La aplicación y eficacia del Derecho Social Comunitario en España.

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Autor	Icíar Alzaga Ruiz
Cargo	Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Páginas	129-150

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

odo análisis de la problemática de la

aplicación y eficacia del Derecho

Social Comunitario se encuentra,

aún hoy, influido por lo que algún autor ha

denominado «la percepción nacional del efec-

to directo»1. La aplicación y eficacia directa

de sus normas continúan afectadas por las

construcciones doctrinales y jurisprudencia-

les de cada Estado miembro2. Es innegable el

peligro que encierra el trasvase de los esque-

mas y categorías de los Derechos nacionales

al Derecho comunitario. Sirva de ejemplo el

hecho de que tanto los juristas británicos

como los germánicos consideran que la doctri-

na del efecto directo gira en torno a la protec-

ción de derechos, mientras que en Francia la

clave se centra en determinar si el comporta-

miento del Estado o de los organismos públi-

cos es compatible con el Derecho comunitario.

En este contexto, se superponen dos fenó-

menos. Por una parte, en el interior de cada

129

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

* Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la

Seguridad Social de la Universidad Nacional de Educa-

ción a Distancia.

1PRECHAL, S.: «Does direct effect still matter?», cit.,

pág. 1053.

2Muy especialmente del Derecho administrativo

francés, principal precursor de las denominadas «invo-

cabilidad de exclusión» e «invocabilidad de sustitu-

ción». Al respecto, MASTROIANNI, R.: «On the distinction

between vertical and horizontal direct effect of directi-

ves: what role for the principle of equality», EPL, nº 5,

1999, págs. 417 y ss., LENZ, D., TYNES, S. y YOUNG, L:

«Horizontal what? Back to basics», ELR, nº 5, 2000,

págs. 509 y ss., TRIDIMAS, T.: «Black, white and shades of

grey: horizontal of directives revisited», YBEL, nº 21,

2002, pág. 327, DUBOS, O.: «Invocabilité d´exclusion

des directives: une autonomie enfin conquise», Revue

française de Droit Administratif, nº 19, 2003, págs. 568

y ss. y DOUGAN, M. : «When worlds collide! Competing

visions of the relations between direct effect and supre-

macy», Common Market Law Review, nº 44, 2007,

págs. 931. Interesante resulta también el planteamiento

de JANS, J. H. y PRINSSEN, J. M.: «Direct effect: conver-

gence or divergence?, en AA.VV.: Direct effect: rethin-

king a classic of EC legal doctrine, Coord. Prinssen, J. M.

y Schrawen, A., Europa Law, Groningeen, 2002, pág.

107, quienes explican cómo la forma en que se aplica

el Derecho comunitario en los sistemas nacionales de-

pende, en gran medida, de las normas procesales de

cada Estado miembro; en consecuencia, la aplicación

del principio de eficacia directa de las directivas comu-

nitarias puede dar lugar a respuestas diferentes en cada

Estado miembro, vulnerándose con ello el requisito de

aplicación uniforme del Derecho comunitario en el se-

no de la Unión.

La aplicación y eficacia

del Derecho Social Comunitario

en España

ICÍAR ALZAGA RUIZ*

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Estado miembro, «la doctrina científica fran-

cesa escribe para los franceses, la alemana

para los alemanes, la inglesa para los ingle-

ses, la holandesa para los holandeses, la ita-

liana para los italianos, la española para los

españoles, etc. Y, así, se han desarrollado

una especie de «subdoctrinas» sobre el efecto

directo»3, que corren paralelas a la doctrina

establecida por el TJCE. Y, por otra, a nivel

comunitario, los diversos actores participan-

tes en la escena comunitaria –Abogados Ge-

nerales, Jueces, etc.– poseen un excelente co-

nocimiento de la legislación comunitaria,

pero, al mismo tiempo, están influidos por su

personal formación jurídica que conecta con

diversas tradiciones legales4.

La doctrina científica internacionalista

distingue entre «la aplicabilidad» y «el efecto

directo» de las disposiciones comunitarias5.

La primera alude al hecho de que las disposi-

ciones de Derecho comunitario se convierten

en Derecho interno sin necesidad de medida

nacional alguna para su validez. La segunda

se refiere a la naturaleza de las disposiciones

comunitarias que, cuando es completa, con-

fiere derechos a los particulares y es jurídica-

mente perfecta, podrá ser invocada ante los

órganos jurisdiccionales internos6.

Los reglamentos comunitarios son normas

de aplicación directa e inmediata una vez

publicados en el Diario Oficial de la Unión

Europea7, mientras que las directivas8tienen

unas limitaciones que no las hacen equipara-

bles a aquellos; requieren la transposición al

ordenamiento jurídico español a través de

una norma estatal. La directiva carece, pues,

del carácter completo, tanto formal9como

material10, que caracteriza al reglamento.

La aplicabilidad directa de los reglamen-

tos comunitarios comporta que un Estado

miembro no pueda suprimir unilateralmente

los efectos de un acto directamente aplicable

mediante un acto legislativo interno, contra-

rio al comunitario, estando los Estados obli-

gados igualmente a no adoptar medidas que

puedan afectar las competencias del Tribunal

de Justicia para pronunciarse sobre cuestio-

nes interpretativas o de validez de los actos

adoptados por la Unión Europea. Por su par-

te, el efecto directo permite que por las vías

establecidas en el Derecho interno, se exija al

Estado miembro en cuestión el cumplimiento

de las normas comunitarias11.

El alcance del Derecho social comunitario

en nuestro ordenamiento no se limita al deri-

INFORMES Y ESTUDIOS

130 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

3Como explica PRECHAL, S.: «Direct effect reconsi-

dered, redefined and rejected», en AA. VV.: Direct ef-

fect: rethinking a classic of EC legal doctrine, Coord.

Prinssen, J. M. y Schrawen, A., Europa Law, Groninge-

en, 2002, cit., pág. 20.

4PRECHAL, S.: «Direct effect reconsidered, redefi-

ned and rejected», cit., pág. 20.

5MILLÁN MORO, L.: «Aplicabilidad directa y efecto

directo en el Derecho Comunitario según la jurispru-

dencia del Tribunal de Justicia», Revista de Instituciones

Europeas, vol. 1, nº 1, 1984.

6LUELMO MILLÁN, M. A.: «Los reglamentos comuni-

tarios en el recurso de casación para la unificación de

doctrina», Sepin Laboral y Seguridad Social, nº 4, 2009,

pág. 18.

7Antes del 1 de enero de 2003, Diario Oficial de la

Comunidad Europea.

8Los arts. 14 y 15 del Tratado Constitutivo de la

Comunidad del Carbón y del Acero, de 18 de abril de

1951, utilizaban la expresión de «recomendaciones

generales» para referirse a las directivas comunitarias. Al

respecto, CAPELLI, F.: Le Direttive comunitarie, Giuffrè

Milano, 1983,pág. 30, quien explica que el término

«directiva» tiene su origen en la expresión «recomenda-

ción general» del art. 14.3 del Tratado de la CECA.

9Formal porque a pesar de ser publicadas en el Dia-

rio Oficial de la Unión Europea, requieren ser integradas

en disposiciones internas que serán, a su vez, publicadas

en los respectivos Estados miembros. ALONSO GARCÍA, R.:

Derecho comunitario. Sistema constitucional y administra-

tivo de la Unión Europea, Ceura, Madrid, 1994, pág. 224.

10 Y, material porque requiere proposiciones jurídi-

cas de concreción con relación a los medios para hacer-

lo efectivo, ALONSO GARCÍA, R.: Derecho comunitario.

Sistema constitucional y administrativo de la Unión Euro-

pea, cit., pág. 224.

11 LUELMO MILLÁN, M. A.: «Los reglamentos comuni-

tarios en el recurso de casación para la unificación de

doctrina», cit., pág. 18.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

vado de las normas directamente aplicables o

a la transposición de aquellas cuya eficacia

queda condicionada al cumplimiento de este

requisito. Se extiende también a la eficacia de

las directivas no transpuestas. Y, así, la no

transposición en plazo de una directiva por

parte de un Estado miembro no impide que

pueda tener eficacia directa12, es decir, que

pueda ser invocada por los particulares ante

los órganos judiciales nacionales.

Hasta la fecha, el Tribunal de Justicia ha

admitido la invocabilidad de las directivas no

transpuestas únicamente frente al Estado

incumplidor de la obligación de transposición.

Es lo que se conoce como el efecto directo ver-

tical de las directivas. Pero no ha admitido su

efecto horizontal, es decir, que puedan hacer

surgir derechos y obligaciones entre los parti-

culares invocables ante los órganos judiciales.

Junto a la eficacia de las directivas no

transpuestas en plazo hay que tener en cuen-

ta una eficacia que se ha denominado indirec-

ta y que se refiere a cualquier directiva,

transpuesta o no, ya afecte a relaciones verti-

cales u horizontales y que deriva del principio

de interpretación del Derecho nacional de

conformidad con el Derecho comunitario.

2. EFICACIA DIRECTA

La eficacia directa de las normas comunita-

rias significa que el Derecho comunitario pue-

de desplegar efectos de manera uniforme en

todos los Estados miembros, desde su entrada

en vigor. Las normas comunitarias crean dere-

chos y obligaciones a favor de los sujetos

incluidos en su ámbito de aplicación, es decir,

entran a formar parte del patrimonio jurídico

de los particulares, con independencia de la

legislación de los Estados miembros. Estos

derechos y obligaciones pueden ser invocados

ante las autoridades nacionales (administrati-

vas y judiciales) de cada Estado y los poderes

públicos nacionales deben garantizar el respe-

to de las obligaciones asumidas por los Esta-

dos y proteger, en consecuencia, los derechos

individuales de los particulares13.

ICÍAR ALZAGA RUIZ

131

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

12 Para referirnos a la eficacia directa de las directi-

vas comunitarias emplearemos las expresiones «eficacia

directa» o «efecto directo». La confusión terminológica

se agudiza si uno atiende a las diversas versiones ligüísti-

cas. Así en Alemania se habla de unmittelbare Wirkun-

gen (una única expresión para acoger ambos concep-

tos), en Francia de effets directs y effets inmediats, en

Holanda de onmiddellijk effect y directe werking y, en

Italia, de atto a produrre direttamente degli effetti sui

rapporti y avendo valore precettivo. Sobre esta cuestión,

cfr. EDWARD, D.: «Direct effect: Mith, mess or mistery»,

en AA. VV.: Direct effect: rethinking a classic of EC legal

doctrine, Coord. Prinssen, J. M. y Schrawen, A., Europa

Law, Groningeen, 2002, pág. 6. En relación a la distin-

ción entre efecto directo y aplicabilidad directa, cfr., en

especial, CAPELLI, F.: La direttive comunitarie, Giuffrè Edi-

tore, Milán, 1987, págs. 263 y ss., TESAURO, G.: «The

effectiveness of judicial protection and co-operation

between the Courts of Justice and the National Courts»,

YEU, nº 13, 1993, pág. 4, WINTER, J. A.: «Direct applica-

bility and direct effect: two distinct and different con-

cepts in community law», CMLR, nº 4, 1972, págs. 425 a

438 y, además, EMMERT, F. y PEREIRA DE AZEVEDO, M.:

«L´effet horizontal des directives. La jurisprudence de la

CJCE: un bateau ivre?», RTDE, nº 3, 1993, pág. 505 y

OJANEN, T.: «The changing concept of direct effect of

European Community Law», REDP, nº 12, 2000, págs.

1253 y ss. En concreto, Winter sugirió que la expresión

«aplicabilidad directa» debía utilizarse para referirse al

método por el que los reglamentos pasan a formar parte

del Derecho nacional. Mientras que la expresión «efec-

to directo» debía reservarse para referirse a aquellos

supuestos en los que la normativa comunitaria otorga a

los particulares derechos individuales que los Tribunales

nacionales deben proteger. Critican la tesis de Winter,

entre otros, TIMMERMANS, C.: «Directives: their effect

within national legal systems», CMLR, nº 16, 1979, págs.

533 a 555 y STEINER, J.: «Direct applicability in EEC Law.

