Antecedentes legislativos

Autor:José Manuel del Amo Sánchez
Cargo del Autor:Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6ª Penal
Páginas:13-18
 
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1.1. - El código penal de 1973

Como se ha avanzado el último código penal de la dictadura no contenía en su redacción originaria una tipificación específica y general de los delitos de los administradores de los patrimonios ajenos.Tampoco contenía una cláusula de autoría para aquellos supuestos de actuación en representación de una sociedad mercantil.

El Título XIII regulaba los delitos contra la propiedad y ya la rúbrica ponía de manifiesto una concepción ciertamente limitada del bien jurídico protegido. No hay en este código presencia de esos “delitos de cuello blanco” y, prácticamente, la única referencia indirecta a los administradores aparecía en el delito de apropiación indebida del artículo 535, en el que la administración aparece como uno de los posibles negocios jurídicos o, en un sentido más amplio, de las relaciones jurídicas que pueden originar la obligación de entrega o devolución de aquello recibido por efecto de las mismas y cuyo incumplimiento podía constituir este delito.

El delito de apropiación indebida era uno de los que conformaban el capítulo IV del título que se ocupaba de las defraudaciones. Si se examinaba la sistemática del capítulo se observaba que la primera sección se dedicaba a los delitos de alzamiento de bienes, de quiebra fraudulenta y de conductas de los concursados que habían incidido en la situación de insolvencia. En los tipos de esta primera sección no había rastro de una tipificación de conductas que pudieran conformar una responsabilidad penal societaria exigible a los administradores. Los tipos se referían al concursado y al quebrado y al tipificar el alzamiento de bienes se pensaba en el deudor, respecto al que se distinguía según fuese comerciante o no. Esta tipificación era tributaria de la concepción del derecho mercantil propia del Código de Comercio de 1885 e, incluso, del de 1829, que continuaba vigente en la regulación de las quiebras, códigos en los que no había una regulación de las

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sociedades mercantiles con régimen de responsabilidad limitada. Aunque había leyes especiales reguladoras de las sociedades anónimas y de las limitadas no había huella de esta legislación en la ley penal y, por tanto, se carecía de respuestas punitivas específicas frente a incumplimientos graves de las obligaciones de quienes asumían las funciones de dirección de las empresas con ese régimen de responsabilidad.

La sección segunda del capítulo IV contenía la tipificación de las estafas y otros engaños, entre los que se incluían las clásicas estafas impropias y, siguiendo la línea propia de los códigos penales de la dictadura, concluía la sección con el artículo 533 que conformaba un tipo de cierre, opuesto a las mínimas exigencias del principio de tipicidad como manifestación concreta del principio de legalidad, para sancionar aquellas conductas consistentes en el uso de cualquier engaño para defraudar o perjudicar a otro.

La sección cuarta incluía como único artículo el ya citado 535, que castigaba la apropiación indebida en el que, como se ha dicho, se incluía entre los títulos que determinan la obligación de devolver o entregar la administración. Este precepto tipificaba el delito en unos términos que pasaron al Código Penal de 1995 y que, como se verá, se han mantenido...

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