Los arbitrajes especiales en nuestro Ordenamiento Jurídico: Estudio específico de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres

Autor:Manuel Guedéa Martín
Páginas:211-238
RESUMEN

I. Planteamiento: el arbitraje en el Derecho español. Estudio Preliminar: La Ley de Arbitraje de 1988. A) Antecedentes. II. Repercusión en el arbitraje de Derecho privado de las leyes procesales. A) Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 1) El acto de conciliación. 2) El acto de comparecencia en el juicio ordinario de menor cuantía. B) Ley Orgánica 6/1985, de 5 de julio, del Poder Judicial. C) El Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. III. Los arbitrajes especiales. En especial, el sistema arbitral como medio para la defensa de los consumidores y usuarios. A) La Ley... (ver resumen completo)

 
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I Planteamiento: el arbitraje en el Derecho español. Estudio Preliminar: La Ley de Arbitraje de 1988
A) Antecedentes

Hasta la promulgación de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje (B.O.E., núm. 293, de 7 de diciembre) estaba vigente la Ley de 22 de diciembre de 1953 de Arbitraje de Derecho Privado de la cual podemos recordar las siguientes características:

  1. Derogó lo dispuesto en el Código Civil, Código de Comercio y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de arbitraje.

  2. Dejaba fuera de su ámbito de aplicación los arbitrajes ordenados por normas de Derecho Público (internacionales, sindicales, corporativas o de cualquier otra índole).

  3. A lo largo de su articulado se distinguía entre el contrato preliminar de arbitraje (contrato por el cual las partes se comprometen a instituir el arbitraje cuando se presente la controversia), el compromiso (contrato por el que se estipula la resolución de una controversia actual existente entre las partes mediante la decisión de un tercero) y el arbitraje (juicio arbitral que presupone la asunción de la función por el arbitro y la emisión de un juicio).

  4. La ejecución del laudo arbitral se llevaba a efecto del mismo modo que la Ley de Enjuiciamiento Civil determina para las sentencias.

  5. Se posibilita el recurso de casación y el recurso de nulidad frente a los laudos en arbitraje de derecho y de equidad respectivamente.

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    De la Ley 36/88, de 5 de diciembre, de Arbitrajes podemos señalar como notas características las siguientes:

  6. El contexto político y económico de la España de 1988 es sustancialmente diferente a la de 1953 con las repercusiones que esto tiene en el modelo arbitral.

  7. La diferenciación entre un arbitraje formal -regulado por la Ley de 5 de diciembre de 1988- y un arbitraje informal -excluido de la nueva ley y sometido a las normas generales de la validez de los contratos- pero manteniéndose también la dicotomía arbitraje de derecho/arbitraje de equidad.

  8. La supresión de la diferencia entre cláusulas arbitral y compromiso al establecerse el convenio arbitral donde deben constar expresamente:

    1)La voluntad inequívoca de sometimiento al arbitraje de las partes.

    2)La obligación de cumplir la decisión que dicten los arbitros en su momento.

  9. La admisión, como novedad en nuestro ordenamiento jurídico, del arbitraje institucional e incluso la adopción de una posición claramente preferente a su favor.

  10. La cooperación judicial para la formalización del arbitraje y el control judicial de los laudos mediante los recursos de anulación y revisión.

  11. La equiparación entre los laudos arbitrales y sentencias -cuando lógicamente sean firmes-a efectos del correspondiente proceso de ejecución.

II Repercusión en el arbitraje de Derecho privado de las leyes procesales
A) Ley 34/1984, de 6 de agosto, de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil
1) El acto de conciliación

La Ley 34/1984, de 6 de agosto, de reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil (B.O.E., núm. 188, de 7 de agosto). Constituye la reforma más importante de nuestra Ley procesal civil desde su promulgación el 3 de febrero de 1881.

Con relación al acto de conciliación, la Exposición de Motivos nos señala como una de sus "modificaciones o simples matizaciones" el "conferir al acto de conciliación, que comoPage 213 demuestra la experiencia ha dado resultados poco satisfactorios, un carácter meramente facultativo; ...".

Y en su art. 460 dispone que "Antes de promover un juicio, podrá intentarse la conciliación ante el Juzgado de Distrito o de Paz competente. No se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se soliciten en relación con:

1o. Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza.

2o. Los juicios en que estén interesados los menores y los incapacitados para la libre administración de sus bienes.

3o. Los juicios de responsabilidad civil contra Jueces y Magistrados.

4o. En general, los que promuevan sobre materias no susceptibles de transacción ni compromiso.

2) El acto de comparecencia en el juicio ordinario de menor cuantía

Si por una parte la Ley 34/1984, de 2 de agosto, supone como potestativo el acto de conciliación previo crea una nueva figura que pretende una finalidad idéntica: evitar el proceso judicial.

La Ley 34/1984 convierte al juicio de menor cuantía en el proceso declarativo ordinario por antonomasia (art. 484 L.E.C.).

El art. 691 prevé la convocatoria por el Juez una vez contestada la demanda y, en su caso, la reconvención, o transcurrido el plazo para hacerlo de una comparecencia de las partes. En el supuesto de concurrencia de las dos partes el Juez declara abierto el acto y exhorta a las partes para que lleguen a un acuerdo. En caso afirmativo lo acordado por las partes en esta comparecencia -que habrá de someterse a las reglas sobre validez de los contratos, así como a las reguladoras de la renuncia y la transacción- se hará constar en un acta que, en su caso, se llevará a efecto por los trámites para la ejecución de las sentencias (art. 692).

En este sentido, para analizar la finalidad del acto de comparecencia, conviene recordar lo que decía sobre el mismo la Exposición de Motivos de la Ley 34/1984; "Por otra parte, la regulación del juicio de menor cuantía contenida en esta Ley no es la mera reiteración de la precedente. Se introducen algunas variaciones entre las que destaca la comparecencia obligatoria ante el Juez, con el fin de que, una vez formulados los correspondientes escritos de alegaciones y explicitados, por tanto, los términos del debate, pueda lograrse un acuerdo que reem-Page 214plaza a la sentencia, sometiéndose a las reglas de ejecución de ésta. De no lograrse un acuerdo, la comparecencia tiene por finalidad de corregir posibles defectos o faltas en los escritos o en los presupuestos y, en todo caso, tiende a esclarecer la posición de las partes, a delimitar las cuestiones de hecho en las que exista conformidad o discrepancia y a hacer posible, con vistas a la prueba, que estén claramente definidas las posiciones en conflicto. El que la comparecencia se celebre ante el Juez permitirá a éste darse cabal cuenta de la dimensión jurídica...

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