A chameleon concept», LQR, nº 98, 1982, págs. 229 a

248. Finalmente, el TJCE no ha seguido la distinción

expuesta para referirse a las disposiciones del TCE que

otorgan derechos a los particulares, sino que ha optado

por utilizar ambas indistintamente, aunque también es

cierto que, en relación a las directivas comunitarias, ha

tenido la precaución de no utilizar la expresión «aplica-

bilidad directa», sino sólo «eficacia directa» y ésta será

también la que utilicemos nosotros.

13 MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, D. J.: Insti-

tuciones y Derecho de la Unión Europea, 5ª ed., Tecnos,

Madrid, 2006, pág. 392.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Encuentra su fundamento en la doctrina

del estoppel (en base a la cual, los Estados

deben respetar los compromisos que han asu-

mido libre y voluntariamente) y en el meca-

nismo de la cuestión prejudicial (pues carece-

ría de sentido imponer dicha obligación al

órgano jurisdiccional si las normas comunita-

rias desplegasen efectos solamente respecto

de los Estados miembros)14.

El Tribunal de Justicia sentó este princi-

pio en su sentencia Van Gend en Loos15 cuan-

do explicó que:

«Para saber si las disposiciones de un Tra-

tado internacional tienen tal alcance [efec-

to inmediato en el Derecho interno] hay

que examinar su espíritu, su economía y

sus términos. […] En consecuencia, el

Derecho comunitario, independientemen-

te de la legislación de los Estados miem-

bros, así como crea obligaciones para los

particulares, está también destinado a

engendrar derechos que entran en su

patrimonio jurídico. […] Éstos nacen, no

solamente cuando el Tratado hace una

atribución explícita a su favor, sino tam-

bién en razón de obligaciones que el Trata-

do impone de manera bien definida, tanto

a los particulares como a los Estados

miembros y a las instituciones comunita-

rias […].

El papel asignado al Tribunal de Justicia

en el marco del artículo 177, cuyo objetivo

es asegurar la unidad en la interpretación

del Tratado por los órganos jurisdicciona-

les nacionales, confirma que los Estados

han reconocido al Derecho Comunitario

una autoridad susceptible de ser invocada

por sus ciudadanos ante sus órganos juris-

diccionales».

Para concluir que:

«La Comunidad constituye un nuevo orde-

namiento jurídico de derecho internacio-

nal en beneficio del cual los Estados han

limitado, aunque en ámbitos restringidos,

sus derechos soberanos, y cuyos sujetos no

son sólo los Estados miembros, sino tam-

bién los ciudadanos, [de forma que] inde-

pendientemente de la legislación de los

Estados miembros, el Derecho Comunita-

rio no sólo impone obligaciones a los indi-

viduos, sino que está destinado a conferir-

les derechos que forman parte de su patri-

monio jurídico»16.

El Derecho originario o primario, integra-

do por los Tratados fundacionales, los Trata-

dos modificativos de éstos, los sucesivos

Acuerdos de adhesión de los Estados miem-

bros y los Protocolos anexos17, constituye la

INFORMES Y ESTUDIOS

132 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

14 En virtud de lo dispuesto en el art. 234 del Trata-

do CE, el planteamiento de la cuestión prejudicial es

facultativo para todos los órganos jurisdiccionales y obli-

gatorio para los que deciden en última instancia. En este

sentido, el Tribunal de Justicia en el Asunto Cilfit, sen-

tencia de 6 de octubre de 1982, asunto 283/81, explicó

cómo «la correcta aplicación del Derecho comunitario

puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a

ninguna duda razonable sobre la manera de resolver la

cuestión planteada», aunque «antes de llegar a tal con-

clusión, el órgano jurisdiccional nacional debe estar

convencido de que la misma evidencia se impondrá

igualmente a los órganos jurisdiccionales de los otros

Estados miembros y al Tribunal de Justicia, de forma que

sólo si reúnen estos requisitos, el órgano jurisdiccional

nacional puede abstenerse de someter la cuestión al Tri-

bunal de Justicia y resolverla bajo su propia responsabi-

lidad». Al respecto, PRECHAL, S.: «Remedies after Mars-

hall», CMLR, nº 27, 1990, págs. 454 y ss.

15 Sentencia de 5 de febrero de 1963, asunto 26/62.

16 Asunto Van Gend en Loos, sentencia de 5 de

febrero de 1963, asunto 26/62. Al respecto, cfr. WINTER,

J. A.: «Direct applicability and direct effect: two distinct

and different concepts in community law», CMLR, nº 4,

1972, págs. 425 y ss.

17 Entre los diversos Tratados suscritos destacan los

siguientes: Tratado de París de 18 de abril de 1951, Tra-

tado de Roma de 25 de marzo de 1957, Convención de

Roma de 25 de marzo de 1957, Tratado de Bruselas de

8 de abril de 1965, Tratado de Luxemburgo de 22 de

abril de 1970, Tratado relativo a la adhesión a las Comu-

nidades Europeas de Dinamarca, Irlanda, Reino Unido

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 22 de enero de

1972, Tratado de Bruselas de 10 de julio de 1975, Trata-

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

norma fundamental de la Unión Europea. La

ausencia de una única norma, que refunda en

un solo Tratado los diversos textos que con-

forman el Derecho primario, tiene como

resultado «una situación cada vez más insos-

tenible»18, asistemática19 y confusa.

El TJCE reconoció tempranamente su efec-

to directo de los Tratados. La razón de dicho

reconocimiento fue sencilla: una solución en

sentido contrario hubiera puesto en peligro la

finalidad de los Tratados y la propia naturale-

za del sistema jurídico comunitario20.

3. LA EFICACIA DEL DERECHO

DERIVADO

Por su parte, el Derecho derivado se inte-

gra por tres tipos básicos de normas: los

reglamentos, las directivas y las decisiones.

3.1. Los Reglamentos

Los reglamentos comunitarios son de apli-

cación directa en los Estados miembros desde

su entrada en vigor. Se integran en el ordena-

miento jurídico interno desde su publicación

en el Diario Oficial de la Unión Europea y

despliegan su eficacia desde la fecha que él

mismo establezca o, en su defecto, a los vein-

te días de su publicación21.

No necesitan de ningún acto expreso de

ratificación o de un ulterior desarrollo nor-

mativo por parte de los Estados, al ser válidos

y eficaces por sí mismos22. No requieren de un

acto estatal que posibilite su incorporación al

Derecho interno o que autorice su plena efica-

cia en el espacio jurídico estatal. Son normas

self-executing y tienen, en consecuencia, una

clara finalidad unificadora del ordenamiento

jurídico comunitario23.

El TJCE ha reconocido su carácter norma-

tivo, como manifestación principal de la

potestad legislativa comunitaria24. En virtud

de esta naturaleza, el reglamento produce

efectos inmediatos de forma simultánea y

uniforme en todos los países de la Unión

Europea25. Es decir, «en razón de su función

en el sistema de fuentes del Derecho comuni-

tario, producen efectos inmediatos y son, en

cuanto tal, aptos para conferir a los particu-

lares derechos que las jurisdicciones naciona-

les tienen la obligación de proteger»26. Se les

ICÍAR ALZAGA RUIZ

133

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

do de Bruselas de 22 de julio de 1975, Tratado relativo a

la adhesión a las Comunidades Europeas de Grecia, de

28 de mayo de 1979, Tratado de Bruselas de 13 de mar-

zo de 1984, Tratado de adhesión de España y Portugal a

las Comunidades Europeas de 12 de junio de 1985, Tra-

tado de la Unión Europea de 7 de febrero de 1992, Tra-

tado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997, Tratado

de Niza de 26 de febrero de 2001, Tratado de adhesión

de la República Checa, la República de Estonia, la Repú-

blica de Chipre, la República de Letonia, la República de

Lituania, la República de Hungría, la República de Mal-

ta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y

la República de Eslovaquia de 16 de abril de 2003, Tra-

tado de adhesión de Bulgaria y Rumanía de 25 de abril

de 2005 y Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de

2007, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009.

18 ALONSO GARCÍA, R.: Sistema jurídico de la Unión

Europea, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, pág. 99.

19 MELLADO PRADO, P., LINDE PANIAGUA, E. y GÓMEZ DE

LIAÑO FONSECA, M.: Instituciones de Derecho comunita-

rio, Colex, Madrid, 2009, pág. 284.

20 Sentencia Costa/Enel, de 15 de julio de 1964,

Asunto 6/64.

21 Art. 254 TCE.

22 En los supuestos en los que un Estado miembro, a

pesar de no ser necesaria la transposición del reglamen-

to al ordenamiento interno, procede al desarrollo inter-

no del reglamento, el TJCE ha establecido que dicha

práctica en sí no es condenable, aunque sí ciertos efec-

tos que de la misma pueden derivarse. Al respecto, entre

otros, Asunto Comisión c. Italia, sentencia de 7 de febre-

ro de 1973, asunto C-39/72, Asuntos Bollman y Krohn,

sentencias de 18 de febrero y 18 de junio de 1970,

asuntos C-40/69 y C-74/69 y Asunto Fratelli Variola, sen-

tencia de 10 de octubre de 1973, asunto 34/73.

23 SCHOCKWEILER, F.: «Les effets des directives dans

les ordres juridiques nationaux», Revue du Marché Uni-

que Européen, nº 1, 1995, págs. 9 y ss.

24 Asunto Comisión/Francia, sentencia de 14 de

diciembre de 1971, asunto 7/71.

25 Asunto RFA v. Comisión, sentencia de 14 de ene-

ro de 1981, asunto 819/79.

26 Asunto Polito, sentencia de 14 de diciembre de

1971, Asunto Schluter, sentencia de 24 de octubre de

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

reconoce la misma plena eficacia que a los

Tratados.

3.2. Las Directivas

Las directivas son un acto legislativo espe-

cíficamente comunitario27, de contenido flexi-

ble al ser concretadas por cada Estado miem-

bro. Representan un método de legislación en

dos etapas. En la primera etapa, el legislador

comunitario establece los objetivos a alcan-

zar. En la segunda, es el legislador de cada

uno de los Estados miembros el que fija el

detalle de las normas y las modalidades de su

aplicación.

Al tratarse de un instrumento de aproxi-

mación de las legislaciones y no de unifica-

ción del Derecho comunitario –como es el

reglamento–, la directiva sólo queda comple-

ta cuando el Estado miembro aprueba y

publica su acto de transposición28. Posee efec-

tos integradores distintos a los del reglamen-

to29, al necesitar del complemento nacional

para afectar a los ciudadanos.

Una vez transpuesta, la directiva obliga al

Estado miembro y genera derechos y obliga-

ciones entre particulares. Tiene, por tanto,

eficacia directa vertical y eficacia directa hori-

zontal. O expresada la idea con otras pala-

bras, cuando el Estado cumple su obligación

de transponer la directiva en el plazo estable-

cido, ésta adquiere efecto directo. Y, así, a

diferencia de los reglamentos, el papel del

Estado en el caso de las directivas es funda-

mental; el único sujeto obligado en cuanto al

resultado que deba conseguirse con la trans-

posición de la directiva es el Estado miembro,

que dispone de la facultad de elegir la forma y

los medios en que llevar a cabo la ejecución30.

En definitiva, la directiva transpuesta, es

decir, una vez desarrollada y publicada en el

BOE, tiene eficacia vertical (es invocable

frente al Estado) y horizontal (es invocable

frente a los particulares).

3.3. Las decisiones

Las decisiones carecen de alcance general,

al tratarse de actos obligatorios en todos sus

elementos, pero exclusivamente para los des-

tinatarios que el texto designe. Sus caracte-

rísticas esenciales derivan, en palabras del

TJCE, «de la limitación de los destinatarios a

los que se dirigen, mientras que el reglamen-

to, esencialmente normativo, es aplicable no

a destinatarios limitados, designados o iden-

tificables, sino a categorías de personas con-

templadas en abstracto y en su conjunto31.

INFORMES Y ESTUDIOS

134 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

1973 y Asunto OCM del Vino, sentencia de 13 de octu-

bre de 2005.

27 CAPELLI, F.: Le direttive comunitarie, cit., pág. 5.

28 En relación a la posibilidad de transponer las direc-

tivas comunitarias mediante la negociación colectiva

interna, por todos, PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: El

Derecho Social Comunitario en el Tratado de la Unión

Europea, cit., págs. 127 a 131.

