Aportaciones a la construcción de un modelo de desarrollo local: La experiencia del Ayuntamiento de Catarroja
| Autor | Ricard Calvo Palomares/Juli Antoni Aguado i Hernàndez |
| Páginas | 149-172 |
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En la actualidad, el alcance potencialmente ilimitado de la información deriva en incertidumbre; es decir, en la dificultad de establecer relaciones entre la cantidad de información que transmitimos y recibimos que, sin embargo, no garantiza su conversión en conocimiento porque aumenta el número de opciones posibles, pero también hace más difícil adoptar decisiones (Melucci, 1994: 132; Cornella, 2004: 1).
En este contexto de falta de certeza, donde la única posibilidad de mantener ventajas competitivas sostenibles por parte de los territorios, las administraciones, las economías y las empresas es innovar continuamente (Vázquez Barquero, 1999: 123; Boixader, 2007: 395), adquiere gran importancia la capacitación de estos para captar, procesar y utilizar productivamente la información y así apuntalarse en el conocimiento –en la certidumbre–, articulando los dos significados complementarios que expresa el término “información”. Éstos son: “informarse de” –extraer información, mediante la observación (semántica)– y “dar forma a” –inyectar neguentropía, mediante la acción (pragmática)– (Ibáñez, 1994: 2; Navarro, 1989: 43). Información “pragmática” que aporta instrucciones e indica cómo hacer las cosas, así como las posibilidades para concretarlas.1
Por tal razón, los encargados de formular las políticas públicas deben ser capaces de generar unidades de observación de sus organizaciones, de su ámbito de actuación y de su entorno que busquen proactivamente información adecuada, cercana y útil, y la valoren y analicen mediante un conjunto de instrumentos específicos de aproximación y análisis de la realidad. Deben contar con investigaciones aplicadas procedentes de las ciencias sociales que sean pertinentes, oportunas y competentes metodológicamente –con el método, rigor y objetividad científicos–, por medio de la construcción de matrices o formatos para la estructuración de datos –como la que describimos en la experiencia de Catarroja (SDLPC, 2009; Aguado, 2010)– y la capacidad de la razón que aporta la ciencia para aprehender las tendencias existentes, comprender mejor y ser capaces de responder a las cuestiones fundamentales a las cuales se enfrentan (Morales, 1997: 1; Alós, 1999: 58; Angeleri, 1999: 15; Sanchis et al., 2001: 21; Asensi-Artiga y Parra-Pujante, 2002: 9-10, 12; Castro, 2002: 3, 192; Moltó y Hernández, 2002: 175, 178; UTEDLT, 2002: 2; Valdivielso, 2002: 24-25; Lamo de Espinosa, 2005; Wilson, 2005: I; León, Porras y Carmona, 2006: 6).
Un requisito de cualquier intervención pública es que existan unos objetivos determinados que se ajusten a las necesidades del territorio y que sean medibles sus
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resultados; por lo que, en el marco del análisis del proceso de las políticas públicas (Ferri, 2002; Valdivielso, 2002), la investigación social tiene un papel más o menos explícito en todas las fases a través de las cuales puede pasar un problema público, según la división de las etapas del proceso de las políticas públicas que desarrolla Valdivielso (2002).2
Desde el punto de vista del desarrollo local, política de intervención pública sobre la que pivota el presente artículo, hay que tener en cuenta que los fenómenos sociales y territoriales son extraordinariamente dinámicos tanto en el tiempo como en el espacio, por lo que su comprensión reclama un seguimiento de carácter constante (Melucci, 1994: 129-130; Castells, 1996: 47; Otero i Serra, 1998: 3; Sanchis et al., 2001: 23; León, Porras y Carmona, 2006: 3; Sevilla, 2006: 3).
Por ello, en primer lugar, la investigación social es necesaria para disponer de información territorial útil y de un tratamiento adecuado de la misma con indicadores cercanos y prácticos para identificar las oportunidades de intervención gubernamental y privada; por tanto, ésta puede ser una herramienta determinante en un proceso de toma de decisiones con intención de anticipación y basado en datos objetivos, mostrando los vínculos existentes entre la información socioeconómica y las tareas de gobierno (Morales, 1997: 1; Castro, 2002: 192, 245; Wilson, 2005: I; León, Porras y Carmona, 2006: 3, 6).
