Análisis del régimen disciplinario de los estudiantes universitarios. Especial referencia a los comportamientos fraudulentos y al plagio, en particular

Autor:Anna Pallarés Serrano
Cargo:Investigadora y miembro del Centro de Estudios en Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT)
Páginas:132-149
RESUMEN

En este trabajo se parte del análisis de cuestiones fundamentales de nuestro ordenamiento que afectan al objeto de este estudio, como son las exigencias de nuestro sistema sancionador, para poder abordar el examen de la normativa disciplinaria universitaria en relación con cuestiones muy concretas, como son los comportamientos fraudulentos, en general, y el plagio, en particular. El análisis realizado no solo se limita a la normativa estatal dictada al respecto, sino que aborda, también, la respuesta normativa que han dado las diferentes universidades públicas a esta cuestión. Finalmente, detectadas una serie de prescripciones poco acordes con nuestro ordenamiento, se realizan una serie de propuestas para mejorar la normativa estatal y la de las diferentes universidades.

 
CONTENIDO
ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.
ESPECIAL REFERENCIA A LOS COMPORTAMIENTOS FRAUDULENTOS Y AL
PLAGIO, EN PARTICULAR
Anna Pallarés Serrano*
Resumen
En este trabajo se parte del análisis de cuestiones fundamentales de nuestro ordenamiento que afectan al objeto de
este estudio, como son las exigencias de nuestro sistema sancionador, para poder abordar el examen de la normativa
disciplinaria universitaria en relación con cuestiones muy concretas, como son los comportamientos fraudulentos, en
general, y el plagio, en particular. El análisis realizado no solo se limita a la normativa estatal dictada al respecto,
sino que aborda, también, la respuesta normativa que han dado las diferentes universidades públicas a esta cuestión.
Finalmente, detectadas una serie de prescripciones poco acordes con nuestro ordenamiento, se realizan una serie de
propuestas para mejorar la normativa estatal y la de las diferentes universidades.
Palabras clave: régimen disciplinario; derecho administrativo sancionador; comportamientos fraudulentos; plagio.
AN ANALYSIS OF THE DISCIPLINARY REGIME FOR UNIVERSITY STUDENTS, WITH SPECIAL
REGARD TO FRAUDULENT BEHAVIOUR AND PLAGIARISM IN PARTICULAR
Abstract
This article analyses key aspects of Spain’s legislation covering the object of study, such as the requirements of our
penalty system, so as to be in a position to examine universities’ disciplinary regulations with regard to certain very
specic issues, such as fraudulent behaviour in general and plagiarism in particular. The analysis performed is not
restricted solely to Spanish state regulations issued on the matter, but also tackles the regulatory responses provided
by different public universities to the issue. Finally, after detecting a series of stipulations out of keeping with Spanish
law, a series of proposals are made for improving both Spanish legislation and the regulations of different universities.
Key words: disciplinary regime; administrative law penalties; fraudulent behaviour; plagiarism.
* Anna Pallarés Serrano, investigadora y miembro del Centro de Estudios en Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT). Profesora
de Derecho Público en la Universidad Rovira i Virgili, Facultad de Ciencias Jurídicas, Departamento de Derecho Público, avda.
Catalunya, 35, 43002 Tarragona. anna.pallares@urv.cat.
Artículo recibido el 31.01.2018. Evaluación ciega: 19.02.2018 y 09.03.2018. Fecha de aceptación de la versión nal: 10.03.2018.
Citación recomendada: Pallarés serrano, Anna. «Análisis del régimen disciplinario de los estudiantes universitarios. Especial
referencia a los comportamientos fraudulentos y al plagio, en particular». Revista Catalana de Dret Públic, núm. 56 (junio 2018), pp.
159-176. DOI: 10.2436/rcdp.i56.2018.3098.
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Sumario
1 Introducción
2 Las exigencias del régimen sancionador que enmarcan el régimen disciplinario objeto de estudio
3 El marco normativo estatal y sus deciencias
3.1 Problemas que derivan de la vigencia del Decreto de 8 de septiembre de 1954, por el que se aprueba
el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Ociales de Enseñanza Superior y de Enseñanza
Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional
3.2 La Ley Orgánica de Universidades no altera la situación en relación con el régimen disciplinario
3.3 El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto del Estudiante Universitario, y
su remisión al legislador para abordar la cuestión
3.4 La propuesta del borrador de Anteproyecto de Ley de Convivencia y Disciplina Académica en la
Enseñanza Universitaria presentado en 2011 por el Ministerio de Educación: otra oportunidad perdida
4 Los modelos de respuesta normativa de las universidades y su conformidad con la legalidad vigente
4.1 Análisis de la normativa de las universidades que han regulado sobre el régimen disciplinario de los
estudiantes
4.1.1 La Universitat Rovira i Virgili
4.1.2 La Universitat Pompeu Fabra
4.1.3 La Universidad Rey Juan Carlos
4.2 Análisis de la normativa de las universidades que han articulado una respuesta evaluativa
4.2.1 Modelo evaluativo de sanción encubierta
4.2.2 Modelo evaluativo que es coherente con nuestra legalidad vigente
4.2.3 Modelo evaluativo que necesita una interpretación forzada para salvar su legalidad
5 Conclusiones y propuestas de lege ferenda
Bibliografía
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1 Introducción
Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que actualmente uno de los problemas importantes que ha de
afrontar la universidad, en relación con el régimen disciplinario de los estudiantes, son los comportamientos
fraudulentos, en general, y el plagio, en particular. Es evidente que el desarrollo, la implantación y el acceso
generalizado a las tecnologías han favorecido la irrupción de dichos comportamientos y, en concreto, en
el caso del plagio también afecta, entre otros factores, el desconocimiento por parte del alumnado de qué
se considera plagio, de cómo se puede evitar, y la falta de instrucción a los alumnos en las habilidades
necesarias para realizar trabajos de calidad sin recurrir al plagio.1
Fruto de esta realidad, la Universitat Rovira i Virgili (en adelante, URV), a la que pertenecemos, nos invitó
a participar en una comisión establecida para realizar e implementar un plan de prevención y tratamiento
del plagio. Dentro de los cometidos de esta comisión2 se preveía, entre otros, el estudio de las consecuencias
académicas del plagio y la elaboración de un protocolo de actuación para los profesores, los centros y los
departamentos. De resultas de estas labores, detectamos una serie de deciencias en nuestro ordenamiento
jurídico.3 Esta constatación nos condujo a decidir ir más allá y realizar un análisis detenido del régimen
disciplinario de los estudiantes, haciendo especial incidencia en los comportamientos fraudulentos y el
plagio, en particular, y proponer posibles soluciones a los problemas detectados, trabajo que presentamos en
este artículo.
Asimismo, hemos de aclarar que en este análisis solo haremos referencia a las universidades públicas,
porque las universidades privadas tienen un régimen jurídico diferenciado que, por problemas de espacio, no
podemos abordar en este trabajo.
2 Las exigencias del régimen sancionador que enmarcan el régimen disciplinario objeto de
estudio
Tiene sentido abordar, brevemente, el estudio de las exigencias del régimen sancionador4 en este trabajo,
porque lo que se entiende en el ordenamiento por «régimen disciplinario» es en denitiva un régimen
sancionador que se proyecta sobre personas con las que la Administración tiene una especial vinculación,
por formar parte de la propia organización administrativa o bien por disfrutar, por ejemplo, de servicios
prestados por la Administración. Estas realidades justican que exista un régimen de disciplina especial que
atañe a estas personas que se encuentran afectadas por «relaciones de sujeción especial», para garantizar
el orden y el buen funcionamiento del servicio y/o de la organización administrativa y el cumplimiento
de los nes que la Administración persigue y la justican. La existencia de la tipicación de infracciones
y sanciones, aplicables solamente a las personas que se encuentran en las situaciones descritas, conforma
principalmente este régimen disciplinario, del que forman parte los principios y las normas del derecho
administrativo sancionador.5
1 En relación con estas cuestiones, véanse Montalbán Peregrín, Francisco Manuel. «Algunas reexiones sobre copia, plagio y
fraude en la evaluación universitaria». Rued@ Revista Universidad, ética y derechos, 2015, y Louis CereCeda, Miguel. «El fraude
intelectual. La copia y el plagio». Rued@ Revista Universidad, ética y derechos, 2015.
2 La comisión estaba formada por la vicerrectora de Docencia, Estudiantes y Comunidad Universitaria, un técnico del Servicio
de Recursos Educativos, dos técnicas del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, un estudiante, una profesora
de la Facultad de Economía y Empresa, un profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y dos profesoras de la Facultad
de Ciencias Jurídicas, una del Departamento de Derecho Privado y la que escribe este estudio, que pertenece al Departamento de
Derecho Público.
3 Al ser la única profesora de Derecho Público, asumí el estudio de las cuestiones jurídicas.
4 Sobre el régimen sancionador, me remito in totem a la imprescindible monografía de nieto garCía, Alejandro. Derecho
Administrativo Sancionador. Madrid: Tecnos, 2012, pp. 161-317.
5 En este sentido se pronuncia el artículo 25.3 de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
respecto al personal al servicio de las Administraciones Públicas, estableciendo un cambio normativo en relación con la regulación
del artículo 127.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, ya derogada. alarCón sotoMayor, Lucía. El procedimiento administrativo sancionador y los derechos
fundamentales. Cizur Menor: Aranzadi, 2007, pág. 56, arma: «En suma, la aplicación [...] de gran parte de los derechos del art.
24.2 de la CE uniformiza profundamente a todos los procedimientos administrativos sancionadores, incluidos los disciplinarios».
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Al respecto, el artículo 25.1 CE establece el principio de legalidad en materia sancionadora.6 Este principio
signica que para que la Administración pueda sancionar ha de existir, con anterioridad a la comisión de
los hechos, una previa determinación, por una norma con rango de ley, de como mínimo los «elementos
esenciales de la conducta antijurídica y la naturaleza y límites de las sanciones a imponer»7 y, en su caso,
el desarrollo y precisión de los tipos de infracciones por un reglamento.8 En relación con este principio, el
TC ha asentado una doctrina jurisprudencial, que aborda varios aspectos, que afecta a los problemas que se
pretenden esclarecer en este trabajo.
El primer lugar, según el TC, esta reserva de ley no es exigible de manera retroactiva a ámbitos regulados por
reglamento con anterioridad a la aprobación de la CE, cuando en el momento de la aprobación de la norma
tal reserva no existía en relación con esa materia. Así, el TC, en la Sentencia 305/1993, de 25 de octubre,
expresa que no es posible exigir la reserva de ley que incorpora el artículo 25.1 de la CE para la habilitación
de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas con un alcance retroactivo a las disposiciones
reglamentarias preconstitucionales.9 Esto no signica que, con posterioridad, esta regulación sancionadora
se pueda modicar utilizando una norma reglamentaria, ya que esta salvaguarda es operativa solo para las
normas que se aprobaron antes de aprobarse la CE.10 Esta jurisprudencia salva la legalidad de la norma
disciplinaria de los estudiantes universitarios de ámbito estatal vigente actualmente, el Decreto de 8 de
septiembre de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Ociales
de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional (en
adelante, Decreto 1954).
Por otro lado, a partir de la STC 61/1990, de 29 de marzo, el TC ha asentado una doctrina sobre las relaciones
de sujeción especial que no permite que el principio de legalidad se pueda suprimir11 o excepcionar12
en nuestro ámbito, tomando como base la vinculación que existe entre universidades y estudiantes como
usuarios de un servicio público–13 y que por ello no se requiera de la exigida cobertura legal.14 De manera
que esta diferenciación entre relaciones de sujeción especial y relaciones de sujeción general para justicar
6 En el citado artículo se expresa de forma literal: «Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento».
7 Véanse STC 3/1988, de 21 de enero, FJ 9; STC 101/1988, de 8 de junio, FJ 3; STC 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 10; STC
60/2000, de 2 de marzo, FJ 3; STC 132/2001, de 8 de junio, FJ 5. El principio de tipicidad, o la garantía material del principio de
legalidad, signica que ha de existir una predeterminación en la ley de los comportamientos considerados ilícitos y de las sanciones
que puedan imponerse a cada una de las infracciones (FJ 2 STC 218/2005, de 12 de septiembre).
8 Véase el artículo 27.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
9 Véase el FJ 3.
10 Véanse, al respecto, el FJ 2 de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de diciembre de 2003 y el FJ 1 de la Sentencia de la
Audiencia Nacional de 20 de noviembre de 2003, que aplican esta doctrina al Decreto1954.
11 De acuerdo con el FJ 8 de la citada sentencia: «Siempre deberá ser exigible en el campo sancionatorio administrativo (no hay
duda en el penal) el cumplimiento de los requisitos constitucionales de legalidad formal y tipicidad como garantía de la seguridad
jurídica del ciudadano. Otra cosa es que estos requisitos permitan una adaptación –nunca supresión– a los casos e hipótesis de
relaciones Administración - administrado y en concordancia con la intensidad de la sujeción».
12 Hay autores que consideran que la nueva línea jurisprudencial empieza con la STC 132/2001 (FJ 4). Véase Pérez nieto,
Rafael; baeza díaz-Portales, Manuel José. Principios del Derecho Administrativo Sancionador. Vol. I. Madrid: Consejo General
del Poder Judicial, 2008, pp. 70-77. En concreto, dichos autores consideran que en las relaciones de sujeción especial no concurre
el presupuesto de «necesidad» que justica la limitación del derecho fundamental a la legalidad sancionadora establecido en el
artículo 25.1 CE, y expresan: «No hallamos una explicación convincente sobre qué impide u obstaculiza que el legislador dirija su
producción normativa también en estos ámbitos especiales».
13 Voces destacadas de nuestra doctrina como Fernando Garrido Falla y Manuel Jiménez de Parga y Cabrera consideran que, en este
tipo de relaciones de sujeción especial, la tipicación de las infracciones y la determinación de las sanciones se pueden llevar a cabo
a través de una norma reglamentaria (ordenanza municipal) si existe el reconocimiento previo y genérico de la potestad reglamentaria
y sancionadora de una norma con rango de ley como la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local. Véase el voto particular de
Fernando Garrido Falla, al que se adhiere Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, en la STC 132/2001, de 8 de junio.
14 De acuerdo con la jurisprudencia mayoritaria del TC, señala góMez garCía, María Jesús, en «La potestad sancionadora de las
Universidades». En: gonzález garCía, Julio V. (dir.). Comentario a la Ley Orgánica de Universidades. Cizur Menor: Aranzadi,
2009, pp. 605-606, que la peculiaridad de las relaciones de sujeción especial no exime de la necesaria tipicación por una norma
con rango de ley de las infracciones y de la determinación de la sanción a imponer. En el mismo sentido, nieto garCía, Alejandro.
«Régimen disciplinario del alumnado universitario: Perspectivas para su conguración». En: Cordero saavedra, Luciano (coord.).
Las universidades públicas y su régimen jurídico. Valladolid: Lex Nova, 1999, pág. 541.
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la inaplicación del principio de legalidad está actualmente anticuada y superada, de acuerdo con la CE
y la aplicación de los principios del derecho penal a todo el derecho administrativo sancionador. Así lo
han corroborado, como hemos visto, la jurisprudencia del TC y la nueva reforma legislativa de derecho
administrativo, en la que, por ejemplo, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, se abandona la discriminación en la aplicación del derecho sancionador al personal al servicio
de la Administración,15 que existía en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.16 Por lo tanto, para poder ejercer la
potestad sancionadora siempre será necesaria la existencia de la correspondiente cobertura legal17 a través de
una norma con rango de ley.
También es relevante destacar, por la traslación que se ha realizado al ámbito universitario, que en el ámbito
local existe una exibilización del alcance de la reserva de ley en materia sancionadora, en el sentido de que
el contenido tipicador y predeterminador de las infracciones y sanciones que se exige a la norma con rango
de ley es menor. Así, en los ámbitos en que los municipios tienen atribuidas competencias y en defecto de
normativa sectorial especíca y para «la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés
local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos», las
ordenanzas locales pueden establecer los tipos de infracciones y las sanciones a imponer por las entidades
locales por la comisión de los hechos tipicados, de acuerdo con una serie de criterios y clasicaciones
establecidos en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.18
Esta posibilidad viene fundamentada, según el TC, en que las ordenanzas locales se aprueban por un órgano
representativo y en que la garantía de la autonomía local permite determinar el interés de cada ente local en
las ordenanzas locales.19 Algún autor ha postulado que la CE también garantiza la autonomía universitaria
y que la misma legitimación democrática, que gozan las ordenanzas locales, la tienen los estatutos de las
universidades,20 y que, por ello, a través de tales normas se podrían regular las infracciones y sanciones
disciplinarias en el ámbito universitario.21 Desde nuestro punto de vista, estas armaciones son discutibles,22
15 En el artículo 25.3 de la citada norma se expresa que las disposiciones del capítulo III, dedicado a los principios de la potestad
sancionadora, «serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su
servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo».
16 Así, en el artículo 127.3 se expresaba que las disposiciones del título IX, dedicado a la potestad sancionadora, «no son de
aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio [...]».
17 Un estudio en profundidad sobre las «arenas movedizas» de la intensidad de esta cobertura legal en las relaciones de sujeción
especial lo encontramos en tardío Pato, José Antonio. «La problemática actual de la potestad disciplinaria sobre el alumnado de las
universidades públicas». Ponencia en el XIII Congreso la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA).
<http://www.aepda.es/AEPDAPublicaciones-1876-Actividades-Congresos-de-la-AEPDA-XIII-CONGRESO-DE-LA-AEPDA.
aspx>, febrero 2018, pp. 10-34.
18 Véanse los artículos 139 a 141.
19 En el FJ 5 de la STC 132/2001, de 8 de junio, se arma: «En la STC 233/1999, de 13 de diciembre, expusimos [...] un
amplio ámbito de regulación para las Ordenanzas dictadas por los Ayuntamientos [...]. Dos datos normativos consideramos entonces
relevantes [...]: que las ordenanzas municipales se aprueban por un órgano –el Pleno del Ayuntamiento– de carácter representativo
[...] y que la garantía local de la autonomía local (arts. 137 y 140 CE) impide que la ley contenga una regulación agotadora de una
materia –como los tributos locales– donde está claramente presente el interés local. Con todo, en nuestra STC 233/1999, F. 10 c),
concluimos que aquella concepción exible de la reserva de ley tributaria –en relación con las ordenanzas scales– no toleraba la
renuncia de la ley a todo encuadramiento normativo de la potestad tributaria local».
20 Véanse nieto garCía, Alejandro, op. cit., 1999, pág. 543; rivero ortega, Ricardo. «Régimen disciplinario y estatuto del
estudiante: elementos para un debate». <http://sgcrue.usal.es/docs/Regimen_Disciplinario_Estudiantes.pdf>, sin fechar (consulta:
29 noviembre 2017); alegre ávila, Juan Manuel. «Una pincelada al hilo de una noticia periodística sobre la potestad sancionadora
de las universidades en relación a los estudiantes universitarios». Publicaciones de los miembros de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA), 16 de mayo de 2013.
21 De hecho, la derogada Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 25 de agosto de 1983 atribuía a las universidades el
establecimiento de las normas reguladoras de las responsabilidades de los estudiantes. Así parece hacerlo también la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, al armar que los Estatutos establecerán los mecanismos para garantizar los deberes
de los estudiantes. Véase el artículo 46.2.
22 La autonomía universitaria se reere exclusivamente a garantizar la libertad académica de transmisión de conocimientos y de
investigación y, por lo tanto, no se puede proyectar sobre cualquier aspecto que afecta a la vida universitaria como, por ejemplo,
regular el régimen disciplinario de los alumnos sin la cobertura legal necesaria de acuerdo con el principio de legalidad. En palabras
del TC, la «autonomía no está más que al servicio de la libertad académica en el ejercicio de la docencia e investigación». Véase el
FJ 7 de la STC 106/1990, de 6 de junio. Por otro lado, los Estatutos de la Universidad los elabora y aprueba el claustro universitario,
cuyos miembros se eligen por la comunidad universitaria.
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y, en todo caso, lo que es denitivo es que esta posibilidad que se contempla para el ámbito local23 no la
contempla nuestro ordenamiento para el ámbito disciplinario universitario. Además, en sede disciplinaria
universitaria tampoco disponemos de una norma con rango de ley que establezca los asideros legales
exigidos por nuestra jurisprudencia constitucional24 para cumplir con el principio de legalidad, exigencias
que ha cubierto el legislador en sede local a través de la determinación de los criterios y clasicaciones de las
infracciones y sanciones en el título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, de acuerdo con la doctrina establecida por la STC 132/2001, de 8 de junio.25
Asimismo, consideramos importante mencionar que en materia sancionadora el TC ha consolidado una línea
jurisprudencial que exige «una unidad en lo fundamental del esquema sancionatorio» y la correspondiente
prohibición de que las Comunidades Autónomas dicten normas sancionadoras que impliquen «divergencias
cualitativas» respecto a las establecidas por el Estado, incluso en materias sobre las que disponen de un
título competencial sobre ello. Es evidente que esta doctrina no representa un estímulo para que en sede
autonómica se asuma la regulación del régimen disciplinario de los estudiantes.26 En esta línea, en la
exposición de motivos de una de las versiones del borrador de Anteproyecto de Ley de Convivencia y
Disciplina Académica en la Enseñanza Universitaria, presentado en 2011 por el Ministerio de Educación,
se arma que las Comunidades Autónomas, a la hora de decidirse a desarrollar normativamente la cuestión,
deben tener en cuenta «la movilidad estudiantil entre las distintas universidades, y de esta forma evitar los
agravios de que una misma conducta sea sancionada de forma diferente según cada universidad».27
3 El marco normativo estatal y sus deciencias
Las normas de cabecera del derecho administrativo que recientemente han entrado en vigor establecen que
las universidades públicas se regirán por su normativa especíca y, supletoriamente, por las previsiones
establecidas en dichas normas. Por lo tanto, ante la falta de regulación, las lagunas y los décits de la
normativa sectorial de universidades, se aplicarán las previsiones de la Ley 39/20015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público. Seguidamente pasamos a señalar y analizar las deciencias que
presenta la normativa sectorial.
23 Véanse los artículos 25 y 27 en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
24 Nos referimos a los «criterios mínimos de antijuricidad» o al «contenido mínimo de antijuricidad». Sobre su signicado se
pronuncia, entre otros, gallardo Castillo, María Jesús. Los principios de la potestad sancionadora. Teoría y práctica. Madrid:
Iustel, 2008, pp. 55-62.
25 Así, en el FJ 6 se arma: «[...] también la exigencia de ley para la tipicación de infracciones y sanciones ha de ser exible en
materias donde, por estar presente el interés local, existe un amplio campo para la regulación municipal y siempre que la regulación
local la apruebe el Pleno del Ayuntamiento. Esta exibilidad no sirve, con todo, para excluir de forma tajante la exigencia de ley.
[...] La exibilidad alcanza al punto de no ser exigible una denición de cada tipo de ilícito y sanción en la ley, pero no permite la
inhibición del legislador.
»Del art. 25.1 CE derivan dos exigencias mínimas [...]. En primer término, y por lo que se reere a la tipicación de infracciones,
corresponde a la ley la jación de los criterios mínimos de antijuridicidad conforme a los cuales cada Ayuntamiento puede establecer
tipos de infracciones [...]. En segundo lugar, y por lo que se reere a las sanciones, del art. 25.1 CE deriva la exigencia, al menos, de
que la ley reguladora de cada materia establezca las clases de sanciones que pueden establecer las ordenanzas municipales; tampoco
se exige aquí que la ley establezca una clase especíca de sanción para cada grupo de ilícitos, sino una relación de las posibles
sanciones que cada Ordenanza Municipal puede predeterminar en función de la gravedad de los ilícitos administrativos que ella
misma tipica».
26 Por ahora, las Comunidades Autónomas no han abordado esta regulación.
27 https://web.ua.es/es/coseg/documentos/borrador-anteproyecto-lcda.pdf (consulta: 16 noviembre 2017).
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3.1 Problemas que derivan de la vigencia del Decreto de 8 de septiembre de 1954, por el que se
aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Ociales de Enseñanza Superior
y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional
Son múltiples los problemas que derivan de la vigencia en esta materia de una norma preconstitucional que
emanó de un régimen autoritario que pretendía tener bajo control a los colectivos universitarios.28 Pasamos
a destacarlos a continuación:
- Es contrario a los principios generales que conguran la potestad sancionadora de la Administración:
a) No existe un régimen de prescripción de faltas y sanciones29 ni un plazo de caducidad del procedimiento
sancionador.30
b) En el ámbito de la comisión de infracciones leves no se exige seguir un procedimiento sancionador para
imponer la correspondiente sanción.31
c) Las sanciones son totalmente desproporcionadas en relación con las infracciones realizadas. Además,
la mayoría de sanciones afectan al ejercicio de los derechos de matrícula, y esta realidad hace que,
indirectamente, la sanción se traslade, en parte, a los padres, que son los que la inmensa mayoría de veces
pagan la matrícula.32
d) La tipicación de las faltas está realizada con mala técnica legislativa, ya que son tipos muy abiertos, que
no satisfacen la exigencia de certeza,33 y con profusión de conceptos jurídicos indeterminados.34 Las sanciones
tampoco están tipicadas sucientemente, dejando muchísima libertad en manos de la autoridad académica.
- En la misma norma se tipicaban las faltas y las sanciones correspondientes, en el capítulo II, para el
personal docente35 y, en el capítulo III, para los «escolares».
- Está anticuado, por proteger unos bienes jurídicos muy alejados e incluso contrarios a las demandas sociales
actuales y al régimen constitucional actual.36
28 Un estudio en profundidad sobre los aspectos problemáticos que plantea la aplicación del Decreto 1954 lo ha realizado PeMán
gavín, Juan María. «El régimen disciplinario de los estudiantes universitarios: sobre la vigencia y aplicabilidad del Reglamento de
Disciplina Académica (Decreto de 8 de septiembre de 1954)». Revista de Administración Pública, núm. 135 (1994), pp. 435-471.
29 Déficit que ignora el principio de seguridad jurídica. De hecho, esta falta de pronunciamiento explícito y expreso ha producido
resoluciones judiciales dispares en relación con los plazos de prescripción aplicables a las infracciones administrativas. Sin ánimo de
exhaustividad, véanse, por ejemplo, la SAN 4277/2007, de 9 de octubre, la STSJM 12517/2001, de 9 de octubre, o la Sentencia del
Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Valladolid 352/2008, de 14 de enero.
30 El Decreto de 1954, en la disposición nal y en la disposición transitoria cuarta, contempla la aplicación supletoria de la
normativa sobre régimen disciplinario de la función pública, que establece un plazo de caducidad del procedimiento de doce meses.
31 Véase el artículo 13 del Decreto 1954.
32 Véanse los artículos 6 y 12 del Decreto 1954.
33 Como consecuencia de ello, el Reglamento objeto de estudio deja un amplio margen de apreciación a la autoridad académica
que hace que, a la hora de resolver, deba tener muy en cuenta el criterio general de proporcionalidad. En la STSJMU 253/2013, de
15 de febrero, se evidencia que la Universidad de Murcia no supo subsumir los hechos acaecidos en el contexto en que se producen
en la infracción adecuada.
34 Entre otros: «cualesquiera actos que perturben notablemente el orden que debe existir en los establecimientos de enseñanza [...]»,
«la ofensa grave, de palabra u obra [...]», «la injuria, ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas [...]», «la falta de
probidad». Sobre los conceptos jurídicos determinados, en general, véanse PeMán gavín, Ignacio. El sistema sancionador español.
Hacia una teoría general de las infracciones y sanciones administrativas. Barcelona: Cedecs, 2000, pp. 229-243; gallardo Castillo,
María Jesús, op. cit., 2008, pp. 98-116, y Pérez nieto, Rafael; baeza díaz-Portales, Manuel José, op. cit., 2008, pp. 99-104.
35 Los artículos relativos al personal docente de la universidad se han derogado por el apartado 1 de la disposición derogatoria del
Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario.
36 Como las siguientes infracciones: «Las manifestaciones contra la Religión y moral católicas» y «las faltas de asistencia a clase
[...] cuando tengan carácter colectivo». Por ejemplo, en relación con el tipo del artículo 5.b.1.º, «las palabras o hechos indecorosos
o cualesquiera actos que perturben notablemente el orden que debe existir en los establecimientos de enseñanza dentro o fuera de
las aulas», la STSJPV 4083/2014, de 10 de diciembre, expresa en el FJ 2: «[...] no ofrece sentido la aplicación de un tipo infractor
tan arcaico y descontextualizado como el que se maneja, [...] concluimos que más que centrada en la idea de lo “indecoroso”, que es
seguro que el Decreto refería a conductas propias de la moral social y costumbres de la época en aspectos muy remotos a lo que en
este proceso se examina [...]». A pesar de que nos encontramos ante infracciones que protegen bienes jurídicos que no son acordes
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- Es inconstitucional en alguna de sus partes, por tener preceptos contrarios a la Constitución, como, por
ejemplo, el título IV, que regula los tribunales de honor para conocer y sancionar los actos deshonestos
cometidos por el personal docente.
- La parte no declarada inconstitucional es vigente y aplicable. En coherencia con el principio de legalidad y
de acuerdo con la doctrina del TC, cuando se decida modicar el Decreto 1954 se tendrá que hacer a través
de una norma con rango de ley.
3.2 La Ley Orgánica de Universidades no altera la situación en relación con el régimen disciplinario
Respecto al tema que nos ocupa, lo único que encontramos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades (en adelante, LOU),37 es una remisión a los Estatutos de la universidad para desarrollar los
derechos y deberes de los estudiantes y los mecanismos para su garantía.38 Consideramos que el mandato de
desarrollar «mecanismos para su garantía», referido a los deberes de los estudiantes, implica el encargo de
desarrollar el régimen disciplinario de los estudiantes.
A pesar de ello, constatamos que la LOU enumera una serie de derechos olvidándose de la regulación
de los deberes de los estudiantes39 y de la determinación de las infracciones y sanciones que derivan del
incumplimiento de tales deberes. En denitiva, el legislador no establece los elementos esenciales de las
conductas antijurídicas de los estudiantes y de la naturaleza y límites de las sanciones a imponer y, en
consecuencia, no permite que exista un desarrollo a través de la normativa de cada universidad basada
en la regulación establecida por la LOU.40 Como hemos corroborado con anterioridad, según doctrina del
TC, la autonomía universitaria «no está más que al servicio de la libertad académica en el ejercicio de la
docencia e investigación» (STC 106/1990, STC 187/1991)41 y no sirve para dar cobertura a la creación vía
reglamentaria de infracciones y sanciones sin el asidero de una norma con rango de ley. Teniendo en cuenta
que dicho régimen afecta al desarrollo del derecho fundamental a la educación e incide sobre su ámbito y
sus límites,42 sería aconsejable que esta normativa fuera regulada, en sus aspectos esenciales y básicos, a
través de ley orgánica. En conclusión, la LOU representa la pérdida de una oportunidad de regular el régimen
disciplinario de los estudiantes a través de ley orgánica.43
con nuestro régimen jurídico actual, estos preceptos no han sido derogados de forma expresa.
37 El derecho a la educación, del que la educación superior es una manifestación más, y una serie de derechos relativos al ámbito
universitario, como la libertad de cátedra y la autonomía de las universidades, los encontramos contemplados en la sección 1.ª del
capítulo II del título I de la CE. De acuerdo con lo que establece la CE, todos estos derechos fundamentales se han de regular por ley
orgánica. En cumplimiento de esta exigencia, actualmente la norma vigente es la LOU.
38 Véanse los apartados 1 y 2 del artículo 46 LOU. Consideramos transcendente aclarar que cuando la LOU menciona las «normas
de organización y funcionamiento» se reere a la normativa orgánica y de representación de las universidades privadas, que no son
objeto de nuestro estudio.
39 Véase el apartado 2 del artículo 46 LOU.
40 Este desarrollo normativo se tendría que realizar a través de los Estatutos, según el mandato del artículo 46.2 LOU. No conocemos
ningún estatuto que contemple tal desarrollo. Algunos Estatutos derivan el mandato a la potestad reglamentaria de otros órganos de la
universidad, contraviniendo de esta manera el artículo 46.2 LOU y el artículo 9.2.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, que establece que en ningún caso se pueden delegar las competencias relativas a «la adopción de
disposiciones de carácter general», de manera que los tribunales podrían anular las sanciones impuestas bajo los nuevos reglamentos
que se puedan dictar. Véase CáMara del Portillo, Diego. «El régimen disciplinario del personal al servicio de la Administración
universitaria y del alumnado». En: blasCo delgado, Carolina (coord.). Estudios sobre régimen jurídico universitario. Burgos:
Universidad de Burgos, 2006, pp. 196-198.
41 Doctrina positivizada en el artículo 2.3 LOU, que expresa: «La actividad de la Universidad, así como su autonomía, se
fundamentan en el principio de libertad académica, que se maniesta en las libertades de cátedra, de investigación y de estudio».
42 Hemos de tener presente que la aplicación del régimen disciplinario de los estudiantes puede signicar la imposición de una
sanción que implique la expulsión de un alumno del sistema universitario durante un periodo de tiempo determinado. En este sentido,
en relación con el artículo 27 CE, véanse los FJ segundo y cuarto de la STS de 7 de marzo de 2002.
43 Esta pérdida de oportunidad también la señala JiMénez soto, Ignacio. «El régimen disciplinario de los estudiantes universitarios.
Un andamio difícil de sostener con algunas piezas sueltas». Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 168, (2015), pp. 266-
267. Al respecto, el autor citado arma: «[...] esta ley renunció a incorporar en su articulado cuanto menos unas directrices precisas
que hubieran permitido a los Estatutos universitarios desarrollarlos en el ámbito de autonomía de las Universidades».
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Desde el momento en que no existe en la norma una regulación de las infracciones y de las correspondientes
sanciones, nosotros entendemos que este desarrollo lo han de realizar las universidades partiendo de la
normativa estatal existente al respecto, actualmente el Decreto 1954.
Finalmente, en la LOU, a raíz de una modicación que entra en vigor el 4 de mayo de 2007,44 encontramos un
mandato al Gobierno para aprobar el Estatuto del Estudiante Universitario que estudiaremos en el siguiente
epígrafe.45
3.3 El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto del Estudiante
Universitario, y su remisión al legislador para abordar la cuestión
Este instrumento normativo que ahora analizamos podría haber servido para, partiendo de los tipos de
infracciones recogidos en el Decreto 1954 –que, como hemos destacado, son abiertos e indeterminados–,
realizar una labor de desarrollo y concreción de las infracciones y sanciones administrativas que ofreciera
una mayor seguridad jurídica en este ámbito. Su contenido nos demuestra que la pretensión de este Real
Decreto ha sido otra46 y no ha encarado la resolución de este problema en su articulado, sino que en relación
con ello el Gobierno ha optado por hacer tabla rasa, desvinculándose del Decreto 1954 y estableciendo
en el Real Decreto un mandato al Gobierno para que en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor
presentara a las Cortes Generales un proyecto de ley regulador de la potestad disciplinaria.47 De manera que
este Real Decreto tampoco aporta, a través de su entrada en vigor, una solución al problema, que se posterga
en el tiempo hasta la aprobación de la correspondiente ley, que ni se ha aprobado en los «tempos» previstos
en el Real Decreto ni hay señales de que, al menos a corto y medio plazo, se lleve a cabo tal aprobación.
3.4 La propuesta del borrador de Anteproyecto de Ley de Convivencia y Disciplina Académica en
la Enseñanza Universitaria presentado en 2011 por el Ministerio de Educación: otra oportunidad
perdida
A n de proceder a derogar el «vetusto y obsoleto»48 Decreto 1954 y a cumplir con la prescripción establecida
en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, que regula el Estatuto del Estudiante Universitario,49 el
Ministerio de Educación50 presenta, en 2011, un borrador de anteproyecto de ley,51 que no llega a tramitarse
como proyecto de ley en las Cortes Generales por acabarse la legislatura en diciembre de 2011.
El borrador de Anteproyecto de Ley va más allá de la actualización de un régimen disciplinario clásico aplicable
a los estudiantes, de acuerdo con el marco normativo y la realidad universitaria actual, y también desarrolla una
serie de medidas de carácter educativo y recuperador para facilitar la reeducación, entre las que se encuentran,
principalmente, la prestación de trabajos en la comunidad cuya realización «supondrá la extinción de la
responsabilidad disciplinaria en sustitución de la sanción que corresponda por la comisión de infracciones
leves y graves».52 Además, el borrador de Anteproyecto introduce, entre otras, dos novedades importantes
44 Tampoco aquí se aprovechó la oportunidad que ofrecía esta reforma, como señala góMez garCía, María Jesús, op. cit., 2009,
pp. 608-609.
45 Véase el apartado 5 del artículo 46 LOU.
46 El Real Decreto se dedica a crear el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado y a regular los derechos y deberes de los
estudiantes, existiendo un desequilibrio entre estos a favor de los primeros.
47 En la parte expositiva del Real Decreto se dice que «establece compromisos para modicar el marco legal que rige la
convivencia en la universidad, hasta la fecha regulada por una norma preconstitucional». Así, en la disposición adicional segunda,
titulada «Regulación de los procedimientos administrativos sancionadores en el ámbito universitario», se establece un mandato para
materializar dicha modicación legal.
48 Expresión utilizada por el borrador de Anteproyecto que se estudia en este epígrafe.
49 Como hemos señalado en el epígrafe anterior, esta norma dispone que el Gobierno ha de presentar a las Cortes Generales, en el
plazo de un año, un proyecto de ley regulador de la potestad disciplinaria.
50 Con funciones en aquel momento en educación, formación profesional y universidades, dirigido por el profesor Ángel Gabilondo.
51 En la disposición derogatoria única del borrador se dispone la derogación del Decreto 1954.
52 Véase el artículo 27.1 del borrador del Anteproyecto de Ley de Convivencia y Disciplina Académica en la Enseñanza Universitaria
presentado en 2011 por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, estas medidas de carácter educativo y recuperador no se podrán
utilizar si los hechos son constitutivos de una falta muy grave.
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aplicables a todas las personas que integran la comunidad universitaria: por un lado, se contempla de manera
explícita la mediación para la resolución de conictos, fuera del ámbito disciplinario, que se presenten entre
las personas integrantes de la comunidad universitaria,53 y, por otro lado, se establece la previsión de que cada
universidad apruebe un código de conducta, inspirándose en unos principios básicos, éticos y de conducta
expresados en el articulado, que obligue a todos los miembros de la comunidad universitaria.54
4 Los modelos de respuesta normativa de las universidades y su conformidad con la
legalidad vigente
Ante la realidad normativa plasmada en los epígrafes anteriores, ¿cómo se tienen que comportar las
universidades? ¿Tienen que esperar a que se apruebe una norma con rango de ley o pueden regular
sobre el régimen disciplinario de los estudiantes a partir de la normativa estatal existente (Decreto 1954)
interpretándola de acuerdo con la CE? Ambas opciones son válidas, pero si las universidades optan por
regular sobre la cuestión lo tendrían que hacer, por un lado, respetando el principio de legalidad, es decir,
desarrollando la tipicación de infracciones y sanciones del Decreto 1954, y, por otro lado, realizando esta
actuación a través de los Estatutos, en el caso de las universidades públicas, o a través de las normas de
organización o funcionamiento, en el caso de las universidades privadas.55 Pasamos a analizar cómo han
procedido las universidades públicas, pero ya avanzamos que, seguramente debido a estas limitaciones, son
pocas las universidades que han regulado sobre la cuestión, y cuando lo han hecho ha sido, en la mayoría de
los casos, para adaptar el Reglamento estatal a nuestro ordenamiento actual y/o para llevar a cabo aclaraciones
procedimentales y desarrollos sustantivos necesarios para su operatividad aplicativa.56
4.1 Análisis de la normativa de las universidades que han regulado sobre el régimen disciplinario
de los estudiantes
Entre las pocas universidades públicas que han decidido ordenar sobre el régimen disciplinario,57 hemos
constatado que, desde el punto de vista formal, cada una ha optado por un modelo diferente: la URV ha aprobado
un reglamento –que reproduce el Decreto 1954 adaptado a la Constitución Española– y una instrucción que
aporta criterios que facilita la aplicación de dicho reglamento;58 la Universitat Pompeu Fabra (en adelante,
UPF) integra en un único texto normativo59 la adaptación al marco legal vigente y las determinaciones
interpretativas complementarias necesarias; la Universidad Carlos III de Madrid aprueba una instrucción60
que informa sobre la vigencia y la interpretación de algunos artículos del Reglamento estatal de acuerdo con
el marco normativo vigente actualmente;61 la Universidade da Coruña aprueba unas normas procedimentales
provisionales, hasta que no se apruebe la correspondiente norma estatal, para la instrucción y resolución
53 Véanse los artículos 10 y 11 del borrador objeto de estudio. La regla general de que la aplicación de la mediación no cabe
en materia disciplinaria se excepciona cuando estamos ante la comisión de hechos que son constitutivos de infracciones que han
supuesto un menoscabo al honor, la dignidad o la propia imagen de otra persona. En estos casos, «la responsabilidad disciplinaria
se podrá extinguir a través de un acuerdo de mediación aceptado por ambas partes y adoptado ante una instancia que tenga atribuida
estas funciones» (art. 28.1 del borrador). Para articular esta posibilidad, en estos supuestos, en el procedimiento disciplinario se
ofrecerá la mediación, y si las partes la aceptan se trasladará el asunto al órgano mediador de la universidad y se suspenderá el
procedimiento disciplinario. Si como resultado de la mediación hay acuerdo, el instructor dictará el archivo de las actuaciones; si no
hay acuerdo, el instructor proseguirá el procedimiento (arts. 14.10 y 28.2 del borrador).
54 Véanse los artículos 4 a 8 del borrador objeto de estudio.
55 Véase el artículo 46.2 LOU.
56 A excepción de la normativa de la Universidad Rey Juan Carlos, que va más allá de estos cometidos.
57 La mayoría de las universidades no han entrado a regular sobre la cuestión. A fecha de 30 de octubre de 2017, hemos constatado
que solo las universidades públicas estudiadas en este artículo lo han hecho.
58 Ambas normas aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2013.
59 Aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2012.
60 Sin fechar.
61 Se limita a informar someramente en notas a pie de página. Además, la Universidad Carlos III ha aprobado una instrucción sobre
el régimen jurídico y procedimiento disciplinario aplicable solo a los procesos de evaluación académica, que entró en vigor el 1 de
septiembre de 2017.
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de los expedientes universitarios abiertos a los estudiantes,62 y la Universidad Rey Juan Carlos se dota de
una normativa sobre conducta académica.63 Pasamos a comentar con más detenimiento las manifestaciones
normativas más desarrolladas, que son las de la URV, la UPF y la Universidad Rey Juan Carlos.
4.1.1 La Universitat Rovira i Virgili
En la URV se aprobó, de acuerdo con la legalidad existente, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los
Estudiantes de la URV, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2013, con las siguientes
características, entre otras:
- No cambia el sistema de infracciones y sanciones previsto en el Decreto 1954, añadiendo nuevas infracciones
y sanciones, porque no lo puede hacer por la cobertura legal exigida.
- Adecua el Decreto 1954 a la realidad social y jurídica actual y, por tanto, incorpora claridad y seguridad
jurídica en la aplicación del régimen disciplinario de los estudiantes. Por ejemplo, elimina, como infracción
grave, las manifestaciones contra la religión y la moral católica, y, como infracción menos grave, la falta de
asistencia a clase.
- Elimina también las sanciones más radicales, desproporcionadas o que afectan a derechos como la educación,
el honor, la intimidad y la propia imagen, que solo se pueden regular por ley orgánica. En este sentido,
elimina las siguientes sanciones: inhabilitación perpetua o temporal en todos los centros docentes; expulsión
perpetua de los centros comprendidos en el distrito universitario; expulsión perpetua de la universidad;
amonestación pública.
El Reglamento URV es el al texto del Decreto 1954 y, para facilitar su aplicación, se optó por elaborar una
instrucción, con carácter de instrumento interno, donde se enumeran los comportamientos que se pueden
subsumir en tipos abiertos y en infracciones con conceptos jurídicos indeterminados. De hecho, la nalidad
de la Instrucción es facilitar la aplicación del Reglamento URV aclarando, a efectos interpretativos, qué
comportamientos puede considerarse que se incluyen dentro de conceptos amplios e/o indeterminados como
faltas contra los principios e instituciones del Estado social y democrático de derecho; faltas de injuria,
ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas o contra el profesorado en ejercicio de sus
funciones académicas; faltas de ofensa grave, de palabra u obra, a compañeros, personal de administración
y servicios u otro personal dependiente de la universidad; faltas de suplantación de personalidad en actos de
la vida académica y de falsicación de documentos; falta de probidad, etcétera.
En relación con los comportamientos fraudulentos, la Instrucción de la URV establece:
- A la infracción grave tipicada como falta de probidad, donde entraría (según Instrucción URV) la conducta
de «pretender o conseguir falsear o defraudar los sistemas de evaluación, tanto si se es beneciario como
cooperador necesario» y «plagiar en todo o en una parte signicativa obras intelectuales», de manera que
incida en la valoración del trabajo o ejercicio presentado,64 la acompaña una sanción de expulsión temporal
de la universidad.65
- A la infracción menos grave de resistencia, en cualquier forma, a las órdenes o a los acuerdos superiores,
donde se ha ubicado la conducta de «realizar actos expresamente prohibidos en las normas emanadas de
los órganos de gobierno de la URV» y de plagiar, cuando no afecte a una parte signicativa de los trabajos
o ejercicios, la acompaña la posibilidad de imponer dos tipos de sanciones: o «la pérdida del derecho a ser
62 Aprobadas por Consejo de Gobierno de 14 de abril de 2011. Como su nombre indica, son normas que regulan únicamente el
procedimiento para otorgar de seguridad, en términos garantistas de acuerdo con nuestro marco legal vigente, la tramitación de los
expedientes disciplinarios abiertos mientras no se dicte la norma básica estatal correspondiente.
63 Aprobada por Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2014.
64 Según el apartado A.e).2 de la Instrucción citada: «Cuando el plagio se realiza en el contexto de una asignatura hay que tener en
cuenta qué peso puede tener la parte plagiada en la valoración del trabajo o ejercicio presentado».
65 Que comporta la pérdida de los derechos de matrícula y de curso durante el tiempo en que se cumpla la sanción y la prohibición
de trasladar el expediente académico en el curso en que se ha dictado la sanción (art. 11 del Reglamento de Régimen Disciplinario
de los Estudiantes de la URV).
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evaluado [...] en todas las convocatorias» del curso académico de una o todas las asignaturas o «la pérdida
del derecho a ser evaluado en las convocatorias ordinarias de una o más asignaturas».66
4.1.2 La Universitat Pompeu Fabra
En lo que concierne a la UPF nos hemos de referir al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de
2012, a través del cual se aprueba el Régimen Disciplinario de los Estudiantes de la UPF. Se trata de una
regulación interna que, «sin innovar el sistema de infracciones y sanciones» contemplado en el Decreto
1954, complementa y adecua las previsiones de dicho reglamento. En denitiva, se trata de una norma de
desarrollo del Reglamento estatal.
Sobre este desarrollo destacamos que los comportamientos fraudulentos en los actos de evaluación, los
que se realizan de forma premeditada, consciente y relevante, se incardinan dentro del concepto de «falta
de probidad», y los que carecen de tales calicativos se encuentran dentro de «los actos que perturban
notablemente el orden académico». En relación con el plagio, hemos de decir que aquí, también, de acuerdo
con el principio de proporcionalidad, si se realiza en dimensiones no relevantes, implica la comisión de una
falta menos grave; en cambio, si la cantidad plagiada se considera relevante, estaríamos ante una falta grave.
En el segundo supuesto, el comportamiento de plagiar se subsume también dentro del concepto de «falta
de probidad». A diferencia de lo que ocurre en el Reglamento de la URV, cuando el plagio no se considera
relevante dicho comportamiento se subsume, como acabamos de mencionar, en «los actos que perturban
notablemente el orden académico».
4.1.3 La Universidad Rey Juan Carlos
La normativa sobre conducta académica aprobada por la Universidad Rey Juan Carlos tiene, como su título
indica, un objeto amplio, donde se transcriben literalmente derechos y deberes que establece el Estatuto
del Estudiante Universitario, se incorporan normas relativas al comportamiento de los estudiantes en las
instalaciones universitarias, se dan al profesor herramientas para reponer la normalidad académica en clase y
durante las actividades evaluables, y se regula el régimen disciplinario tomando, en teoría, como referencia
el Decreto 1954.67 En relación con esta norma, consideramos conveniente hacer las siguientes observaciones:
- Fuera del ámbito sancionador, se dota de instrumentos al profesor para restablecer el orden académico
perturbado. Así, cuando los alumnos no cumplen con las normas de conducta establecidas –como, por
ejemplo, no recurrir a procedimientos fraudulentos en el desarrollo de las pruebas evaluativas en el aula–, el
profesor tiene la potestad de disponer la salida del aula del estudiante, «con independencia de las sanciones
a las que, en su caso, hubiere lugar».68 En este caso se ha considerado que el derecho del alumno a hacer las
pruebas evaluativas, como manifestación del derecho a una determinada convocatoria, cede o decae ante el
comportamiento fraudulento del estudiante.69
- Se ordena el régimen disciplinario sin ceñirse o limitarse a lo establecido en el Decreto 1954: se regulan
las conductas sancionables sin determinar en qué falta concreta del Reglamento estatal se encuentran
subsumidas70 y se incorporan sanciones de las faltas menos graves que no se recogen tal y como se formulan
66 Artículo 9 del Reglamento de Régimen Disciplinario de los Estudiantes de la URV.
67 Artículo 6 de la citada normativa de la Universidad Rey Juan Carlos.
68 Punto 7 de la normativa.
69 El Reglamento de Convivencia de la Universidad de Córdoba, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno en sesión ordinaria
de 1 de julio de 2016, responde también a esta necesidad de conciliar el derecho del alumno a realizar las pruebas evaluativas
que correspondan en las diferentes convocatorias con la obligación del estudiante de tener un comportamiento honesto y, por tanto,
de no realizar actuaciones fraudulentas. Así, cuando el alumno realiza actuaciones deshonestas, decae el ejercicio de su derecho,
ponderándose de esta manera los derechos de los alumnos con sus obligaciones. Hay autores que consideran la expulsión del estudiante
del aula como medida cautelar. Véase aCale sánChez, María. «Cómo se gesta y cómo se contrarresta el fraude en los procesos de
evaluación del conocimiento universitario». Rued@ Revista Universidad, ética y derechos, 2015, pág. 9. Nosotros consideramos
como medidas cautelares que puede aplicar el profesor la retirada de la fuente u objeto que permite el comportamiento fraudulento, el
traslado del alumno a otro pupitre para separarlo de los compañeros que le pasan información, etcétera. Como último recurso, y solo si
el alumno no accede a seguir las indicaciones del profesor, consideramos fundamentado expulsar al estudiante del aula.
70 Así, se establece que es una falta grave, entre otras, «la utilización de medios fraudulentos, con el n de obtener resultados no
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en las del Reglamento estatal, como, por ejemplo, «la expulsión del centro o de determinadas instalaciones
de la universidad, por un periodo comprendido entre ocho y treinta días» o «el suspenso de la prueba en la
que se haya producido el fraude».
- En las faltas menos graves, por fraude en las pruebas de evaluación, es el profesor de la asignatura el
que tiene la competencia para adoptar la correspondiente medida sancionadora. Si el estudiante está en
desacuerdo, puede reclamar ante «la Comisión de Reclamación del Centro». Esta medida pretende que sea el
profesor de la asignatura en la que el alumno ha realizado una prueba cometiendo fraude el que lo sancione
suspendiéndolo. A partir de la redacción del texto del epígrafe 7.2 parece que la sanción se puede adoptar «en
caliente», sin el correspondiente procedimiento administrativo, posibilidad que convierte esta prescripción
en contraria a nuestro ordenamiento jurídico, por incumplir con las exigencias del derecho administrativo
sancionador.71 Además, esta disposición tampoco cumple con la exigencia de la necesidad de estructurar
el procedimiento sancionador en dos fases, con la consiguiente intervención de un órgano instructor y un
órgano decisor.72
4.2 Análisis de la normativa de las universidades que han articulado una respuesta evaluativa
Ante la evidente inadecuación de la respuesta que da el Decreto 1954 a los comportamiento fraudulentos,
en general, y al plagio, en particular, las universidades han intentado solucionar el problema generalizando
un sistema donde coexiste una respuesta disciplinaria, que ya hemos analizado, y una respuesta evaluativa,
con una articulación de la respuesta evaluativa con modelos diferenciados. Pasamos a comentar, de forma
general, los diferentes modelos detectados.
4.2.1 Modelo evaluativo de sanción encubierta
Para estudiar este modelo haremos referencia al artículo 6 de la Normativa académica de grado y máster
de la URV, en su redacción anterior a la modicación introducida en el Consejo de Gobierno de 10 de julio
de 2017,73 que expresa: «1. La realización demostrativamente fraudulenta de alguna actividad evaluativa
de alguna asignatura tanto en soporte material como virtual y electrónico comporta al estudiante la nota
de suspenso de esta actividad evaluativa. 2. Con independencia de ello, ante la gravedad de los hechos, el
centro puede proponer la iniciación de un expediente disciplinario, que será incoado a través de resolución
del rector o rectora.» Deducimos que la intención de esta redacción era ofrecer, ante los comportamientos
fraudulentos, dos canales o vías: una respuesta evaluadora del profesor, a través del apartado primero, y
una respuesta sancionadora, a través de lo que se dispone en el apartado segundo. Pero la pregunta que nos
planteamos es: ¿cuál era la cobertura legal del primer párrafo del artículo 6 de la Normativa académica de
grado y máster de la URV? Y la respuesta, según nuestro parecer, es que no existía tal cobertura legal. Por
este motivo, y fruto en parte de nuestros advertimientos, la redacción apuntada se ha modicado.
Nosotros consideramos que en el apartado 1 del artículo 6 del texto transcrito había una sanción encubierta.
Se vestía como una actividad evaluativa cuando no se evaluaba nada –ni si la chuleta hacía referencia a las
preguntas del examen, ni si había habido un poco de plagio o mucho–, que si se evaluara podríamos pensar
en un aprobado, e incluso mejor nota si había poco plagio y el resto era original e impecable.74 Este artículo
establecía unas consecuencias sancionadoras automáticas –suspenso de la actividad evaluativa– según
nuestro parecer sin cobertura legal –la sanción no está tipicada– y sin procedimiento y, por tanto, ilegales.
merecidos en pruebas de evaluación, que conlleven la colaboración de agentes externos», y que es una falta menos grave, entre otras,
«el intento de obtener mejores resultados académicos utilizando medios ilícitos o fraudulentos».