29 La doctrina científica ha venido a clarificar por qué

en el Tratado CE se han previsto dos categorías de actos

distintos: el reglamento y la directiva. La directiva corres-

ponde a ámbitos ligados estrechamente al ejercicio de la

soberanía nacional o afectan de forma íntima al modo de

vida de un pueblo. Por su parte, el reglamento corres-

ponde a sectores más técnicos y también a ámbitos en los

que la transferencia de soberanía de los Estados miem-

bros hacia las instituciones comunitarias es más comple-

ta, como en el ámbito de la política agraria común. Cfr.

MILLET, T.: «El efecto directo de las directivas: ¿Hacia un

reconocimiento del efecto horizontal?», en AA. VV.: La

articulación entre el Derecho comunitario y los Derechos

nacionales: algunas zonas de fricción, Consejo General

del Poder Judicial, Madrid, 2007, pág. 106.

30 SORIANO GARCÍA, J. E.: Reglamentos y directivas en

la jurisprudencia comunitaria, Tecnos, Madrid, 1988,

pág. 96 y MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. Mª.

y SEMPERE NAVARRO, A. V.: Derecho Social Europeo, Tec-

nos, Madrid, 1994, págs. 38 y 39. Cada Estado es, pues,

competente para desarrollar el contenido de la directi-

va. Obsérvese que cuanto más detallada sea una directi-

va, más se distancia de su configuración como fuente del

Derecho comunitario de dos niveles y más se aproxima

al reglamento comunitario.

31 Asuntos Confédération Nationale de Producteurs

de Fruits et Légumes c. Consejo, sentencia de 14 de

diciembre de 1962, asuntos 16 y 17/62 y Asunto Fédé-

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

Según lo dispuesto en el TCE, las decisio-

nes dirigidas a particulares engendran dere-

chos y/u obligaciones en beneficio o a cargo de

sus destinatarios y son de aplicación directa

en el ordenamiento interno. Se trata, pues, de

un acto vinculante que tiene destinatarios

precisos (personas físicas, personas jurídicas

o Estados miembros).

Las decisiones son objeto de notificación

imperativa a sus destinatarios. No entran

automáticamente en el ámbito público

mediante su publicación en el Diario Oficial.

Surten efectos a partir de su notificación32.

En consecuencia, la falta de publicaciones de

las decisiones no impide que tengan efecto

directo, que puede ser invocado por los parti-

culares33 y, al mismo tiempo, a falta de notifi-

cación, la decisión carece de todo efecto34.

Se distinguen de las directivas comunita-

rias, en que las decisiones no precisan de nin-

guna medida de adaptación al Derecho inter-

no, por lo que confieren derechos y obligaciones

a los nacionales de los Estados miembros con

independencia de las medidas de ejecución. En

fin, se diferencian de los reglamentos en que

éstos tienen alcance general, mientras que las

decisiones gozan sólo de alcance individual35.

4. EL EFECTO DIRECTO

DE LAS DIRECTIVAS

Se reconoce al justiciable el derecho a invo-

car las disposiciones de una directiva comuni-

taria no transpuesta ante sus propias juris-

dicciones nacionales para preservar el efecto

útil de la directiva36. Todo ello siempre y

cuando las disposiciones de la directiva sean

suficientemente precisas e incondicionales37.

Como es fácil de adivinar, cuanto mayor sea

la concreción del contenido de una directiva,

mayor aptitud presentará para desplegar sus

efectos en el ordenamiento interno de los

Estados miembros, en los supuestos de falta

de transposición o de transposición incorrec-

ta. Todo ello, sin olvidar que una redacción

detallada de una directiva, además de facili-

tar su eficacia directa, conecta también con la

problemática del deslinde de las figuras de

directivas y de los reglamentos y, en concreto,

con la atribución de competencias de la Unión

Europea38.

El efecto directo de las directivas se confi-

gura, de esta forma, como el resultado de una

situación patológica, consistente en un

incumplimiento por parte de los Estados

miembros de su obligación de ejecutarlas

correctamente en su Derecho interno dentro

del plazo fijado39. La invocabilidad deriva del

efecto directo, que confiere a las directivas

una eficacia jurídica sustancial, sometida al

cumplimiento de determinadas condiciones

ICÍAR ALZAGA RUIZ

135

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

ration Nationale Boucherie c. Consejo, sentencia de 14

de diciembre de 1962, asuntos acumulados 19 a 22/62.

32 Art. 254.3 TUE.

33 Asunto Sevince, sentencia de 20 de septiembre

de 1990, asunto C- 192/89 y Asunto Gottfried Heinrich,

sentencia de 10 de abril de 2008, asunto C-345/06.

34 Asunto Hoechst, sentencia de 8 de julio de 1999,

asunto C-227/92 y Asunto Gottfried Heinrich, sentencia

de 10 de abril de 2008, asunto C-345/06.

35 Además de la decisión que contempla el art. 249

TCE existen las denominadas decisiones sin destinatario,

acto atípico adoptado en aplicación del TCE. Se distin-

guen de las decisiones del art. 249 en que tienen un des-

tinatario identificado.

36 En este sentido también, Asunto Royer, sentencia

de 8 de abril de 1976, asunto 48/75 y Asuntos Gallotti y

otros, sentencias de 12 de septiembre de 1996, asuntos

acumulados C-58/95, C-112/95, C-119/95, C-135/95,

C-141/95, C-154/95 y C-157/95.

37 MILLET, T.: «El efecto directo de las directivas:

¿Hacia un reconocimiento del efecto horizontal?», cit.,

pág. 111.

38 VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: «Las directivas como ins-

trumento de política social y su relación con el ordena-

miento laboral español», cit., pág. 96 y ALONSO GARCÍA,

R.: Sistema jurídico de la Unión Europea, cit., pág. 108.

39 El Tribunal de Justicia explicó en el Asunto Felici-

tas Rickmers, sentencia de 15 de julio de 1982, asunto

270/81, como la «eficacia directa sólo constituye una

garantía mínima frente a la anómala situación provoca-

da por el incumplimiento por los Estados miembros de

su obligación de ejecutar correctamente las directivas en

el plazo fijado, situación que no se corrige hasta que

efectivamente tiene lugar la correcta ejecución».

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

–precisión e incondicionalidad– y se encuen-

tra, en cuanto a su contenido, restringida.

En concreto, las circunstancias que deben

concurrir para que se produzca el efecto

directo de una directiva no transpuesta son

las siguientes: a) Que haya transcurrido el

plazo que se concedió al Estado miembro para

su transposición40; b) Que no se haya efectua-

do actividad alguna de desarrollo (siempre

que la misma fuese necesaria) o que la reali-

zada no se ajuste a lo sancionado en la direc-

tiva; y c) Que las disposiciones, a las que se

pretende dotar de efecto directo, sean sufi-

cientemente precisas41 e incondicionales42.

De lo anterior se infiere que si el Estado se

ha abstenido de actuar, no podrá invocarse la

directiva mientras no haya transcurrido el

plazo de ejecución. Mientras que, si el Estado

actúa y ejecuta la directiva, quedará en

manos de los tribunales nacionales determi-

nar si la ejecución llevada a cabo puede llegar

a comprometer el resultado prescrito por la

directiva. En este caso y siempre que se den

las condiciones de aplicabilidad a las que nos

referiremos a continuación, deberá aplicarse

ésta directamente. Es decir, si bien es cierto

que para que pueda hablarse del efecto direc-

to de una directiva no transpuesta o trans-

puesta incorrectamente es necesario que

haya transcurrido el plazo que se concedió al

Estado para su transposición43, el TJCE ha

defendido que los Estados miembros deberán

abstenerse de adoptar medidas que puedan

comprometer el efecto útil de la directiva aún

no transpuesta durante el período inmediata-

mente anterior a su transposición44.

La postura del Tribunal de Justicia a la

hora de invocar la eficacia directa de las

directivas puede resumirse en los siguientes

términos45:

– De la directiva no se puede afirmar de

pleno derecho el efecto directo en su

conjunto.

– Habrá que determinar en cada caso con-

creto si una directiva puede producir

esta forma de eficacia.

INFORMES Y ESTUDIOS

136 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

40 El Tribunal de Justicia ha entendido que la eficacia

de las directivas, en cuanto parámetro de validez de la

normativa nacional, está supeditada al vencimiento del

plazo fijado, de manera que antes de que finalice el mis-

mo, «los Estados miembros permanecerían libres en la

materia», de donde se infiere que «no es posible para un

particular invocar el principio de confianza legítima

antes de la expiración del plazo previsto para su ejecu-

ción». Cfr. Asunto Ratti, sentencia de 5 de abril de 1979,

asunto 148/78, Asunto Becker v. Finanzamt Münster-

Innenstadt, sentencia de 19 de enero de 1982, asunto

8/81, Asunto Vaneetveld, sentencia de 3 de marzo de

1994, asunto C-316/93 y Asunto Ambulanter Pflege-

dienst Kügler GmbH v. Finanzamt für Körperschaften I in

Berlin, sentencia de 10 de septiembre de 2002, asunto

141/00. Al respecto, cfr. TIMMERMANS, C.: «Community

directives revisited», YEL, nº 17, 1997, pág. 11.

41 Para que una disposición sea suficientemente

precisa, es necesario que el juez nacional, que se

enfrenta al caso, sea capaz de resolver el conflicto apli-

cando dicha disposición. En concreto, las disposiciones

precisas cumplirán el requisito (como ejemplo, cfr.

Asunto Santillo, sentencia de 9 de julio de 1979, asunto

C-131/79, Asunto Fratelli Costanzo SpA, sentencia de

22 de junio de 1989, asunto 103/88 y Asunto Carpane-

to I, sentencia de 17 de octubre de 1989, asunto

129/88), mientras que aquellas generales, que para

poder ser aplicadas precisan de la adopción de posterio-

res medidas que indiquen al juzgador nacional la direc-

ción a seguir, no pueden ser aplicadas por el juez nacio-

nal (entre otros supuestos, Asuntos Traen, sentencias de

12 de mayo de 1987, asuntos 372 a 374/85, Asunto Von

Colson, sentencia de 10 de abril de 1984, asunto 14/83,

Asunto Beentjes, sentencia de 20 de septiembre de

1988, asunto 31/87). En este sentido, TIMMERMANS, C.:

«Directives: their effect within national legal systems»,

cit., pág. 541 y PESCATORE, P.: «The doctrine of direct

effect: an infant disease of Community law», ELR, vol. 8,

1983, págs. 176 y ss.

42 KLAMERT, M.: «Judicial implementation of directi-

ves and anticipatory indirect effect: connecting the

dots», CMLR, nº 43, 2006, pág. 1263.

43 KLAMERT, M.: «Judicial implementation of directi-

ves and anticipatory indirect effect: connecting the

dots», cit., pág. 1252.

44 Asunto Inter-Environnement Wallonie, sentencia

de 18 de diciembre de 1997, asunto C-129/96 y Asunto

Mangold, sentencia de 22 de noviembre de 2005, asun-

to C-144/04.

45 En extenso, BELLO MARTÍN-CRESPO, M. P.: Las direc-

tivas como criterio de interpretación del Derecho nacio-

nal, cit., págs. 50 y ss.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

– Para ello, habrá que tener en cuenta su

naturaleza, economía y los términos en

que estén establecidas las obligaciones.

– El fundamento de la eficacia directa de

una directiva se encuentra, en todo

caso, en la exigibilidad de la obligación

que imponga a los Estados.

La invocabilidad de las obligaciones deri-

vadas de una directiva está, pues, sometida a

la concurrencia de una serie de condiciones:

que las obligaciones estén establecidas con

«precisión»46, que sean «completas y jurídica-

mente perfectas»47 y que sean «incondiciona-

les»48, esto es, que no se encuentren someti-

das49 ni a plazo50 ni a reserva51.

