Analisis del artículo 31 del código penal

Autor:José Manuel del Amo Sánchez
Cargo del Autor:Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6ª Penal
Páginas:19-52
 
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El artículo 31, precepto que se incluye en el Título II del Libro I, que se ocupa de las personas criminalmente responsables de los delitos, vino a constituir una cláusula general de autoría respecto a los administradores de derecho o de hecho de las personas jurídicas y físicas.

La redacción originaria del precepto era: “

El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre

”. La regulación se ha mantenido hasta hoy, aunque la Ley Orgánica 1/2015 suprimió la referencia a las faltas al haber desaparecido esta infracción del Código Penal con la reforma introducida por dicha ley.

Este artículo mejora la redacción del precedente artículo 15 bis del código de 1973, al que ya se ha hecho referencia, ya que es omnicomprensivo de las diferentes situaciones de administración o representación de las personas físicas y jurídicas que pueden darse.

La norma se incluye en el título dedicado a los responsables del delito y, como ya pasaba con el antiguo artículo 15 bis, los problemas principales que plantea en su interpretación son los de autoría y culpabilidad y la necesidad de cumplir con el artículo 5 del Código Penal, que exige que concurra dolo o imprudencia en el partícipe.

La jurisprudencia sobre el artículo 31 determina que se trata de un supuesto de autoría en nombre de otro, pero que no basta con el hecho objetivo de que se trate de un administrador de hecho o de derecho ya que para cumplir con las exigencias del principio

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de culpa es necesario que haya una actuación o un poder de actuar y que, en definitiva, el que actúa como administrador ejecute la conducta típica. A continuación, se expondrá esta jurisprudencia con cita de aquellas sentencias del Tribunal Supremo que han interpretado el artículo, con especial referencia a los problemas de autoría y a las diferencias entre el administrador de derecho y el de hecho. Se hará referencia también a sentencia de las Audiencia Provinciales que aportan elementos de interés en aplicación de dicha jurisprudencia.

La sentencia de 26 de julio de 2006, sentencia 816/2006, referida a un delito de alzamiento de bienes,reviste especial interés pues además de analizar la cuestión de la autoría, con referencia al precedente del artículo 15 bis del código de 1973, establece las diferencias entre la administración de derecho y la de hecho en las sociedades mercantiles.

La sentencia parte de una afirmación que, en sede penal, no admite dudas y es que el delito de alzamiento de bienes sólo puede ser cometido por aquellas personas que tienen o adquieren la condición de deudor, de forma directa o subsidiaria. No obstante, se precisa que el delito se extiende a las personas jurídicas aunque su responsabilidad recaerá y se concretará en las personas físicas que ostentan los cargos de dirección y responsabilidad, aunque no concurran en ellas las condiciones, cualidades o relaciones que constituyen la esencia de la relación jurídica protegida por el tipo penal, que es la integridad patrimonial del deudor para hacer pago de las deudas contraídas.

Sobre esta primera afirmación ha incidido la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, que introduce en nuestro Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que no podía exigirse antes de esta ley, que derogó en nuestro derecho penal el clásico principio “societas delinquere non potest”.

A continuación la sentencia señala que tanto el código de 1973 como el vigente de 1995 contienen preceptos aislados

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sobre la responsabilidad de los que actúan en nombre de una persona jurídica y que, tras la reforma de la Ley Orgánica 8/1983, se introdujo una regulación general mediante la introducción del artículo 15 bis y que con ligeras modificaciones constituye el vigente artículo 31. Y para despejar cualquier duda derivada de los diferentes términos empleados en uno y otro artículo aclara que ambos se refieren a la actuación en nombre de una persona jurídica, en la que se incluye al administrador de hecho, al tiempo que determina que por administrador de derecho debe entenderse el directivo u órgano de la persona jurídica al que se refería el art. 15 bis, como ya había determinado la sentencia de 19 de enero de 1998 .

La sentencia entra en el examen de los problemas de autoría que suscita esta norma o cláusula general y lo hace afirmando que la misma en ningún caso introduce una regla de responsabilidad objetiva, aplicable siempre que, probada la existencia de una conducta delictiva cometida al amparo o en el seno de una persona jurídica, no resulte posible averiguar quiénes, de entre sus miembros, han sido los auténticos responsables de la misma. Tal interpretación sería contraria al derecho a la presunción de inocencia.

