Aragón: una gestión ambiental marcada por el contexto presupuestario y la situación en minoría del ejecutivo autonómico

Autor:O. Herráiz Serrano
Páginas:675-715
 
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Aragón: una gestión ambiental marcada por el
contexto presupuestario y la situación en minoría del
ejecutivo autonómico
OLGA HERRÁIZ SERRANO
SUMARIO: 1. TRAYECTORIA Y VALORACIÓN GENERAL. 2. LEGISLACIÓN.
2.1. Espacios naturales protegidos. 2.2. Caza. 2.3. Ordenación del
territorio y medio ambiente. 2.4. Energía eólica. 3. ORGANIZACIÓN.
3.1. Se trabaja en la extinción del Instituto Aragonés del Agua que, de
hecho, estaba anunciada para el final del ejercicio. 3.2. Cierre de oficinas
de desarrollo socioeconómico en los espacios naturales protegidos de
Aragón. 3.3. Otras medidas organizativas de contenido variado. 4.
EJECUCIÓN. 4.1. Presupuesto. 4.2. Suscripción de diversos convenios
de colaboración para la ejecución de políticas ambientales. 4.3. Gestión
de residuos. 4.4. Gestión de los espacios naturales protegidos. 4.5.
Gestión de los montes y de las vías pecuarias. 4.6. Política de fomento.
4.7. Expropiaciones. 5. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL
DESTACADA. 5.1. El Tribunal Supremo confirma la Sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón y ratifica la legalidad del
impuesto de transporte por cable. 5.2. Aguas. 5.3. Minas. 5.4. Otras
materias. 6. PROBLEMAS. 6.1. Recurrida ante el Tribunal
Constitucional la aplicación del Impuesto sobre la contaminación de las
aguas al municipio de Zaragoza. 6.2. El Tribunal Supremo confirmó la
anulación del PGOU de Montanuy en que se sustentaban el proyecto de
ampliación de la estación de esquí de Cerler y el desarrollo urbanístico
del valle de Castanesa. 6.3. Varias concesionarias de la Administración
ambiental aragonesa piden la rescisión de sus contratos y la construcción
de algunas plantas de depuración en el Pirineo se retrasa. 7. LISTA DE
RESPONSABLES DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DE ARAGÓN. 8.
APÉNDICE LEGISLATIVO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
OBSERVATORIO DE POLÍTICAS AMBIENTALES 2017
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1. TRAYECTORIA Y VALORACIÓN GENERAL
Sin lugar a dudas, el contexto presupuestario, por un lado, y la falta
de apoyos parlamentarios estables a la acción del Gobierno, por otro, han
caracterizado las políticas aragonesas del último año y, en consecuencia,
también la política medioambiental. Como pusimos de relieve en nuestro
trabajo correspondiente al Observatorio de Políticas Ambientales 2016, las
elecciones autonómicas celebradas en mayo de 2015 determinaron un
nuevo escenario político, con mayor número de Grupos con presencia en
las Cortes y con un Gobierno en minoría, que cuenta con el respaldo de dos
de ellos, pero que necesita de otras fuerzas para sacar adelante cada una de
las iniciativas que somete a la consideración de la Cámara.
Por ejemplificar lo afirmado, el contexto presupuestario parece
haberse convertido en la razón definitiva para que el ejecutivo anunciase a
comienzos de 2016 que iba a proceder a extinguir una de las dos entidades
de derecho público que han coadyuvado a la ejecución de las políticas
ambientales en los últimos tres lustros: el Instituto Aragonés del Agua.
Mermado cada vez más en su dotación presupuestaria, pero bajo la sombra
también de que su gestión no ha respondido siempre a los parámetros de
eficacia y eficiencia, el Gobierno seguía, no obstante, al finalizar el
ejercicio, sin haber mandado a las Cortes el anunciado proyecto de ley que
tendrá que acordar la extinción del citado Instituto y resolver los problemas
de integración de su personal con contratos indefinidos en la
Administración General de la Comunidad Autónoma. Esta ha tenido que
afrontar también en 2016 las demandas interpuestas por concesionarias de
plantas depuradoras, que alegan no poder hacer frente a la ejecución de sus
contratos por falta de financiación y que reclaman a la Administración la
resolución de aquellos. Idénticas dificultades económicas han conducido al