Ilustrativo de lo hasta ahora expuesto,

resulta el Asunto Annalisa Carbonari52,

ejemplo de un supuesto en el que la obliga-

ción establecida por la Directiva invocada no

era lo suficientemente precisa como para

poder ser aplicada por los Tribunales nacio-

nales. Los hechos de los que trae causa la

demanda son los siguientes. La Directiva

75/363/CEE, del Consejo, sobre coordinación

de las disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas relativas a las actividades de

los médicos, modificada por la Directiva

82/76/CEE, del Consejo, relativa a la forma-

ción a tiempo completo y parcial de los médi-

cos especialistas, establecía el derecho de los

médicos en formación al percibo de una remu-

neración adecuada. Planteada cuestión pre-

judicial, el TJCE estableció que la obligación

de remunerar de forma adecuada los períodos

de formación de los médicos especialistas es

incondicional y suficientemente precisa, en la

medida en que exige53 que, cuando su forma-

ción se efectúe a tiempo completo y conforme

a las exigencias de la Directiva, esté remune-

rada. Ahora bien, cuestión distinta es la con-

creción de dicha obligación. Y, de esta forma,

en opinión del TJCE, dicha obligación no per-

mite, por sí sola, al órgano jurisdiccional

nacional determinar la identidad del deudor

obligado al pago de la remuneración apropia-

da, ni su cuantía, por lo que no cabe hablar de

ICÍAR ALZAGA RUIZ

137

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

46 Asunto Lück, sentencia de 4 de abril de 1968,

asunto 34/67 y Asunto Francovich y Bonifaci/República

italiana, sentencia de 19 de noviembre de 1991, asuntos

6/90 y 9/90, entre otros. Inicialmente las disposiciones

de las directivas habían de ser también «claras», pero al

final el Tribunal de Justicia dejó de hacer alusión a este

requisito. Al respecto, Asunto Auer, sentencia de 22 de

septiembre de 1983, asunto 271/83.

47 Asunto Molkerei Zentrale, sentencia de 3 de abril

de 1968, asunto 28/67.

48 Asunto Müller-Hein, sentencia de 14 de julio de

1971, asunto 18/71.

49 Entre otros, Asunto Reyners, sentencia de 21 de

junio de 1974, asunto 2/74, Asunto Becker, sentencia de

19 de enero de 1982, asunto 8/81, Asunto Suffitii y

otros, sentencia de 3 de diciembre de 1992, asuntos

acumulados C-140, 278 y 279/1991, Asunto Vaneet-

veld, sentencia de 3 de marzo de 1994, asunto C-

316/1993, Asunto Mendes Ferreira y Delgado Correia

Ferreira, sentencia de 14 de septiembre de 2000, asun-

to C-348/1998 y Asunto Velasco Navarro, sentencia de

17 de enero de 2008, asunto C-246/2006. O dicho en

otros términos, antes de la expiración de su plazo de eje-

cución, parece que sólo cabría invocar las directivas

para hacer frente a medidas generales adoptadas con

posterioridad a su notificación, que hicieran imposible

alcanzar el objetivo por ellas fijado llegada dicha expira-

ción, momento a partir del cual se produciría la apertu-

ra de su invocabilidad en términos integradores en fun-

ción de su contenido preciso e incondicional.

50 El plazo es el concedido a los Estados para su

transposición, de forma que la eficacia directa de las

directivas sólo es posible una vez transcurrido el plazo

de transposición en ella previsto.

51 Sabido es que las directivas están sujetas a reser-

va, ya que su eficacia plena está sometida a la adopción

de un acto normativo de transposición por parte de los

Estados miembros. Asunto Felicitas, sentencia de 15 de

julio de 1982, asunto 271/81, en el que se establece

que: «En todos los casos en los que una directiva ha sido

correctamente transpuesta, sus efectos llegan a los parti-

culares a través de las medidas de aplicación adoptadas

por el Estado miembro afectado sin que sea necesario

examinar si la disposición en cuestión reúne las condi-

ciones a las que estaría subordinada la posibilidad de ser

invocada por los particulares ante una jurisdicción

nacional en el caso de que la directiva no estuviera

correctamente transpuesta».

52 Sentencia de 25 de febrero de 1999, asunto C-

131/97.

53 Con la finalidad de que un médico especialista

pueda acogerse al régimen de reconocimiento mutuo

previsto en la Directiva en cuestión.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

efecto directo de la normativa comunitaria

objeto del litigio.

El TJCE matizó su doctrina en el Asunto

Marshall54. Los hechos origen de la sentencia

son los siguientes: la demandante, la Sra.

Marshall, prestaba servicios como dietista en

el Departamento de Salud Pública de Shou-

thamptom y Hampshire. Al cumplir la edad

de 62 años, la empresa le comunica que, de

acuerdo con la normativa aplicable y tenien-

do en cuenta que tiene cubierto el período

mínimo de cotización para causar derecho a

la pensión de jubilación, debe causar baja por

jubilación. La trabajadora comunica a la

empresa su deseo de permanecer en activo,

petición que no es atendida por la empleado-

ra. El régimen de jubilación forzosa aplicable

en el Reino Unido era diferente entre mujeres

y hombres, al tener que jubilarse aquéllas

antes que éstos. La trabajadora considera

vulnerada la Directiva 76/207/CEE, del Con-

sejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la

aplicación del principio de igualdad de trato

entre hombres y mujeres, que no había sido

transpuesta al ordenamiento británico. A la

vista de estos hechos, el Tribunal de Justicia

resolvió que la directiva invocada era aplica-

ble a la trabajadora puesto que su empleador

era un organismo público55. ¿Cuál hubiera

sido la respuesta del Tribunal si el empleador

de la Sra. Marshall hubiese sido un empresa-

rio privado?

La restricción impuesta por el Tribunal de

Justicia consistió en admitir exclusivamente

el llamado «efecto directo vertical» de las

directivas, esto es, frente al Estado incumpli-

dor. En consecuencia, una directiva no trans-

puesta no puede crear obligaciones a cargo de

un particular, ni ser invocada contra una per-

sona, puesto que el TJCE no ha reconocido su

efecto directo horizontal.

El TJCE defendió que el diferente trata-

miento otorgado a unos trabajadores frente a

otros se justificaba por la responsabilidad

que cabe imponer al Estado infractor que no

ha transpuesto en tiempo y forma la directi-

va56. En este sentido, cuando el Reino Unido,

en el Asunto Marshall se lamentó de que la

teoría del efecto vertical de la directiva impli-

caba «una distinción arbitraria e injusta

entre los derechos de los empleados del Esta-

do y los de los empleados del sector privado»,

el TJCE respondió con firmeza que «tal dis-

tinción podría haber sido fácilmente evitada

si el Estado miembro en cuestión hubiese

incorporado correctamente la directiva a su

Derecho interno».

El fundamento de la invocabilidad vertical

de las directivas se basa en tres elementos57:

a) El efecto sanción que se quiere imponer al

Estado miembro que ha incumplido su obli-

gación de transponer la directiva58. Se res-

tringe la invocabilidad de las directivas a las

INFORMES Y ESTUDIOS

138 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

54 Asunto Marshall, sentencia de 26 de febrero de

1986, asunto 152/84.

55 En sus alegaciones, el Abogado General Slynn

consideró que «otorgar efecto horizontal a las directivas

al permitir que impusieran obligaciones a los particula-

res difuminaría totalmente la distinción entre reglamen-

tos y directivas establecida en el Tratado».

56 THEIS, E. R.: «Implementation, compliance and

effectiveness: emerging issues on compliance and effec-

tiveness within the European Union», cit., págs. 161 y

ss., quien explica cómo el fundamento de la eficacia de

las directivas comunitarias no estaba claro inicialmente,

pero como posteriormente el TJCE estableció la doctrina

del estoppel.

57 MANGAS MARTÍN, A. y LIÑÁN NOGUERAS, J. J.: Institu-

ciones y Derecho de la Unión Europea, Tecnos, Madrid,

2002, pág. 393.

58 Asunto Ratti, sentencia de 5 de abril de 1979,

asunto 148/78 y Asunto Becker, sentencia de 19 de ene-

ro de 1982, asunto 8/81. Esta construcción conceptual,

íntimamente vinculada al incumplimiento de los Estados

miembros de su deber de ejecución, fue rodeada al

tiempo de un trasfondo sancionador, traducido en la

limitación de su operatividad al marco de las relaciones

verticales y en sentido unilateral. Es decir, serían los par-

ticulares quienes pudieran invocar la directa aplicación

de las directivas frente a los poderes públicos y no a la

inversa, al ser éstos los responsables de la situación pato-

lógica origen de la entrada en juego de la eficacia direc-

ta. Al respecto, cfr. ALONSO GARCÍA, R.: El juez español y

el Derecho comunitario, cit., pág. 134.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

relaciones verticales por la razón principal de

que las obligaciones que imponen sólo se pue-

den exigir al Estado destinatario, que es el

responsable de la no ejecución o del desarrollo

irregular de su contenido59; b) El principio de

cooperación o lealtad hacia los compromisos

voluntariamente asumidos por los Estados

miembros60; y, c) Los principios de aplicación

uniforme y no discriminación por razón de

nacionalidad.

En consecuencia, en palabras del Tribunal

de Justicia:

«Es menester subrayar que según el art.

189 [actual art. 249] del Tratado el carác-

ter obligatorio de una directiva sobre el

que se basa la posibilidad de invocar ésta

ante un órgano jurisdiccional nacional sólo

existe respecto a todo Estado miembro des-

tinatario. De ello se deriva que una directi-

va no puede, por sí sola, crear obligaciones

a cargo de un particular y que una disposi-

ción no puede, por consiguiente, ser invo-

cada, en su calidad de tal, contra dicha

persona»61.

Posteriormente, en la sentencia Collino y

Chiappero/Telecom Italia SpA62, de 14 de sep-

tiembre de 2000, relativa al mantenimiento de

los derechos de los trabajadores en un supues-

to de transmisión empresarial, el Tribunal

Europeo rechazó de nuevo el efecto directo

horizontal de la Directiva 77/187/CEE, del

Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la

aproximación de las legislaciones de los Esta-

dos miembros relativas al mantenimiento de

los derechos de los trabajadores en caso de

traspasos de empresas, de centros de activi-

dad o de partes de centros de actividad63, en

los siguientes términos:

«Según reiterada jurisprudencia, una

directiva no puede, por sí sola, crear obli-

gaciones a cargo de un particular y no pue-

de, por consiguiente ser invocada, en su

calidad de tal en su contra […]»64.

Dicho esto, obsérvese que la exclusión del

efecto horizontal de una directiva difícilmen-

te se puede sostener cuando tiene por objeto

el desarrollo de una norma contenida en el

Tratado, a la que se ha concedido eficacia

ICÍAR ALZAGA RUIZ

139

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

59 Asunto Marshall, sentencia de 26 de febrero de

1986, asunto 152/84, pronunciamiento en el que el Tri-

bunal de Justicia, tras recordar su jurisprudencia Becker y

dejar claro que el Estado miembro que no haya adoptado,

en los plazos previstos, las medidas de ejecución exigidas

por una directiva, no puede oponer a los particulares el

propio incumplimiento de las obligaciones que aquélla le

impone. El carácter obligatorio de una directiva, sobre el

que se basa la posibilidad de invocarla ante un órgano

jurisdiccional nacional, sólo existe respecto a todo Estado

miembro destinatario. De ello se deriva que una directiva

no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un

particular ni es susceptible, por consiguiente, de ser invo-

cada, en su calidad de tal contra dicha persona. Como

escribió PESCATORE(«Le recours dans la jurisprudence de la

Cour de Justice des Communautés Européennes à des

normes déduites de la comparaison des États membres»,

RIDC, nº 2, 1980, págs. 337 y ss.), «de acuerdo con la doc-

trina sentada por el Tribunal, las directivas pueden ser

invocadas en los Tribunales nacionales por los particula-

res, puesto que vinculan a los Estados miembros, como

consecuencia de su propia naturaleza vinculante. [...]. En

resumen, los pronunciamientos del Tribunal en este tema

reflejan el principio que en los países de tradición británi-

ca se conoce con el término de «estoppel», entendido en

sentido amplio y, que, en los países continentales se cono-

ce como venire contra factum propium o nemo auditur».

