Artículo 110

Autor:Sergio Amadeo Gadea
Páginas:200-200
 
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1. La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por el causados.

  1. El perjudicado podra optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil.

El proceso penal da la posibilidad de la concurrencia simultánea de la acción penal para la averiguación del delito y de la acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos por la víctima (SSTC de 28 de septiembre de 1992 y 22 de mayo de 1993). La declaración de que toda persona responsable criminalmente de un delito lo es también civilmente, ha de interpretarse como que cualquier persona en tales condiciones puede ser responsable civil, y lo será efectivamente cuando el delito haya ocasionado en ese orden aquellas consecuencias a las que respondan la restitución de la cosa, la reparación de daños y la indemnización de perjuicios (STS de 23 de mayo de 1987). La naturaleza privada de la acción civil, permite la renuncia del perjudicado en cuanto a su ejercicio simultáneo en el proceso penal o la reserva para hacerlo en otro proceso civil posterior, por lo que son de aplicación los principios rectores del proceso civil, particularmente, los de rogación, congruencia y bilateralidad, con las particularidades y matizaciones derivadas del proceso penal en que se actúa (SSTS 18 de marzo de 1987,13 de febrero de 1989,25 de enero de 1990,14 de marzo de 1991,22 de julio de 1992,22 de mayo de 1993 y 18 de junio de 1999). La determinación de la responsabilidad civil en el ámbito del proceso penal debe ajustarse a los parámetros y normas establecidos en la esfera del proceso civil, ya que así como la acción penal es irrenunciable, la acción civil es perfectamente disponible, bien renunciando a la misma o reservándola para ejercitarla en el proceso civil correspondiente. Cuando se introduce la acción civil en el proceso penal queda sometida al principio de la rogación y de la congruencia (STS de 14 de marzo de 1984), y la pretensión civil no pierde procesalmente su naturaleza y se rige por los principios propios de esta rama procesal, entre los que se halla el dispositivo y los que son consecuencia del mismo, lo que resulta de las notas de renunciabilidad y, sobre todo, la de posibilidad de reservarla para ejercitar en un proceso civil una vez finalizado el de naturaleza penal; ello revela inequívocamente que la acumulación de pretensiones dentro del mismo...

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