Asimismo, puede otorgar solidez al proceso de planificación de estas políticas, de forma objetiva y sustentable, teniendo en cuenta aspectos como el entorno y la cultura, la economía y el mercado de trabajo local, el medio ambiente y las infraestructuras, los recursos disponibles en la zona y las actividades de desarrollo en curso. Por ello, un conocimiento previo, más o menos detallado de estos aspectos, y adaptado a las características concretas de cada espacio, puede ser de gran utilidad para conocer el marco en el cual se procederá al desarrollo, disponiendo de bases reales para iniciar dicho proceso y, así, elaborar propuestas que permitan definir y ajustar políticas, estrategias de actuación y niveles de coordinación para mejorar resultados e impactos (Morales, 1997: 1; Sanchis et al., 2001: 21; Arriagada, 2002: 15; UTEDLT, 2002: 2; Wilson, 2005: I; León, Porras y Carmona, 2006: 6).
También es importante contar con información objetiva para intervenir en los principales problemas y sus causas, otorgando firmeza al proceso de ejecución de las políticas y de implementación de planes de acción y soluciones acordes con estos, para facilitar la articulación de esfuerzos en aras de un mejor aprovechamiento de los recursos y de la obtención de resultados eficaces, como en el caso de la puesta de manifiesto y valoración de proyectos de inversión viables que redunden en la generación de actividad empresarial, renta y empleo (Carrillo, 2000: 69-71).
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Igualmente, la investigación social posibilita la evaluación de las acciones desarrolladas al facilitar el seguimiento y la monitorización de la ejecución operativa de las diferentes actuaciones, así como la medición de su impacto para conocer su eficiencia y verificar si los supuestos que se usaron, tanto para su formulación como para su implementación, fueron adecuados, incluyendo la identificación, análisis y explicitación de los cambios que se han producido como consecuencia de la aplicación de los proyectos (Angeleri, 1999: 15; ILPES, 2001: 15; Castro, 2002: 192; León, Porras y Carmona, 2006: 3).
Sobre esta base, en el presente artículo pretendemos reflexionar acerca de las dificultades con las que se encuentra la administración local en la implementación del modelo para el desarrollo del territorio en el proceso de generación de informaciones procedentes de los programas implantados, que posibiliten contar con datos válidos para la mejora de los mismos. Consideraciones que a grandes rasgos pueden ser aplicables a las políticas públicas en ámbitos diferentes al del desarrollo local. En base a ello, las hipótesis del artículo serían las siguientes:
Las políticas de intervención en el ámbito del desarrollo local se implementan, en general, sin el análisis de la realidad específica y la problemática del entorno.
En los casos en los que el modelo de intervención pública en el desarrollo local mide sus efectos, lo hace sin contar con datos básicos o recurriendo a datos poco fiables, parciales o incompletos; en lugar de utilizar una cultura y una metodología para desarrollar buenos sistemas de observación e información sistematizada.
Al no establecer los mecanismos para la medición de su eficiencia (eficacia en su caso), el modelo de intervención pública en el desarrollo local no puede ofrecer los resultados más adecuados y las garantías suficientes para conseguir los objetivos propuestos.
La segunda mitad de la década de los ochenta supuso la aparición de un nuevo modelo para el desarrollo del territorio desde lo local; no obstante, la perspectiva macro daba muestras de su incapacidad operativa para reactivar la economía española tras la crisis vivida –inicialmente a nivel mundial– en la década de los setenta y posteriormente con su prolongación hasta finales de los ochenta. Ello dejaba paso a una actuación donde lo micro cobraba una importancia máxima.
El desarrollo de abajo a arriba (Alburquerque, 2002: 54) se convertía en la directriz básica para hacer frente a esta situación de crisis socioeconómica. Reactivar el territorio suponía redefinir las actuaciones y las dinámicas desde lo pequeño. Lo rural
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–que había sido abandonado años atrás debido al avance del modelo de producción fordista– volvía a adquirir una dimensión fundamental. El desarrollo desde lo local es una concepción en la que la dinamización de los procesos económicos devuelve el protagonismo al territorio y a su población (Madoery, 2001: 125).
Estas estrategias de desarrollo endógeno (Vázquez Barquero, 1988, 2000a, 2000b; Pérez, 2000a: 117; Pérez y Carrillo, 2000; Rubio, 2000; Sanchis, 2000a: 158; Moltó y Hernández, 2002: 177) pretenden la activación de las potencialidades de los recursos y las dinámicas existentes en el ámbito local, y el fomento y la estimulación de la actividad productiva endógena de forma eficaz, coherente e integrada, complementándolos con las oportunidades que el entorno pueda generar para dar solución a los problemas concretos, en un enfoque territorial de abajo-arriba.
Asimismo, estas actuaciones constituyen una vía emergente para abordar de manera eficaz los procesos de...
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