Apuntes clave sobre el origen, sentido y futuro del derecho al silencio
| Autor | Laura Merkel |
| Cargo | Becaria de investigción. Universitat de Barcelona |
| Páginas | 439-461 |
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Aunque es evidente que el derecho al silencio nació en el ámbito del Common Law, no hay acuerdo acerca del origen histórico exacto del mismo. Las hipótesis son principalmente dos.
La primera relaciona dicho derecho conuna ley -statute- de Carlos I que en 1641 abolió la Court of Star Chambrery la Court of High Commission for Ecclesiastic Causes(dos tribunales eclesiásticos), y a la vez estableció la prohibición para el acusado de prestar «juramento ex offi cio», a fi n de evitar que estuviera obligado a efectuar declaraciones
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contra sí mismo1. Dicho juramento fue una herramienta muy utilizada durante el siglo XVI y XVII por las jurisdicciones eclesiásticas con la finalidad de obligar el imputado a contestar «secundum veritatem». Con este mecanismo se obtenían fácilmente pruebas a favor de la culpabilidad, que además provenían directamente del reo2. El punto más crítico de tal práctica era la presunción de culpabilidad que se establecía sobre el reo3, y que no estaba basada siquiera en indicio alguno, carencia que, precisamente, se intentaba cubrir con la confesión, siguiendo una orientación fiel al sistema de prueba legal4. La prohibición de esta práctica fue impuesta inicialmente en el procedimiento romano-canónico, siendo más tarde extendida al proceso penal del Common Law, como respuesta a lo que quedaba del absolutismo monárquico y clerical a mediados del siglo XVII5.
Sin embargo, otra corriente doctrinal sitúa las primeras manifestaciones del derecho al silencio en la primera parte del siglo XVII, en los procedimientos utilizados por las Equity Courts para aplicarse después en los Tribunales de Common Law en la segunda parte del siglo. Inicialmente, el derecho fue considerado una excepción al deber de decir verdad que tiene el testigo, y después fue extendido al reo como derecho a no ser
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interrogado6. No hay certeza en las razones de esta evolución, aunque los comentaristas de la época7señalaron que la obligación de jurar del reo era contraria al Common Law. Quizás ello fue una manifestación más de los intentos, propios de la época, de escapar del poder regio, y en concreto de sus jueces delegados.
El derecho, como tal, aparece enunciado por primera vez en el párrafo XVI del «Agreement of the free people of England» publicado en 1649,y constituye uno de los varios manifiestos publicados en el ambiente revolucionario inglés entre 1647 y 1649 por John LILBURNE y Richard OVERTON, entre otros, desde su encarcelamiento en la Torre de Londres8.
Otro precedente digno de mención se encuentra en otra ley, ésta de Carlos II, de 16619. En la misma se habla de un derecho que aunque no se pueda considerar propiamente una referencia al derecho al silencio del reo, sin duda tiene relación con el mismo. Se trata del derecho a no ser constreñido a hacer declaraciones bajo juramento sobre hechos por los que el interrogado habría podido ser «charged or compelled to confess any criminal matter»10. Sea como fuere, las reglas sobre este tema se fueron
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consolidando en la tradición jurídica anglosajona hasta llegar a la creación del postulado «nemo tenetur se detegere» como uno de los principios fundamentales del proceso del Common Law.
No obstante, debe tenerse presente que la creación de este principio tuvo lugar en un contexto completamente diferente del actual. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, la posibilidad de guardar silencio por parte del reo no estaba considerada como un verdadero instrumento de defensa, porque la principal manifestación del propio derecho a la defensa consistía justamente en la situación contraria, es decir, en la posibilidad de participar activamente en el proceso, expresándose para defenderse de las acusaciones11.
Tras haber surgido el principio nemo tenetur en el Common Law, inicialmente tuvo poca aplicación práctica12. Aunque algunas sentencias de la época lo citen, no parece verosímil pensar en un uso generalizado ni siquiera similar al de hoy en día13. Ciertamente existía una prohibición de utilizar el juramento ex officio, pero esto no impedía proceder al interrogatorio en juramento del reo. Además, lo que era más importante, el eventual rechazo a responder podía ser considerado como una confesión14. No tiene que asombrar, por ello, que no existiera propuesta alguna de insertar dicho principio en la Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and
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Settling the Succession of the Crown (Bill of Rights) inglesa de 1689, lo que demuestra su escasa efectividad y presencia en la cultura de la época15.