En idéntico sentido, GALMOT, Y. y BONICHOT, J. C.: «La

Cour de Justice des Communautés Européennes et la

transposition des directives en droit national», RFDA, nº 1,

1988, pág. 22 y EMMERT, F. y PEREIRA DE AZEVEDO, M.:

«L´effet horizontal des directives. La jurisprudence de la

CJCE : un bateau ivre ?», cit., pág. 64. Cfr. PRECHAL, S.:

Directives in the EC Law, cit., págs. 252 y ss.

60 Asunto Moorman, sentencia de 20 de septiembre

de 1988, asunto 190/87.

61 Asunto Marshall, sentencia de 26 de febrero de

1986, asunto 152/84.

62 Asunto C-343/98.

63 Derogada por la Directiva 2001/23/CE, del Con-

sejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de

las legislaciones de los Estados miembros relativas al

mantenimiento de los derechos de los trabajadores en

caso de traspasos de empresas, de centros de actividad

o de partes de empresa o de centros de actividad.

64 Jurisprudencia reiterada, entre otros, en el Asunto

RAS/Dario Lo Bue, sentencia de 4 de mayo de 2001,

asunto C-233/01.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

directa o de un principio fundamental. Así ha

ocurrido, por ejemplo, con el principio de

igualdad y no discriminación en materia de

remuneración, que ha sido declarado invoca-

ble por la jurisprudencia del Tribunal de Jus-

ticia a favor de los ciudadanos europeos con-

tra todo tipo de sujetos, públicos o privados.

Sin embargo, las directivas promulgadas en

desarrollo de dicho precepto, van a ver su efi-

cacia reducida a una simple invocabilidad

vertical.

Esta diferencia de régimen suscita serios

inconvenientes en su aplicación práctica65,

como tendremos ocasión de desarrollar más

adelante y que se concretan, entre otras cues-

tiones, en el riesgo de discriminación que se

deriva del hecho de que se niegue la eficacia

horizontal de las directivas, en supuestos en

los que la relación laboral del trabajador está

entablada con un empresario privado. En

estos casos, no podrán invocarse las disposi-

ciones de la directiva; mientras que en los

supuestos en los que la relación está estable-

cida con un empresario público, el trabajador

podrá invocar dichas disposiciones ante sus

órganos jurisdiccionales internos.

Si se parte del hecho de que el Estado

infractor no puede desentenderse de una

directiva no transpuesta o transpuesta de

forma incorrecta, en ciertos supuestos, se

producirán perjuicios para algunos particula-

res. Y, de esta forma, como señaló el Reino

Unido en sus observaciones a la sentencia

Marshall, el TJCE ha establecido una dife-

renciación según que la relación laboral ten-

ga lugar con un empresario público o privado,

en cuyo caso, si el Estado incumple la obliga-

ción de transposición de la directiva, el traba-

jador resultará perjudicado, al no poder ale-

garla en justicia.

Asimismo, el no reconocimiento del efecto

horizontal de las directivas ha supuesto que

la noción de efecto directo no sea homogénea

y, en concreto, en lo referente a las directivas,

ha implicado la negación de su primacía fren-

te al Derecho nacional y la aplicación menos

uniforme del Derecho comunitario66.

De todo lo expuesto, la doctrina del TJCE

puede resumirse en los siguientes términos:

las directivas no pueden ser invocadas frente

a los particulares ni por el Estado ni por

otros particulares y ello porque los sujetos

obligados por las directivas –a tenor de lo

dispuesto en el art. 249 del Tratado– son sólo

los Estados miembros67. Atribuir efecto

directo horizontal a las directivas supondría

«reconocer a la Comunidad la facultad de

establecer normas con efectos inmediatos a

cargo de los particulares, cuando sólo tiene

esa competencia en aquellos supuestos en los

que se le atribuye la facultad de adoptar

reglamentos»68.

5. LA EFICACIA INTERPRETATIVA

DE LAS DIRECTIVAS:

La eficacia interpretativa horizontal de las

directivas comunitarias, también conocida

INFORMES Y ESTUDIOS

140 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

65 RUIZ-JARABO COLOMER, D.: El juez nacional como

juez comunitario, cit., pág. 144, quien añade «la invoca-

bilidad de las directivas, reducida a las relaciones verti-

cales, constituye una brecha importante en el principio

de primacía del Derecho comunitario, ya que el juez

nacional se verá obligado a rechazar sistemáticamente

las pretensiones de las partes fundadas en la aplicación

directa de una directiva, cuando se ejerciten en proce-

sos entre particulares y frente a disposiciones de índole

privada y, en especial, de carácter contractual.

66 MANIN, P.: «L´invocabilité des directives: quel-

ques interrogations», RTDE, nº 26, 1990, pág. 690.

67 Asunto Marshall, sentencia de 26 de febrero de

1986, asunto 152/84.

68 Asunto Faccini Dori, sentencia de 14 de julio de

1994, asunto 91/92. El reglamento se adopta para ser

aplicado de forma inmediata, por lo que, por regla gene-

ral, su contenido es muy preciso. En cambio la directiva

tiene otro destino, al ser desarrollada por los Estados

miembros en un plazo determinado. La razón profunda

de la diferencia entre una y otra fuente del Derecho

comunitario estriba en el margen de apreciación que se

confiere a los Estados para conseguir el objetivo deter-

minado en las directivas.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

como interpretación extensiva, conforme69,

concurrente70, consistente71 o efecto indirecto

o reflejo72, es entendida por el Tribunal de

Justicia como una mitigación de la negativa

en términos absolutos de su operatividad

horizontal73. El TJCE, consciente de que la

inexistencia de un efecto directo horizontal

de las directivas constituye un importante

límite al principio de primacía del Derecho

comunitario sobre el Derecho nacional, ha

establecido el principio de interpretación con-

forme, en virtud del cual, el Derecho interno

habrá de interpretarse por los Tribunales

nacionales a la luz de la directiva no trans-

puesta en plazo o transpuesta de forma inco-

rrecta. El derecho de interpretación conforme

se concibe por el TJCE74 como una obligación

para el juez nacional, que deriva de la natu-

raleza vinculante de los arts. 10 y 249 TCE75.

Se habla, en consecuencia, de una «eficacia

horizontal indirecta» de las directivas, en la

medida en que se aplican a las relaciones

entre particulares, vía interpretación del

Derecho nacional76.

De no aceptarse el criterio de la eficacia

interpretativa horizontal de las directivas,

podrían plantearse supuestos de discrimina-

ción del hecho de que la relación laboral del

trabajador estuviera entablada con una auto-

ridad pública o con un empresario privado: en

el primer caso, podrían invocarse las disposi-

ciones de la directiva ante sus órganos juris-

diccionales internos; en el segundo no77. O

expresado en otros términos, ante el incum-

plimiento estatal de transposición en tiempo

y forma de una directiva, el TJCE permite a

un particular alegar dicha directiva frente a

su Estado miembro (cualquiera que sea el

organismo que la incumple y cualquiera que

sea la actividad que lleve a cabo), pero impi-

de que la alegue frente a otro particular. La

discriminación que se origina es aun más

grave en aquellos supuestos en los que la

directiva no invocable horizontalmente con-

tiene el desarrollo de principios fundamen-

ICÍAR ALZAGA RUIZ

141

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

69 PRECHAL, S.: Directives in European Community

Law: a study of Directives and their enforcement in natio-

nal Courts, cit., págs. 200 y ss.

70 BETLEM, G.: Civil liability for transfortier pollution,

Graham and Trotman, Nijhoff, Londres, 1993, pág. 204.

71 DAL FARRA, A.: «Les fondaments de l´invocabilité

de la directive devant le juge national: le malentendu

conceptuel», RTDE, 1992, pág. 634.

72 SHAW, J.: «Pregnancy discrimination in sex discri-

mination», ELR, 1991, págs. 313 y ss., STEINER, J.: «From

direct effect to Francovich: shifting means of enforce-

ment of Community Law», ELR, nº 18, 1993, págs. 3 y ss.

y EMMERT, F. y PEREIRA DE AZEVEDO, M.: «L´effet horizontal

des directives. La jurisprudence de la CJCE : un bateau

ivre ?», cit., págs. 503 y ss.

73 De hecho, negada la eficacia horizontal de las

directivas comunitarias, ello no ha impedido de hecho la

aparición en escena de supuestos en los que un particu-

lar solicita la aplicación de una directiva frente a una

autoridad pública, a resultas de la cual se deriva un per-

juicio para un tercero. Como ejemplos, cabe citar el

Asunto Fratelli Costanzo, sentencia de 22 de junio de

1989, asunto 103/88 y el Asunto Furlanis, sentencia de

26 de octubre de 1995, asunto C-143/94. PRECHAL, S.:

Directives in the EC Law, cit., pág. 200, recuerda que la

doctrina científica ha hablado de «efecto indirecto,

interpretación concurrente, interpretación leal, inter-

pretación harmónica, interpretación benevolente, inter-

pretación conciliadora, interpretación conforme, obliga-

ción interpretativa, principio Von Colson, interpretación

uniforme, «invocabilité d´interpretation» (la cursiva es

del autor). En parecidos términos, cfr. «The principle of

indirect effect of Community Law», cit., pág. 204 y CUR-

TIN, D.: «The providence of government: delimiting the

direct effect of directives in the Common Law context»,

ELR, nº 15, 1990, pág. 463.

74 En la etapa inicial de construcción de este princi-

pio, se concibe como una facultad del juez nacional y no

como una obligación de carácter general. Corresponden

a este período sentencias tales como el Asunto Haaga,

sentencia de 12 de noviembre de 1974, asunto 32/74 o

el Asunto Carmelo Bonsignore, sentencia de 26 de

febrero de 1975, asunto 67/74.

75 BELLIDO BARRIONUEVO, M. P.: «La eficacia interpre-

tativa de la directiva comunitaria durante el período de

transposición. El efecto anticipación de la directiva en

conexión con el efecto bloqueo», CCDP, nº 24, 2005,

pág. 160.

76 SALA FRANCO, T.: «Informe acerca de la política y el

Derecho Social Comunitario en la Unión Europea», en

AA. VV.: Dimensión social de la globalización y de los

procesos de integración, OIT, Ginebra, 2002, pág. 208.

77 PRECHAL, S.: «Remedies after Marshall», CMLR, nº

27, 1990, pág. 456.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

tales78. En fin, dicha discriminación podría lle-

gar a ser evidente si una empresa pública se

reprivatizara o si se nacionalizara una empre-

sa privada, pues dos trabajadores de la misma

empresa podrían invocar o no la directiva,

dependiendo del momento en que se hubiese

originado el conflicto con el empresario.

El asunto Foster c. British Gas79 resulta

especialmente ilustrativo. En dicho pronun-

ciamiento, el TJCE mantuvo el concepto

amplio de Estado, que se extiende a estableci-

mientos autónomos, que se rigen por los prin-

cipios propios de la gestión privada. El TJCE

consideró invocable la directiva en cuestión,

porque los hechos del proceso se remontaban

a una época en que la demandada era una

empresa nacionalizada y, en consecuencia,

los trabajadores lograron el amparo solicita-

do. Poco tiempo después de dictarse senten-

cia, la empresa fue privatizada. Tras la priva-

tización, los mismos trabajadores no hubie-

ran podido invocar la directiva, por unos

hechos idénticos, aunque posteriores en el

tiempo.

La eficacia interpretativa de las directivas

comunitarias tiene su origen en el marco de

las respuestas del Tribunal de Justicia a las

cuestiones prejudiciales. En ellas, los jueces

nacionales preguntan sobre la correcta inter-

pretación de estas normas comunitarias con

objeto de adecuar la interpretación de las nor-

mas nacionales a las directivas. La formula-

ción de este principio se encuentra80 en las

célebres sentencias Von Colson/Kamann81 y

Harz82, reiteradas por la jurisprudencia pos-

terior83.

INFORMES Y ESTUDIOS

142 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

78 MILLÁN MORO, L.: «La eficacia directa de las direc-

tivas: evolución reciente», cit., págs. 855 y ss. y VALDEO-

LIVAS GARCÍA, Y.: «Las directivas como instrumento de

política social y su relación con el ordenamiento laboral

español», cit., págs. 102 y 103.

79 Sentencia de 12 de julio de 1990, asunto C-

188/189.

