Analisis del artículo 318 del código penal

Autor:José Manuel del Amo Sánchez
Cargo del Autor:Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6ª Penal
Páginas:77-96
 
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Se va analizar en este epígrafe el artículo 318 del Código Penal. Se trata de un precepto que configura una responsabilidad específica de los administradores en el ámbito de los delitos contra los derechos de los trabajadores y que, por su especialidad, puede considerarse como una norma que amplía la cláusula del artículo 31.

En su redacción inicial decía el precepto: “Cuando los hechos previstos en los artículos anteriores se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren adoptado medidas para ello”.

Tras la reforma de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, dice: “Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código”.

Se trata de un tipo que antes de la regulación positiva de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya les imponía medidas cuando en su seno se cometían delitos contra los derechos de los trabajadores, aunque, obviamente, estas medidas requerían como presupuesto la condena del administrador o encargado del servicio.

La jurisprudencia se ha pronunciado sobre el precepto, generalmente, al resolver en casación sobre la comisión del delito de inmigración ilegal del artículo 318 bis del Código Penal ya que, conforme a las normas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la penalidad que puede imponerse por la comisión de este delito

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podría dar lugar al enjuiciamiento en única instancia por las Audiencias Provinciales y, en consecuencia, que la sentencia pueda ser recurrida en casación. Esta circunstancia hace que el artículo 318 haya sido analizado con más amplitud por las Audiencias Provinciales, especialmente en supuestos de comisión de los delitos de los artículos 316 y 317. No obstante, tras la Ley 41/2015, de 5 de octubre, el Tribunal Supremo podrá interpretar el precepto, que por razones de especialidad prevalece sobre la cláusula general del artículo 31.

El Tribunal Supremo examinó el artículo 318, en la redacción originaria del código de 1995, en su sentencia de 12 de noviembre de 1998 sentencia 1360/1998, en la que precisaba que tampoco en el supuesto de que los delitos contra los derechos de los trabajadores se produjeran en el seno de las personas jurídicas podía prescindirse del principio de culpabilidad.

La sentencia de instancia que era objeto de la casación tenía por objeto los delitos de homicidio por imprudencia grave y de infracción de las normas de prevención de riesgos laborales. El Ministerio Fiscal, que recurre la sentencia absolutoria, se conforma con la absolución por el delito de imprudencia y combate esa misma decisión respecto al delito del artículo 316, ya que considera que, de los hechos probados, resulta la comisión del delito contra la seguridad de los trabajadores.

La sentencia, tras indicar que el sujeto activo del delito tiene que ser la persona que, conforme a los normas sobre prevención de riesgos laborales, está obligada a facilitar los medios para que los trabajadores ejecuten la prestación laboral con las adecuadas medidas de seguridad e higiene, añade que cuando los hechos se atribuyan a una persona jurídica, como es el supuesto de la sentencia, son sujetos activos los administradores y encargados del servicio que, con conocimiento del riesgo existente, no hubiesen adoptado las medidas necesarias para evitarlo mediante el cumplimiento de las normas de prevención establecidas para la actividad en la que el trabajador presta sus servicios.

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En segundo lugar, se trata de un tipo de omisión consistente en no facilitar los medios necesarios para que los trabajadores ejecuten la prestación con las medidas de seguridad e higiene adecuadas y esta omisión debe suponer, en sí misma, el incumplimiento de las normas de prevención, de cuidado, en los términos propios del derecho penal, establecidas en la normativa laboral, ya que el tipo se refiere a la ejecución de la conducta “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales”.

Y por último, la Sala Segunda determina que la infracción de la normas de cuidado y la omisión del deber de facilitar los medios para el desempeño del trabajo en las debidas condiciones de seguridad e higieneponga en peligro grave la vida, la salud o la integridad física de los trabajadores, sin que sea necesario que el peligro se concrete en una lesión efectiva puesto que es un tipo de riesgo.

Se valora que los acusados, en su respectiva condición de gerente y jefe de taller, eran las personas que tenían que cumplir y hacer cumplir las normas de seguridad e instruir a los trabajadores de los riesgos inherentes a las concretas tareas que integraban la prestación laboral. Ellos eran los destinatarios de las normas de prevención de los accidentes laborales que podían ocurrir en la empresa. Por tanto, a los dos obligaban esas normas ya que cada uno en su ámbito específico de responsabilidad era quien decidía la organización y dirección del trabajo en el seno de la empresa.

