Artículo 136

Autor:Sergio Amadeo Gadea
Páginas:239-241
 
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1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

  1. Seis meses para las penas leves.

  2. Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.

  3. Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.

  4. Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.

  5. Diez años para las penas graves.

  1. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

  2. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelaran en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelaran las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

  3. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia sólo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los Jueces o Tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia.

  4. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes.

Se precisa para que proceda la cancelación de los antecedentes penales, el transcurso del tiempo previsto en el art. 136 CP, así como que el condenado haya cumplido su pena o alcanzado la remisión condicional de ella, no haber vuelto a delinquir durante los plazos de rehabilitación y tener satisfechas, en lo posible, las responsabilidades civiles provenientes de la infracción (STS de 6 de junio de 2000). La rehabilitación del delincuente mediante la cancelación de sus antecedentes penales por el transcurso del tiempo es una cuestión de orden público que puede ser abordada de oficio por los órganos jurisdiccionales, y así viene expresamente establecido en el art. 136 CP. No sólo opera la cancelación por vía de declaración administrativa sino a través del órgano judicial, puesto que si al tiempo de sentenciar estiman los Tribunales que concurren los requisitos exigidos por CP, podrán dejar de estimar la reincidencia (STS de 9 de marzo de 1987). Cuando la sentencia dictada en la instancia adolece de elementos fácticos necesarios para efectuar un pronunciamiento certero sobre la eventualidad de la rehabilitación, deberá aplicarse la doctrina que la Sala Segunda ha establecido para

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tales circunstancias y que se comprenden, entre otras, en la STS de 11 de noviembre de 1998: 1) Las circunstancias modificativas de la responsabilidad, cuya carga probatoria compete a la parte que las alega deben estar tan acreditadas como el hecho delictivo mismo (SSTS de 23 de octubre de 1993; 23 de noviembre de 1993 y 7 de marzo de 1994); 2) En los casos en que la acusación cuente con una condena por una sentencia que permita la rehabilitación de los antecedentes penales, debe preocuparse de aportar a la causa certificado de la extinción de la pena, en virtud de la carga probatoria que le compete, pues las circunstancias...

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