80 Una incipiente formulación de este principio se

intuye en el Asunto Friedrich Haaga GmbH, sentencia

de 12 de noviembre de 1974, asunto 32/74 y en el

Asunto Mazzalai, sentencia de 20 de mayo de 1976,

asunto 111/75. En este último pronunciamiento, el TJCE

ya afirmó que «independientemente de los efectos de la

directiva, en casos como el presente, una interpretación

de la directiva puede ser útil al juez nacional a fin de ase-

gurar a la ley adoptada para la aplicación de aquélla una

interpretación y aplicación conformes a las exigencias

del Derecho comunitario».

81 Sentencia de 10 de abril de 1984, asunto 14/83.

HINTON, E. F.: «Strenghthening the effectiveness of Com-

munity Law, direct effect, article 5 EC and the European

Court of Justice, NYU Journal of International Law and

Politics, nº 31, 1998, págs. 326 y ss., quien explica que

el Asunto Von Colson ilustra cómo el principio de inter-

pretación conforme se aplica a supuestos en los que una

directiva no goza de efecto directo al no reunir los requi-

sitos establecidos en los Asuntos Vand Gend & Loos y

Van Duyn.

82 Sentencia de 10 de abril de 1984, asunto 79/83.

83 Entre otros, Asunto Gebroeders Beentjes, senten-

cia de 20 de septiembre de 1988, asunto 31/87; Asunto

Johnston, sentencia de 15 de mayo de 1986, asunto

222/84; Asunto Nijman, sentencia de 7 de noviembre

de 1989, asunto 125/88; y, Asunto Kolpinghuis Nijme-

gen, sentencia de 8 de octubre de 1987, asunto 80/86,

en el que el Tribunal de Justicia entendió que el juez ha

de respetar los principios generales del Derecho que for-

man parte del Derecho comunitario, especialmente los

de seguridad jurídica e irretroactividad. Afirmó también

que «una directiva no puede, por sí sola y con indepen-

dencia de una ley interna adoptada por un Estado

miembro para su aplicación, dar lugar a responsabilidad

penal o agravada de quienes la contravengan». Un caso

distinto es el Asunto Wagner Miret, sentencia de 16 de

diciembre de 1993, asunto 334/92, en el que la res-

puesta del Tribunal difiere en la medida en que no se

impone la aplicación de la directiva y se respeta la inter-

pretación del juez español, ya que: «El principio de

interpretación conforme se impone especialmente al

órgano jurisdiccional nacional cuando un Estado miem-

bro ha considerado, como en el caso de autos, que las

disposiciones preexistentes de su Derecho nacional res-

pondían a las exigencias de la Directiva de que se trata-

ba»; un detallado estudio de esta sentencia en BORRAJO

DACRUZ, E.: «Libertad de opción y responsabilidad del

Estado-Legislador a las directivas comunitarias europe-

as: La experiencia del FOGASA», AL, 1994-3, págs. 567 y

ss. Cfr. también Asunto Inter-Environnement Walloni,

sentencia de 18 de diciembre de 1997, asunto C-

129/1996, Asunto Pfeiffer e.a./Deutsches Rotes Kreutz,

de 5 de octubre de 2004, asuntos acumulados C-

397/2001 a C-403/2001 y Asunto Konstantinos Adene-

ler y otros/Ellinikos Organismos Galaktos (ELOG), sen-

tencia de 4 de julio de 2006, asunto C-212/2004.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

La obligación de interpretación conforme a

una directiva surge siempre que quepa inter-

pretar en alguna medida la disposición legal

nacional. En tal caso, el juez nacional, toman-

do en consideración los métodos de interpre-

tación habituales en su sistema jurídico,

deberá dar prioridad a aquel método que le

permita dar a la correspondiente disposición

de Derecho nacional un significado conforme

con la directiva84. O dicho en palabras del Tri-

bunal de Justicia:

«La obligación de los Estados miembros,

dimanante de una directiva, de alcanzar

el resultado que la misma prevé, así como

su deber, conforme al art. 5 [actual art. 10]

del Tratado, de adoptar todas las medidas

generales o particulares apropiadas para

asegurar el cumplimiento de dicha obliga-

ción, se imponen a todas las autoridades

de los Estados miembros, con inclusión, en

el marco de sus competencias de las auto-

ridades judiciales. De ello se desprende

que, al aplicar el derecho nacional, ya

sean disposiciones anteriores o posterio-

res a la directiva, el órgano jurisdiccional

nacional que debe interpretarla está obli-

gado a hacer todo lo posible, a la luz de la

letra y de la finalidad de la directiva, para,

al efectuar dicha interpretación, alcanzar

el resultado al que se refiere la directiva y

de esta forma, atenerse al párrafo tercero

del art. 189 [actual art. 249] del Trata-

do»85.

Y, de esta forma, admitida la existencia de

un margen de apreciación de los Estados

miembros en la ejecución de la directiva, nace

la obligación86 de resolver el litigio a partir de

disposiciones nacionales análogas o de princi-

pios generales del Derecho, siempre guiado

en la búsqueda de unas y otros por los pará-

metros marcados por la normativa comunita-

ria, situándose, pues, el juez nacional en la

difusa frontera entre la pura aplicación del

Derecho comunitario y su eficacia interpreta-

tiva87: salvo en el caso de que en el ordena-

miento interno el Tribunal nacional cuente

con una disposición clara y rotunda en senti-

do contrario a la Directiva, deberá forzar al

máximo los márgenes que le concede su pro-

pio ordenamiento para dar de esta manera

efecto a lo dispuesto en la Directiva88.

Como hemos avanzado, dicho principio fue

sentado en las sentencias Von Colson y

Kamann89 y Harz90, dictadas en asuntos casi

ICÍAR ALZAGA RUIZ

143

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

84 Asunto Marleasing, sentencia de 13 de noviem-

bre de 1990, asunto 106/89. El mencionado trasfondo

sancionador de la eficacia directa trae como consecuen-

cia la exclusión de ésta en el contexto de las relaciones

horizontales, en la medida en que es solamente el autor

de la infracción el que debe sufrir las consecuencias de

la misma. Cfr. también, Asunto Van Munster, sentencia

de 5 de octubre de 1994, asunto C-165/1991, Asunto

Rijksdienst loor Pensioenen y Robert Engelbrecht, sen-

tencia de 26 de septiembre de 2000, asunto C-

262/1997, Asunto Pfeiffer e.a./Deutsches Rotes Kreutz,

sentencia de 5 de octubre de 2004, asuntos C-397/2001

a C-403/2001 y Asunto Hendrix vs. UWV, de 11 de sep-

tiembre de 2007, asunto C-287/2005. La interpretación

conforme deberá llevarse a cabo según el tenor literal y

la finalidad de la directiva.

85 Asunto Marleasing, sentencia de 13 de noviem-

bre de 1990, asunto 106/89, apartado 8.

86 El principio de interpretación conforme no es una

facultad del juez nacional, sino que se concibe como

una obligación, dentro de los límites que la jurispruden-

cia del TJCE ha establecido.

87 ALONSO GARCÍA, R.: El juez español y el Derecho

comunitario, cit., pág. 183.

88 CRAIG, P.: «Directives: Direct effect, indirect effect

and the construction of national legislation», ELR, nº 6,

1997, págs. 519 y ss., PRECHAL, S.: Directives in Europe-

an Community Law: a study of Directives and their enfor-

cement in national Courts, Oxford European Commu-

nity Law Library, Oxford, 1995, BELLIDO BARRIONUEVO,

M. P.: «La eficacia interpretativa de la directiva comuni-

taria durante el período de transposición. El efecto anti-

cipación de la directiva en conexión con el efecto blo-

queo», cit., pág. 161 y SARMIENTO, D.: «Los «free-lance»

del Derecho comunitario: la desfiguración de la doctri-

na Cilfit», en AA. VV.: La articulación entre el Derecho

comunitario y los Derechos nacionales: algunas zonas de

fricción, Consejo General del Poder Judicial, Madrid,

2007, págs. 395.

89 Sentencia de 10 de abril de 1984, asunto 14/83.

90 Sentencia de 10 de abril de 1984, asunto 79/83.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

idénticos, con la única diferencia de que en la

primera, las demandantes se enfrentaban a

un ente público –el Land Nordhein-Westfa-

len–, mientras que en la segunda, la actora

reclamaba contra una empresa privada91.

Ambas se basan en dos cuestiones prejudicia-

les planteadas por el Arbeitsgericht de Ham-

burgo con objeto de responder a dos litigios

planteados por infracción del art. 611 BGB

alemán, norma de transposición de la Directi-

va 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero,

relativa a la aplicación del principio de igual-

dad de trato entre hombres y mujeres en lo

que se refiere al acceso al empleo, a la forma-

ción y a la promoción profesionales y a las

condiciones de trabajo. Las dos demandantes

denunciaban dicha discriminación, una fren-

te a un ente público, otra frente a una empre-

sa privada.

En el Asunto Von Colson y Kamann, el

Land Nordhein-Westafalen rechazó contra-

tar a las recurrentes como asistentes sociales

en la prisión de Werl por razón de su sexo. Los

funcionarios encargados del proceso de selec-

ción justificaron el rechazo de las demandan-

tes en base a los problemas y riesgos que

entrañaría la contratación de candidatos

femeninos en una prisión, seleccionando

finalmente a unos candidatos masculinos

menos cualificados.

Interpuesta demanda, el Arbeitsgericht de

Hamm estimó que había habido discrimina-

ción por razón de sexo en el acceso al empleo.

El Derecho alemán preveía como única san-

ción al respecto una indemnización por los

perjuicios causados. A la vista de la Directiva

76/207/CEE del Consejo, el Tribunal alemán

planteó diversas cuestiones prejudiciales al

Tribunal de Justicia. En concreto, pretendía

saber si se podía deducir de la Directiva que

una discriminación en relación con el acceso

al empleo por razón de sexo debía ser sancio-

nada, exigiéndose al empresario la celebra-

ción de un contrato de trabajo con el candida-

to discriminado. Por otro, quería saber las

sanciones que permitía imponer la directiva

en los supuestos de discriminación en el acce-

so al empleo.

En este pronunciamiento, el TJCE esta-

bleció que los Estados miembros están obliga-

dos a adoptar medidas que sean suficiente-

mente eficaces para garantizar el efecto útil

de las directivas y asegurar que dichas medi-

das puedan ser invocadas, de manera efecti-

va, ante los tribunales nacionales por las per-

sonas a quienes afecten92. Tales medidas pue-

den incluir, por ejemplo, disposiciones que

obliguen al empresario a ofrecer un puesto al

candidato discriminado o una compensación

económica adecuada, reforzadas, en su caso,

por un sistema de multas. Sin embargo, la

directiva no establece una sanción específica,

sino que deja a los Estados miembros libertad

para elegir entre las diferentes soluciones

posibles para alcanzar su objetivo. En conse-

cuencia, la Directiva no exige que una discri-

minación por razón de sexo en el acceso al

empleo deba ser sancionada con la obligación

impuesta al empresario de celebrar un con-

trato de trabajo con el candidato discrimina-

do93. El Tribunal concluye que la directiva no

INFORMES Y ESTUDIOS

144 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

91 En extenso, cfr. RUIZ-JARABO COLOMER, D.: El juez

nacional como juez comunitario, cit., págs. 148 y ss.

92 HINTON, E. F.: «Strenghthening the effectiveness of

Community Law, direct effect, article 5 EC and the Euro-

pean Court of Justice, NYU Journal of International Law

and Politics, nº 31, 1998, págs. 326 y ss.

93 Añade el TJCE que la sanción, para resultar efecti-

va y disuasoria, debe adecuarse al perjuicio causado, lo

que no es el caso de «una indemnización puramente

simbólica, como, por ejemplo, el reembolso de los gas-

tos ocasionados para presentar la solicitud de empleo».

En consecuencia, el juez está obligado «a dar a la legisla-

ción nacional adoptada en ejecución de la directiva, en

la medida en que así lo permita su Derecho nacional,

una interpretación y una aplicación conformes con las

exigencias del Derecho comunitario». En relación a la

segunda cuestión planteada, el Tribunal entendió que,

aunque la plena ejecución de la directiva no impone en

los casos de discriminación, ninguna forma específica de

sanción, exige, no obstante, que la que se adopte sea

apta para garantizar una protección real y efectiva, así

como tener un efecto disuasorio para el empresario. De

lo que se deduce que cuando un Estado miembro elige

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

establece ninguna obligación incondicional y

suficientemente precisa que pueda ser invo-

cada por un particular, a falta de medidas de

ejecución adoptadas dentro de plazo.

