Artículo 332

Autor:Sergio Amadeo Gadea
Páginas:537-538
 
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1. El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre, o trafique con ellas, sus partes, derivados de las mismas o con sus propágulos, salvo que la conducta afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su habitat.

  1. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

  2. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a dos años.

Las SSAP TERUEL, de 6 de marzo de 2001 y LÉRIDA de 15 de marzo de 2005, recogen que los artículos que definen los denominados delitos relativos a la protección de la flora y fauna, entre otros los 332, 333 y 334 CP, son calificados como tipos penales total o parcialmente en blanco, habiendo admitido el Tribunal Constitucional, en SS núm. 127/1990, núm. 118/1992, núm. 62/1994, núm. 24/1996 y núm. 120/1998, como dicen las SSTS de 8 de febrero de 2000 y 13 de marzo de 2000, la constitucionalidad de estos tipos penales en los que la conducta o la consecuencia jurídico-penal no se encuentra agotadoramente prevista en el tipo, debiendo acudirse, para su integración, a una norma distinta; exigiéndose, solamente, el respeto de tres requisitos: Ia Que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón al bien jurídico protegido por la norma penal; 2a Que la Ley Penal, además de señalar la pena contenga el núcleo esencial de la prohibición; y 3a Que sea satisfecha la exigencia de certeza, es decir, que se dé la suficiente concreción para que la conducta calificada delictiva quede suficientemente precisada, con el complemento indispensable de la norma a la que la Ley Penal se remite y resulta de esta forma salvaguardada la función de garantía de tipo, con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente conminada, puesto que "la reserva de...

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