En el periodo posterior a la Glorious revolution de 1689, se puede notar un paso adelante en la utilización del principio, aunque limitado a casos de exclusión de pruebas documentales provenientes del reo que hubieran sido obtenidas en una situación de coerción. En el caso R. vs. Mead de 1704, fue excluida la legitimidad de una orden de exhibición de un documento que hubiera comportado «to compel the defendant to produce evidence against himself in criminal case»16. De todas maneras, el derecho al silencio habría quedado limitado a ámbitos marginales y sin sistematización homogénea. El modelo procesal prevalente a finales del siglo XVII estaba esencialmente caracterizado por una general carencia de regulación precisa sobre la distribución de la carga de la prueba y la escasa actividad del derecho a la defensa técnica, acompañada por el uso en el proceso de las declaraciones eventualmente prestadas por el reo con carácter previo17.
En las colonias americanas la situación era aún peor desde el punto de vista de las garantías. El derecho del que se está hablando estaba en algunos casos expresamente negado por la ley18o reconocido en un número de casos muy limitado. En cualquier caso, dada la ausencia de profesionales legales en gran parte de los territorios coloniales, el derecho a la defensa era difícilmente utilizable19. Empezaron así a difundirse corrientes
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de pensamiento que incluían los trial rights entre las reivindicaciones fundamentales de la revolución20.
Tómese como ejemplo el párrafo 821de la Virginia Declaración of Rights de1776, redactada por George MADISON, que enunciaba los Trial rights según un esquema que después fue copiado por todos los Bill of Rights sucesivos del siglo XVIII22. Particularmente digna de mención es la afirmación según la cual «no-one can be compelled to give evidence against himself». Aunque no se hacía referencia al right to counsel, se preveía una enunciación del principio del se detegere parecida a la que fue utilizada después en la V enmienda de la Constitución federal americana.
El primer texto constitucional que reconoce explícitamente el derecho a no autoincriminarse es la V enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de 179123, de la cual fue el mayor artífice Thomas JEFFERSON. El texto trae inspiración de lo previsto en la declaración de Virginia en una forma más precisa y limitada,es decir, se habla de «nor
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shall be compeled in any criminal case to be a witness against himself». Según el análisis de algunos estudiosos, en particular LEVY24, los padres fundadores en realidad no tenían una idea exacta y precisa de tal derecho. El antecedente virginiano es de aplicación más general porque se refiere a un derecho genérico de no presentar pruebas contra uno mismo. Además, no existía una específica relación con las causas criminales, que sin embargo sí encontramos en la declaración de JEFFERSON.
En realidad, no debe sobrevalorarse la obra de los padres de la Constitución desde el punto de vista técnico, debiéndose considerar que las diferencias entre las dos declaraciones son en realidad más estilísticas que sustanciales25.Según la reconstrucción histórica de LEVY, no existen indicios de un gran debate sobre los cambios de redactado de la V enmienda con respecto al párrafo 8 de la Declaración de la Virginia. La asamblea ratificó el derecho a no ser testigo contra uno mismo, a través de una casi mecánica unanimidad26.
Hay que saber que el contenido de la V enmienda ha sido objeto de profundas transformaciones a lo largo de los siglos, sobre todo a través de la actividad hermenéutica del Tribunal Supremo que se ha expresado en dos sentencias históricas: Miranda vs Arizona27y Griffin vs California28. Algunos subrayan que, en realidad, la voluntad de los padres constituyentes no era la de introducir un verdadero derecho al silencio, sino simplemente un derecho a no ser interrogado bajo tortura o a través de procedimientos
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no apropiados29. El modelo procedimental del Common Law no concebía en realidad una actitud silente del reo, y por eso parece verosímil concebir que el sentido de los principios analizados fuera principalmente evitar interrogatorios que le obligaran a declarar bajo juramento.
En la sociedad actual, el significado dado al juramento ha cambiado completamente y ya no tiene el mismo significado ético-religioso de antes. En su momento, obligar el acusado a jurar le ponía frente al llamado cruel trilemma30 entre decir la verdad y ser condenado, mentir y ser tachado de perjurio, o no hablar, comportamiento que le habría causado igualmente una sanción. En cualquier caso, se trata de un principio que ha sido objeto de evoluciones y cambios relevantes a lo largo del tiempo.
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