Aragón: la permanente litigiosidad competencial con el estado, principalmente en materia de aguas
| Autor | O. Herráiz Serrano |
| Páginas | 927-974 |
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XXXII
Política ambiental de Aragón: la permanente
litigiosidad competencial con el Estado,
principalmente en materia de aguas
OLGA HERRÁIZ SERRANO
SUMARIO: 1. TRAYECTORIA Y VALORACIÓN GENERAL. 2. LEGISLACIÓN.
2.1. Espacios protegidos. 2.2. Protección de la fauna. 2.3. Ordenación del
territorio y medio ambiente. 2.4. Protección frente a la contaminación.
2.5. Montes. 2.6 Tributos ambientales. 3. ORGANIZACIÓN. 3.1. La
Administración aragonesa seguirá sin contar con un departamento
específico de medio ambiente. 3.2. Otras medidas organizativas de
contenido variado. 4. EJECUCIÓN. 4.1. Presupuesto. 4.2. Suscripción de
diversos convenios de colaboración para la ejecución de políticas
ambientales. 4.3. Gestión de los espacios naturales protegidos. 4.4.
Gestión de los montes y de las vías pecuarias. 4.5. Política de fomento.
4.6. Expropiaciones. 5. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL
DESTACADA. 5.1. Función pública: cualificación adecuada para ejercer
competencias relacionadas con el medio ambiente. 5.2. Aguas. 5.3. Otras
materias. 6. PROBLEMAS. 6.1. Las medidas adoptadas ante la gran
avenida del río Ebro a comienzos de 2015. 6.2. Estimación parcial del
recurso de inconstitucionalidad interpuesto por las Cortes de Aragón
contra las disposiciones de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental,
relativas al trasvase Tajo-Segura, y discrepancias surgidas para ejecutar
la sentencia del Tribunal Constitucional. 6.3. El Estado recurre la Ley de
Aguas y Ríos de Aragón. 6.4. La apertura de negociaciones con el Estado
en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación a propósito de varias
leyes ambientales de la Comunidad Autónoma. 7. LISTA DE
RESPONSABLES DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE ARAGÓN. 8.
APÉNDICE LEGISLATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES 2016
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1. TRAYECTORIA Y VALORACIÓN GENERAL
El año 2015 ha resultado ser el de transición entre dos legislaturas de
las Cortes de Aragón, la VIII y la IX, y de traspaso de poderes entre el
ejecutivo saliente y el entrante a raíz del cambio de Gobierno que
decretaron las urnas el 24 de mayo.
Si, en la línea comentada en nuestro trabajo correspondiente al
Observatorio de Políticas Ambientales 2014, el Gobierno PP-PAR dedicó
el primer trimestre del año a acelerar y ultimar iniciativas legislativas en
materia ambiental, su sucesor, el primer Gobierno PSOE-Chunta
Aragonesista de la historia de la Comunidad, en minoría, pero con el apoyo
de investidura de Podemos y de Izquierda Unida de Aragón, ha comenzado
a dar sus primeros pasos con la asunción de algunos compromisos
ambientales y la definición de la estructura administrativa al servicio de su
cumplimiento. Nos limitaremos a dejar constancia de esas obligaciones
asumidas en la materia que nos interesa, tanto entre los socios de la
coalición de gobierno, como entre el socio principal (el Partido Socialista)
y los partidos de los que ha de lograr los consiguientes apoyos sucesivos
para sacar adelante sus iniciativas.
Según constan en el documento “Prioridades para construir un
Aragón de justicia social desde un gobierno de izquierdas. Acuerdo de
investidura entre PSOE y CHA-IX LEGISLATURA”, de las 49 medidas
comprometidas, las siguientes son específicas en materia medioambiental:
“25: Exigir al Gobierno central la ejecución de un Plan de
limpieza y rehabilitación integral de los suelos afectados por los
vertidos de lindano y un plan de descontaminación de la cuenca del
Gállego.
26: Exigir al Gobierno central el establecimiento de un
mecanismo de actuación prefijado, con dotación económica
suficiente en un fondo específico, para paliar de forma inmediata los
daños que se produzcan como consecuencia de riadas.
(…)
34: Incorporar en los pliegos de contratación pública, con
carácter general, cláusulas sociales, medioambientales y relacionadas
con la igualdad entre hombres y mujeres, siempre dentro de la
legalidad e impulsando las reformas legales necesarias.
(…)
XXXII. POLÍTICA AMBIENTAL DE ARAGÓN: LA PERMANENTE LIT IGIOSIDAD…
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41: Abandonar inmediatamente las políticas de austeridad y
recortes y desarrollar políticas expansivas y de crecimiento
económico productivo y no especulativo impulsadas desde lo
público, basadas en la I+D+i, la política industrial, un plan de
empleo rural y el impulso de la agroindustria, el empleo verde y la
economía social, que permitan erradicar la pobreza, estimular la
creación de empleo estable y de calidad, cohesionar el territorio y
garantizar el mantenimiento de los servicios públicos del estado de
bienestar con carácter universal, laico y gratuito.
(…)
47: Autorizar e impulsar exclusivamente los proyectos
sostenibles desde los puntos de vista social, medioambiental y
económico
48: Desarrollar un estudio económico-financiero y de
viabilidad de los planes de depuración y proceder a su revisión.
49: Retomar, con carácter de urgencia, y aprovechando el
amplio proceso participativo realizado en su momento, la
elaboración y presentación de una Ley de la Montaña que haga
compatible el desarrollo económico y la preservación del medio
ambiente”.
Como se verá, algunos de esos compromisos se asumieron también
en los correspondientes acuerdos suscritos con Podemos y con Izquierda
Unida de Aragón. En concreto, del decálogo pactado con Podemos,
destacan, en primer lugar, la modificación de la normativa sobre
contratación pública en Aragón, dando un mayor peso a las ofertas
realizadas con criterios ambientales y de proximidad y, con base en
principios de economía verde y sostenible y de no emisión de gases de
efecto invernadero, dar prioridad asimismo a empresas que produzcan con
energías renovables o hayan invertido en procesos de eficiencia energética,
todo ello con las limitaciones legales oportunas y sometiéndolo al criterio
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón. En
aquellos casos en que se advirtiera una limitación legal, se asume el
compromiso de presentar la correspondiente iniciativa legislativa a las
Cortes Generales para modificar la normativa estatal de contratos, o de
promover las reformas necesarias en la legislación europea. En segundo
término, Partido Socialista y Podemos pactaron medidas para luchar contra
la pobreza energética y, más en concreto, la promoción inmediata de una
ley para aplicar un impuesto ambiental a las hidroeléctricas, tras un proceso
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