Como ambos asumían por su cargo y función en la empresa esas concretas obligaciones derivadas de las normas de prevención de riesgos laborales, su conducta omisiva justificaba la sanción penal. Y al respecto se pondera que, en la medida en que en la organización de la empresa haya asunción de las obligaciones inherentes a la seguridad e higiene en el trabajo por los diferentes cargos o mandos de la misma, puede haber pluralidad de sujetos activos responsables del delito aunque actúen en ámbitos de la empresa diferenciados.

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En esta misma línea la más reciente sentencia de la Sala Segunda de 28 de septiembre de 2017, sentencia 639/2017, incluye como sujetos activos a los gestores de las sociedades civiles; en concreto, valora que en una sociedad civil con un objeto de actividad reducido el gestor de hecho no puede ser mero partícipe de la sociedad sin intervención en su vida y actividad.

La sentencia de 1998 que se acaba de comentar, analizó el artículo 318 en la redacción originaria. Procede, a continuación, examinar la interpretación que la Sala Segunda y las Audiencias Provinciales han hecho del precepto una vez este se reforma por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, que estableció la posibilidad de imponer las medidas del artículo 129 a la persona jurídica en cuyo ámbito se comete el delito contra los derechos de los trabajadores. Este artículo 129 inicialmente se refería a las personas jurídicas sin distinguir entre entes corporativos irregulares y los legalmente constituidos. A partir de la Ley Orgánica 5/2010, con la aparición de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el artículo 129 se aplica a las sociedades y entes corporativos irregulares, aunque en lugar de fijar las medidas en la norma se remite a algunas de las previstas en el artículo 33.7 para las personas jurídicas regulares. Además exige para imponer estas medidas a los entes irregulares que el Código lo prevea expresamente, o que se trate de alguno de los delitos por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a las personas jurídicas.

Hay que aclarar que la remisión a las medidas del artículo 129 por el artículo 318 no puede llevar a interpretar que las personas jurídicas a las que se refiere el precepto sean irregulares, lo que pone de manifiesto la necesidad de abordar la relación con el artículo 31 bis. Se puede considerar así que, tal vez, hubiera sido de mejor técnica legislativa la remisión directa del artículo 318 al artículo 33.7 en lugar de remitirse al artículo 129, previsto para los entes a los que no les es aplicable el artículo 31 bis. Al final del análisis del precepto se hará mención a las sentencias del Tribunal Supremo que se han pronunciado, aunque no detalladamente, sobre la relación entre los artículos 318 y 31 bis.

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En el análisis de la redacción vigente del artículo 318 introducida por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, hay que referirse a las cuestiones de autoría y participación y culpabilidad. Conviene antes de hacer este análisis señalar que la mayoría de las sentencias que han interpretado el artículo 318 lo han hecho en relación con la comisión del delito del artículo 316, incluida la modalidad imprudente del artículo 317, que sanciona la infracción en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

La sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2017, sentencia 247/2017, analiza quienes pueden ser sujetos activos del delito y, al respecto, señala que los delitos del título sólo pueden ser cometidos por un empresario, entendiendo por tal las personas físicas y jurídicas o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios por parte de trabajadores por cuenta ajena.La sentencia señala que se trata, por tanto, de delitos especiales propios. A continuación, se va a examinar la sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palencia de 15 de febrero de 2017, sentencia 9/2017, que hace una muy detallada exégesis de las cuestiones de autoría y culpa en supuestos de aplicación conjunta de los artículos 318 y 316.

Destaca de la sentencia en primer lugar que, como el obligado a prestar o controlar las medidas de seguridad es una persona jurídica, es en la empresa en quien concurren las condiciones o cualidades específicas exigidas por el tipo para ser sujeto activo y no en sus órganos directivos, lo que hace necesario individualizar la responsabilidad a fin de poder hacer efectivo tanto el principio de culpabilidad como el de personalidad de la pena. Como ya sucedía con el artículo 31, no...

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