Por su parte, en el Asunto Harz en el que

la pretensión se dirigía contra una empresa

privada, el Tribunal de Justicia elaboró una

interesante construcción, para evitar incurrir

en discriminación: el principio de interpreta-

ción conforme. En base al mismo, el juez

nacional está obligado a interpretar su dere-

cho interno a la luz del texto y de la finalidad

de la directiva, es decir, el juez nacional debe

hacer todo lo posible para llegar a un resulta-

do conforme con la directiva en su aplicación

del Derecho nacional.

El juez nacional debe interpretar todo el

Derecho nacional conforme a la Directiva y,

por tanto, no sólo algunas disposiciones con-

cretas94. La obligación de interpretación con-

forme se refiere también a aquellos supuestos

de disposiciones nacionales anteriores a la

Directiva o que versen sobre materia distin-

ta95.

Y, de esta forma, como explicó el TJCE en

su sentencia Luigi Spano96, dictada en un

supuesto de sucesión empresarial97:

«Aunque el Tribunal de Justicia ha decla-

rado reiteradamente que una Directiva no

puede, por sí sola, crear obligaciones a car-

go de un particular y no puede, por consi-

guiente, ser invocada en su calidad de tal,

contra dicha persona (véase, en particular,

la sentencia de 14 de julio, Faccini Dori, C-

91/92), también ha declarado que al apli-

ICÍAR ALZAGA RUIZ

145

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

sancionar la discriminación mediante el otorgamiento

de una indemnización, la compensación debe ser ade-

cuada al perjuicio causado.

94 Algunos autores han defendido que la obligación

de interpretación conforme depende enteramente del

libre albedrío del juez nacional (VALLADARES, R.: «Franco-

vich: light at the end of the Marshall tunnel», UMYBIL, nº

1, 1995, págs. 32 y ss.); otros, que el principio de inter-

pretación conforme no obliga a forzar la interpretación

de la legislación nacional (MALTBY, N.: «Marleasing: what

is all the fuss about?», cit., págs. 305 y ss.); y, en fin, quie-

nes consideran que la obligación de interpretación con-

forme es absoluta (DEBURCA, G.: «Giving effect to Euro-

pean Community Directives», cit., págs. 227 y ss.). Al

respecto, en detalle, VARNER, C. A.: «The effectiveness of

European Community Law with specific regard to direc-

tives: the critical step not taken by the European Court of

Justice», cit., pág. 470.

95 Asunto Marleasing, sentencia de 13 de noviem-

bre de 1990, asunto C-106/1989. Y, en este sentido, cfr.

también Asuntos acumulados Bernhard Pfeiffer, Wil-

helm Roith, Albert SüB, Michael Winter, Klasu Nestvo-

gel, Roswitha Zeller y Matthias Döbele c. Deutsches

Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, sentencias de 5

de octubre de 2004, asuntos acumulados 397 a 403/01.

Igualmente, BETLEM, G.: «The principle of indirect effect

of Community Law», cit., págs.1 y ss., AMSTUTZ, M.: «In-

between worlds: Marleasing and the emergence of inter-

legality in legal reasoning», ELJ, nº 11, 2005, págs. 766 y

ss. y CRAIG, P. y DEBURCA, G.: EU Law, cit., pág. 289. Algu-

nos autores consideraron que el Asunto Marleasing podía

suponer el reconocimiento de la eficacia horizontal de

las directivas, aunque no fue así. En este sentido se pro-

nunciaron, entre otros, EMMERT, F. y PEREIRA DE AZEVEDO,

M.: «L´effet horizontal des directives. La jurisprudence

de la CJCE: un bateau ivre?», cit., pág. 510, SCHOCKWEI-

LER, F.: «Effets des directives non transposées en droit

national à l’égard des particuliers », en AA. VV.: Hacia un

nuevo orden internacional y europeo : estudios en home-

naje al Profesor Manuel Díez de Velasco, Tecnos, Madrid,

1993, págs. 1201 y ss., PRECHAL, S.: «Remedies after

Marshall», CMLR, 1990, pág. 470 y CRAIG, P.: «Directives:

Direct effect, indirect effect and the construction of

national legislation», cit., págs. 537 y ss.

96 Sentencia de 7 de diciembre de 1995, asunto C-

472/93. En parecidos términos, Asunto BMW, sentencia

de 23 de febrero de 1999, asunto 63/97, Asunto Océa-

no Grupo Editorial y Salvat Editores, sentencias de 27 de

junio de 2000, asuntos 240-244/98, Asunto Adidas

Salomón y Adidas Benelux, sentencia de 23 de octubre

de 2003, asunto 408/01.

97 El conflicto surgió entre diversos trabajadores y las

empresas Fiat Geotech y Fiat Hitachi, en un supuesto de

sucesión empresarial. El juez nacional presentó cuestión

prejudicial en relación a la conformidad de la normativa

nacional de transposición de la Directiva 77/187/CEE,

del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproxi-

mación de las legislaciones de los Estados miembros

relativas al mantenimiento de los derechos de los traba-

jadores en caso de traspasos de empresas, de centros de

actividad o de partes de centros de actividad. El TJCE rei-

teró la no invocabilidad de las directivas frente a los par-

ticulares y recordó la necesaria aplicación del principio

de interpretación conforme.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

car el Derecho nacional, ya sean disposi-

ciones anteriores o posteriores a la Directi-

va, el órgano jurisdiccional nacional que

debe interpretarlo está obligado a hacer

todo lo posible, a tenor literal y de la finali-

dad de la Directiva, para alcanzar el resul-

tado a que se refiere la Directiva y de esa

forma atenerse al párrafo tercero del artí-

culo 189 [actual artículo 249] del Tratado».

En posteriores pronunciamientos, el TJCE

ha reforzado el principio de interpretación

conforme al considerarlo «inherente al siste-

ma de Tratados», «con origen en los arts. 10 y

249 TCE» y «requisito de la primacía del

Derecho Comunitario»98.

En resumen, el Tribunal de Justicia ofrece

un tratamiento uniforme de la eficacia inter-

pretativa de las directivas, con independen-

cia del contexto litigioso (horizontal o verti-

cal) y, en caso de ser vertical, con indepen-

dencia de a favor de quien juegue (el Estado o

un particular), de manera que, como explicó

el Abogado General Darmon en sus conclusio-

nes a los asuntos Dekker99 y Handels-og Kon-

torfunktionaerernes Forbund i Danmark100:

«Es preciso distinguir entre la posibilidad

de invocar una directiva, cuando no exis-

tan normas nacionales que permitan

alcanzar sus objetivos, para disfrutar

directamente de la aplicación de sus dispo-

siciones (teoría llamada del efecto directo)

y la posibilidad de invocar una directiva a

los meros efectos de su interpretación del

Derecho nacional y, en particular, de las

disposiciones por las que se efectúa la

adaptación al texto comunitario (teoría lla-

mada de la interpretación conforme). Si la

primera está limitada sólo a aquellas dis-

posiciones de las directivas que sean lo

suficientemente precisas e incondicionales

y, según la jurisprudencia de este Tribu-

nal, no puede regular las relaciones entre

particulares, la segunda es muy general,

sea cual fuere el efecto, directo o no, de la

directiva y sean cuales fueren las partes».

El reconocimiento restrictivo del efecto

directo (a las relaciones verticales) se basa no

tanto en la aplicación a toda costa de la direc-

tiva no transpuesta o transpuesta de forma

incorrecta, como en el deseo de la previa aco-

modación del Derecho interno a la directiva,

con la finalidad de salvaguardar la función de

las directivas comunitarias: la armonización

de las legislaciones de los Estados miembros.

Es cierto que puede defenderse que la aplica-

ción del principio de interpretación conforme

puede lograr unos resultados idénticos a los

que hubiera producido el reconocimiento de

la eficacia horizontal de las directivas comu-

nitarias. Pero desde el momento en que la

aplicación del principio de interpretación

conforme depende, en su concreción, de la

voluntad del juez nacional, respetar el efecto

útil de la directiva queda en manos del Tribu-

nal nacional101. Sabido es que el principio de

seguridad jurídica es suma de los principios

de certeza, legalidad, jerarquía, publicidad

normativa, irretroactividad de lo no favora-

ble e interdicción de arbitrariedad. Es indu-

dable que, en la aplicación del principio de

interpretación conforme102, el concepto de

INFORMES Y ESTUDIOS

146 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

98 Asunto Mau, sentencia de 2003, asunto C-

160/01, Asuntos acumulados Bernhard Pfeiffer, Wilhelm

Roith, Albert SüB, Michael Winter, Klasu Nestvogel, Ros-

witha Zeller y Matthias Döbele contra Deutsches Rotes

Kreuz, Kreisverband Waldshut eV, sentencia de 5 de

octubre de 2004, asuntos acumulados 397 a 403/01.

99 Sentencia de 8 de noviembre de 1990, asunto

177/88.

100 Sentencia de 8 de noviembre de 1990, asunto

179/88.

101 RASMUSSEN, H.: «Towards a normative theory of

interpretation of Community Law», cit., pág. 145.

102 BETLEM, G.: «The doctrine of consistent interpre-

tation», en AA. VV.: Direct effect: rethinking a classic of

EC legal doctrine, Coord. Prinssen, J. M. y Schrawen, A.,

Europa Law, Groningeen, 2002, pág. 84, quien explica

cómo para el Abogado General Jacobs, hubiera sido pre-

ferible reconocer el efecto horizontal de las directivas,

antes que tener que convivir con la inseguridad jurídica

que el principio de interpretación conforme lleva consi-

go; postura defendida en el Asunto Vaneetveld, senten-

cia de 3 de marzo de 1994, asunto C-316/93.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

certeza legal, en base al cual toda aplicación

de la ley ha de conducir a un resultado prede-

cible– puede verse afectado103.

Podemos ilustrar alguna de las consecuen-

cias que se derivan de la doctrina del TJCE,

que niega eficacia directa horizontal a las

directivas comunitarias y, en su lugar, apues-

ta por el principio de interpretación confor-

me, con la ayuda de un ejemplo104. Imagine-

mos que el Departamento de Recursos

Humanos de una empresa se dirige a su ase-

sor legal y le pregunta por la eficacia de una

directiva comunitaria, relativa al principio de

igualdad y no discriminación, que no ha sido

transpuesta o no lo ha sido en tiempo y forma

en el Estado miembro en cuestión. En concre-

to, la empresa quisiera saber si ha de aplicar

la legislación nacional o la directiva comuni-

taria. Si el TJCE hubiese optado por recono-

cer la eficacia horizontal de las directivas

comunitarias, la respuesta del letrado hubie-

se sido sencilla: compararía la legislación

nacional y la comunitaria, identificaría las

diferencias, analizaría si las disposiciones

comunitarias reúnen los requisitos para

poder ser aplicadas directamente (precisión e

incondicionalidad) y, si así fuese, recomenda-

ría a la empresa el cumplimiento de lo dis-

puesto en la directiva comunitaria. Ahora

bien, en la medida en que el TJCE no ha reco-

nocido la eficacia horizontal de las directivas

y ha establecido el principio de interpretación

conforme la solución es más compleja. El

letrado compararía igualmente la legislación

nacional y la directiva comunitaria, pero

informaría a la empresa de que la necesidad

de dar o no cumplimiento a lo dispuesto en la

normativa comunitaria no transpuesta

dependerá de si el juez nacional aplica o no el

principio de interpretación conforme y en qué

términos, ya que no debe olvidarse que para

hacer efectivo dicho principio no es necesario

que las disposiciones de la directiva sean pre-

cisas e incondicionales105.

De lo expuesto se desprende que la doctri-

na del TJCE puede crear mayor inseguridad

jurídica y dificultades de aplicación que la

posición jurisprudencial que hubiera consis-

tido simplemente en el reconocimiento de la

eficacia horizontal de las directivas comuni-

tarias.

