Artículo 172

Autor:Carlos Vázquez Iruzubieta
Cargo del Autor:Abogado
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO
La guarda y el acogimiento

La guarda y el acogimiento de menores son instituciones elevadas a rango institucional en vista de las situaciones de hecho que a juicio del legislador reclamaban su recepción en el ordenamiento jurídico y consecuente regulación preventora de extralimitaciones. El texto actual ha sido introducido por L 1/1996, 15 ene, de protección jurídica del menor, y siendo tema tan llevado y traído por los políticos, no es de extrañar que siga siendo modificado, aunque sea para mover las comas del texto vigente, como que fue nuevamente modificado por L 54/2007, 28 dic, que añadió dos apartados, el 7º y el 8º.

Estas instituciones de la guarda y el acogimiento tienen, en esencia, similitud, y puede este último asumir carácter familiar o administrativo (llamado residencial), según sea el destino del menor. La ley nada dice de los incapaces.

Apartado 1º

Solamente las entidades públicas con competencia territorial y funcional tienen encomendada por ley la protección de los menores y el ejercicio de la actividad tuitiva, con descentralización a favor de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales (ver Disp. Adicional al final de este comentario). Estas actividades tuitivas dimanan de lo establecido por el actual art. 222.4º CC, sin perjuicio de la guarda, en tanto que situación provisional y previa, o la reinserción del menor desamparado en el seno de su familia, o en el seno de otra distinta que lo acoja, o bajo el régimen de tutela ejercida por un particular. En cuanto a la guarda, lo ha de ser de menores que se encuentren en situación de desamparo, lo que la propia ley define en el párr. 2º de este ap. 1º.

Ante una situación de desamparo las instituciones públicas tienen el deber de recibir a estos menores, haciéndolo en carácter de guardadores, hasta tanto se resuelva la situación del requerido de protección. Esta intervención de la autoridad administrativa lleva consigo la suspensión del ejercicio de la patria potestad, fundada en la primera evidencia de descuido o irresponsabilidad en el cuidado del menor, que es descubierto en situación de desamparo.

Apartado 2º

Durante dos años desde la notificación de la resolución administrativa que suspendió el ejercicio de la patria potestad o la remoción de la tutela, pueden solicitar la recuperación de su estado anterior levantándose la suspensión...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA