Anteproyecto de Ley de Dinero Electrónico

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TÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

  1. El objeto de esta Ley es la regulación de la emisión de dinero electrónico con carácter profesional, incluyendo el régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico y la supervisión prudencial de estas entidades.

  2. Se entiende por dinero electrónico todo valor monetario almacenado por medios electrónicos o magnéticos que represente un crédito sobre el emisor, que se emita al recibo de fondos con el propósito de efectuar operaciones de pago según se definen en el número 5 artículo 2 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago, y que sea aceptado por una persona física o jurídica distinta del emisor de dinero electrónico.

  3. Esta Ley no se aplicará a aquel valor monetario:

    1. almacenado en los instrumentos exentos en virtud del artículo 3.k) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

    2. utilizado para realizar operaciones de pago exentas en virtud del artículo 3.l) de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

    Artículo 2. Reserva de actividad.

  4. Podrán emitir dinero electrónico con carácter profesional las siguientes categorías de emisores de dinero electrónico:

    1. Las entidades de crédito, a que se refiere el artículo 1.1 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del Derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas y cualquier sucursal en España de una entidad de crédito cuya matriz esté domiciliada o autorizada fuera de la Unión Europea.

    2. Las entidades de dinero electrónico autorizadas conforme al artículo 4 de esta Ley y cualquier sucursal en España de una entidad de dinero electrónico cuya matriz esté domiciliada o autorizada fuera de la Unión Europea.

    3. La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., respecto de las actividades de emisión de dinero electrónico a que se encuentre facultada en virtud de su normativa específica.

    4. El Banco de España, cuando no actúe en su condición de autoridad monetaria o pública.

    5. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, cuando actúen en su condición de autoridades públicas.

  5. Se prohíbe a toda persona física o jurídica que no sea emisora de dinero electrónico o que no esté excluida del ámbito de aplicación de esta Ley emitir, con carácter profesional, dinero electrónico tal y como se define en el apartado 2 del artículo 1.

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    3. Las personas físicas o jurídicas que infrinjan lo dispuesto en este artículo, serán sancionadas conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las entidades de crédito, sin perjuicio de las demás responsabilidades que puedan resultar exigibles.

TÍTULO II Régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico

Artículo 3. Definición y reserva de denominación.

  1. Tendrán la consideración de entidades de dinero electrónico aquellas personas jurídicas distintas de las contempladas en el artículo 2.1.a), a las cuales se haya otorgado autorización para emitir dinero electrónico conforme a este capítulo.

  2. La denominación "Entidad de Dinero Electrónico", así como su abreviatura "E.D.E.", quedará reservada a estas entidades, las cuales podrán incluirlas en su denominación social en la forma que reglamentariamente se determine. Las personas físicas o jurídicas que infrinjan esta reserva serán sancionadas conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo anterior.

    Artículo 4. Autorización y registro.

  3. Corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda, previo informe del Banco de España y del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar la creación de las entidades de dinero electrónico, así como el establecimiento en España de sucursales de dichas entidades autorizadas o domiciliadas en un Estado no miembro de la Unión Europea. La solicitud de autorización deberá ser resuelta dentro de los tres meses siguientes a su recepción o al momento en que se complete la documentación exigible. La solicitud de autorización se entenderá desestimada por silencio administrativo si transcurrido ese plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa. La denegación de la autorización deberá motivarse.

  4. La autorización para la creación de una entidad de dinero electrónico se denegará:

    1. Cuando ésta carezca de una buena organización administrativa y contable o de procedimientos de control interno adecuados, que garanticen la gestión sana y prudente de la entidad. A estos efectos, las entidades de dinero electrónico dispondrán, en condiciones proporcionadas al carácter, escala y complejidad de sus actividades, de una estructura organizativa adecuada, con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes, así como de procedimientos eficaces de identificación, gestión, control y comunicación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestos, junto con mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables sólidos.

    2. Si, atendiendo a la necesidad de garantizar una gestión sana y prudente de la entidad, no se considera adecuada la idoneidad de los accionistas que vayan a tener una participación significativa. A los efectos de esta ley se entenderá por participación significativa en una entidad de dinero electrónico española aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 10 por ciento del capital o los derechos de voto de la entidad, y aquéllas que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una influencia notable en la entidad. Se podrá determinar reglamentariamente cuándo se deberá presumir que una persona física o jurídica puede ejercer una influencia notable.

      Entre otros factores, la idoneidad se apreciará en función de:

      1. º La honorabilidad comercial y profesional de los accionistas.

        Esta honorabilidad se presumirá cuando los accionistas sean Administraciones públicas;

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        2. º Los medios patrimoniales con que cuentan dichos accionistas para atender los compromisos asumidos;

      2. º La falta de transparencia en la estructura del grupo al que eventualmente pueda pertenecer la entidad, o la existencia de graves dificultades para inspeccionar u obtener la información necesaria sobre el desarrollo de sus actividades.

    3. Cuando sus administradores y directivos no tengan la honorabilidad comercial y profesional requerida.

    4. Cuando incumpla los requisitos de capital mínimo o los demás que reglamentariamente se establezcan para la autorización de las entidades de dinero electrónico.

    5. Cuando el buen ejercicio de la supervisión de la entidad por parte del Banco de España se vea obstaculizado por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en el Derecho de un Estado no miembro de la Unión Europea que resulte aplicable a una o varias de las personas físicas o jurídicas con las que la entidad de dinero electrónico mantenga vínculos estrechos, o por problemas relacionados con la aplicación de dichas disposiciones.

  5. Una vez obtenida la autorización y tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil, las entidades de dinero electrónico deberán, antes de iniciar sus actividades, quedar inscritas en el Registro Especial de Entidades de Dinero Electrónico que se creará en el Banco de España. En ese Registro figurarán además de las entidades de dinero electrónico autorizadas, sus agentes y sucursales. En dicho Registro se harán constar las actividades para las que se haya autorizado a cada entidad de dinero electrónico. El Registro estará a disposición pública para su consulta, será accesible a través de Internet y se actualizará periódicamente.

  6. Se faculta al Gobierno para desarrollar el régimen jurídico aplicable a la creación y condiciones de ejercicio de la actividad de las entidades de dinero electrónico, y, en particular, para el establecimiento de su capital inicial mínimo y las exigencias de recursos propios y garantías, de acuerdo con las previsiones contenidas en esta Ley.

  7. A las entidades de dinero electrónico les será de aplicación, con las adaptaciones que reglamentariamente se determinen, la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y sus disposiciones de desarrollo.

  8. Los requisitos exigibles para la autorización lo serán también, en los términos que se indiquen reglamentariamente, para conservarla.

    Artículo 5. Revocación

  9. La autorización concedida a una entidad de dinero electrónico sólo podrá ser revocada en los siguientes supuestos:

    1. Si no hace uso de la autorización en un plazo de doce meses.

    2. Si interrumpe de hecho las actividades específicas de su objeto social durante un período superior a seis meses.

    3. Si se acredita que obtuvo la autorización por medio de declaraciones falsas o por otro medio irregular.

    4. Si incumple las condiciones que motivaron la autorización.

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      e) Por renuncia expresa a la autorización.

    5. Cuando pueda constituir una amenaza para la estabilidad del sistema de pagos en caso de seguir emitiendo dinero electrónico.

    6. Como sanción.

      La autorización de una sucursal de una entidad de dinero electrónico de un Estado no miembro de la Unión Europea será revocada, en cualquier caso, cuando sea revocada la autorización de la entidad de dinero electrónico que ha creado la sucursal.

  10. El Ministro de Economía y Hacienda será competente para acordar la revocación.

  11. Cuando el Banco de España...

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