Un apunte sobre la necesidad de autocrítica
| Autor | Rafael Caballero Sánchez |
| Cargo | Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense |
| Páginas | 91-92 |
DA, no 1 enero-diciembre 2014, ISSN: 1989-8983
Nueva Época
Un apunte sobre la necesidad de autocrítica
Rafael Caballero Sánchez
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense
r.caballero.sanch@gmail.com
En las ponencias e intervenciones (magníficas) del seminario sobre la reforma del Estado llegué a escuchar
hasta en dos ocasiones una crítica dirigida a los economistas, que comparto plenamente: son profetas del pasado,
pero no nos ayudan a prevenir los errores del futuro. Son capaces de explicar científicamente y con rotundidad las
raíces de la lacerante crisis económica en la que nos hemos sumergido, pero lo hacen a toro pasado, con la segu-
ridad de quien conoce el desenlace de una película. Si con tanta vehemencia nos muestran ahora por qué fuimos
abocados a un precipicio de difícil salida ¿por qué no fueron capaces de anticiparse y predecir un desenlace fatal
que nos hubiera ahorrado tantos disgustos?.
En la misma dirección, los juristas debemos aplicar una dosis suficiente de autocrítica sobre el papel que es-
tamos llamados a desempeñar en la regeneración y reorientación de un modelo que ofrece signos evidentes de
agotamiento y de insuficiencia de recursos apropiados para producir respuestas y soluciones a los problemas plan-
teados. Aun a riesgo de incurrir en el mismo defecto que pongo de manifiesto, quiero poner de relieve la facilidad
con que nuestros análisis y comentarios son más descriptivos y críticos de lo que ha ocurrido, que propositivos y
constructivos de lo que haya que hacer para salir adelante. Es fácil hacer sangre de lo que no funciona, del lamen-
table estado de nuestra legislación, del limitado alcance y enfoque de las reformas que se hacen, del precario nivel
de nuestros políticos y gobernantes, pero no es tan sencillo acertar con el camino de salida a esa situación. Sin
duda es positivo el análisis de la realidad, la identificación de las cuestiones que no están resueltas, y la sistemati-
zación de los datos obtenidos en esa observación. Pero, por un lado ¿por qué no supimos en su momento ofrecer
un diseño más cabal que previniese la hecatombe actual? Y, por otro, ¿qué mecanismos son los adecuados para
reconducir la crisis actual?
En este sentido, el objetivo del seminario y del espíritu que lo sustenta no puede ser más acertado: dar voz
a la academia y a los juristas para aportar soluciones en este estado de emergencia en el que parece que nos en-
contramos. Pero hay que hacerlo siendo conscientes del peligro que tenemos de caer en exceso en el lamento y
la denuncia de la crisis institucional y económica actual y de las tibias medidas ensayadas para superarla, sin llegar
a aportar realmente alternativas bien construidas y sustentadas, más allá de directrices tan incuestionables como
insuficientes.
En el seminario se escucharon ideas muy sugerentes e incluso brillantes sobre la situación en la que nos en-
contramos (la soberanía de los Estados de la UE es hoy inversamente proporcional al nivel de la prima de riesgo
de la deuda de cada Estado; está cristalizando un derecho constitucional europeo sin Constitución formal, a dife-
rencia de las Constituciones nacionales sin derecho constitucional material de los Estados; las reformas de calado
en Europa –verdadero hard law- se están adoptando a través del soft law comunitario; asistimos a la progresiva
fractura entre Estados acreedores y deudores dentro de la Unión; el Estado se ha debilitado frente a la sociedad,
lo cual se plasma entre otras cosas en la sustitución progresiva de la ley por el contrato en los distintos órdenes de
decisión jurídica), pero no tanto se aportaron predicciones de lo que pueda pasar en un futuro más o menos próxi-
mo ni propuestas de salida viables y definidas. Sin duda hay que partir una lanza en defensa del Estado de Derecho
y hay que restar dramatismo a una necesaria reforma y puesta al día de la Constitución, como señal precisamente
de madurez constitucional, pero no es nada sencillo concretar en qué debe consistir la una y la otra.
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