¿Qué aportan los bienes intangibles a la administración pública?
| Autor | María José Canel/Paloma Piqueiras/Gabriela Ortega |
| Páginas | 29-50 |
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Esta investigación toma como punto central la idea de que solo mediante la comprensión de los bienes intangibles que se hacen presentes en las relaciones entre ciudadanos y las organizaciones públicas se puede abordar el problema de la desconfianza que hoy domina la Administración pública. La idea esencial del presente capítulo es que la gestión de bienes intangibles está en la base del crecimiento de las organizaciones (Sztompka, 1999), también de las públicas.
De forma algo simple por el momento, sirva para estos párrafos iniciales la idea de que el capital intangible de una organización tiene que ver con aquellos aspectos inmateriales que le permiten funcionar, como por ejemplo lo que su personal sabe hacer o la confianza que logra generar entre sus públicos.
Ya ha sido suficientemente mencionada en la literatura la idea de que estos elementos que son tan intangibles como cruciales para la supervivencia de las organizaciones, y más para las públicas que para las privadas, paradójicamente han recibido más atención en las privadas que en las públicas (Cinca et al., 2003; Queiroz et al., 2005). Sin embargo, trabajos como el presente demuestran que cada vez son más frecuentes los organismos, unidades, programas, proyectos o servicios que la Administración pública desarrolla para atender una necesidad ciudadana que solo puede ser satisfecha mediante algo intangible.
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Así, por ejemplo, países como los Estados Unidos (Gobierno federal, Administración de Obama) creó la Ofice of Public Engagement con el in de, por un lado, implicar al ciudadano en la toma de las decisiones que le afectan y, por otro, escuchar las necesidades y expectativas de los destinatarios antes de adoptar una medida específica (para un análisis de esta oficina, ver Canel y Luoma-aho, en prensa, a). Unidades como esta son cada vez más frecuentes, y son pocos los trabajos que conceptualizan y analizan el estado de los activos intangibles en el sector público.
Es lo que pretende realizar la presente monografía, de la que este capítulo es una introducción. El contenido de este parte de lo realizado en publicaciones precedentes (Canel y Luoma-aho, 2015a; Canel y Luoma-aho, 2015b; Canel y Luoma-aho, en prensa, a; Canel y Luoma-aho, en prensa, b), en las que se han tratado los conceptos en los que se apoya esta monografía, pero con bienes intangibles en su mayoría distintos a los aquí abordados.
La estructura de este capítulo es la siguiente. En primer lugar, se expone el contexto, compilando una serie de datos que muestran la necesidad y conveniencia de introducir los bienes intangibles como paradigma de gestión en sector público; en segundo lugar, se describen los cambios que se están produciendo en la Administración pública, que hacen propicia la gestión de la intangibilidad; en tercer lugar, y con apoyo en la definición de activo / bien intangible en el sector público, se identifican y clasifican los bienes intangibles de los que se ocupa la presente monografía.
¿Hay valor intangible en la Administración pública que haga necesaria su gestión? Para responder a esta pregunta tomaremos datos de tres áreas: en primer lugar, de lo que se sabe hasta ahora sobre la comunicación de gobiernos; en segundo lugar, de los datos publicados sobre el gasto en comunicación por parte de la Administración General del Estado español; y, por último, se aportan algunos datos sobre la actual crisis de confianza en el sector público.
El presente trabajo toma como uno de sus puntos de partida un estudio publicado en el año 2013 sobre la comunicación de los gobiernos nacionales, que revela una serie de tendencias generalizadas que son de interés a efectos de la presente investigación (Sanders y Canel, 2013). Con apoyo en revisión bibliográfica, análisis de encuestas publicadas y de
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materiales comunicativos, así como en entrevistas en profundidad con los responsables de comunicación, el estudio diagnostica los problemas, tendencias y retos de la comunicación de los gobiernos en quince países: ocho democracias asentadas, según los índices de libertad política y de prensa de Freedom House (cinco europeos continentales —Suecia, Alemania, Francia, España y Polonia— y tres de tradición anglosajona —Reino Unido, Estados Unidos y Australia—); cuatro democracias emergentes (Chile, Sudáfrica, India y México), y tres países calificados por estos índices como no libres (Singapur, China y Zimbabwe).
