la costumbre. No deja de ser cierto que la contemplación de estos dos artículos, 337 de nuestra Compilación y artículo 106 de la Ley estatal, están manifestando un llamamiento recíproco que dificulta las tareas de interpretación. Pero quizá podemos atrevernos a manifestar que existe una coincidencia en ambos artículos en establecer como fuentes reguladoras, primeramente los pactos de los contratantes y, en segundo lugar, las normas consuetudinarias que, hay que decirlo, en esta materia tiene una total y absoluta importancia.

    Pero, además, no podemos olvidar lo establecido específicamente en la disposición adicional primera de la Ley de Arrendamientos Rústicos, al indicar: «La presente Ley será de aplicación en todo el territorio nacional, sin perjuicio de: a) La aplicación preferente de los derechos civiles, forales o especiales en todos los territorios del Estado donde existan normas peculiares al respecto. b) La conservación, modificación o desarrollo por las Comunidades Autónomas de las normas de Derecho civil relativas a las materias reguladas en esta Ley», con lo que la propia Ley está adoptando una posición secundaria respecto no sólo del artículo 337 de la Compilación sino de las propias normas del Derecho civil con independencia de que sean escritas o no, y en este sentido tampoco puede olvidarse no sólo que la Generalidad de Cataluña tiene competencia exclusiva para la modificación, conservación y desarrollo del Derecho civil2, sino que también tiene competencia exclusiva en materia de Agricultura3, por lo que no habría duda de la aplicación preferente del Derecho civil propio.

    En este sentido, y en la medida en que no se ha realizado una Ley especial por parte del Parlamento de Cataluña en materia de contratos agrarios, y más específicamente que venga a regular la aparcería, podríamos señalar que el sistema de fuentes por el que se regirá la institución es el siguiente:

    -  Los pactos de los contratantes.

    -  Los usos y costumbres locales.

    -  El Título II referente a las aparcerías contenido en la Ley de Arrendamientos Rústicos de 30 diciembre 1980.

    -  El Título I de la referida Ley que se refiere a los arrendamientos rústicos.

    A) Concepto y naturaleza jurídica

    No indica el artículo qué se debe entender por aparcería, ni regula su estructura, ni califica su naturaleza. Se trataría de un contrato atípico desde el prisma de que no está regulado estructuralmente en la Compilación, que remarca la preponderancia de los pactos entre las partes y la dificultad de establecer un criterio uniforme, dada la enorme variedad que de este contrato existe en las diversas comarcas, cuya concreción vendrá determinada también por el tipo de cultivo que se realiza.

    Casas Mercadé lo define diciendo que «existe una aparcería desde el momento en que una persona, titular de un fundo, admite que otra, por durante cierto tiempo, pactado o no pactado, lo are, labre y cultive, explotándolo, en fin, al igual que aquélla, haciendo suyos, a cada cosecha, los frutos que produzca, en la proporción alícuota concertada previamente,luego de haber hechas efectivas, asimismo, las mutuas aportaciones que, para dicha explotación, han convenido también los dos de antemano» 4.

    Pero lo que destaca de este contrato es la presencia de una actividad agraria por parte del que cultiva, llamado aparcero, y una participación en los rendimientos o frutos que se producen a raíz de la actividad. Es importante señalar que se trata de un supuesto de participación en los frutos o beneficios, por lo que en ningún momento puede hablarse de renta, ya que el aparcero no debe entregar cantidad alguna, sino una parte proporcional respecto de los frutos que ha obtenido. Actualmente, señalan Puig y Roca que no existe en este contrato contenido mínimo, puesto que no se puede obligar al aparcero a garantizar una entrega concreta y específica previamente determinada 5. De existir, el contrato pierde su naturaleza de aparcería para convertirse en un arrendamiento cuyo pago del canon arrendaticio se realizaría en especie y no en dinero.

    En este sentido, ya establecía Santamaría que en el arrendamiento «se entrega como merced una cosa cierta y fija, sea en metálico, sea en especie; mientras que en la aparcería, la merced consiste en una parte de frutos, cuya cuantía es indeterminada, por venir sujeta a los azares de la producción» 6.

    Podemos decir que la doctrina en general ha discrepado siempre respecto de la naturaleza jurídica de la aparcería, manteniendo los dos conceptos de ésta, a saber: entenderla como arrendamiento, o considerarla como contrato de sociedad.

    En favor de su consideración como arrendamiento destacan...

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