6. AMPLIACIÓN DEL CONCEPTO

DE ESTADO

El TJCE ha intentado suavizar las insufi-

ciencias que para una plena operatividad del

Derecho comunitario implica la negación de

eficacia aplicativa horizontal de las directi-

vas al establecer una noción amplia del con-

cepto de Estado, con la finalidad de dar el

mayor efecto posible al principio de que el

incumplimiento del deber de desarrollar ade-

cuadamente una directiva no puede reportar

ventaja alguna al Estado destinatario106.

Como tuvimos ocasión de ver, en la senten-

cia Marshall, de 26 de febrero de 1986107, el

TJCE admitió la invocabilidad de las directi-

vas, no ya contra el Estado como titular del

poder público, sino también contra el Estado

cuando actúa como empresario, incluso cuan-

do aparece representado por una entidad

dotada de personalidad jurídica y sometida a

las reglas habituales del Derecho del Trabajo

y de la Seguridad Social108. En este sentido se

ICÍAR ALZAGA RUIZ

147

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

103 Asunto Kloppenburg, sentencia de 22 de febrero

de 1984, asunto C-70/83.

104 Seguimos en este punto a CRAIG, P. y DEBURCA,

G.: EU Law, cit., pág. 301.

105 PRECHAL, S.: Directives in EC Law, cit., pág. 206.

106 SIMON, D.: La directive européenne, cit., págs. 68

y ss.

107 Asunto 152/84.

108 Este concepto de Estado se aplica también a los

organismos estatales que no juegan ningún papel en la

transposición de la normativa comunitaria, por lo que

puede hablarse, en opinión de la doctrina científica, de

«efecto directo administrativo». En este sentido, WITTE,

B. DE: «Direct effect, supremacy and the nature of the

legal order», en AA. VV.: Evolution of the EU Law, Coord.

P. Craig y G. De Burca, Oxford University Press, Oxford,

1999, págs. 177 y ss.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

pronunció el Abogado General Slynn, para

quien el concepto de Estado debía ampliarse

«hasta abarcar todos los órganos del Esta-

do»109.

Posteriormente, en la sentencia Fratelli

Costanzo SpA/Comune di Milano, de 22 de

junio de 1989110, el TJCE estableció que:

«Es importante señalar que la razón por la

que un particular puede invocar las dispo-

siciones contenidas en una directiva ante

los Tribunales nacionales, cuando se cum-

plan los requisitos descritos, reside en que

las obligaciones que emanan de dichas dis-

posiciones son de obligado cumplimiento

para las autoridades de los Estados miem-

bros.

Resultaría contradictorio defender que un

particular puede invocar ante los tribuna-

les nacionales las disposiciones contenidas

en una directiva, y, al mismo tiempo, que

dichos tribunales no tienen obligación algu-

na de aplicar las disposiciones de la directi-

va. En consecuencia, cuando se reúnan los

requisitos para poder invocar una directiva

no transpuesta ante los tribunales naciona-

les, todos los organismos de la Administra-

ción Pública, incluyendo organismos des-

centralizados como las autoridades locales,

están obligados a su aplicación».

En ese momento, la doctrina científica cri-

ticó, no sin razón, la paradoja que la cons-

trucción del TJCE había creado al extender,

por una parte, el concepto de Estado en los

supuestos de invocación de directivas no

transpuestas o transpuesta de forma inco-

rrecta y, al mismo tiempo, al negarse a otor-

gar efecto directo horizontal a las directivas

comunitarias111. Es decir, pese a la amplia-

ción del concepto de Estado, la distinción

entre empresarios privados y públicos per-

manece. Es cierto que ampliar el concepto de

Estado implica ampliar el número de trabaja-

dores protegidos, pero no soluciona el proble-

ma: la diferencia entre trabajadores persiste

en función de la naturaleza pública o privada

de su empleador112.

La sentencia Foster/British Gas, de 12 de

julio de 1990113 resolvió un supuesto de jubi-

lación forzosa. El régimen aplicable en la

empresa era diferente para mujeres y hom-

bres, al tener que jubilarse antes aquéllas

(60 años) que éstos (65 años). Las deman-

dantes consideraban vulnerada la Directiva

76/207/CEE, del Consejo, de 9 de febrero de

1976, relativa a la aplicación del principio de

igualdad de trato entre hombres y mujeres,

que no había sido transpuesta al ordena-

miento británico. A la vista de los hechos, el

TJCE confirmó que las disposiciones de una

directiva pueden invocarse contra todo orga-

nismo al que, cualquiera que sea su forma

jurídica, se le haya encomendado, en virtud

de un acto de autoridad pública, la prestación

INFORMES Y ESTUDIOS

148 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

109 Asunto Marshall, sentencia de 26 de febrero de

1986, asunto 152/84, 735.

110 Asunto C-103/88.

111 CURTIN, D.: «The providence of government:

Delimiting the direct effect of directives in the Common

Law context», cit., págs. 196 y ss.

112 El problema aumenta si se considera que lo ha de

entenderse por Estado difiere de unos Estados miembros

a otros. Al respecto, cfr. FOSTER, N.: EC Law directions, 7ª

ed., Oxford University Press, Oxford, 2008, pág. 170.

113 Asunto C-188/89. Comenta esta sentencia PRE-

CHAL, S.: «Remedies after Marshall», cit., págs. 457 y

ss., quien explica que «basically two types of tests were

discussed in the written observations and, subsequently,

at the hearing. In the first place, there is a functional test

which implies that one has to look at the functions per-

formed by a person or an entity. According to this test, an

entity carrying out a public function on behalf of the sta-

te, or a body entrusted with a public duty, should be

considered as a part of the state. However, the useful-

ness of this test for the development of more general

Community criteria may be questioned. Indeed, what is

seen as public duty may vary from State to State and may

change over time […]. Thus although in some situations

the functional test may work, in other situations it may

be of no help. In the second place, there is an approach

based on the existence of control on the part of the state

in relation to the person or entity concerned. At the first

sight, at least two forms of control are conceivable». La

cursiva es del autor.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

de un servicio de interés público, bajo el con-

trol de esta última114. En este caso, el TJCE

admitió que las trabajadoras despedidas de

la empresa británica BGC invocaran las dis-

posiciones de la Directiva 76/207/CEE del

Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la

aplicación del principio de igualdad entre

hombres y mujeres en lo que se refiere al

acceso al empleo, a la formación y a la promo-

ción profesionales y a las condiciones de tra-

bajo, contra una empresa pública encargada

de la distribución del gas en Gran Bretaña115.

En concreto, la actividad principal de la

empresa BGC consistía en desarrollar y man-

tener en régimen de monopolio un sistema de

distribución del gas116, bajo el control directo

del ejecutivo y del legislativo117, disponiendo

a tal efecto de una serie de prerrogativas con-

cretas118.

En fin, la sentencia Foster/British Gas no

facilitó un concepto unívoco de lo que había

de entenderse por Estado en los supuestos de

eficacia directa de las directivas comunita-

rias, sino que se limitó a indicar que podía

tratarte de todo organismo, cualquiera que

fuera su forma jurídica, al que se le hubiera

encomendado, en virtud de un acto de autori-

dad pública, la prestación de un servicio de

interés público, bajo el control de esta última.

Esto provocó que, en un primer momento, el

TJCE dejara en manos de los Tribunales

nacionales la concreción de esta definición

tan amplia119, aunque posteriormente des-

arrolló su doctrina120.

ICÍAR ALZAGA RUIZ

149

REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

114 En este sentido, cfr. igualmente Asunto Helmut

Kampelmann y otros/ Landschaftsverband Westfalen-

Lippe, sentencia de 4 de diciembre de 1997, asunto C-

253 a 258/1996, Asunto Rieser Internationale Transpor-

te GmbH/ASFINAG Autobahnen- und Schnellstrassen

Finanzierungs- Aktiengesellschaft, sentencia de 5 de

febrero de 2004, asunto C-157/2002, Asunto

Vasallo/Azienda Ospedaliera Hospédale San Martino di

Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate, senten-

cia de 7 de septiembre de 2006, asunto C-180/2004 y

Asunto Criatiano Marrosu y Gianluca Sardino/Azienda

Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche Universi-

tarie Convenzionate, sentencia de 7 de septiembre de

2006, asunto C-53/2004.

115 En relación a los riesgos que esta noción amplia

de Estado puede conllevar, cfr. MANGAS MARTÍN, A. y

LIÑÁN NOGUERAS, D. J.: Instituciones y Derecho de la

Unión Europea, cit., págs. 395 y ss. quien explica como

«lo más grave es la incertidumbre que genera su acomo-

daticia concepción del Estado. Incertidumbre para los

particulares y para los órganos públicos, pues depen-

diendo de la norma comunitaria a aplicar […] predica

una noción restringida del Estado («Administraciones

Públicas») en el sentido de estricto ejercicio de autori-

dad pública; si se plantea el efecto directo de una direc-

tiva frente al Estado, entonces la balanza del Tribunal se

inclina por una concepción amplia descubriendo activi-

dad estatal en cualquier resquicio».

116 Tenía la condición de entidad pública a los efec-

tos de la legislación británica, al respecto cfr. Informe

para la vista pág. I-3316.

117 El Secretary of State nombraba a los miembros

del órgano de dirección y dictaba las normas en cuestio-

nes atinentes al interés general. Por su parte, la BGC

tenía obligación de informarle periódicamente sobre sus

actividades. Cfr. Informe para la vista, págs. I-3315 y ss.

y conclusiones del Abogado General, págs. I-3327 y ss.

118 La BGC disponía de la facultad de presentar pro-

posiciones de Ley al Parlamento con la autorización del

Secretary of State; cfr. Informe para la vista pág. I-3316.

119 Asuntos acumulados Kampelmann v. Lands-

chaftsverban Westfalen-Lippe, sentencias de 4 de

diciembre de 1997, asuntos C-253-258/96 y Asuntos

acumulados Salamander v. Parliamen & Council, sen-

tencias de 27 de junio de 2000, asuntos T-172 y T-175-

177/98 y Asunto Collino & Chiappero v. Telecom Italia,

sentencia de 14 de septiembre 2000, asunto C-343/98.

120 Asunto Rieser, sentencia de 5 de febrero de

2004, asunto C-157/02, Asunto Vasallo v. Azienda

Ospedaliera Ospedale San Martino de Genova, senten-

cia de sentencia de 7 de septiembre de 2006, asunto C-

180/04, Asunto Marrosu y Sardino v. Azienda Ospeda-

liera Ospedale San Martino di Genova e Cliniche Uni-

versitarie Convenzionate, sentencia de 7 de septiembre

de 2006, asunto C-53/2004.

SUMARIO

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

INFORMES Y ESTUDIOS

150 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 88

RESUMEN En el actual contexto de transformación de los presupuestos sociales y políticos que sirvie-

ron de base a los mecanismos jurídicos de nuestro Estado de Derecho, el Derecho comuni-

tario ha ocupado un lugar destacado, siendo la directiva comunitaria la más relevante. La

mayor parte de las disposiciones adoptadas en materia laboral en el seno de la Unión Euro-

pea son directivas, por lo que cada vez son más frecuentes los problemas relativos a su apli-

cación y es mayor el número de trabajadores y empresarios afectados por ellas. Al mismo

tiempo, la interpretación del contenido de las directivas constituye el núcleo esencial de las

cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea

por los jueces nacionales. El presente trabajo aborda la aplicabilidad y eficacia del Derecho

Social comunitario; en concreto, de los reglamentos, las directivas y las decisiones en mate-

ria social comunitaria.

ABSTRACT In the current context of transformation of the social and political budgets on which the

legal mechanisms of our rule of law were based, Community Law has occupied a distinct

position, the European directive being the most relevant law. The majority of the provi-

sions adopted in Labour Law within the European Union are directives, so problems

related to their application are more and more frequent, and the number of employers and

workers affected by them is increasing. At the same time, the interpretation of the direc-

tives content is the essential core of the preliminary rulings referred to the Court of Jus-

tice of the European Communities by national judges. This paper deals with the applica-

bility and effectiveness of the Community Social Law, specifically, of the regulations,

directives and rulings on Community social issues.

SUMARIO

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La aplicación y eficacia del Derecho Social Comunitario en España.

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