Para aclarar la cuestión la sentencia precisa que la introducción del artículo 15 bis dio cobertura legal a la extensión de la responsabilidad penal en tales casos, y sólo en ellos, a los órganos directivos y representantes legales o voluntarios de la persona jurídica, pese a no concurrir en ellos, y sí en la entidad, las especiales características de autor requeridas por la concreta figura delictiva; es decir, la condición de deudor en el alzamiento de bienes. Pero para evitar que pueda concluirse que se está ante una responsabilidad objetiva la sentencia determina que ha de probarse no sólo que el administrador de hecho o de derecho han participado en los hechos sino además su culpabilidad en relación con los mismos. Era necesario así que el administrador sujeto activo del delito haya ejecutado la acción típica de una manera directa o indirecta, en los casos en los que resulte posible la autoría mediata. La norma no compensa la falta de una acción, sino la ausencia de

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las características típicas de la autoría en la persona del autor. Por tanto, la norma se aplica para tener por acreditadas esas características o condiciones exigidas por el tipo pero siempre que el autor haya realizado la acción típica.

La sentencia interpreta la norma y se preocupa de dejar sentado que no es compatible con el derecho penal la responsabilidad objetiva. No se responde penalmente por el actuar de otro. El administrador de derecho o de hecho es autor porque ejecuta la acción directamente o, de forma indirecta, en los supuestos de autoría mediata. Sólo si puede afirmarse la ejecución de la conducta típica se dará entrada al supuesto del artículo 31, por lo que no cabe afirmar que este precepto derogue el principio de culpabilidad.

También traza las diferencias entre los administradores de derecho y de hecho. Los administradores de derecho son los que administran en virtud de un título jurídicamente válido, por ejemplo, en la sociedad anónima los nombrados por la Junta General o, en general, los miembros del órgano de administración de la Sociedad inscrita en el Registro Mercantil. Los de hecho serán todos los demás que hayan ejercido tales funciones en nombre de la sociedad, siempre que así se acredite, o los que ofrezcan alguna irregularidad en su situación jurídica, por nombramiento defectuoso no aceptado, no inscrito o caducado. Incluye finalmente la sentencia una cláusula de cierre, que no toma del derecho mercantil, por la que se define al administrador de hecho como toda persona que por sí sola o conjuntamente con otras, adopta e impone las decisiones de la gestión de una sociedad, y concretamente los expresados en los tipos penales, quien de hecho manda o gobierna desde la sombra.

El interés del razonamiento a los efectos de la interpretación del artículo 31 consiste en que se interpreta que lo relevante es determinar quien actúa y no quien es el administrador de derecho. Así se refuerza lo que la misma sentencia expone: la exigencia de que el administrador ejecute la acción típica. En el supuesto de la sentencia el administrador de hecho se erige en sujeto activo del

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delito ya que en tal condición ejecuta el alzamiento de bienes que había cometido en representación de la sociedad deudora. Es un supuesto de aplicación del artículo 31 que no presenta especiales problemas pues cumple la literalidad de la norma: Actuación de un administrador de hecho que ejecuta la acción por la que se produce el alzamiento de bienes de la sociedad deudora, que es en quien recaen “
las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”. Esa condición recae en la sociedad ya que es la deudora que puede alzarse con sus bienes.

La sentencia de la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Almería de 29 de octubre de 2012, sentencia 315/2012, da una definición de lo que ha de entenderse por administrador a los efectos del artículo 31 y lo hace acudiendo a la normativa civil y mercantil. La sentencia, que resuelve el recurso de apelación contra una sentencia condenatoria por un delito contra la ordenación del territorio, expone a partir de lo dispuesto en el artículo 35 del Código Civil que la condición de administrador viene determinada por el acuerdo de constitución, por los estatutos sociales o por la Ley. Y añade que por administrador deben entenderse aquellas personas que, individual o colectivamente, tienen atribuido el gobierno de la entidad conforme a su esquema organizativo, rigiendo los destinos de ésta en los distintos ámbitos propios de una empresa; económico, financiero, laboral, de producción, etc. Es decir, la condición de administrador a efectos penales se atribuye a las personas físicas que en el seno de la persona jurídica desempeñan los puestos más elevados y...

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