A efectos del presente trabajo sobre los intangibles en el sector público, el estudio revela que (Sanders y Canel, 2013; ver también Canel, 2015):
- Es global y generalizada la preocupación de los gobiernos por ajustar mejor su comunicación a las exigencias derivadas de la crisis económica: los gobiernos se están haciendo cada vez más conscientes de que no están logrando llegar bien a los ciudadanos.
- Los gobiernos están reformando los organigramas con el in de dar a la comunicación mayor peso institucional. Se están ensayando nuevas fórmulas para la distribución de funciones, la organización jerárquica, la toma de decisiones, etc.
- Los gobiernos se están viendo expuestos a la necesidad de responder más rápida y adecuadamente a los desarrollos de los medios digitales. De hecho, la mayor parte del incremento de costes en comunicación en casi todos los países se ha producido en torno a las actividades de comunicación online.
- Se pone de manifiesto la falta de capacidad estratégica de los gobiernos para abordar la elevada contingencia a la que están sometidos en su comunicación, que se expresa no solo en múltiples imprevistos —tales como catástrofes naturales, fallos funcionales o atentados terroristas—, sino también en las cambiantes expectativas ciudadanas. Se están produciendo cambios importantes en la manera de actuar y comunicarse en los ciudadanos, para los que los gobiernos no están desarrollando el suficiente seguimiento.
- Esta falta de capacidad estratégica es especialmente manifiesta en lo que se refiere a la ausencia de planes de comunicación de legislatura, de comunicación de crisis, y de inversión en el establecimiento de relaciones: apenas se cuenta con planes de reputación, legitimidad, engagement o branding.
- No se cuenta, además, con pautas sistemáticas de formación, captación y promoción de los comunicadores de la gestión pública para actualizar conocimientos y adquirir habilidades que permitan orientarse a una mayor interacción con los ciudadanos: los comunicadores de gobiernos carecen de la formación necesaria para la construcción de bienes intangibles.
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- Hace falta dar con mejores ajustes normativos para preservar los mensajes gubernamentales del partidismo del que cada vez los ciudadanos más desconfían: los análisis revelan una creciente desconfianza ciudadana hacia las acciones de comunicación de los gobiernos (Sanders y Canel, 2015).
Por lo que respecta a España, el análisis corrobora lo constatado en estudios precedentes (Sanders, Canel et al., 2011; Dircom, 2007) y apunta nuevas conclusiones (Sanders y Canel, 2013; Canel, 2013, y Canel, 2015):
- Se pone de manifiesto, por un lado, que se han producido una serie de cambios que permiten afirmar que la comunicación del Gobierno en España avanza hacia una mayor sistematización. Se cuenta ya con nuevos y más especializados programas de formación en la comunicación en la Administración pública; se han modificado los organigramas para dar más peso institucional a la comunicación (en noviembre de 2016 se produjo un cambio histórico: la Secretaría de Estado de Comunicación pasó a depender directamente de Presidencia del Gobierno); se han redefinido las tareas de comunicación con una mayor capacidad estratégica; por último, se ha avanzado en la formación del personal en la gestión de bienes intangibles en el sector público: por ejemplo, el programa Máster Oficial en Comunicación en la Administración Pública, impartido por el INAP con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) contiene un módulo específicamente dedicado a la implantación de bienes intangibles en el sector público.
- Pero el análisis muestra también que la innovación en comunicación del Gobierno está lastrada por herencias del pasado, y que quedan por delante retos importantes para lograr una comunicación al servicio de la regeneración democrática.
Más específicamente (Canel, 2013; Canel, 2015):
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La renovación de las plantillas de funcionarios eventuales y de carrera dedicados a la comunicación en los ministerios y en la Presidencia del Gobierno ha estado lastrada por la incorporación en 1975 de los periodistas procedentes de la Prensa del Movimiento (lastre presente hasta 2013), con las consecuentes diferentes dinámicas en la actualización y adaptación a las nuevas exigencias de la comunicación.
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Los organigramas de la Administración pública española todavía no priorizan la comunicación, como sucede en otros países. Si bien, como se ha afirmado arriba...
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