71 El artículo 63.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
expresa: «En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento».
72 El artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
expresa: «Los procedimientos de naturaleza sancionadora [...] establecerán la debida separación entre la fase instructora y la
sancionadora, que se encomendará a órganos distintos».
73 Esta reciente modicación trae causa de las observaciones que trasladamos a toda la comisión y, en concreto, a la vicerrectora de
Docencia, Estudiantes y Comunidad Universitaria para adecuar la Normativa académica de la URV a nuestro ordenamiento.
74 Véase Cavanillas, Santiago. «El ciberplagio en la normativa universitaria». En: CoMas Forgas, Rubén Lluc; sureda negre,
Jaume (coords.) El ciberplagi acadèmic. Digithum, núm. 10 (2008), pág. 11.
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En este sentido, consideramos que existen sanciones encubiertas en la normativa de la Universitat Jaume I de
Castelló,75 de la Universitat de Lleida,76 de la Universidad de Huelva,77 de la Universidad del País Vasco,78 de
la Universitat Politècnica de Catalunya,79 de la Universidad de Valladolid,80 de la Universidad de Granada,81
de la Universidad de Oviedo,82 de la Universidad de La Laguna,83 de la Universidad de Extremadura,84 de la
Universidad de Cádiz,85 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,86 de la Universidade da Coruña,87
de la Universidad de Jaén,88 de la Universidad de Burgos89 y de la Universidad Miguel Hernández de Elche.90
4.2.2 Modelo evaluativo que es coherente con nuestra legalidad vigente
Hay una serie de universidades que, en la ordenación de las consecuencias académicas que tiene la utilización
de medios fraudulentos, establecen la posibilidad de suspender al alumno y, por lo tanto, en estos casos el
profesor puede llevar a cabo una labor de valoración del impacto del comportamiento fraudulento, en general,
y del plagio, en particular, en la prueba evaluativa y decidir la nota en coherencia con los resultados de este
trabajo valorativo. De manera que, si el profesor comprueba que el impacto de la actividad fraudulenta en
el resultado nal de la prueba es mínimo o de poca entidad, la nota nal puede ser diferente al suspenso. En
esta línea encontramos la normativa de la Universidad de Murcia,91 de la Universitat de les Illes Balears,92 de
la Universidad Internacional de Andalucía,93 de la Universidad de Valencia,94 de la Universidad Autónoma
75 Véase el artículo 11 de la Normativa de evaluación de los estudios ociales de grado y máster de la citada universidad.
76 Véanse los apartados 9, 10 y 11 del artículo 3.1 de la Normativa de evaluación y calicación de la docencia en los grados y
másteres de la Universitat de Lleida.
77 Véanse los puntos 3 y 4 del artículo 10 de la Normativa de evaluación para las titulaciones de grado y máster ocial de la citada
universidad.
78 Véase el artículo 67.2 del Reglamento de Alumnado de la Universidad del País Vasco.
79 La ilegalidad es clara cuando, en el caso de la normativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, se establece que la acción
irregular, que puede conducir a una variación signicativa de la calicación, comportará un 0 no solo del acto de evaluación en el que
se ha producido la acción irregular, sino también de la nota nal de la asignatura. Véase el apartado 3.1.2 de la Normativa académica
de los estudios de grado y máster de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es evidente que aquí se suprime toda actuación
evaluadora de las diferentes pruebas evaluativas de la asignatura.
80 Véanse los artículos 38.2, 44.1 y 44.2 del Reglamento de Ordenación Académica.
81 Véase el artículo 13.7 de la Normativa de evaluación y de calicación de los estudiantes.
82 Véase el artículo 25 del Texto Refundido del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y las Competencias
Adquiridas por el Alumnado.
83 Véanse los artículos 10.3 y 12 del Reglamento de Evaluación y Calicación.
84 Véase el artículo 7.12 de la Normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas por el
alumnado.
85 Véase el artículo 11.3 del Reglamento por el que se regula el Régimen de Evaluación de los Alumnos.
86 Véase el artículo 29 del Reglamento de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el
Alumno en los títulos ociales, títulos propios y de formación continua.
87 Véase el artículo 14.3 de las Normas de evaluación, revisión y reclamación de las calicaciones de los estudios de grado y máster
universitario. En cambio, en el apartado 4 del mismo artículo se establece que el plagio en trabajos que presentan los alumnos puede
ser considerado causa para calicar con un suspenso dicha actividad. Esta disposición sí que nos parece acorde con los postulados de
nuestro ordenamiento jurídico, porque permite el desarrollo de una actividad evaluativa o valorativa por parte del docente.
88 Véase el artículo 23.3 del Reglamento de Régimen Académico y de Evaluación del Alumnado.
89 Véase el artículo 17.2 del Reglamento de Evaluación.
90 Véanse los apartados 4 y 6 del artículo 9 de la Normativa de evaluación de los estudiantes.
91 Véase el artículo 23 del Reglamento de Convocatoria, Evaluación y Actas.
92 Véase el artículo 33 del Reglamento Académico de la Universitat de les Illes Balears.
93 Véase el artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico de la referida universidad.
94 Véanse los artículos 13 y 15 del Reglamento de Evaluación y Calicación para los Títulos de Grado y Máster.
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de Madrid,95 de la Universitat de Girona,96 de la Universidad de Málaga,97 de la Universidad de Alcalá98 y de
la Universidad Pública de Navarra.99
4.2.3 Modelo evaluativo que necesita una interpretación forzada para salvar su legalidad
Otras universidades, como la Universitat de Barcelona,100 la Universitat Autònoma de Barcelona101 y la
Universidad Politécnica de Cartagena,102 formarían parte de un grupo de universidades que tiene una normativa
que, en parte, se podría redimir legalmente, porque liga la calicación numérica de 0 a la realización por parte
del estudiante de una irregularidad que dé o pueda conducir a un resultado con una variación signicativa de
la calicación de la prueba correspondiente. Podríamos argumentar que aquí se establece la realización de
una actividad valorativa o evaluativa del peso de la actividad irregular en el resultado de la prueba evaluativa
y, por tanto, como resultado de esta valoración, si se considera que la irregularidad implica una variación
signicativa de la calicación conducente a un 0, se calica al alumno con dicha nota.
De acuerdo con nuestra tesis, estas prescripciones solamente se pueden considerar acordes con los
principios de nuestro ordenamiento si se interpreta la expresión «variación signicativa», en cada supuesto
concreto, como aquella variación que en el caso concreto que se ha de aplicar provoca que el resultado de la
evaluación sea igual a 0. Si a la hora de aplicar estas prescripciones no se interpreta la expresión «variación
signicativa» en este sentido, estaremos ante una vulneración del derecho administrativo sancionador,
porque se podrá considerar que se está ante una sanción encubierta. En denitiva, somos conscientes de que
este criterio interpretativo que hemos expuesto para salvar la legalidad de estos preceptos es muy forzado,
porque perfectamente una irregularidad puede conducir a una variación signicativa de la calicación que
no necesariamente ha de traducirse en un 0, y de la literalidad de la redacción se deduce que en todos los
supuestos se calicará al alumno con un 0. Proponemos, por ello, un cambio en la redacción de los preceptos
analizados, en el sentido de permitir que esta variación signicativa de la calicación conduzca a un resultado
evaluativo de suspenso, que, como sabemos, oscila entre el 4,9 y el 0.
Por otro lado, vemos muy difícil defender la legalidad de las disposiciones de la Universitat de Barcelona y
de la Universitat Autònoma de Barcelona cuando expresan que, en el caso de que se produzca más de una
irregularidad en la misma asignatura, sin calicar el impacto de esta irregularidad, la calicación nal de la
misma es un 0.
En este grupo también incluiríamos a la Universidad Carlos III de Madrid, que, ante una situación de
defraudación, no siempre prevé el seguimiento de un procedimiento sancionador para suspender al alumno
con un 0.103 Es verdad que es importante destacar que se exige que se den dos requisitos que podrían salvar
95 Véase el artículo 3 de la Normativa de evaluación académica.
96 Véase el artículo 21.1 de la Normativa reguladora de los procesos de evaluación y calicación de los estudiantes. En cambio, el
apartado 2 del artículo 21 establece, ante la copia y el plagio de los TFG o TFM, la respuesta directa y sin ningún tipo de valoración
de la calicación de 0 (suspenso). Por lo tanto, aquí no se permite la realización de una actuación evaluativa, y estaríamos ante una
sanción encubierta incompatible con nuestro derecho administrativo sancionador.
97 Véase el artículo 6.4 de las Normas reguladoras de la realización de las pruebas de evaluación del rendimiento académico de
los estudiantes.
98 Véase el artículo 22 de la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes.
99 Véase el artículo 34 de la Normativa reguladora de los procesos de evaluación.
100 Véase el artículo 16.7 de la Normativa reguladora de los planes docentes de las asignaturas y de evaluación y calicación de
los aprendizajes.
101 Véase el artículo 116.10 de la Normativa académica.
102 Véase el artículo 5 del Reglamento de las Pruebas de Evaluación de los Títulos Ociales de Grado y Máster con atribuciones
profesionales.
