Artículo 1165

Autor:Carlos Vázquez Iruzubieta
Cargo del Autor:Abogado
 
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Pago ineficaz

La falta de validez del pago en la forma en que está concebida en el artículo proviene del levantamiento de la legitimación del acreedor, impuesto ministerio legis y mediando decisión jurisdiccional. El deudor sigue ostentando capacidad y legitimación en orden al acto jurídico del pago: a su respecto sólo puede decirse que ha recibido un mandato judicial que le impide disponer libremente del acto jurídico liberatorio de su obligación, porque, sea que se trate de una suma de dinero o de bienes concretos, se supone que se encuentran vinculados a un litigio que puede versar acerca de un derecho preferente o de un derecho excluyente en orden a la titularidad de ese crédito.

La Autoridad administrativa

No es correcta la interpretación de parte de la doctrina (MANRESA) que pretende extender los efectos del acto limitador a la Autoridad administrativa, porque tal extensión de la norma no es posible en razón del vocablo que utiliza (judicialmente), que tiene un contenido inequívoco y que no es comparable técnica ni vulgarmente al concepto de Autoridad que puede involucrar a organismo estatales de los tres Poderes. Por lo demás, cuando se trata de restringir derechos, la interpretación de las normas debe hacerse con criterio restrictivo, a fin de no debilitar las garantías individuales (TC 1ª, S. 7 jun 1984; TS 3ª, S. 7 jun 1986).

Falta de disponibilidad del deudor

La falta de disponibilidad del deudor para efectuar el pago tiene fuente legal, y aunque no aparece clara la sanción que le corresponde por la desobediencia judicial, al menos esta desobediencia es compatible con la buena fe que se requiere en el art. 1164 CC, por lo que el pago hecho en esta condiciones carece de validez y, en su momento, podrá ser nuevamente requerido por quien ostente el derecho de cobrar una vez dirimido definitivamente el conflicto que pesaba sobre el crédito y su pago.

Este es un precepto legal que tiende a proteger a quienes son acreedores tanto del deudor como del acreedor vinculados por la exigibilidad del pago, evitando fraudes o actitudes maliciosas que puedan producir perjuicios irreparables.

Tratándose de una falta de legitimidad para recibir el pago, la prohibición del artículo se extiende no sólo al deudor, sino a cualquier otra persona autorizada para pagar o que pretenda hacerlo como tercero desobligado.

Aunque...

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