La crisis económica que arrancó en 2007 en Canadá: restricciones subnacionales al déficit y respuesta política

AutorFrançois Vaillancourt
CargoProfesor Cirano y Profesor honorario. Universidad de Montreal
Páginas201-212

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Introducción

El presente artículo pretende examinar la manera en que la política pública se ha adaptado a la crisis económica que inició en 2007 en Canadá, haciendo especial hincapié en las normas de déficit y en el uso de este. Esto resulta interesante para los lectores españoles, puesto que España es un país federal de facto con una distribución de las responsabilidades entre el gobierno central y los de las comunidades autónomas similar a la de Canadá, aunque los acuerdos de financiación difieren. El artículo se divide en tres secciones: la primera, los aspectos institucionales clave de la federación canadiense con información concreta sobre el marco legal que regula el déficit y la deuda; la segunda, la crisis económica que arrancó en 2007; y la tercera, la respuesta política y, por tanto, la evolución del déficit y de la deuda en el periodo 2000-2010.

1. La federación canadiense
1.1. Aspectos institucionales clave2

La constitución canadiense contiene una lista de competencias exclusivamente federales, una de competencias exclusivamente provinciales y otra de competencias compartidas (asuntos de agricultura e inmigración de alcance federal, y asuntos de pensiones de alcance provincial). Las competencias federales incluyen defensa, asuntos exteriores, cuestiones monetarias y bancarias, transporte y comunicaciones. Las competencias provinciales engloban educación (dedicada a la protección lingüística o religiosa de las minorías), sanidad, asuntos municipales y locales, policía, etc. Se pueden modificar a través de una fórmula que requiere el acuerdo tanto federal como provincial, aunque no es necesario que sea unánime. Además de la Constitución, las decisiones judiciales en áreas como las telecomunicaciones y los asuntos medioambientales anteriores a 1949 del Comité Judicial del Consejo Privado (Reino Unido) y, desde 1950, del Tribunal Supremo de Canadá cobran importancia, ya que la lista de competencias redactada en 1867 no siempre atiende claramente a temas actuales. Los documentos legales vinculados a las transferencias federales (leyes, reglamentos) y varios acuerdos en áreas tales como la inmigración ayudan también a definir los papeles y las responsabilidades de los gobiernos provinciales y el federal.

En la constitución canadiense se reconoce a las provincias la capacidad de aplicar impuestos sobre cualquier ámbito que deseen gravar (excepto el comercio internacional e interprovincial), estableciendo sus propias tasas, empleando su propia definición de las bases impositivas y recaudando los impuestos por sí mismas.

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De hecho, recaudan la mayoría de sus considerables fondos de las mismas fuentes que el gobierno federal - impuestos sobre la renta y la compraventa. No obstante, la agencia tributaria de Canadá (Canada Revenue Agency, CRA) recauda el impuesto provincial sobre la renta de las personas físicas en nueve provincias, el impuesto de sociedades en ocho y el IVA (GST) en cinco. Existen amplias variaciones en la fiscali-dad3, tanto en la estructura como en la cuantía de los ingresos provinciales. No todas las provincias aplican impuestos sobre la nómina y solo Alberta no aplica el impuesto sobre la compraventa. La dependencia de las provincias de las transferencias federales varía en un ratio de cinco (Newfoundland) a uno (Alberta). Quizás las cuestiones monetarias no constituyan el corazón de los problemas federales de Canadá, pero es ciertamente un factor crucial de cómo se han resuelto, tal y como comentaremos en la próxima sección sobre cómo compartir el impuesto sobre la renta.

En Canadá existen tres tipos de transferencias principales del gobierno federal a los provinciales: equiparación (alrededor del 1% del PIB), la transferencia de la sanidad canadiense (CHT) y la transferencia de los asuntos sociales (CST) (CHT y CST alrededor del 2% del PIB), y las transferencias específicas para programas (alrededor del 0,5% del PIB) destinados a asuntos de lengua oficial, vivienda, apoyo legal, etc., que emplean varios criterios para asignar los fondos. Además, por supuesto, se da cierta cantidad de redistribución interprovincial en los programas federales tales como el seguro por desempleo o las prestaciones por hijos. Las primas de desempleo son iguales en todas las provincias y sectores (a priori), aunque la tasa de desempleo varía significativamente en las distintas provincias, lo que resulta en transferencias interprovinciales (Vaillancourt y Rault, 2003). La progresión del sistema impositivo sobre la renta y las prestaciones por hijos en función de los ingresos resultan también en transferencias implícitas entre provincias. Las Figuras 1 y 2 resumen los gastos y los ingresos de los gobiernos federal y provincial de Canadá en 2005, un año antes de la crisis. A escala provincial, la sanidad es la partida de gasto más importante (1/3), seguida de la educación (1/4), con la sanidad en crecimiento a lo largo del tiempo por el envejecimiento de la población. A escala federal, subvenciones a las personas, compuestas principalmente por las pensiones a las personas mayores y por el seguro de desempleo, son las partidas de gasto más importantes, con la seguridad pública en una posición mucho más prominente que en el ámbito provincial debido a la defensa nacional.

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FIGURA 1

Casto federal y provincial, Canadá, 2005, % del total de cinco partidas

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Fuente: Autor.

FIGURA 2

Fuentes de ingresos a escala...

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