103 Acuerdo del Consejo de Dirección adoptado en sesión de 25 de septiembre de 2002 sobre tramitación de las situaciones de
defraudación en que puedan haber incurrido los estudiantes en la realización de pruebas, ejercicios o exámenes: «En los casos en
que, bien de forma agrante o de la instrucción del correspondiente procedimiento, resulte acreditado que por un estudiante se ha
incurrido, con ocasión de la realización de pruebas, ejercicios o exámenes, cuyo resultado haya de trasladarse a las actas, en una
situación de defraudación que impida el ejercicio por los profesores de la potestad de vericación de los conocimientos, se hará
constar en el lugar de las mismas destinado a la calicación la mención “suspenso (0)”».
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la legalidad del precepto: que resulte acreditado104 que el alumno ha cometido una actuación defraudadora
y que esta actuación provoque la imposibilidad de los profesores de vericar los conocimientos del alumno,
de manera que el propio alumno haya destruido y frustrado la posibilidad de que lo evalúen. Así, en este
supuesto podríamos entender que no se está sancionando sino cualicando con un 0, porque la actuación
defraudadora del alumno ha impedido que el profesor pueda vericar los conocimientos y, por tanto, no hay
posibilidad de poner otra nota.
Por último, incluimos también en este grupo a la Universidad Pablo de Olavide, ya que la Normativa de
evaluación de los estudiantes de grado105 establece que los comportamientos fraudulentos y el plagio son
considerados «causa de calicación de suspenso de la asignatura». Ahora bien, que estos comportamientos
fraudulentos sean causa de tal calicación no signica que automáticamente se tenga que suspender al
alumno, sino que el profesor lo puede suspender tras evaluar el impacto de la actividad fraudulenta en el
ejercicio evaluativo correspondiente.
5 Conclusiones y propuestas de lege ferenda
Ante los décits y la inadecuación de la respuesta que ofrece el Decreto 1954 como regulador del régimen
disciplinario de los estudiantes universitarios, en general, y de los comportamientos fraudulentos y el plagio,
en particular, hacemos una llamada al legislador para que ordene la materia de acuerdo con la realidad social
actual y las hechuras de nuestro ordenamiento jurídico.
Para aplicar el Decreto 1954, la UPF, de acuerdo con el principio de economía en la producción normativa,
la seguridad jurídica y la necesidad de evitar la dispersión normativa, ha introducido las aclaraciones,
especicaciones y desarrollos necesarios en una única norma, evitando, de esta manera, dicultar el manejo y
el conocimiento de las normas aplicables a los operadores jurídicos. Consideramos que la decisión de la URV
respecto a aprobar dos normas –un reglamento, que adapta la norma estatal a nuestro ordenamiento jurídico
postconstitucional, y una instrucción, que desarrolla qué comportamientos pueden considerarse subsumidos
en las faltas establecidas en la norma estatal– puede obedecer a la existencia del mandato, en la LOU, de
que el desarrollo de los mecanismos de garantía de los deberes de los estudiantes se ha de realizar a través
de los Estatutos de cada universidad. De esta manera, si por el incumplimiento de este mandato se resuelve
en los tribunales que dicha normativa de desarrollo es contraria al ordenamiento, siempre quedará a salvo
el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Estudiantes de la URV, que adapta el Decreto 1954 a la CE.
Estimamos que ni la Normativa de régimen disciplinario de la URV ni el Acuerdo del Consejo de Gobierno
que aprueba el régimen disciplinario de los estudiantes de la UPF violentan el principio de legalidad. En
primer lugar, las citadas normas no están modicando, sustituyendo ni tipicando ex novo infracciones y
sanciones, sino que se limitan a desarrollar la tipicación de infracciones o sanciones del Decreto 1954. En
segundo lugar, y relacionado con lo anterior, en ningún momento en estas universidades se están dejando
de aplicar las infracciones y sanciones del Decreto 1954, cuyo ámbito de aplicación abarca todo el territorio
estatal. En denitiva, el Decreto 1954 preconstitucional no se ha modicado ni sustituido utilizando una norma
reglamentaria posconstitucional, sino que lo que ha pasado, en estos casos, es que normativa universitaria
posconstitucional ha desarrollado un reglamento disciplinario preconstitucional.
Un problema de calado es que, en el Decreto 1954, la falta de probidad, tipo donde se tendría que subsumir el
fraude académico, está clasicada como falta grave y lleva aparejada una sanción –la expulsión temporal de
la universidad– a nuestro entender desproporcionada. Además, opinamos que hace falta una interpretación
un tanto forzada para considerar que esta actuación se pueda subsumir en alguna de las infracciones menos
graves –como demuestra el hecho de que la UPF y la URV no hayan coincidido a la hora de subsumir estas
104 Esta acreditación existe cuando el alumno ha sido descubierto de forma agrante. Según doctrina del TS consolidada desde
hace años, «[...] los datos de naturaleza objetiva y especialmente en los referentes a la detención de los inculpados cuando de delitos
agrantes o cuasi agrantes se trata, así como la ocupación “in situ” de armas, drogas u otros efectos del delito, son diligencias
perfectamente valorables, y que, en ocasiones, exentas [sic] de la obligación de practicar otros acreditamientos de cargo». Véanse las
STS de la Sala 2 de 4 y 17 de abril y de 24 de mayo de 1989.
105 Véase el artículo 18.
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conductas en la misma falta administrativa menos grave del Reglamento estatal–, para que así la sanción que
se imponga no sea desproporcionada.
De acuerdo con el principio de proporcionalidad y con un régimen de disciplina académica que no tendría
que centrarse tanto en la sanción ejemplarizante como en facilitar la convivencia y la reeducación de los
estudiantes –en una edad en que algunos aún no tienen suciente criterio–, lo más apropiado sería que, por
ejemplo, a las infracciones graves les correspondieran sanciones de la magnitud de las previstas para las
infracciones menos graves, a las infracciones menos graves las afectaran sanciones de la proporción de las
dispuestas para las infracciones leves o medidas de carácter educativo y recuperador, y que estas últimas
medidas se aplicaran, en todo caso, en la comisión de infracciones leves. En esta línea educativa consideramos
positivo el establecimiento, por parte de las universidades, de códigos de conducta y/o declaraciones de
integridad académica que tengan que rmar los alumnos en el momento de su matrícula.
A nuestro entender, es necesario que la normativa estatal que regula el régimen disciplinario de los estudiantes
contemple, ante la falta de probidad –que representa «la realización demostrativamente fraudulenta de una
actividad evaluativa o un examen de una asignatura»–, la sanción de suspender con un 0 en el caso de que se
demuestre su comisión en el procedimiento sancionador. En denitiva, con el régimen jurídico actual hay una
laguna muy importante en cuanto a las sanciones se reere: falta contemplar de forma expresa el suspenso
con un 0 como sanción, que solo se podrá imponer después de seguir el correspondiente procedimiento
sancionador.
Ante las lagunas y la inadecuación de la normativa disciplinaria estatal para abordar de forma proporcionada
el problema que representan los comportamientos fraudulentos, en general, y el plagio, en particular, muchas
universidades, como hemos visto, han optado por afrontar este asunto a través de la normativa académica
y/o de evaluación y/o de calicación. El problema es que algunas universidades no han entendido que el
nombre no hace la cosa y, por tanto, por mucho que regulen la cuestión dentro de un articulado relativo
a la evaluación, lo que están disponiendo en realidad no es una actuación evaluadora sino una reacción
disciplinaria, prescindiendo de todas las garantías y requerimientos establecidos por el derecho administrativo
sancionador para ejercer la potestad disciplinaria.
En consecuencia, se debe reformar la normativa evaluadora de las universidades que tengan un modelo de
sanción encubierta o, incluso, un modelo que necesite una interpretación forzada para salvar su legalidad. La
vía evaluadora, para que sea coherente con nuestro ordenamiento, se podría redactar de la siguiente forma:
«La realización demostrativamente fraudulenta de alguna actividad evaluativa de alguna asignatura, tanto
en soporte material como virtual y electrónico, tendrá consecuencias en la nota de la actividad evaluativa
en función de la magnitud del fraude» o «La realización demostrativamente fraudulenta de alguna actividad
evaluativa de alguna asignatura, tanto en soporte material como virtual y electrónico, puede comportar al
estudiante la nota de suspenso de esta actividad evaluativa, en función de la magnitud del fraude». Todo ello
sin perjuicio de indicar que, adicionalmente, se puede proponer la iniciación de un expediente disciplinario.
La URV, como consecuencia de la puesta en evidencia de esta realidad, decidió modicar su normativa
adoptando este último redactado.
Consideramos de forma positiva regular, como lo ha hecho alguna universidad, los recursos que tiene el
profesor para restablecer el orden en el aula y fuera del aula cuando el comportamiento del alumno no es el
apropiado, en aras de dotar de seguridad jurídica a los actores implicados. Además, valoramos favorablemente
que, junto a estas normas de convivencia, se regule la materia disciplinaria. Mediante la integración de
ambos aspectos en una sola norma se puede trabar mejor la ligazón entre estas cuestiones sin dejar cabos
sueltos, saltos al vacío y lagunas sin cubrir. En este sentido, hacemos un llamamiento al legislador estatal
para regular la materia integrando estas cuestiones.
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