cierre por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de las
oficinas de desarrollo socioeconómico de seis espacios naturales protegidos
de la Comunidad, que se implantaron en 2005 y cuyo papel ahora tendrá
que ser desempeñado por otras estructuras administrativas existentes.
Con todo, la mayor polémica del ejercicio con trasfondo económico,
al punto de convertirse en un conflicto de primer nivel entre el Gobierno de
Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo como detonante la parece que
incorporación definitiva de este municipio a la aplicación del Impuesto
sobre la contaminación de las aguas, establecida por la Ley 2/2016, de 28
de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Aunque dicho tributo, con la denominación inicial
de canon de saneamiento, fue creado en 1997, su efectiva aplicación al
municipio de Zaragoza siempre ha sido objeto de una regulación específica,
que de hecho ha ido demorando su implantación en la capital aragonesa
ARAGÓN: UNA GESTIÓN AMBIENTAL MARCADA POR EL CONTEXT O PRESUPUESTARIO…
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hasta el 1 de enero de 2016 aunque la propia Ley 2/2016 previó una
bonificación del 70% en el primer ejercicio y del 60% en los sucesivos en
atención a que el Ayuntamiento hubiese financiado en solitario su estación
depuradora. Pues bien, a lo largo de 2016, se han sucedido las muestras de
rechazo del Ayuntamiento de Zaragoza hacia esa medida, hasta el punto de
que, a través de los Grupos Parlamentarios Podemos-En Comú Podem-En
Marea y Mixto del Congreso constituido en la XI legislatura de las Cortes
Generales, la más corta de nuestra democracia, se presentó un recurso de
inconstitucionalidad contra el artículo 5 de la citada Ley 2/2016, en cuanto
tiene precisamente que ver con la nueva configuración jurídica del
Impuesto sobre la contaminación de las aguas.
Justamente, el dato de lo acontecido en las Cortes Generales en el
año que analizamos nos permite pasar a la consideración de la otra nota que
anunciábamos ha caracterizado la gestión, en general, y medioambiental, en
particular, del ejecutivo autonómico. La repetición de las elecciones
generales en junio de 2016, ante la imposibilidad de investir a ningún
candidato de las formaciones políticas con representación parlamentaria
surgidas de las elecciones celebradas en diciembre de 2015, motivó que el
gobierno central permaneciera en funciones durante casi un año, con lo que
conllevaba desde el punto de vista de la limitación de sus funciones. Así,
hasta diciembre de 2016, la Administración central no fijó el límite de gasto
no financiero para las Comunidades Autónomas en el ejercicio 2017, lo que
ha ayudado a que Aragón no cuente todavía, en el momento de cerrar este
trabajo, con un presupuesto aprobado. Formalmente, ha podido ser esa la
razón de no haber cerrado definitivamente hasta tarde el proyecto de
presupuestos para 2017, pero, sin duda ninguna, también concurre el nuevo
escenario político aragonés de falta de mayoría suficiente entre las dos
fuerzas que sostienen al Gobierno para explicar que, a estas alturas, ni tan
siquiera se haya presentado en las Cortes el oportuno proyecto de ley ni se
espere su aprobación a corto plazo. El Grupo Socialista ha dejado claro en
numerosas ocasiones que el apoyo a su presupuesto debe venir del lado de
la izquierda, de los Grupos Podemos Aragón e Izquierda Unida de Aragón,
y no de otras fuerzas políticas, mientras, en particular, el Grupo Podemos
Aragón ha manifestado sus recelos a sentarse a negociarlos sin condiciones
habida cuenta, entre otros extremos aducen, el episodio acaecido a la vuelta
del verano a propósito de la Ley de Presupuestos de la Comunidad
Autónoma para el ejercicio 2016.
A raíz de una queja formulada por el G.P. Podemos Aragón al
apreciar la ausencia en el “Estado de ingresos y gastos 2016”, remitido a las
Cortes por la Dirección General de Relaciones Institucionales, de varias
enmiendas de dicho Grupo Parlamentario que habían sido aprobadas
durante la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos para 2016, se

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