El juicio de antijuridicidad en el derecho sancionador. Las causas de exclusión de la antijuridicidad

Autor:Ignacio Pemán Gavín
 
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6.1.‑ Introducción.

Anteriormente hemos tenido la oportunidad de recordar el contenido que integra el juicio de antijuridicidad en el ámbito penal. La tipicidad en cuanto selección de los comportamientos antijurídicos más relevantes representa un indicio de dicha antijuridicidad; pero la tipicidad no supone el juicio definitivo sobre la antijuridicidad de la acción u omisión examinada pues según hemos recordado, en el ámbito penal puede ocurrir que una conducta esté tipificada como delito o falta y se trate de una conducta conforme a Derecho. En efecto, en los casos en que la lesión o puesta en peligro de un bien contemplado como delito o falta entre en conflicto con otros bienes jurídicos objetos de protección jurídica, la norma penal "permite el sacrificio de determinados bienes o intereses en beneficio de otros que estima superiores .[399]

Esto permite afirmar que existen acciones u omisiones tipificadas en la norma penal como delito que sin embargo resultan conformes a Derecho al concurrir una causa de justificación de la antijuridicidad. (el homicidio puede ser adecuado a Derecho si se ha realizado en legítima defensa). La conclusión más evidente desde un punto de vista práctico es que dicha acción no solamente excluye la responsabilidad penal sino asimismo la civil derivada de todo delito.[400] Ninguna responsabilidad cabe exigir desde el punto de vista penal ya que el comportamiento es plenamente ajustado a Derecho.

En la legislación administrativa no cabe detectar un planteamiento teórico que se haya hecho eco de este posible alcance del juicio de antijuridicidad dentro de la infracción. Por su parte la doctrina tampoco ha asumido en el estudio teórico de las infracciones administrativas, la posible concurrencia de situaciones típicas pero conformes a Derecho. Escasas han sido las ocasiones en que se ha planteado esta cuestión y cuando se ha hecho, ha sido, salvo excepciones, para rechazarlo.[401] Parece por tanto que ni teóricamente ni en la práctica se han admitido comportamientos que, estando tipificados como infracciones, resulten ajustados a Derecho, por concurrir una causa de justificación de la antijuridicidad. A pesar de ello entiendo que no resulta en absoluto aventurado detectar hipotéticas situaciones que convertirían los comportamientos típicos en lícitos, es decir conformes a Derecho.[402]

No obstante, se debe matizar que el régimen administrativo tiene una estructura que no permite aplicar en los mismos términos las causas de justificación tal como se entienden en el Derecho Penal, y en concreto por cuanto mientras que en el Derecho penal el delito es fuente de diferentes responsabilidades -incluída la civil-, la infracción en cuanto acción típica, no aparece como fuente de toda responsabilidad administrativa. La sanción es únicamente una de las posibles vertientes de la responsabilidad administrativa, una de las posibles consecuencias del ilícito. Me parece bastante expresivo el artículo 51 del Reglamento de Disciplina Urbanística ‑aprobado por R.D. 2187/1978, de 23 de Junio‑ que establece la imposición de las sanciones como una de las posibles consecuencias de u una acción contraria al ordenamiento urbanístico (el resto se refieren a la responsabilidad por daños, medidas de restauración del orden jurídico y de la realidad alterada..etc), que además tienen un carácter independiente.[403]

La infracción administrativa aparece, pues, como una posible consecuencia de todo ilícito urbanístico entre otras consecuencias, que en el Derecho Urbanístico tienen un carácter independiente. Esta posición de la potestad sancionadora dentro del Derecho Administrativo se puede generalizara otros sectores del ordenamiento ya que uno de los más importantes objetivos de nuestro Derecho Sancionador ha sido deslindar la materia sancionadora de otras medidas que tienen un carácter independiente como las medidas de control de la legalidad, o la propia indemnización de daños y perjuicios. La infracción administrativa, no es por tanto la fuente de toda responsabilidad, sino una de las consecuencias posibles de todo ilícito (en la medida que además se encuentre tipificada como una infracción).

Por ello, la relevancia de las posibles causas de justificación de la antijuridicidad debe ser matizada desde el momento en que la posición de la infracción dentro del Derecho Administrativo en cuanto fuente de responsabilidad es diferente de la posición del delito dentro del Derecho Penal. Por lo que ahora interesa, en la primera aparece como una consecuencia independiente de otras medidas de seguridad o legalidad incluida la responsabilidad por daños y perjuicios, y en el Derecho Penal es fuente de todas estas consecuencias. La distinción, pues entre causas de justificación y causas de exculpación parecen tener menor relevancia.

No obstante aunque el punto de partida es la independencia de tales efectos del ilícito administrativo, lo cierto es que tanto la normativa como la doctrina han puesto de manifiesto las conexiones internas de tales consecuencias. Y entre tales conexiones podrían encontrarse perfectamente la existencia de causas de justificación. En efecto, si éstas convierten en lícitas las conductas tipificadas como infracciones, lógico es que afecten también a los otros efectos del Ordenamiento que se derivan de la comisión de un acto antijurídico ya que al incidir en una de las características comunes a todos los efectos de un acto antijurídico (convirtiendo lo ilícito en lícito) sus efectos incidirán en todas las vertientes de la responsabilidad administrativa.

Por otra parte, las causas de justificación que pueden detectarse en el ámbito administrativo no pueden ser coincidentes con las que recoge el Derecho Penal, ni, incluso dentro de los diferentes sectores del ordenamiento jurídico administrativo, estas causas o situaciones pueden concurrir con el mismo alcance. Pero lo que aquí interesa poner de manifiesto es, si dentro del panorama general del Derecho Sancionador, es imaginable la existencia teórica de dichas causas de justificación y si su inclusión dentro del régimen jurídico administrativo puede conllevar alguna utilidad o aportar alguna claridad adicional. Para ello analizaremos las causas de justificación que tienen una cierta tradición en el Derecho Penal como las relativas a la legitima defensa, estado de necesidad, obediencia debida o ejercicio de un derecho, con exclusión de aquellas otras causas que de entrada no resulta fácil que concurran en el Derecho Sancionador. Dado que se trata de causas de justificación de muy diferente alcance, examinamos a continuación su posible existencia y alcance por separado.

6.2.‑ Legítima defensa y estado de necesidad.

Se trata de dos causas de justificación de la antijuridicidad que adquieren su pleno sentido dentro del orden penal. No obstante no me parece imposible imaginar supuestos dentro del Derecho Administrativo en los que pudiesen concurrir estas mismas causas de justificación, aunque evidentemente tengan un carácter sectorial. Aunque los ejemplos podrían ser muchos y referentes a diversos sectores del ordenamiento, describiré tres supuestos como botón de muestra de la situación en el Derecho sancionador.

Así, en relación a la legítima defensa puede pensarse, aunque que la acción consistente en matar a una especie protegida, tipificada como infracción en la Ley de Espacios Naturales podría considerarse plenamente ajustada a Derecho si la muerte del animal se produjese como consecuencia de una previa agresión del animal al hombre. Podráindicarse que el supuesto es remoto, o que la Administración nunca ejercería su potestad sancionadora en ese caso, o en fin que de hacerlo, existen técnicas propias del Derecho Administrativo que llevarían a la anulación de la sanción.

Todo ello es cierto, pero es innegable que el supuesto existe y constituiría desde un punto de vista penal, una causa de justificación de la antijuridicidad.

Por lo que se refiere al estado de necesidad, dos ejemplos pueden poner de manifiesto su posible existencia. Por una parte, cabe entender que resultaría lícita la acción tipificada como infracción consistente en la tala de unos árboles en un espacio protegido, si dicha acción la realiza un grupo de montañeros perdidos en una travesía para calentarse en una noche invernal. En el conflicto que plantea la protección de dos bienes jurídicos (espacios naturales y salud de un grupo de personas) tutelados por el Ordenamiento Jurídico, parece claro que habría que optar por la mayor relevancia de la salud de las personas afectadas.

Dentro de otro orden jurídico, entiendo que concurriría asimismo esta causa de justificación de la antijuridicidad en la comisión de una infracción de exceso de velocidad por un vehículo, como consecuencia de un traslado al Hospital de un accidentado gravemente herido. ¿No configuraría dicho traslado una forma de protección del bien jurídico "vida" que entraría en conflicto con la puesta en peligro del tráfico rodado y peatonal? En mi opinión resultaría razonable que el ordenamiento jurídico optara por sacrificar el bien jurídico protegido por la acción típica en beneficio de la salud del accidentado, considerando la acción conforme a Derecho.

Se trata, insisto, de supuestos que difícilmente concurren en la realidad y en todo caso su previsión sólo puede hacerse desde un estudio sectorial, pero por lo que aquí importa resaltar, su hipotética existencia en un plano teórico no puede negarse. Por otra parte, en todos ellos la infracción además de la sanción conllevaría la responsabilidad por los daños y perjuicios causados, por lo que la explicación desde las causas de justificación justificaría de forma más clara la inexistencia de responsabilidad de daños y perjuicios. O en el caso de que en alguno de ellos se considerase que más que una causa de justificación, lo...

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